MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz avaló el viernes las
grabaciones a los cabecillas de la trama Gürtel, que permitieron
desvelar una trama de corrupción que ha salpicado a algunos miembros del
gobernante Partido Popular.
El supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa, había
solicitado anular las grabaciones que realizó un ex concejal del PP en
la localidad madrileña de Majadahonda, José Luis Peñas, y sobre las que
se apoyó la investigación.
"Cuando una persona emite voluntariamente sus opiniones o
secretos a un contertulio, sabe de antemano que se despoja de sus
intimidades y se las transmite, más o menos confiadamente, a los que
escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún
reproche jurídico", dice el auto.
Ruz estima que las grabaciones, realizadas por Peñas entre 2006 y
2007, no pueden considerarse ilegales porque el concejal pretendía con
ellas denunciar actividades delictivas de las que tenía conocimiento.
"Lo que la Constitución prohíbe es la intervención de la
conversación de otro sin la preceptiva autorización judicial, pero no la
captación de la conversación con otro", añade el texto judicial.
El magistrado, que tomó las riendas de una investigación abierta
por el juez Baltasar Garzón en 2009, dice además que el caso Gürtel no
se basa sólo en las grabaciones que Correa y otros implicados en la
trama pretendían anular.
El caso Gürtel incluye además una pieza separada relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
La investigación surgió a raíz de conocerse que el ex tesorero
del PP Luis Bárcenas, imputado por delitos de corrupción en Gürtel,
tenía cuentas millonarias en Suiza y llevaba presuntamente unas cuentas
paralelas que reflejaban ingresos no declarados de empresarios y abonos a
la cúpula de la formación conservadora entre 1991 y 2008.
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