MADRID.- La morosidad ha propiciado el cierre de más de
400.000 empresas en España desde 2008 y ha generado una menor
competitividad de muchas de ellas y les ha obligado a despedir a sus
empleados ante la demora en el cobro de sus facturas, según el estudio
'Informe sobre la morosidad del crédito comercial en España 2014',
elaborado por EAE Business School y la Plataforma Multisectorial contra
la Morosidad.
En concreto, el estudio pone de manifiesto que el retraso medio en
los pagos sobre el plazo estipulado fue de 16,95 días, la tercera mayor
media por detrás de Portugal e Italia. Esta cifra es superior a la
media europea de retraso de pagos, que actualmente se sitúa en 14,11
días. Asimismo, el ratio de morosidad en 2013 en España (porcentaje de
impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 5,1%,
porcentaje muy superior al de la media europea.
Portugal es el país de Europa donde se produce la mayor morosidad
en las operaciones comerciales, seguido por Italia (20,84 días) e
Irlanda (17,25 días). Los países que presentan los retrasos en pagos más
reducidos son Alemania con 6,39 días, Países Bajos con 9,17 días,
Bélgica con 11,31 días y Francia con 11,77 días.
El director del Centro de Morosología de EAE Business School y
Director de Estudios de PMCM, Pere Brachfield, considera necesaria la
promulgación de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de
la legislación antimorosidad. "Sin penalizaciones administrativas, será
imposible conseguir el cumplimiento efectivo de la Ley", indica.
Por otro lado, el estudio pone de manifiesto que el período medio
de pago del sector privado español en 2013 fue de 85 días, un 8,6% menos
respecto al periodo medio de pago de 2012, que fue de 93 días. La cifra
está lejos de lo que establece la ley, que indica que los plazos de
pago no pueden superar los 60 días naturales.
Así, el 68% de las empresas se han visto forzadas a aceptar
acuerdos comerciales que les obligan a cobrar a plazos superiores a los
60 días. Además, en caso de sufrir impagos, solo un 12% exige
habitualmente a sus morosos los intereses de demora devengados, frente
al casi 75% restante que no lo hacen.
El estudio muestra además que solo el 43% de los pagos de las
empresas españolas se ha hecho respetando las condiciones pactadas con
sus proveedores, lo que supone un coste directo para el conjunto del
tejido empresarial de 2.815 millones de euros.
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