BARCELONA.- El consejero de Interior, Felip Puig, cree que es una "contradicción" que algunos 'indignados' que participaron en el intento de bloqueo del Parlamento catalán el 15 de junio ahora apelen a la Justicia presentando una querella contra su departamento por las cargas policiales de la plaza Cataluña el 27 de mayo.
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento catalán, Puig ha asegurado que atenderá toda petición que le haga la Justicia en relación a las distintas querellas que se presenten contra su gestión al frente de la Consejería y ha considerado que cualquier ciudadano tiene todo el derecho a acudir a la Justicia.
"La Justicia está para aquellos ciudadanos que creen que se han vulnerado sus derechos, poder atender sus reclamaciones", ha insistido, si bien ha añadido que algunos de los que están detrás de esta querella intentaban que el Estado de Derecho no funcionara.
Según el consejero, están en su derecho de plantear una reclamación por la actuación de su departamento porque "Montesquieu no ha muerto" y todavía existe el Estado de derecho que se constituye de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Ha vuelto a justificar la actuación en plaza Cataluña porque los 'indignados' trataron de impedir el trabajo de los servicios de limpieza para retirar objetos peligrosos y porque no atendieron al diálogo que se trató de establecer con ellos.
56 personas han presentado este jueves una querella contra el consejero de Interior, Felip Puig, por el desalojo de los 'indignados' de la plaza Cataluña de Barcelona del 27 de mayo, que derivó en una batalla campal entre los acampados y los Mossos d'Esquadra.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la abogada de la comisión penal de la acampada, Anaïs Franquesa, que ha precisado que también va dirigida contra el director general de la policía autonómica, Manel Prat; el intendente de la región metropolitana, Antoni Antolín; el responsable de la Brigada Móvil, David Bordas, y la entonces teniente de alcalde de Barcelona y concejal de Seguridad, Assumpta Escarp.
La querella les imputa hasta once delitos y faltas: prohibición y disolución de una reunión pacífica, detención ilegal, coacciones, amenazas, delito contra la integridad moral, vejaciones, prevaricación, lesiones, daños, apropiación indebida y hurto.
Los 'indignados' consideran totalmente injustificada la acción de la policía autonómica, y aseguran que se les golpeó "reiteradamente" cuando en todo momento, según dicen, actuaron de forma pacífica para defender la acampada.
Franquesa ha argumentado que las posibilidades de éxito de la querella son altas porque en esta ocasión se trata de una acción judicial conjunta, a diferencia de las denuncias aisladas que se han presentado hasta ahora en relación al desalojo de la plaza.
Además, ha advertido que la decisión de querellarse llega casi cinco meses después de los hechos porque existe una trabajo minucioso de recopilación de imágenes y documentos que demuestran las agresiones que padecieron.
"Disponemos de muchas imágenes donde se ven los agentes que cometieron las lesiones. Tendrían que permitir su identificación", ha sentenciado la abogada, que ha asegurado que fueron centenares las personas agredidas.
Los 'indignados', que confían en que más personas se sumen a la querella, solicitan que el juzgado de guardia despliegue los medios necesarios para identificar a los agentes que colaboraron en el desalojo, y esperan que la Consejería de Interior colabore en esta tarea.
El portavoz de los querellantes, Guillermo Rojo, ha cargado contra la Generalitat por practicar "represión y violencia institucional", y ha lamentado que la Fiscalía no actuara de oficio con el desalojo de la plaza como sí lo hizo con el asedio al Parlamento catalán del 15 de junio.
La querella cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), cuyo vicepresidente segundo, Lluís Rabell, ha pedido la dimisión de Puig por ser el responsable de las "conductas abusivas" de los Mossos.
"Son hechos inéditos en una democracia que tendrían que suponer el cese del consejero. Si su actuación tiene que formar parte de la normalidad democrática, tenemos una democracia de baja intensidad", ha concluido.
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