Nace ‘Filtrala’, el portal de los documentos secretos

MADRID.- La asociación Associated Whistle-Blowing Press (AWP) ha lanzado un portal (www.filtrala.org) dedicado a la filtración de documentos (secretos o no), similar al proyecto Wikileaks, pero enfocado a España. Parte del grupo promotor –entre los que hay hackers, periodistas y miembros de movimientos sociales– trabajó antes en el equipo de Julian Assange, radicado en Islandia. “Ahora queremos desarrollar nuestra experiencia en España, donde hay unos niveles altísimos de corrupción sistémica”, explican.

Entre los avales que presentan los impulsores del portal figura Hervé Falciani, miembro de la Comisión Anticorrupción de la Red Ciudadana Partido X. Después de abandonar su empleo en la filial suiza del banco HSBC, donde trabajó ocho años, Falciani empezó a colaborar en 2009 con la Justicia de varios países, al filtrar datos bancarios de cerca de 130.000 evasores fiscales.

Otra de las experiencias previas (aunque éste no forma parte de Filtrala) es la de Edward Snowden, quien en mayo 2013 reveló la colaboración existente entre gobiernos y empresas destapando el “estado de vigilancia” con sus filtraciones. Siguiendo esta línea, Filtrala pone a disposición de la sociedad “un mecanismo ciudadano para luchar contra la corrupción y el abuso, con el único deseo de que se consiga una muy necesitada regeneración social, que debe estar basada necesariamente en la justicia y en la transparencia”, explica el colectivo a través de su carta de presentación.

En España, La Marea y otros tres medios de comunicación (Diagonal, eldiario.es y Mongolia) formarán un equipo de investigación para contrastar y verificar las filtraciones y denuncias ciudadanas.

El diseño del proyecto arrancó hace un año. Durante este tiempo, sus integrantes han creado un sistema que blinda a la persona que filtra documentos que considera importantes para la sociedad. El anonimato está garantizado y la asociación se compromete a no dar, “bajo ningún concepto”, datos a terceros. El proceso no requiere de conocimientos previos de informática y “está pensado para ser seguro a la vez que simple”, explican.

¿Cómo se hacen públicos documentos a través de Filtrala? El primer paso es instalar el navegador anónimo Tor, siguiendo las instrucciones de www.filtrala.org. Después de que el ciudadano envíe los documentos, el equipo los investiga y publica a través de www.awp.is.

Además de Tor, la plataforma utiliza –por cuestiones de seguridad– los cifrados GPG (de grado militar), AES y OpenSSL y el sistema operativo incógnito Tails, que no dejan rastro de la navegación en el ordenador del filtrador ni en los servidores propios. Todo el historial se borra de forma automática durante la navegación. Además, el equipo de AWP limpiará todos los metadatos de los documentos filtrados para que ningún servicio informático pueda saber de dónde proceden.

AWP solo aceptará y publicará materiales censurados o secretos de naturaleza política, científica, institucional, oficial, diplomática o de relevancia histórica. Por lo tanto, rumores, opiniones o material escrito en primera persona, que estén disponibles públicamente en otro espacio, no serán considerados.

La elección de Bélgica como sede para la asociación no es casual. “Estudiamos todas las legislaciones de la UE y la ley de prensa belga es la que nos garantizaba más protección”, añaden desde la asociación.

El objetivo de Filtrala, defiende uno de sus portavoces, “no es sólo destapar noticias, sino lograr cambios en las leyes a través de un trabajo en equipo”. De hecho, tras la publicación de las informaciones, un equipo de abogados y organizaciones civiles estudiará posibles acciones legales, en caso de que fuesen necesarias.

El TSJM ordena continuar el juicio contra Silva, apercibe a su abogado y ve en su renuncia un posible delito

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado continuar el juicio que se sigue contra el juez Elpidio José Silva por el 'caso Blesa' y ha apercibido a su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, por su "injustificada" renuncia, que incurre en una falta disciplinaria y puede llegar a ser un delito de deslealtad profesional con pena de inhabilitación.

   Los magistrados Arturo Beltrán, María Tardón y Eduardo Urbano han entendido que "subyace" en esa renuncia la intención de retrasar la vista, por lo que han apercibido al abogado y han añadido que su conducta puede incurrir en una infracción disciplinaria sancionable con una multa "equiparable a la más alta de las previstas para las faltas". Y puede tener "responsabilidad disciplinaria" ante su propio Colegio de Abogados e incluso en un delito del 467.2 del Código Penal.

   El fiscal Manuel Moix ha destacado que su conducta puede tener encaje en el artículo 467.2 del Código Penal, que castiga al abogado que "por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años".

   El abogado defensor ha dicho sentirse "coaccionado" por este "ataque completamente inaceptable a su libertad y la amenaza de acciones legales" y ha conminado a escuchar el parecer de su cliente para saber si sigue contando con su confianza.

   "La última palabra la tiene este tribunal, no Silva. Usted no suspende el juicio, el juicio se suspende de acuerdo a las normas", ha espetado el presidente del tribunal, el magistrado Arturo Beltrán, ante las interrupciones del acusado.

   Pese a ello, el cabeza de lista del Movimiento Red para las europeas ha tenido tiempo de decir que no se siente representado por su letrado. "Le apercibo de que se calle. Es irrelevante su voluntad, es fraudulenta", ha proseguido el magistrado, tras recordar que el acusado no puede  dirigir el desarrollo del juicio.

   Acto seguido, Conde-Pumpido ha pedido un receso porque no había tenido tiempo para preparar la defensa del día de hoy. El fiscal, apoyado por las acusaciones, han manifestado que no se oponen al descanso siempre que sirva para asesorar a su representado y no para ofrecer una "rueda de prensa".

   El presidente del tribunal ha pedido "cuidar las formas porque no es un teatro" y ha dado 45 minutos de descanso, eso sí, dentro de la Sala. Los magistrados han tomado esta decisión después de que Silva pidiera en la primera sesión del juicio un descanso y lo aprovechara para hacer declaraciones a los medios de comunicación.

   La segunda sesión del juicio ha comenzado este martes con la negativa del tribunal a aceptar la renuncia que planteó a última hora del lunes Conde-Pumpido en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que obliga a no acoger las fraudulentas, las realizadas de mala fe y las que no están objetiva y plenamente justificadas.

   "El tribunal no sabe las expectativas que  tenía el abogado pero sabe una cosa, que un altísimo porcentaje de sus cuestiones previas han sido rechazadas. Un porcentaje superior al 99 por ciento. Así que, o no eran razonables esas expectativas o no existieron como tales sino como mera posibilidad remota", ha afirmado Beltrán sobre el argumento esgrimido por la defensa, que dijo que renunciaba porque no había cumplido sus expectativas.

   Al inicio de la vista, el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha destacado que el fuero no es renunciable y el único tribunal competente para juzgar a togados es el Tribunal Superior. "Nos parece imposible declinar una jurisdicción que tenemos", ha remachado.

   Se ha mostrado dispuesto a dar lectura de correos electrónicos corporativos del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa siempre que sean concretos y estén relacionados con los hechos investigados. Asimismo, ha indicado que la conformación del tribunal "fue una gran preocupación" pero finalmente se ha logrado uno con magistrados que no han intervenido en fase de instrucción, al tiempo que ha rechazado la personación de la compañía aseguradora Zurich, encargada de afrontar la responsabilidad civil en algunos casos de los jueces.

   El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.

Las rebajas salariales alargan el camino de la recuperación de España

MADRID.- La reforma laboral, que dio a las empresas más flexibilidad para recortar los salarios y cambiar las condiciones contractuales de los trabajadores, ha ayudado a España a alejarse de una situación cercana al impago hace dos años, reactivando el crecimiento de las exportaciones al permitir que las empresas bajen sus precios. 

Pero el cambio en la normativa laboral, promovido por la Unión Europea en el marco de los cambios económicos exigidos a los países más endeudados de la zona euro, también ha transformado la sociedad española, con consecuencias a largo plazo que podrían minar la recuperación.
Los trabajadores con salarios bajos y contratos temporales se han llevado la peor parte de los recortes salariales, creando una nueva subclase de españoles que sufrirán el resto de su vida por encontrar un empleo estable.
Según el Fondo Monetario Internacional, la desigualdad salarial creció más rápidamente en España que en cualquier otro país de la UE de 2007 a 2012, una brecha que ha incrementado las tensiones sociales en el país.
Una encuesta reciente indicó que el respaldo a los dos principales partidos políticos de España caería drásticamente en las próximas elecciones europeas, a menudo utilizadas para los votos de castigo, a favor de grupos mucho más pequeños, debido en gran parte a su gestión de la crisis económica.
Con la caída de la confianza del electorado en las principales fuerzas políticas del país, el Partido Popular podría perder su mayoría absoluta parlamentaria en las elecciones generales del próximo año, haciendo más difícil aprobar reformas aún vitales en un parlamento dividido.A pesar de las claras señales de recuperación, con un PIB que se prevé que crezca alrededor de un 1 por ciento este año tras haberse contraído alrededor de un 7 por ciento desde que comenzó la crisis, es probable que el camino de España hacia la prosperidad a largo plazo sea empinado, según economistas.
Aunque las exportaciones han crecido hasta suponer un tercio del PIB total de España, frente al 20 por ciento de hace cinco años, la situación económica del país depende en gran medida del gasto de los hogares, que se ha reducido en el mismo periodo.
Eso significa que España tendrá dificultades para seguir los pasos de Alemania, cuyas reformas laborales de la década de 1990 transformaron al país en una potencia económica impulsada por las exportaciones de productos de gama alta en lugar de por el consumo interno.
Los economistas también cuestionan si los artículos básicos y más baratos que han impulsado el sector exportador de España pueden competir a largo plazo con productos rivales en países incluso con menores costes como Turquía o Marruecos.
"La salida para España va a ser dolorosa y, en general a corto plazo, España va a ser un país más pobre", dice Santiago Carbó Valverde, economista de la Universidad de Bangor, en Gales.
El gasto de los hogares, un pilar importante para una economía orientada a los servicios como España, se ha reducido en más de un 11 por ciento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace seis años. Aunque la velocidad de la contracción se está moderando, salarios mucho más bajos suponen que el regreso al crecimiento sostenible podría llevar años.
Tratar de mejorar la competitividad mediante la reducción de la masa salarial es contraproducente en España, dijo Klaus Armingeon, politólogo de la Universidad de Berna en Suiza.
"Reducir los salarios afecta al consumo doméstico, lo que afecta al crecimiento. Un crecimiento más bajo obligará al Gobierno a aprobar más medidas de austeridad para cumplir los objetivos fiscales, creando un círculo vicioso".
 El colapso del sector del ladrillo en 2007 y 2008 después de una década de burbuja inmobiliaria metió al país en una espiral descendente. Hogares y empresas quedaron profundamente endeudados; el Estado se vio privado de lucrativos impuestos inmobiliarios y las empresas despidieron trabajadores en masa.
Casi una tercera parte de todos los parados de los 17 países de la zona euro están en España. La preocupación por el déficit público y la banca de la cuarta mayor economía del bloque llegó a amenazar la estabilidad de toda la moneda única.
Empujado por sus socios internacionales, España emprendió reformas estructurales. Tanto el actual Gobierno conservador como el anterior de centroizquierda aprobaron cambios encaminados a crear más empleo, en parte haciendo más fácil y barato para las empresas con dificultades para sustituir a trabajadores.
El número de personas con salarios bajos y contratos a corto plazo se ha disparado. A finales del año pasado, el 16,3 por ciento de los trabajadores tenían empleos a tiempo parcial, desde el 11,1 por ciento de mediados de 2007.
Teresa Cavero, analista de la agencia de ayuda internacional Oxfam en España, dice que la consecuencia ha sido un incremento en el número de los trabajadores en riesgo de pobreza.
"Hay gente que sí encuentra trabajo, pero son empleos tan precarios, que no puede salir de la pobreza", dijo. El porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza saltó casi un 18 por ciento de 2007 a 2012, según el Instituto Nacional de Estadística.
"Hay que garantizar empleo, sí, pero no a cualquier coste", dijo Cavero.
 Con unos seis millones de personas sin trabajo, los españoles se agarran a cualquier oportunidad de empleo.

La Policía descarta a Resistencia Galega en los disturbios del 22M

MADRID.- Los informes elaborados por la Policía Nacional en relación con los incidentes violentos entre radicales y policías en las calles de Madrid al término de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo descartan la presencia de integrantes del grupo terrorista Resistencia Galega, según han informado hoy fuentes de la investigación.

   En estos informes, que ya obran en poder de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se señala como responsables de los disturbios en los que resultaron heridas un centenar de personas (entre ellas 67 policías) a grupos de carácter anarquista insurrecionalista (AI) que actúan de forma organizada. El insurreccionalismo aboga por pasar de la teoría a los hechos y llevar a cabo acciones directas violentas.

   Según estas fuentes, estos grupúsculos detectados en el 22M por los expertos de la Policía en este tipo de movimientos radicales guardan un perfil similar con el Comando Insurreccionalista Mateo Morral, desarticulado el año pasado después de que sus integrantes colocasen un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

   Estas y otras cuestiones son las que explicará mañana miércoles desde las 11.00 horas en el Congreso de los Diputados el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. No obstante, la Comisión de Interior de la Cámara Baja también abordará los fallos cometidos por el despliegue policial durante los incidentes violentos.

   De hecho, el director general de la Policía anunció su intención de comparecer ante esta comisión de manera voluntaria, pero una vez finalizada la investigación interna abierta por su Departamento. La Policía finalizó sus pesquisas el pasado jueves 10 de abril.

   Pocos días después del 22M, el 'número dos' de la Policía, el director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, en su única reunión con los sindicatos policiales para abordar esta cuestión, se comprometió a depurar responsabilidades en el Cuerpo si se acreditaban fallos en el operativo. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció sólo un día después la existencia de esos errores por lo que es probable que se produzcan ceses en la Policía en los próximos días.

   Los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y los sindicatos que les representan no contemplan otra resolución que no pase por la destitución de alguno de los responsables de esta unidad. Señalan directamente al jefe de la UIP de Madrid, el inspector jefe Francisco Javier Virsea --con poca experiencia en el puesto-- y al responsable de las unidades a nivel nacional, José María Ruiz Igusquiza.

   Denuncian mala planificación, falta de coordinación y la tardanza en dar la orden de ayudar a policías agredidos por manifestantes. Estas críticas también alcanzan al propio Comisario General de Seguridad Ciudadana Florentino Villabona. Nada más comparecer en el Congreso, Cosidó se reunirá también con los sindicatos policiales.

   El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, ha recordado la responsabilidad del propio Cosidó ya que "fue él quien eligió a estos responsables policiales de las UIP".

 "Fue una planificación desastrosa que provocó el peor operativo que se recuerda", ha añadido Trevín, quien ha destacado que ya en los días previos la Policía contaba con información suficiente para conocer el peligro que se avecinaba.

   Por su parte, el portavoz de IU, Ricardo Sixto, asegura que no tienen muchas esperanzas en que las explicaciones del director general de la Policía ayuden a conocer lo que sucedió y apunta a "la responsabilidad clarísima" de Igusquiza en lo que ha calificado como una "falta de previsión". Cree que su "incapacidad" puso "en peligro" a los policías y reprocha la orden dada a los antidisturbios de cargar antes de que finalizase la manifestación.    

    Desde la Policía han defendido estas últimas semanas que no se falló en la prevención dado que contaban con información previa de la afluencia de personas radicales que se iban a congregar en Madrid y que por ello establecieron un despliegue sin precedentes en la capital. No obstante, existe la conciencia general de que el grupo que quedó aislado en Recoletos permaneció demasiado tiempo sin recibir refuerzos pese a que esos grupos cuentan con material de autodefensa.

Los sherpas nepaleses renunciaron a la temporada de escalada en el Everest

KATMANDÚ.- Los guías nepaleses anunciaron este martes que habían decidido abandonar el campamento base del Everest y poner fin a la temporada en homenaje a sus colegas muertos el viernes pasado en un alud.

“Mantuvimos una larga reunión esta tarde y hemos decidido no escalar más este año en homenaje a nuestros hermanos. La decisión de los sherpas es unánime”, dijo uno de ellos, Tulsi Gurung.

Otro sherpa y un alpinista estadounidense presente en el campamento base confirmaron la información, cuatro días después de la muerte de 13 guías en un alud.

“Algunos guías ya se han ido y otros se quedarán aquí durante aproximadamente una semana, el tiempo de empaquetar todo y marcharse“, afirmó Gurung, cuyo hermano forma parte de las víctimas.

Trece sherpas murieron en un alud el viernes y los cuerpos de otros tres siguen sepultados bajo la nieve tras el accidente, el más mortífero registrado en esta montaña.

“Dieciséis personas murieron en esta montaña el primer día del ascenso. ¿Cómo la vamos a escalar?”, comentaba otro sherpa, Pasang Sherpa.

Esta decisión parece anticipar el desenlace de las negociaciones entre los sherpas y el gobierno nepalés.

Los guías nepaleses amenazaron con poner fin a la temporada si el gobierno no satisfacía antes del lunes sus reivindicaciones, en particular la mejora de la ayuda financiera para las familias de las víctimas y de la cobertura de seguros.

Varios alpinistas occidentales abandonaron el campamento base el martes por la tarde rumbo a Katmandú con el objetivo de intentar ayudar a resolver la crisis.

“Decidieron que la indemnización no es el único tema, estimaron que incluso se debería cerrar el Everest este año en recuerdo de los muertos”, dijo Ed Marzec, un alpinista estadounidense en el campamento base.

Los sherpas ganan entre 3.000 y 6.000 dólares por temporada pero están mal cubiertos por el seguro.

Más de 300 personas, sobre todo sherpas, han muerto en esta montaña desde el primer ascenso en 1953.

El PP frena por cuarta vez una comisión de investigación sobre el 'caso Bárcenas'

MADRID.- No habrá comisión de investigación en el Parlamento sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Es más, no habrá debate en el pleno del Congreso sobre la idoneidad o no de crearla. El partido gubernamental ha frenado hoy en la Junta de Portavoces, por cuarta vez en lo que va de legislatura, una proposición del PSOE en la que reclama someter al examen político de la cámara baja el 'caso Bárcenas'. 

La portavoz del primer partido de la oposición, Soraya Rodríguez, ha tildado de "inoportuna" la negativa del PP tras la publicación de los datos del último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Polícía Nacional en la que se vinculan las donaciones opacas de empresas constructoras mencionadas en la supuesta contabilidad B del PP con campañas electorales.

Los socialistas volvieron a la carga ya después de que el extesorero del PP, ahora encarcelado, declarara ante el juez Pablo Ruz, hace poco más de diez días, que su antiguo partido tenía cajas en negro en "todas las provincias y regiones". Concediendo a ese testimonio toda credibilidad, el PSOE anunció su intenticón de reactivar todas las vías de denuncia y control en su mano: volvió a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció nuevas diligencias en la vía judicial y planteó la creación de comisiones de investigación en todos los Parlamentos autonómicos y el Congreso.

El recorrido de esta última opción, en todo caso, se ha demostrado corto, como ya era de prever. El PP ya había impedido en otras ocasiones, la última el pasado septiembre, incluir en el orden del día del pleno parlamentario este debate. Del mismo modo que se han bloqueado con su mayoría absoluta en otras tantas ocasiones la reclamación aún más amplia de la Izquierda Plural, que no desea limitarse a la financiación del PP sino a la de los partidos políticos en su conjunto.

En todo caso, no solo lo relacionado con el caso Bárcenas cayó en saco roto durante la reunión de la Junta de Portavoces ccelebrada esta mañana. El Grupo Popular también ha rechazado que se lleve al hemiciclo la creación de una comisión de investigación solicitada por IU sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. E incluso la solicitada por PNV y CiU sobre la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá.

Bárcenas reiteró al juez que dio sobres a Rajoy y Cospedal

VIGO.- El extesorero del PP Luis Bárcenas reiteró en su última declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que entregó sendos sobres con 25.000 euros al presidente y la secretaria general del partido, Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, provenientes de donativos recabados por la sede de Pontevedra.

Bárcenas ha insistido en que fue el gerente del PP de Pontevedra, cuyo nombre no recuerda, quien llevó los sobres hasta la sede del partido en Madrid y se los dio personalmente a él.

Ha detallado que esos 50.000 euros forman parte de los 187.569,83 euros que habían sido embargados en una cuenta del partido en el Banco de Vitoria por un impago por parte de la sede del PP de Pontevedra, y que figuran en la contabilidad nacional bajo el epígrafe "embargo proveedor PP Galicia".

El 15 de julio de 2013, Bárcenas cifró esa deuda en unos 160.000 euros, pero a preguntas del juez Ruz sobre si serían los 187.569,83 euros que identificaron los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, ha contestado que, efectivamente, ésa es la cantidad.

El juez Silva se niega a declarar y el tribunal ordena seguir el juicio

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva se ha negado a declarar en el juicio por prevaricación que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al sostener que carece de abogado, una situación que, ha dicho, no se produce "ni en Corea del Norte".

"A todo efecto legal no tengo abogado en este proceso, usted me esta coaccionando", ha espetado Silva al presidente del tribunal que le juzga, Arturo Beltrán, que ha ordenado proseguir con la vista rechazando la renuncia que ayer presentó el letrado Cándido Conde-Pumpido Varela en un intento de forzar un aplazamiento hasta después de las elecciones europeas, a las que concurrirá el juez.

Cuando éste ha sido preguntado por Beltrán si quería formular alguna pregunta a su cliente, el letrado ha respondido que por "mandato expreso" del Colegio de Abogados de Madrid no iba a hacer ninguna.

Silva ha insistido entonces en que no se daban las condiciones para declarar y ha amenazado a los magistrados con acudir a instancias superiores, refiriéndose al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por las coacciones que, denuncia, han sufrido él y su defensor, contra el que han "lanzado acusaciones muy duras".

La sala había rechazado a primera hora de la mañana suspender la vista por la "injustificable" renuncia de Conde-Pumpido, a quien ha advertido de que su conducta podría ser constitutiva de un delito penal y dos faltas disciplinarias.

Sin embargo, el letrado ha mantenido que el Colegio de Abogados de Madrid le ha informado de que "en ningún caso incurriría" en ninguna de ellas y que le ampara "abundante" doctrina del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, el magistrado, actualmente suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, ha advertido al tribunal, especialmente a Beltrán, de que quería recusarles porque está "contaminado", al mismo tiempo que les ha emplazado a facilitarles los instrumentos para ello, puesto que, ha insistido, carece de abogado.

El debate ha provocado la irrupción de tres espontáneos que han acudido como público al juicio, que han proferido gritos como "Vergüenza" y "Esto está amañado", ante lo cual Beltrán les ha tenido que expulsar explicándoles que "tienen derecho a creer lo que quieran" porque "el público es el juez del juez", pero no a dar gritos, voces ni a alterar el orden".

A su salida del TSJM, ha especificado que debe ver "de qué manera técnicamente" puede apartar a los magistrados que le juzgan, ya que el tribunal debería dejarle nombrar un nuevo letrado, aunque la realidad es que ha demostrado "una actitud de conculcación de derechos fundamentales".

"Las condiciones que se dan en este proceso ahora mismo carecen de precedentes en todos los sentidos", y se trata de "un hecho insólito en la historia judicial", ha manifestado el juez, que ha comparado su situación a la que se vive en países autoritarios.

"En cualquier país del mundo, no sé si en Corea del Norte habría una excepción a esto, lo ignoro, pero creo que también allí alguien que sea acusado tiene derecho a un abogado", ha concluido antes de reiterar que el TSJM "ha demostrado que quiere seguir adelante con esto a toda costa".

Previamente, el juez Elpidio José Silva había llegado con diez minutos de retraso al juicio por presunta prevaricación en la instrucción del 'caso Blesa' porque su abogado había terminado poco antes de conceder una entrevista a un medio de comunicación, lo que, a su juicio, era "muy importante" porque la ciudadanía debe saber que no está teniendo un "juicio justo".

Al ser preguntado a qué se debe el retraso en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Silva ha respondido a los medios de comunicación que a "una entrevista que ha tenido que conceder su abogado" para responder a la "gravedad" de lo que, en su opinión, está sucediendo en la vista.

"La ciudadanía tiene que saber que estamos en un proceso que no está adecuadamente constituido. No tenemos un juicio justo y es muy importante tener un juicio justo porque sin pruebas no hay juicio", ha respondido al juez, acompañado de su abogado Cándido Conde-Pumpido Varela.

El instructor del 'caso Blesa' ha sido citado a las 10.00 horas de la mañana. A esa hora, estaba conformado el tribunal y diez minutos después ha aparecido Silva entre los aplausos de una decena de simpatizantes del Movimiento Red que encabeza. Los congregados llevaban caretas del banquero Emilio Botín y portaban pancartas en las que se podía leer "España es diferente, juzga a jueces y no a delincuentes".

El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.