MADRID.- El Gobierno español contempla la posibilidad de crear
un registro público de inquilinos morosos con el objetivo de fortalecer
las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y
potenciar de este modo el arrendamiento, según contempla el 'Programa
Nacional de Reformas 2012' remitido por el Gobierno a la Comisión
Europea (CE).
El Ejecutivo quiere "impedir ciertas prácticas abusivas de los
inquilinos" por lo que, afirma, está "estudiando la posibilidad" de
crear este registro donde figuren los nombres de los arrendatarios
conflictivos.
Para darle un marco legal a este registro y la inclusión de los
datos de los inquilinos, el Gobierno plantea una reforma de la Ley de
Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Esta propuesta está incluida en el apartado de medidas de
dinamización del mercado de alquiler, que también contempla una
flexibilización de la duración del contrato de arrendamiento, sin
especificar cuál sería la modificación. Actualmente, a partir del primer
año, el inquilino tiene derecho a cuatro prórrogas hasta un máximo de
cinco años.
Por otro lado, el Gobierno fomentará el alquiler de las viviendas
vacías mediante medidas fiscales, como incentivar al propietario con
bonificaciones a las rentas de alquiler.
Asimismo, el informe propone una reformulación del sistema de
valoraciones y una búsqueda de mecanismos para la homogenización del
valor del suelo, de forma que no persistan los tres valores
diferenciados actuales (fiscal-catastral, expropiatorio y
financiero-hipotecario).
El Gobierno contempla también la posibilidad de unificar las
distintas ayudas al alquiler vigentes para que los ciudadanos puedan
acudir a una "ventanilla única", dando prioridad a las personas con
bajos niveles del renta e incluyéndolas en el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación.
Por último, el Ejecutivo llevará a cabo un Plan estatal para la
regeneración urbana y el alquiler (2013-2016) con el objetivo de
garantizar el acceso a la vivienda, dar salida a las viviendas vacías y
fomentar el empleo en uno de los sectores más afectados por la crisis.
El plan contempla la definición de vivienda protegida destinada al
alquiler con opción a compra, el fomento del alquiler para favorecer el
acceso a la vivienda de las personas con menos recursos e impulsar la
rehabilitación.
El Gobierno pretende con estas medidas impulsar el mercado del
alquiler, ante el parón del mercado de la propiedad. Así, el Gobierno
recuerda en el documento remitido en el que se detalla el Plan de
Estabilidad para 2012-2015, que la demanda de viviendas ha registrado
caídas "muy acusadas" en 2011 y que es previsible "un ajuste lento del
mercado".
Concretamente, prevé que las viviendas iniciadas se reactiven "muy
suavemente", sólo compensando la reducción del 'stock' de inmuebles sin
vender.
De esta forma, se pasará de unas 90.000 viviendas iniciadas en
2011 a unas 105.000 viviendas en 2015, lo que implicará, al menos,
"leves tasas" de crecimiento interanuales positivas en los indicadores
de inversión inmobiliaria residencial durante 2014 y 2015.
