MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un
anteproyecto de ley dirigido a aumentar el control de las cuentas y la
transparencia de los partidos políticos, salpicados en los últimos años
por numerosos escándalos de corrupción.
La nueva normativa, algunas de cuyas medidas ya fueron
adelantadas por el Gobierno en diciembre, incluye como novedad la
obligación de que los partidos publiquen en sus sitios web los nombres
de los donantes que les entreguen cantidades superiores a 50.000 euros y
de los bancos con los que tienen créditos pendientes.
"Será obligado que los partidos políticos publiquen en su páginas web, junto con el balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés y el plazo de amortización así como las donaciones y subvenciones recibidas por encima de 50.000 euros", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno ya había aprobado algunas de las medidas de esta ley, como la prohibición de que las personas jurídicas, dentro de las cuales están las empresas donen dinero a los partidos.
En el nuevo texto, que habrá de pasar ahora el trámite parlamentario, sólo las personas físicas podrán realizar donaciones y que estas no podrán superar los 100.000 euros, según el Ejecutivo.
El Gobierno dijo que se prohibirá las condonaciones de deudas de los partidos por parte de los bancos, tanto del principal como de los intereses de los créditos, y que no podrán negociar los tipos de interés por debajo del precio de mercado.
La iniciativa, adelantada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación de febrero de 2013, establece que no podrán ejercer un cargo público quienes hayan sido condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, especialmente en los casos de terrorismo
El plan llega en un momento en el que la Justicia está investigando una supuesta financiación ilegal del Partido Popular, surgida a raíz de la imputación de su extesorero Luis Bárcenas, que llevó las cuentas de la formación en el poder durante décadas antes de descubrirse que tenía cuentas millonarias en Suiza.
Bárcenas afirmó en sede judicial que canalizó entre 1990 y 2008 millones de euros en donaciones de magnates de la construcción a los bolsillos de dirigentes del partido, incluido el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que éste niega.
El caso Bárcenas y el de la supuesta financiación ilegal del PP son algunos de los escándalos de corrupción surgidos durante los años del boom inmobiliario en España, donde la ciudadanía considera la corrupción como el segundo problema del país tras el desempleo.
"Será obligado que los partidos políticos publiquen en su páginas web, junto con el balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés y el plazo de amortización así como las donaciones y subvenciones recibidas por encima de 50.000 euros", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno ya había aprobado algunas de las medidas de esta ley, como la prohibición de que las personas jurídicas, dentro de las cuales están las empresas donen dinero a los partidos.
En el nuevo texto, que habrá de pasar ahora el trámite parlamentario, sólo las personas físicas podrán realizar donaciones y que estas no podrán superar los 100.000 euros, según el Ejecutivo.
El Gobierno dijo que se prohibirá las condonaciones de deudas de los partidos por parte de los bancos, tanto del principal como de los intereses de los créditos, y que no podrán negociar los tipos de interés por debajo del precio de mercado.
La iniciativa, adelantada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación de febrero de 2013, establece que no podrán ejercer un cargo público quienes hayan sido condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, especialmente en los casos de terrorismo
El plan llega en un momento en el que la Justicia está investigando una supuesta financiación ilegal del Partido Popular, surgida a raíz de la imputación de su extesorero Luis Bárcenas, que llevó las cuentas de la formación en el poder durante décadas antes de descubrirse que tenía cuentas millonarias en Suiza.
Bárcenas afirmó en sede judicial que canalizó entre 1990 y 2008 millones de euros en donaciones de magnates de la construcción a los bolsillos de dirigentes del partido, incluido el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que éste niega.
El caso Bárcenas y el de la supuesta financiación ilegal del PP son algunos de los escándalos de corrupción surgidos durante los años del boom inmobiliario en España, donde la ciudadanía considera la corrupción como el segundo problema del país tras el desempleo.
