MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas ha iniciado los trabajos para elaborar la nueva legislación de
contratación pública en España, tras aprobar la Unión Europea un nuevo paquete de
directivas comunitarias en esta materia. La legislación que incorpore al
ordenamiento español las directivas será elaborada por un grupo de
trabajo formado por expertos.
La Unión Europea ha aprobado un total de tres directivas
referentes a la contratación, contratación de las entidades que operan
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales, y la directiva de adjudicación de contratos de concesión.
Estas directivas deberán ser incorporadas por los Estados miembros en un
plazo de dos años, para lo que necesariamente deberán modificar la
legislación vigente de contratos del sector público.
La nueva legislación
profundizará en la apuesta del Ejecutivo por implantar una mayor
transparencia en la actuación pública, en línea con la reciente Ley de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además,
la nueva Ley de Contratos se aplicará, tal y como posibilita la
Directiva europea, a los partidos políticos que se financien
mayoritariamente con fondos públicos.
La nueva legislación facilitará el acceso a la contratación
pública de las pymes al suprimir cargas administrativas y económicas
para ellas, y generalizando cuando sea posible la división en lotes de
los contratos, lo cual redundará en una mayor presencia de las mismas en
las licitaciones.
Por otro lado, se contemplará una mayor preocupación en la
contratación por las implicaciones medioambientales, y se profundizará
en el apoyo a la I+D, a través del establecimiento de procedimientos
para reforzar las soluciones innovadoras en la contratación pública,
como las nuevas "asociaciones para la innovación". En el proceso que
ahora se inicia para la elaboración de la nueva normativa se contará con
las aportaciones que las comunidades autónomas, entidades locales y
entidades empresariales consideren oportuno realizar.
El grupo de trabajo, que elaborará las nuevas leyes de contratos
para incorporar las novedades incluidas en las directivas comunitarias,
estará presidido por el director general del patrimonio del Estado. En
él participarán especialistas en materia de contratación del ámbito de
la administración general del Estado y del ámbito académico, la abogacía
general del Estado o la intervención general de la administración del
Estado, además del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales.
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