Histórica y preocupante imagen la de la Infanta Cristina, hermana del
Rey Felipe VI e hija del Rey Juan Carlos I, y su esposo Iñaki
Urdangarin, sentados en el banquillo de acusados del caso Nóos que juzga
varios delitos de fraude y estafa al erario público de varios millones
de euros.
Una imagen pésima para la Corona que, en ámbitos del Gobierno se
pretende paliar con la salida de la Infanta del juicio como consecuencia
de una estrategia pactada con el fiscal Horrach y convencidos de que, a
pesar del alto coste de dicha operación, ‘el tiempo lo cura todo’ menos
una condena de un miembro de la familia del Rey.
Por ello quienes pretenden librar del juicio a la Infanta por causa
de sus presuntos delitos fiscales -de los que hay pruebas e indicios-,
con ayuda del fiscal Horrach, piensan que el coste político y social que
para la Corona tendrá esta maniobra se diluirá en cuestión de meses o
semanas. Máxime vista la trepidante actualidad e inestabilidad política
del país donde el Rey Felipe VI tiene un destacado protagonismo tal y
como se vio ayer cuando la Casa Real anunció que el monarca no va a
recibir a la presidenta del Parlamento catalán.
Mientras que la presencia de la Infanta en el juicio y el riesgo de
una condena producirá -según los estrategas del poder- a la Monarquía un
daño mayor que el que podría desprenderse de la sensación general de un
fraude jurídico y de la prueba manifiesta de que todos los españoles no
son iguales ante la ley, máxime si eres hija o hermana de Rey.
Creemos, al contrario de lo que piensan algunos, que tanto el juicio
como la posible condena de la Infanta Cristina son menos dañinos para la
Corona que la sensación de un fraude judicial y la prueba de que todos
los españoles no son iguales ante la ley, máxime si eres hija o hermana
de Rey y todo ello parapetado en la llamada ‘doctrina Botín’.
Una doctrina infame en sí misma que libera de responsabilidad penal a
quienes han defraudado a la Hacienda pública si el Fiscal y la Abogacía
del Estado no acusan -lo que en ambos casos depende del Gobierno de
turno-, y que años atrás se aplicó al ex presidente del Santander Emilio
Botín y a varios de sus colaboradores. Con el añadido, en aquel caso y
tras varias maniobras del Gobierno, de que la fiscalía y la abogacía del
Estado no reconocían entonces la existencia de delitos.
Cosa que no concurre en el caso Nóos donde el propio fiscal Horrach
reconoce la existencia de delito fiscal pero solo lo aplica a Urdangarin
en contra de lo instruido por el juez José Castro -luego confirmado por
la Audiencia Provincial-, y las pruebas que certifican la ‘colaboración
necesaria’ de la Infanta Cristina, que además era propietaria del 50%
de la sociedad Aizoon, en el delito fiscal.
El que debería ser perseguido de oficio por la fiscalía en defensa de
los intereses de la ciudadanía y del erario público, lo que
asombrosamente evita Horrach, olvidando de paso la otra ‘doctrina
Atutxa’, donde no se aplicó la ‘doctrina Botín’ ni hubo exoneración
alguna porque estaban afectados en ese proceso: ‘bienes de titularidad
colectiva y naturaleza difusa o de carácter meta individual’.
En el colmo de la desfachatez el fiscal Horrach -en cuyos escritos de
descalificación vejatoria del juez Castro se vio su intención procesal-
llegó a decir en la apertura de juicio que si la Infanta Cristina sigue
en el proceso ello supondrá ‘quebrantar la igualdad y discriminarla’
(sic). Que es precisamente lo que pretende hacer Horrach en su
beneficio.
Y lo que hizo respecto a la mujer de Diego Torres -el socio de Iñaki
Urdangarín- Ana Tejeiro, para utilizarla de coartada como se ha visto en
el nuevo informe que Horrach se sacó de la manga de la Agencia
Tributaria, para certificar que Hacienda no ha investigado a la Infanta
lo que entra en la lógica de los favores del poder en los que estamos.
Horrach quiere convertir en realidad las palabras de Rajoy, de hace
dos años, en las que dijo: ‘Estoy convencido de la inocencia de la
Infanta, le irá bien’. Y puede que así ocurra, pero si le va bien a ella
a lo mejor no le va también a su hermano Felipe VI en estos tiempos en
los que los silencios del bipartidismo PP-PSOE ahora pueden ser
desbordados por otros destacados actores del Parlamento nacional. En
todo caso si la Infanta es tan inocente como dicen algunos ¿a cuento de
qué debería renunciar a sus derechos de sucesión al trono como piden los
mismos que la quieren exonerar? O ¿por qué se le retiró el ducado de
Palma?
La flagrante intervención del Gobierno a favor de la Infanta Cristina
es un daño añadido a la crisis institucional que vive este país donde
está claro que la Justicia no es igual para todos los españoles. Lo que
debe evitar manteniendo a la Infanta en el proceso el tribunal que la
tiene que juzgar para decidir al término del juicio si tiene
responsabilidad en su presunto fraude fiscal.
(*) Periodista
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