BARCELONA.- El fiscal del caso Pujol cree "dudosa la procedencia última"
de la fortuna oculta del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y
su familia, a juzgar por los movimientos de sus cuentas de Andorra y la "vaga explicación" que han dado sobre su origen.
En
un escrito el fiscal Anticorrupción
rechaza el recurso en que la defensa de la familia Pujol reclama el
archivo de la investigación que la titular del juzgado de instrucción
nº 31 de Barcelona abrió sobre su fortuna, a raíz de la denuncia
presentada por Manos Limpias.
El fiscal mantiene en su escrito que "existe una sospecha sobre la ilicitud"
de los fondos de los Pujol y advierte de que la familia del
expresidente catalán debe ser investigada, al menos, por un delito
contra la Hacienda Pública, aunque ya los hayan regularizado.
Para el fiscal, Fernando Luzón, el origen de los fondos que Jordi Pujol ha confesado haber mantenido ocultos en el extranjero durante más de 30 años
resulta sospechoso, "habida cuenta de que la vaga explicación de la
procedencia de una herencia no resulta del todo plausible, al presentar
tanto lagunas como contradicciones".
El ministerio público recuerda también que la defensa de la familia Pujol no ha aportado "documentación legal de la herencia",
pese a que la juez que investiga el caso les requirió el testamento de
Florenci Pujol, padre del expresidente de la Generalitat, en una de las
primeras diligencias que ordenó el pasado mes de agosto.
Además,
Luzón basa sus sospechas en la información sobre los movimientos de las
cuentas de los Pujol en la Banca Privada de Andorra que obra en el
sumario, dado que, recalca, registraron ingresos "tanto en dólares como
en euros, incluso en yenes", así como diversas aportaciones en efectivo.
Otro
de los motivos que el fiscal esgrime para dudar del origen de los
fondos de los Pujol es que los importes de las transferencias recibidas
en las cuentas que la familia del expresidente catalán abrió en Banca Privada de Andorra en 2010 "no parecen coincidir con los ingresos de las segundas", constituidas en 2012.
Asimismo, destaca el escrito, no se conoce el saldo que se traspasa de las primeras a las segundas cuentas, ni todos los movimientos de las mismas.
Para
el fiscal, resulta también sospechoso que los ingresos por
trasferencias en las cuentas de Banca Privada de Andorra a nombre de los
Pujol -algunas en efectivo- se realizaron en fechas distintas.
Anticorrupción
entiende que los Pujol deben ser investigados por un delito contra la
Hacienda Pública, dado que las cantidades que han regularizado son superiores a los 120.000 euros que el Código Penal establece como cantidad mínima para que un fraude fiscal sea considerado delito.
Por
ese motivo, el fiscal cree necesario determinar el "alcance y la
eficacia" de la regularización efectuada el pasado mes de julio por
Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia, lo que, a su juicio,
exige en primer lugar averiguar que "se haya realizado correctamente".
De
todas formas, el ministerio público advierte de que "la regularización,
aun correctamente realizada, no implica que queden vedadas las
posibilidades de investigación de la ilicitud de los fondos con que se
satisface la deuda tributaria y, mucho menos, que se produzca una
legalización automática de los mismos".
El escrito subraya que tanto Jordi Pujol Soley como su esposa y sus hijos
tienen la condición de "personas expuestas políticamente (PEP), para
los que la banca debe observar unos deberes de vigilancia reforzados".
"Esta especial atención de los organismos e instituciones implicadas en
las prevención del blanqueo de capitales respecto de quienes han
asumido importantes responsabilidades públicas debe también predicarse
de los órganos judiciales", prosigue Luzón, que llama a no permanecer
"inactivos a la vista de un patrimonio que no puede corresponderse con
las fuentes lícitas de renta conocidas de estas personas".
"Desde
ese punto de vista resulta igualmente muy sencillo para los querellados
aclarar el origen de los fondos cuya licitud se discute", agrega el
fiscal.
El escrito del fiscal da respuesta al recurso de los
abogados de la familia Pujol, Cristóbal Martell y Albert Carillo, que
mantienen que la denuncia presentada por Manos Limpias lanza una
"abstracta, genérica y gratuita suposición o conjetura" y propone "un escrutinio general, una investigación prospectiva que nuestro Tribunal Constitucional deplora".
En
su recurso los letrados sostienen que en
su carta de confesión el expresidente catalán se limitó a comunicar
"unos fondos dinerarios aflorados voluntariamente por sus titulares
mediante regularización", de acuerdo con los cauces legalmente
previstos. "Ese es el hecho y nada más allá", remacha el escrito.
