WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que algunos casos de corrupción que han afectado a funcionarios en
España "crearon una impresión de impunidad" en 2012.
En el apartado dedicado a España dentro del informe anual sobre la
situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado
afirma que las "informaciones sobre maltrato de detenidos y prisioneros
por la policía", las "acusaciones de corrupción contra funcionarios
gubernamentales" y la "violencia contra las mujeres y los niños" fueron
los problemas de derechos humanos más significativos en 2012 en España.
El capítulo español, de ocho páginas, describe a España de forma
general como una "democracia parlamentaria" en la que se celebran
elecciones "libres y justas" y las fuerzas de seguridad rinden cuentas a
las autoridades civiles, las cuales mantienen "un control efectivo
sobre ellas".
En el sumario, el informe afirma que el gobierno "toma medidas por
regla general para perseguir a los funcionarios que cometen abusos,
tanto en los servicios de seguridad como en otros departamentos del
gobierno".
Añade, no obstante, que hubo algunos casos de funcionarios involucrados en corrupción que "crearon la impresión de impunidad".
El informe explica que la ley "contempla sanciones penales por la
corrupción de funcionarios, y el gobierno por regla general implementa
estas leyes de manera efectiva, aunque las imputaciones y condenas por
corrupción fueron poco frecuentes" en el período.
El informe cita datos de la Fiscalía General en los que se reflejan
un total de 235 imputaciones relacionadas con la corrupción en 2012, de
las cuales el 40 % tenían que ver con la malversación de fondos
públicos.
Además, menciona que en los últimos tres años las sentencias por
delitos ligados a la corrupción se incrementaron en un 151 por ciento en
España.
En concreto, el documento menciona la imputación del extesorero del
Partido Popular Luis Bárcenas por lavado de dinero, soborno y fraude
fiscal, así como el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía que ha
afectado a miembros socialistas del gobierno regional andaluz.
Otros problemas mencionados en el informe anual son el hacinamiento
en algunas prisiones, la circulación de mensajes antisemitas y de odio
en internet, la "discriminación social" contra minorías étnicas o
musulmanes, así como el trafico de mujeres y la explotación sexual.
El Departamento de Estado asegura que "no hubo informaciones sobre
prisioneros o detenidos políticos" y menciona que el gobierno permite
como norma general la supervisión de las prisiones y centros de
detención por parte de observadores no gubernamentales independientes,
incluido el Coordinador para la Prevención de la Tortura y el Comité del
Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura.
Menciona igualmente la decisión de las autoridades de poner en
libertad a 60 presos, 36 de ellos miembros de ETA, en aplicación de una
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por lo que respecta al respeto de las libertades civiles, el
Departamento de Estado afirma que la Constitución española establece la
libertad de expresión y de prensa, "y el gobierno respeta de forma
general esos derechos".
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