MADRID.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este martes que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales con independencia de sus recursos económicos.
En el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por seis grupos de la oposición al proyecto de justicia gratuita,
el ministro ha adelantado que el PP presentará varias enmiendas al
articulado para extender este derecho a las asociaciones
medioambientales "definidas en su propia normativa" y a los
trabajadores, quienes solo serán condenados en costas cuando el juez
aprecie temeridad o mala fe.
"Ambas cosas las vamos a hacer con independencia de los recursos de que se disponga", ha indicado Gallardón, para defender que su norma supone un "avance social considerable".
"Creo que la solidaridad debe extenderse más allá del criterio monetario", ha remachado.
Las organizaciones ecologistas se suman así a sindicatos, Cruz
Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores y de víctimas de
terrorismo ya incluidas en el proyecto. A título individual, el
texto también reconoce el derecho a las víctimas de violencia de género,
terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de
abusos.
Según ha dicho, el PP presentará una enmienda para que las administraciones puedan suscribir convenios con los colegios de abogados
para prestar este servicio en centros penitenciarios. Los colegios de
letrados contarán también con turnos especializados para víctimas de
violencia de género, que dispondrán de asesoramiento previo gratuito
previo a la interposición de la denuncia y querella en todos los órdenes
jurisdiccionales.
Gallardón ha explicado que un colegio de abogados propuso
al Ministerio que las víctimas reintegrasen el coste de la prestación
recibida en caso de que su agresor resultara absuelto. Sin
embargo, ha dicho, "no podemos permitir que la duda sobre el éxito o el
fracaso en la vía judicial se convierta en un elemento de disuasión ante
la posibilidad de tener que reintegrar esas cantidades".
El titular de Justicia ha explicado que ninguna comunidad autónoma pagará "ni un euro más"
como consecuencia de la extensión de la justicia gratuita a nuevos
colectivos y ha propuesto que "la cuantía máxima de aportación estatal
no suponga más del triple de la desviación media en las cinco
comunidades autónomas gestionadas por el territorio del Ministerio
Justicia".
Gallardón, que ha dicho que los presupuestos de 2015 incluirán el
abono por esta partida para cada comunidad, ha recalcado que la relación entre las tasas judiciales y la asistencia jurídica gratuita "no es de afectación pero sí de vinculación".
"El coste efectivo real de la justicia gratuita estará garantizado y cubierto", ha remachado.
El umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el
SMI (14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (15.975,33 euros). En
familias de cuatro o más miembros, se accederá con 19.170,39 euros, y
ante circunstancias especiales familiares, de salud o discapacidad,
tendrán cobertura las unidades familiares con ingresos de hasta cinco
veces el IPREM, es decir con 31.950 euros.
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