MADRID.- La reforma de la ley de Financiación de partidos políticosque
se aprobó en 2012 sigue permitiendo que las fundaciones reciban
donaciones de empresas concesionarias de contratos públicos. Además, los límites de las cuantías son más laxas: 100.000 euros para los partidos y se elimina el de las fundaciones (que previamente era de 150.000 euros), según Cuentas Claras.
A ello habría que añadir las entregas monetarias o patrimoniales para
financiar proyectos concretos, las cuales no tienen consideración de
donaciones.
“Históricamente han sido un instrumento para conseguir fondos para los
partidos, dificultando el conocimiento por parte de la ciudadanía de las
verdaderas cuentas”, lamenta Manuel Villoria, miembro del Consejo de
Dirección de Transparencia Internacional. En la misma línea se pronuncia
el abogado Carlos Sánchez Almeida: "Tienen unas características que les
permiten ser vías alternativas de financiación". Ello podría explicar
que, según el último informe del Tribunal de Cuentas, la cuantía de las
donaciones privadas a las fundaciones supere a la de los propios
partidos. En 2008 las formaciones políticas percibieron un total de
6.140.235 euros. La cantidad asciende a 9.123.283 euros en el caso de
las fundaciones.
Los últimos Presupuestos Generales prevén 900.000 euros para las fundaciones
para financiar proyectos concretos. Una cantidad idéntica a la de 2012
y que se deriva de los fondos a cooperación y desarrollo. Además, Eva
Belmonte, de la fundación ciudadana CIVIO, señala que las fundaciones
reciben otros 2 millones de euros por el mero hecho de existir,
derivados del presupuesto de cultura. La utilidad pública como
"think-thank" justifica a juicio de Villoria la percepción de fondos
pero sólo si se hace "con la máxima transparencia y control".
En este sentido, Eva Belmonte opina que debería exigirse "un desglose
completo y detallado de las donaciones recibidas y de las partidas de
gasto. Por ejemplo, nadie sabe en qué gastan las fundaciones el dinero
percibido de los fondos de cooperación". La recién aprobada Ley de Transparencia
venía a subsanar las carencias institucionales. Sin embargo, a juicio
de Belmonte "tal y como está redactada contribuye muy poco. Existen
numerosas excepciones a las peticiones de información, que no se incluye
como derecho fundamental".
En el último año se han
conocido diversos escándalos en las fundaciones vinculadas a partidos
mayoritarios. Grandes constructoras adjudicatarias de obras públicas, y
citadas en los Papeles de Bárcenas, donaron miles de euros a fundaciones afines al Partido Popular. El PSOE y la Fundación Ideas se vieron el año pasado salpicados por el caso “Amy Martin”. Bajo dicho pseudónimo, la mujer del exdirector Carlos Mulas cobró ingentes cantidades de dinero por puntuales colaboraciones.
La necesidad de una legislación más exigente
Las cuentas de las fundaciones, así como la procedencia de las
donaciones, fueron hasta 2007 las grandes desconocidas por los
organismos reguladores. A partir de ese año el Tribunal de Cuentas
empezó a fiscalizar su actividad económica. Sin embargo, para Villoria
no es garantía suficiente: “El tribunal no tiene mecanismos para
investigar posibles irregularidades ni para sancionar. Sólo dispone de
los datos que los partidos quieren proporcionar”. Carlos Sánchez
Almeida critica la politización de un "órgano deslegitimado que se ha
convertido en un cementerio de elefantes de PP y PSOE". El abogado
también apuesta por reforzar las responsabilidades penales en los casos
de corrupción.
Lo cierto es que el
último informe, de 2008, señala diversos incumplimientos. Societat i
Progrés de la Comunitat Valenciana, dependiente de los socialistas
valencianos, no aportó documentación alguna. Otras como Canarias 7
Islas, Horacio Fernández Iguanzo y Zabaldiak no presentaron sus
respectivas cuentas anuales. En otros casos, las fundaciones carecían
de cuentas bancarias específicas para donaciones, tal y como exige la
legislación.
El propio Tribunal de Cuentas señala
algunas de las trabas a las que se tiene que enfrentar a la hora de
fiscalizar y controlar la actividad de las fundaciones. En el capítulo
de recomendaciones del informe expresa que la legislación "no precisa
los requisitos para establecer la vinculación orgánica con los partidos
políticos" y pide que se incluyan en el Registro de Partidos
Políticos. También critica que las fundaciones no se sometan a lo
expuesto en el capítulo IV de la Ley de Financiación de Partidos, que
recoge las obligaciones contables y los mecanismos de rendición de
cuentas. Una situación que se da tanto en la ley de 2007 como en la reforma del pasado año.
La supervisión del tribunal no se realiza sobre la actividad de las
fundaciones. Únicamente se centra en las donaciones percibidas, algo
que, según el informe, "podría menoscabar la eficacia del control sobre
la actividad ordinaria y electoral de las formaciones a las que se
encuentran vinculadas". Además, la connivencia de intereses entre el
sector empresarial y el poder político debería impedir, a juicio del
tribunal, que las fundaciones perciban fondos de empresas adjudicatarias
de contratos públicos.
Opacidad en la web
La reforma de la Ley 5/2012 de Financiación de Partidos aporta algunas
novedades en lo que respecta a la fundaciones. Éstas, una vez emitido el
informe del Tribunal de Cuentas, deben "realizar una auditoría de sus
cuentas anuales", así como "hacer públicas, preferentemente a través de
su página web, el balance y la cuenta de resultados de forma que esta
información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos".
A este respecto el informe "Transparencia, el mejor eslogan 2012",
de la Fundación Compromiso y Transparencia, señala la elevada opacidad
informativa en las fundaciones. Sólo el 46% de las fundaciones
vinculadas a partidos con representación parlamentaria describen las
actividades que realizan y que, en teoría, legitiman su existencia. En
cuanto a la composición interna, sólo el 30% indica el nombre del
director general de la fundación y un exiguo 15% aporta información
sobre los miembros del patronato.
"Sin ningún lugar a dudas el área de información
económica es la más débil de todas", concluía en informe en mayo de
2013. Desde entonces, la transposición de las obligaciones presentes en
la ley 5/2012 ha motivado que algunas empiecen a publicar sus cuentas
anuales. Otras se escudan en la tardanza del Tribunal de Cuentas a la
hora de emitir los informes para no dar cuenta de sus finanzas.
La fundación FAES, ligada al Partido Popular, publica anualmente una memoria financiera ( la última de 2012)
auditada por una entidad independiente. También adjunta un sumario y
una descripción de las actividades realizadas. En cuanto del patronato, FAES únicamente aporta un listado de nombres y apellidos, mientras que la sección directorio
sí que incluye el currículum y la experiencia de los altos cargos. Lo
que no publica la fundación son sus estatutos y documentos
fundacionales.
La web de la Fundación Ideas,
vinculada al PSOE desde su creación en 2008, recoge un buen compendio
de actividades y publicaciones, pero no es tan completo. Respecto al
perfil de los miembros del patronato,
se incluye un breve resumen de su actividad política, pero no
profesional. Las principales trabas a la transparencia son en materia de
financiación y documentación interna. Ideas no publica ni sus estatutos
ni sus cuentas. Fuentes de la fundación alegan que el último informe
del Tribunal de Cuentas es de 2008, cuando Ideas aún no existía.
Europa por los Ciudadanos,
una de las fundaciones afines a Izquierda Unida, tampoco aporta
información relativa a su contabilidad. Al igual que FAES, esta
fundación realiza memorias
actualizadas y anuales de sus actividades. En cuanto a la información
interna, Europa por los Ciudadanos no indica la composición del
patronato ni las reglas que rigen su funcionamiento.
La Fundación Progreso y Democracia, vinculada a UPyD, publicó el mes pasado la memoria económica
de los años 2011 y 2012. Sin embargo, dichas cuentas están controladas
por la Comisión de Finanzas, elegida por el propio partido. En este
sentido, Juan Luis Fabo, responsable de organización, se escuda en la
juventud de la formación: "Al principio no nos podíamos permitir
contratar y pagar una auditora externa". En cuanto a sus actividades, la
fundación desarrolla un listado de publicaciones y un calendario de
eventos y actividades, aunque no especifica los perfiles de los
componentes del patronato. Donde Progreso y Democracia destaca es en la publicación de sus estatutos, punto que ninguna de las tres anteriores cumple.
No hay comentarios:
Publicar un comentario