MADRID.- El juez Elpidio José Silva ha recurrido la
prohibición de acceder a los correos electrónicos del ex presidente de
Caja Madrid Miguel Blesa al entender que estos e-mails contienen
información esencial para entender por qué ordenó su encarcelamiento.
Así, hay algunos sobre el abono de facturas a la 'trama Gürtel' por
parte de la entidad madrileña y otros relacionados con operaciones de
tráfico de armas en los que se menciona a Aznar o los hermanos Agag.
Así lo expone el titular del Juzgado de Instrucción número 9 en el
recurso que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), que investiga la querella de la Fiscalía por presuntos deltios
de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y
contra la libertad individual cometidos en la instrucción del 'caso
Blesa'.
La defensa de Silva ha puesto en cuestión que todos los e-mails
excluidos de esta investigación pertenezcan a la esfera "íntima" o
"personal" de Blesa y así señala que muchos de ellos hablan de
circunstancias como el distanciamiento de los procedimientos de control
por parte de los responsables de la caja madrileña o la falta de soporte
justificativo para tomar decisiones.
En los más de 8.000 correos corporativos también se reflejan
comportamientos extravagantes relacionados con tráfico de influencias u
operaciones irregulares para hacer viables negocios de dudosa
viabilidad, como la compra del Citi National Bank de Florida, según
expone la defensa.
En suma, reprocha que tales correos no puedan utilizarse para
defender a su cliente en cuanto contienen inforamción esencial para
comprender su modo de actuación y defiende que los mismos fueron tenidos
en cuenta al dictar sus resoluciones en el 'caso Blesa'.
A su juicio, la transcripción de su contenido en los autos de
Silva sería tanto como requerir a los instructores que reproduzcan las
conversaciones telefónicas de los narcotraficantes en los autos de
prisión.
Advierte así de que la no utilización de dichos correos en la
causa supondría a Silva tener que declarar de memoria pese a la
complejidad y la gravedad de los delitos que investigó en torno a la
gestión de la caja de ahorros.
La defensa de Silva también ha presentado un escrito en el que
solicita la incoación de determinadas diligencias al magistrado
instructor Jesús Gavilán de la querella de la Fiscalía. Entre ellas, el
interrogatorio del juez imputado, cuya declaración fue suspendida en
tres ocasiones por no haber podido examinar toda la causa, así como el
del juez que le sustituyó en su Juzgado, Juan Antonio Toro.
Además, solicita que el magistrado tome declaración en calidad de
testigos a los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier
Gómez Bermúdez, instructores del caso Bankia y de la CAM, así como de
Enrique Sánchez, miembro del comité de inversiones de Caja Madrid y de
Enrique Latorre, secretario del Consejo de Administración de la caja
madrileña.
También pide que declaren como testigos dos secretarios
judiciales, agentes de la Guardia Civil del equipo de Rivas Vaciamadrid
que investigaron el 'caso Blesa'--, dos peritos de la consultora KPMG,
el director de sistemas informáticos de Bankia Antonio Sanz y el
director de recursos humanos de la entidad, y el secretario general de
Manos Limpias y abogados del sindicato.
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