MADRID.- El portavoz económico de UPyD en el Congreso,
Álvaro Anchuelo, ve desproporcionado que el Estado, a través del Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), vaya a aportar otros 572
millones de euros a Catalunya Banc (CX), que en total ha superado los
13.000 millones de euros de ayudas públicas, mientras a la lucha contra
la pobreza que sufren 2,3 millones de niños españoles sólo se destinan
17 millones de euros.
Así lo pone de manifiesto en una pregunta escrita dirigida al
Gobierno, en la que el
responsable de la formación magenta se refiere a la operación de venta
de la cartera de préstamos --sobre todo hipotecarios-- de Catalunya Banc
a Blackstone por un importe de 4.187 millones de euros, de los que el
grupo inversor estadounidense ha aportado 3.615 millones y el FROB los
restantes 572 millones.
Con esta operación, el rescate con fondos públicos de Catalunya
Banc se eleva a los 13.000 millones de euros, por lo que la "factura
total será inmensa", sobre todo si en proporción con su volumen total de
activos, de unos 63.000 millones de euros. De hecho, el Estado sólo
podrá recuperar parte del dinero aportar en la operación de venta si los
inversores privados logran una rentabilidad del 13%.
Por eso, UPyD pregunta al Gobierno si considera que existe "una
proporción lógica" entre los 13.000 millones de euros del rescate de CX y
los 17 millones de euros aportados al plan de lucha contra la pobreza
infantil, que afecta a 2,3 millones de niños españoles, y también quiere
saber "qué responsabilidades" se han exigido a los dirigentes que
"quebraron" la entidad bancaria. "¿Cuál estima que será el coste público
total del rescate de Catalunya Banc?", añade.
Por último, Anchuelo pregunta al Ejecutivo si tiene intención de
conceder más esquemas de protección de activos (EPA) en el futuro --una
protección por la cual el Estado asume hasta una cantidad de pérdidas
que pueda tener la entidad enajenada en un plazo determinado--, tal y
como se ha hecho "para facilitar la venta" de Catalunya Banc, en una
concesión que "según fuentes del FROB" podría provocar pérdidas de unos
300 millones de euros aunque se llegarían a cubrir hasta 1.000 millones
de euros.
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