Los Mossos antidisturbios llevarán una identificación visible en la espalda

BARCELONA.- Los efectivos de la Brigada Móvil (Brimo), los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, llevarán a partir de ahora un código alfanumérico de identificación visible en la espalda adherido con un velcro al chaleco cuando estén de servicio, con nueve cifras y letras.

   En rueda de prensa, el consejero de Interior, Ramon Espadaler, ha anunciado que este cambio, el primero que se impulsa dentro del ámbito del orden público aunque "habrá más", permitirá que estos agentes estén siempre identificados, mientras que hasta ahora el número de identificación que obligatoriamente tienen que llevar los policías quedaba oculto bajo el chaleco.

   Con esta medida, Espadaler marca distancias con su antecesor, Felip Puig, y da respuesta a una reclamación de muchos sectores de la sociedad civil para que los agentes de la Brimo siempre lleven una identificación visible, tal y como marca un decreto de 2008.

   Sin embargo, el consejero ha querido dejar claro que ya había "una reflexión previa" sobre la identificación de los antidisturbios y que hay una continuidad entre su mandato y el de Puig, si bien en los dos años en que estuvo en el departamento no se impulsó ninguna medida en este sentido.

   "No invento ni improviso nada", ha sentenciado Espadaler, y, aunque ha admitido que esta medida como tal no estaba prevista y que la decisión la toman ahora, ha insistido en que ya había en el seno del cuerpo una reflexión al respecto y que estaba conceptualizado.

   Está previsto que este Número de Identificación Policial (NOP) empiece a utilizarse en unos diez días y tendrá un coste por agente de unos 12 euros, para el total de 495 agentes de la Brimo, y que podrá extenderse más adelante a otra área dedicada al orden público: el Área de Recursos Operativos (Arro), que cuenta con 900 agentes.

   Espadaler, que ha estado acompañado por el director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, y por el comisario jefe de los Mossos, Josep Milán, ha explicado que toma esta decisión para cumplir un mandato parlamentario y para dar respuesta a una demanda de la ciudadanía, además de cumplir un decreto que exige que los agentes siempre vayan identificados.

   Ha puntualizado que, con este sistema, en el que no se muestra el número identificativo policial TIP sino otro código, se logra un "equilibrio" entre los derechos de la ciudadanía de identificar al agente y también el de los policías, para evitar que reciban presiones y amenazas al ser identificados.

   "Es una propuesta garantista para la ciudadanía y para el propio cuerpo", ha abundado, y ha asegurado que el ciudadano que lo considere puede ir a denunciar con este número.

   El NOP siempre estará asignado al mismo agente y cuando éste abandona la unidad antidisturbios, el número "decae" y ya no se usará más, ha indicado el comisario Milán, que ha asegurado que se coloca en la espalda porque, si lo sitúan en el pecho, puede quedar tapado por el escudo.

   Preguntado sobre si cree que con este número aumentarán las denuncias, tanto Espadaler como Prat han asegurado que lo ven "probable".

   Espadaler ha desvinculado esta decisión de que los antidisturbios vayan identificados al caso Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo durante la última huelga general en Barcelona y que asegura que fue por un proyectil de los Mossos, y ha sentenciado: "Nosotros no trabajamos con lo que diga una sentencia".

Admitida a trámite la demanda del PP contra "El País" y el autor de los papeles de Bárcenas

MADRID.- El juzgado de Primera Instancia nº 83 de Madrid ha admitido a trámite la demanda civil que interpuso el PP el pasado 6 de marzo contra la sociedad editora del diario El País y el autor de los "falsos papeles" sobre una presunta contabilidad B del PP, que según ese diario es el extesorero del partido Luis Bárcenas, han informado hoy fuentes 'populares'.

   La demanda ha sido admitida a trámite una vez que el PP ha corregido un error "burocrático" que había impedido su tramitación antes y que, según el partido, no afectaba al contenido de la demanda.

   El PP presentó esta demanda civil por vulneración del derecho al honor contra la empresa editora del diario El País y contra el autor de los "falsos papeles" publicados, que según el periódico es Bárcenas "aunque él lo haya negado públicamente y ante la Fiscalía Anticorrupción", según explicó el partido.

   Con esta acción judicial, el PP pide a los demandados abonar 500.000 euros en concepto de "indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral", y el partido ya anunció que esa cantidad será destinada a organizaciones de carácter social.

   Según señala el PP en esa demanda, "la difusión premeditada e irresponsable, inexplicable en un medio de comunicación, de documentos (presumiblemente prefabricados ad hoc) cuya autenticidad, veracidad y autoría no se ha contrastado ni de otro modo consta a quien los difunde, pone evidentemente de manifiesto el criticable e inexistente rigor profesional y mala praxis de lo que hace".

   Además, la demanda señala que "como han venido manifestando inequívocamente durante estas últimas fechas todos y cada uno de sus dirigentes a quienes se ha preguntado sobre el particular, el PP lleva, y siempre ha llevado, una única contabilidad".

   Según destaca, esa contabilidad se somete periódicamente, de acuerdo con la legislación vigente, a la supervisión y control del Tribunal de Cuentas, sin que la revisión de la misma por este órgano "haya sido objeto de tacha o reserva de ningún tipo".

 "Cualquier información o documento que ponga en duda la existencia de una única contabilidad en el PP debemos, pues reputarla como radicalmente falsa, temeraria y tendenciosa", añade.

   En su escrito, el PP considera que "lo que subyace en la forma de actuar no es sino la clara intención de dañar la imagen y buena reputación del PP y de sus dirigentes y empleados".

   Tras subrayar que la trascendencia de la difusión de las noticias que se denuncian en la demanda ha sido de grandes dimensiones, destaca que pocas veces ha podido someterse al enjuiciamiento jurisdiccional un caso de lesión del derecho al honor de "tan graves consecuencias" para los perjudicados.

   En este sentido, en el escrito de la demanda abunda en la idea de que las conclusiones "indebidamente extraídas de documentos falsos y muy probablemente manipulados, y los infundios derivados de su subjetiva interpretación por el medio, han dañado gravemente la imagen del PP  y de sus dirigentes".

   Por todo ello, el PP solicita que se declare que por parte de los demandados se ha vulnerado el derecho al honor de los demandantes y que esa vulneración ha supuesto un daño efectivo en la imagen y prestigio de los demandantes.

   Además, reclama que se condene a los demandados a la publicación a su costa, de la sentencia dictada en estos autos estimativa de la demanda, en los mismos medios utilizados para divulgar y poner a disposición de su público los artículos ofensivos, y durante los mismos días en que se han publicado las informaciones objeto del presente procedimiento, según consta en el comunicado emitido por el PP.

   Finalmente, se solicita a los demandantes que se abone en concepto de indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral, el importe de 500.000 que será destinado a organizaciones de carácter social.

Rajoy niega que Bárcenas haya intentado chantajearle

BRUSELAS.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas le haya intentado chantajear y ha evitado hacer más comentarios sobre el caso pese a las preguntas de la prensa, al término de la primera jornada de reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.

   "Con absoluta franqueza, no", ha dicho Rajoy en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntado por si Bárcenas había intentado chantajearle a cuenta de la supuesta contabilidad B del Partido Popular por la que está siendo investigado.

   "Eso no se ha tratado en el Consejo europeo de hoy", ha zanjado para evitar hacer más comentarios sobre el caso Bárcenas, pese a las preguntas de los periodistas sobre qué hay de cierto en los 'papeles de Bárcenas'.

   "Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir", ha remachado.

Las ejecuciones hipotecarias en trámite aumentaron en España un 484,7% durante la crisis

SANTIAGO.- Las ejecuciones hipotecarias en trámite aumentaron en un 484,7 por ciento en España si se comparan los años de la crisis (entre su comienzo 2008 y el 2012) con el quinquenio anterior de 'boom inmobiliario' (entre 2003 y 2007).

   En concreto, se ha pasado de las 33.882 ejecuciones hipotecarias en curso en el intervalo 2003-2007 a las 198.116 contabilizadas desde que estalló la burbuja inmobiliaria.

   Además, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a nivel nacional, las ejecuciones hipotecarias ingresadas aumentaron un 371,7 por ciento en los últimos cuatro años respecto al periodo 2003-2007, pasando de las 88.066 a las 415.437.

   Por su lado, las ejecuciones hipotecarias resueltas en el periodo 2003-2007 ascendieron a 83.652, mientras que entre 2008 y 2012 supusieron 252.826, lo que significa que se incrementaron en un 202,2 por ciento.

   La comunidad con mayor incremento de ejecuciones hipotecarias en trámite entre los mencionados periodos ha sido Murcia, con una subida del 670,2 por ciento; seguida de Cataluña (610,8%); Castilla-La Mancha (603,7%); Andalucía (592,6%) y Navarra (585,5%).

   En cuanto al índice de ejecuciones hipotecarias ingresadas, la comunidad con mayor índice de subida fue la de Murcia, con un 540,4 por ciento de incremento; seguida de Castilla-La Mancha, con 441 por ciento; Cataluña, con 434,8 por cientos; Madrid, con 413,7 por ciento, y Andalucía, con 413,2 por ciento.

   Finalmente, La Rioja, con un 335,1 por ciento, encabeza el listado de incremento en las ejecuciones resueltas; seguida de Murcia, con 287,8 por ciento; Aragón, con una subida del 274,7 por ciento; y Canarias, con un 262,9 por ciento de incremento en este índice durante el periodo 2008-2012 frente a los cinco años anteriores.

Maduro anuncia que Chávez podría no ser embalsamado

CARACAS.- El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que el fallecido mandatario Hugo Chávez podría no ser embalsamado finalmente, ya que el procedimiento para hacerlo debería haber comenzado antes.

   "Llegaron científicos rusos y alemanes para embalsamar a Chávez y nos dicen que es muy difícil porque se debió haber comenzado antes (...) de pronto y no se puede", ha señalado Maduro.

   "Estamos en medio del proceso, el proceso es complicado, es mi deber avisarles",  ha precisado el presidente durante la inauguración de la Feria del Libro de Venezuela en Caracas.

   El jueves pasado, Maduro había anunciado a los venezolanos que el cuerpo de Chávez sería embalsamado para poder exponerlo "eternamente". Ese mismo día había informado de que la capilla ardiente,  instalada en la Academia Militar, no se cerraría ese viernes, sino que permanecería otra semana más abierta para que el mayor número de venezolanos pudiera despedirse del presidente.

   Según explicó, "en un principio" los restos serán trasladados al Cuartel de la Montaña (Museo Histórico Militar) y posteriormente dio a entender que podrían trasladarse al Panteón Nacional, donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar. La Constitución venezolana reserva "los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la República", pero "después de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento", sin embargo, muchos venezolanos han manifestado su deseo de que Chávez descanse allí.

La opinión de un experto

El cadáver de Hugo Chávez podría ser embalsamado "pero no para exponerlo cara al público", según ha asegurado el tanatopractor de la compañía de servicios funerarios Mémora, Josep María Sorigué, tras reconocer Maduro, que es "bastante difícil" conservar el cuerpo. Chávez falleció el pasado día 5 de marzo.

   A juicio del experto, la putrefacción "empieza desde el primer momento de la defunción", por lo que, transcurridos nueve días del fallecimiento del presidente venezolano, es dudoso que esté "en buenas condiciones para ser embalsamado". Sin embargo, sostiene que "es posible" realizar esta técnica, pero no "para velarlo como a Lenin".

   Los signos de deterioro en un cadáver comienzan a ser visibles "entre las 24 y 48 horas" después de la muerte, explica Sorigué. A pesar de que afirma no saber si el cuerpo de Chávez se encuentra en un estado irreconocible, sí precisa que pasados entre ocho y diez días del deceso, y si no se ha mantenido en neveras o lugares refrigerados, "empieza a desfigurarse porque ya tiene mucho gas abdominal y metano, y porque el glóbulo ocular se licua".

   Además, expone que "allí es verano o primavera, ha sido trasladado a temperaturas de 20 o 30 grados y no se sabe bien cuando murió". Para él, debido a las jornadas que han transcurrido desde su muerte, se puede conservar, "pero no se puede arreglar la putrefacción ya comenzada".

   Realizar el embalsamamiento cuanto antes asegura que éste sea "perfecto", continúa Sorigué, que señala que este proceso debe efectuarse "a partir de las 24 primeras horas después del fallecimiento". Para ello, es necesaria "la firma autorizada de un médico tanatólogo, o la de un médico forense si es una muerte traumática", explica.

   Esta acción consiste en detener el proceso de putrefacción natural de un cadáver a partir de "unos líquidos que son conservantes y colorantes, y que se administran a través de una vía intraarterial", manifiesta. Éstos, denominados paraformaldeidos, "se intercambian por la sangre" en un proceso "parecido a la diálisis", señala.

   Además, se vacían los demás fluidos del cuerpo y se sustituyen por líquidos similares "en una concentración más fuerte", afirma. Todo ello conlleva un tiempo estimado de entre hora y media y dos horas de trabajo para el tanatopractor, espacio de tiempo que se incrementa hasta las cinco horas en cuerpos que han recibido una autopsia.

   Sin embargo, no todos los cadáveres pueden ser embalsamados, ya que las personas fallecidas por causas infecciosas o por radiación tienen restringido este proceso. Sin embargo, el cuerpo de Hugo Chávez sí podría ser tratado, y es que, a pesar de su estado de putrefacción, "no hay riesgo" porque los embalsamadores "tienen materiales suficientes para protegerse".

   Por último, Sorigué expone que el embalsamamiento no es algo que se realiza y no precisa de más procedimientos. El cuerpo que se ha sometido a esta técnica "requiere de ciertas revisiones, de otras conservaciones y de retoques", además de que debe conservarse "en un sitio con un nivel de humedad y temperatura constante", concluye.

La Fundación Europea de la Ciencia cierra las puertas a España por impago

MADRID.- La Fundación Europea de la Ciencia (ESF, por su siglas en inglés) ha cerrado temporalmente las puertas a los investigadores españoles porque las organizaciones del país no han pagado sus cuotas, según ha informado la revista 'Science'.

   La noticia ha llegado a través del biólogo del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) de Madrid, Saúl Ares, quien informó de esta suspensión en su blog. El científico ha explicado que pidió ayuda a la FSE para organizar un taller internacional, pero la semana pasada se le anunció que no la recibiría porque la institución había suspendido su apoyo a las actividades española a partir de 2013 y en adelante.

   La fundación ha señalado que las actividades de financiación no regresarían al país hasta que la organizaciones miembro -- el Ministerio de Economía y Competitividad (Mineco) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-- no paguen los retrasos en las cuotas que, según 'Science', alcanzan los 700.000 euros.

   En este sentido, la revista científica ha señalado que no ha conseguido declaraciones del Ministerio, mientras que por parte del CSIC ha hablado con el vicepresidente de programación científica, Eusebio Jiménez Arroyo, que ha asegurado que el consejo está dispuesto a pagar la parte del retraso que le corresponde, tan pronto como reciba fondos del Ministerio. Jiménez ha señalado que espera que esto se solucione a finales de este mes.

   'Science' ha hablado también con el presidente de la Confederación de Sociedades Científica de España (Cosce), Carlos Andradas, quien ha apuntado que los retrasos en los pagos amenazar la capacidad de los científicos españoles a colaborar. "Estamos perdiendo oportunidades", ha señalado Andradas.

El juez que llevó la Ley Hipotecaria ante el TUE: algunos desahuciados podrían recuperar su casa

MADRID.- El juez José María Fernández Seijo, que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), ha señalado que la sentencia dictada según la cual esa ley vulnera la normativa comunitaria abre la puerta a la posibilidad de que algunas personas que han sido desahuciadas consigan recuperar su casa.

   Fernández Seijo, titular del juzgado mercantil nº 3 de Barcelona, ha dicho en declaraciones a la cadena SER que el mérito de este "hito" para el Derecho español lo tiene Dionisio Moreno, el abogado de Mohamed Aziz --un hombre que fue desahuciado de su piso de Mataró (Barcelona) en 2011--, por haber abierto un litigio que hasta ahora no se había planteado.

   El caso acabó en manos de Fernández Seijo, que preguntó al TUE si no resultaban desproporcionados el vencimiento anticipado y la aplicación de unos intereses de demora del 18 por ciento. La respuesta que ha recibido es que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa europea porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

   Eso se debe, según el tribunal con sede en Luxemburgo, a que los jueces no pueden paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión. Fernández Seijo ha dicho que no puede estar "satisfecho" porque "lo ideal" habría sido que no hubiera tenido que plantear esa pregunta porque la legislación española fuera correcta. Es una decisión que llega con "cuatro o cinco años de retraso", ha indicado.

   La resolución del TUE "pone de manifiesto que, durante años, nuestro sistema no ha protegido bien a nuestros clientes", ha destacado. En cambio, a partir de ahora, cualquier juez que detecte cláusulas abusivas en un contrato hipotecario podría decidir como medida cautelar no desahuciar al consumidor hasta que no se celebre un juicio sobre esas cláusulas, según Fernández Seijo.

   Eso no significa que los desahucios se vayan a evitar "de manera definitiva" cuando el afectado denuncia cláusulas abusivas, pero sí habrá que valorar las circunstancias en las que el banco le concedió el préstamo y, por lo tanto, "no será un proceso automático, como era hasta ahora", ha explicado.

   En cuanto a las personas que ya han perdido su casa como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, ha afirmado que habría que analizar las circunstancias "caso por caso". Pero "habrá uno que será el kilómetro cero de una autopista nueva que nos puede llevar muy lejos", ha destacado.

   En este contexto, ha detallado que si se acredita un perjuicio para el consumidor por una situación de desprotección derivada de la "ineficacia" de la normativa española, "que arrastramos desde hace casi 20 años", deberá haber una reparación. Por consiguiente, "no es tanto una aplicación retroactiva, sino que el perjuicio es actual", y se plantea "no un juego técnico, sino un juego de prueba".

   Otro cambio que se producirá, a su juicio, como resultado de la sentencia de este viernes es "un cambio de cultura de las entidades financieras a la hora de buscar soluciones no judiciales".

 "Por eso, yo creo que es un punto de partida, un punto de arranque, y que pueden ocurrir muchas cosas. De hecho, ya están ocurriendo", ha asegurado.

El hombre cuyo desahucio originó la sentencia europea espera acabar con el "drama"

BARCELONA.- Mohamed Aziz, el vecino de Martorell cuyo desahucio ha originado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria a la norma hipotecaria española, espera que esta resolución sirva para acabar con el "drama" que viven miles de familias en España que no pueden pagar su hipoteca y corren el riesgo de perder su vivienda.

   Aziz, de 52 años, ha explicado que ha recibido la noticia "con alegría y con nervios", y ha declarado estar muy contento por haber conseguido el aval del Tribunal de Justicia de la UE.

   "Esta sentencia debe ser una esperanza para todas las familias que están sufriendo un desahucio", ha afirmado Aziz, que está casado y tiene tres hijos.

   En 2007, Caixa Tarragona concedió a Aziz una hipoteca a 33 años por su vivienda, pero en 2009 la entidad financiera decidió resolver anticipadamente el préstamo por el impago de cuatro cuotas mensuales.

   "Yo era soldador y, tras muchos años trabajando, en 2009 me quedé en paro, no pude pagar la hipoteca y a principios de 2011 me desahuciaron de mi vivienda", ha relatado.

   "Ahora estoy viviendo en un piso de alquiler en el barrio de Buenos Aires con la ayuda del Ayuntamiento de Martorell", ha añadido Aziz, que cuando perdió su piso presentó una demanda contra Caixa Tarragona pidiendo la nulidad del contrato de la hipoteca porque, a su parecer, contenía cláusulas abusivas.

   Fue entonces cuando el titular del juzgado mercantil nº 3 de Barcelona se hizo cargo del asunto y trasladó una cuestión al Tribunal de Justicia de la UE, que ha acabado dictaminando que la norma hipotecaria española es contraria a la ley europea.

La CE contactará con España para ver cómo aplica el fallo sobre desahucios

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha calificado este jueves de "extremadamente importante" la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la ley española de desahucios porque "protege los derechos de los consumidores" y ha anunciado que se pondrá en contacto con el Gobierno español para ver cómo aplica el fallo.

   "Es una sentencia que consideramos extremadamente importante porque protege los derechos de los consumidores europeos", ha dicho el portavoz de Justicia, Michele Cercone.

   "La Comisión va a examinar ahora los detalles del fallo y va a examinar qué medidas deben tomarse, en particular en relación con España", ha dicho el portavoz.

   "Vamos a ponernos en contacto con autoridades españoles para ver cómo deben actuar", ha anunciado Cercone. "Está claro que España y los jueces españoles que se ocupan del caso deberán juzgar a la luz de esta sentencia del Tribunal Europeo y de las clarificaciones que ha aportado", ha agregado.

   El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera las normas comunitarias porque no garantiza una protección adecuada a los ciudadanos frente a cláusulas abusivas de hipotecas.

El Gobierno corregirá de inmediato los fallos en la Ley Hipotecaria

MADRID.- El Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. Al respecto, el Gobierno dice que cumplirá "lógicamente" con la sentencia y promete corregir de inmediato los fallos denunciados por el TJUE.

   La legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe tratarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión. El fallo cree que esta protección a posteriori "resulta incompleta e insuficiente" ya que "no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda" sino que se limita "al pago de una indemnización por daños y perjuicios".

   "Basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva", denuncia la sentencia.

   Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que "la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos".

   La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por Mohamed Aziz contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.

   Aziz solicitó que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

   En su fallo de este jueves, el TUE insiste en que "el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la directiva".

   "La directiva sobre las cláusulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo -es decir, el que tiene por objeto declarar el carácter abusivo de una cláusula- adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final", concluye la sentencia.

   "Lo están estudiando (los servicios jurídicos) y nosotros, lógicamente, pues cumpliremos con lo que nos dicen las sentencias", ha declarado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras señalar que no había tenido aún tiempo de examinar en detalle la sentencia del TUE. "No quiero hablar de las cosas sin tener absoluto conocimiento de causa y no lo tengo ahora", se ha excusado.

   "Me dicen que hay algunos problemas de procedimiento que intentaremos subsanar, es una ley que data ya de hace muchos años", ha indicado el presidente del Gobierno, para después explicar que el Gobierno aprovechará la tramitación en marcha de un real decreto de ley en el Congreso para "mejorar esta situación".

 "Procuraremos adecuarnos a lo que allí se nos pide", ha concluido en rueda de prensa.

   Al respecto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha garantizado que, a la espera de un "estudio en profundidad" de la redacción de la sentencia, el Gobierno "naturalmente" incorporará la doctrina del TJUE a la legislación española. "Asumimos el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea", ha asegurado.

   De hecho, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, ha señalado que con la reforma de la ley hipotecaria que tramita actualmente el Congreso, la que aglutinará el proyecto derivado del decreto ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dación en pago, bastará para adaptar la legislación española a la sentencia del TJUE, un proceso que se hará en breve plazo y que como máximo requerirá prorrogar hasta la próxima semana el plazo de enmiendas.

   El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha coincidido en que el Gobierno debe "valorar y estudiar convenientemente" la sentencia para trasladar al ordenamiento jurídico español "todo lo que sean garantías". "Tipificar supuestos de cláusulas abusivas en los contratos de hipoteca me parece que defiende al consumidor y que restablece el principio de equilibrio entre las partes", ha reflexionado.

   Por su parte, el PSOE ha pedido al Gobierno que apruebe un decreto ley que sirva para paralizar todos los desahucios que estén en marcha debido a cláusulas abusivas de las entidades financieras hasta que se elabore una nueva norma que adapte y corrija los aspectos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que no protegen suficientemente a los ciudadanos.

   Sin embargo, el PP ha rechazado esta propuesta de los socialistas. "Me parece muy bien el desvelo del PSOE, que no propuso jamás nada cuando gobernó y ahora es sorprendente que tengan tanta iniciativa", ha señalado Alonso.

   Respecto a la sentencia, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, y la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, se han felicitado por ella ya que crea jurisprudencia en toda la UE y con ella se da "protección a los deudores", pero han advertido de que puede llevar a provocar un "aluvión" de procedimientos judiciales.

   "Hay que revisar la Ley y ponerla al día, porque los tiempos y la sociedad han cambiado. Hay que analizar y revisar la legislación a la que este tema se refiere", ha señalado la defensora del Pubelo, Soledad, Bcerril sobre la sentencia del TJUE.

   Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el dictamen es una "victoria". Fuentes de la asociación, han explicado que la sentencia les "da la razón" sobre que la normativa no garantiza a los ciudadanos la protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, y ha llamado a los españoles a tener en cuenta la sentencia para defender sus derechos.

   Asimismo, ha llamado a los jueces a aplicar un sentencia que según ha remarcado es de obligado cumplimiento para todos los magistrados de la UE, y ha afirmado que la plataforma seguirá presionando para que prospere la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago, que está en periodo de enmiendas en el Congreso.

   Por su parte, Mohamed Aziz, el vecino de Martorell cuyo desahucio ha originado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria a la norma hipotecaria española, ha explicado que ha recibido la noticia "con alegría y con nervios", y ha declarado estar muy contento por haber conseguido el aval del TJUE.

   "Esta sentencia debe ser una esperanza para todas las familias que están sufriendo un desahucio", ha afirmado.

   En este sentido, el titular del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, que trasladó la cuestión al TJUE sobre la norma hipotecaria española, ve muy positivo el fallo.

   Por último, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha manifiestado que la sentencia europea es "inmediatamente aplicable" en España y ha remarcado que el Gobierno central tendrá que modificar la actual ley hipotecaria al "tratarse de una normativa comunitaria".

Los procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios en España vulneran Derechos Fundamentales, según el TEJU

LUXEMBURGO.- El Tribunal Europeo de Justicia (TEJU) ha hecho pública hoy su sentencia sobre la legislación española en materia hipotecaria y desahucios, que da la razón a las PAH’s sobre lo injusto de esta legislación y sobre el hecho de que los procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios en España vulneran Derechos Fundamentales de la persona.

Tras un primer y rápido análisis, esta sentencia tiene varias consecuencias inmediatas:

1ª Los jueces deberán paralizar de inmediato todos los procedimientos vivos que estén en sus juzgados, incluidas las órdenes de lanzamiento, esto es los desahucios.

2º Deberán revisar obligatoriamente todas las cláusulas de las hipotecas, para eliminar de ellas las consideradas abusivas, y las consecuencias de dichas cláusulas, como las cláusulas suelo o los intereses elevadísimos de demora, en cuyo caso tendrían que condenar a la entidad financiera a devolver lo cobrado.

3º Todos los hipotecados que no estén aun con problemas, podrán revisar sus hipotecas para exigir a sus bancos la supresión de dichas cláusulas.

4º Esta sentencia, acarrea también retroactividad para las personas que han sido víctimas de un procedimiento injusto, y que tendrán que ser compensadas.

5º El Gobierno está obligado a incluir en la nueva ley los contenidos de la sentencia. En este sentido, desde la PAH le recordamos que tiene una gran parte del trabajo ya hecho con la ILP que, avalada por casi millón y medio de personas, tiene en la Comisión de Economía del Congreso, y que le exigimos que apruebe sin dilación, ya que, en caso contrario, la ciudadanía se le echará encima.

Según De Guindos, generalizar soluciones a los desahucios tendría efectos peores

MADRID.- El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado este martes que los desahucios son un "drama" pero ha advertido también de que generalizar las soluciones de forma "indiscriminada" podría tener efectos aún peores que la propia realidad que se intenta solucionar, por lo que ha apostado por centrar las ayudas en quienes lo necesitan de verdad.

   Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre la segunda fase del rescate financiero, De Guindos ha coincidido con los portavoces de la oposición que le piden soluciones para este problema en que se trata de "un drama tremendo", aunque también ha señalado que "los datos de cuánta gente desahució la mayor entidad financiera del país en 2012" suman 200 casos.

   Por ello, el titular de Economía recuerda que "es muy importante que las ayudas se centren estrictamente en quienes lo necesitan".

 "Todos sabemos que la crisis ha golpeado y ha creado situaciones de injusticia, y ahí es donde tenemos que ir. Porque si generalizamos de forma indiscriminada e injusta, podemos encontrarnos con consecuencias peores --en materia de disponibilidad de crédito y de coste del crédito-- que los males que intentamos corregir", ha matizado.

   Por eso, ha pedido a los grupos de la oposición que durante la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios --que se aglutinará con la iniciativa legislativa popular de dación en pago--, cuyo plazo de enmiendas acaba el viernes, trabajen "en consecuencia" y sean "conscientes" de que las medidas que se incluyan finalmente en la normativa tienen "efectos que hay que tener en consideración".

   "Yo les pido el intento de transparencia absoluta de la realidad. Son situaciones durísimas y el Ministerio está convencido de que hay que actuar, y estamos dispuestos en las enmiendas de la normativa a actuar en consonancia y de acuerdo con los grupos. Pero también les pediría ser conscientes de que las medidas también tienen efectos que hay que tener en consideración", ha insistido.

   Finalmente, ante la petición reiterada por varios portavoces parlamentarios de que hay que aprovechar la transferencia al 'banco malo' de cientos de viviendas vacías para crear un parque público de alquiler social, De Guindos ha replicado que no se deberían "despreciar" las 6.000 viviendas que las entidades financieras ya han puesto a disposición del Fondo Social del Gobierno para acoger familias desahuciadas.

Correa y Morales acompañarán el traslado del cadáver de Chávez

CARACAS.- Los presidentes de Ecuador y de Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente, estarán presentes en el traslado de los restos mortales de Hugo Chávez, que se realizarán el próximo viernes.

    El féretro será transportado desde la Academia Militar hasta el Museo de la revolución, en la zona del 23 de Enero al oeste de Caracas.
    "Vamos a llevar al hijo más grande que ha tenido el libertador Simón Bolívar ahí, a su puesto de mando del 4 de febrero de 1992", dijo Nicolás Maduro, presidente encargado y candidato oficialista.
    Por otra parte, Maduro anunció que el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, visitará oficialmente a Venezuela después de las elecciones presidenciales del 14 de abril.
    "Hemos acordado que el presidente de Sudáfrica visite Venezuela luego del 14 de abril", dijo Maduro tras anunciar que se suscribirán una serie de acuerdos con la nación africana para afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países.
    Este martes, Maduro recibió la carta credenciales de ocho embajadores designados ante el Gobierno venezolano en el palacio de Miraflores, en Caracas.

Crean una comisión para investigar si Chávez murió por un cáncer provocado

CARACAS.- El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, ha confirmado que el Gobierno venezolano ya ha creado la comisión que investigará si el fallecido mandatario Hugo Chávez murió a causa de un cáncer que le fue provocado.

   Poco antes de la muerte de Chávez, Maduro aseguró en un discurso que el Ejecutivo venezolano tenía pistas de que el cáncer que padecía el mandatario era consecuencia de un ataque de "los enemigos de la patria" y entonces ya advirtió de que investigarían las causas de su enfermedad.

   En una entrevista en Telesur concedida el lunes por la noche, Maduro aseguró que "en su momento" el Gobierno dará a conocer el tipo de cáncer --el cual "rompía todas las regularidades"-- que padecía el mandatario.

   Chávez no pudo superar el cáncer que padecía y que le fue detectado en junio de 2011. La versión oficial siempre ha mencionado la presencia de una "lesión" del tamaño de una pelota de beísbol en la zona "pélvica".

   Maduro aseguró que Chávez "tenía la intuición desde el principio" que el cáncer le fue inoculado, y ha recordado que Estados Unidos "tenía laboratorios científicos ensayando cómo provocar el cáncer" durante la década de 1940.

   "Han pasado 70 años, ¿qué no habrán avanzado este tipo de laboratorios de la maldad y de la muerte?", ha destacado Maduro, aunque ha precisado que no está acusando directamente a Estados Unidos "en este momento".

Un joven tunecino se inmola en la calle

TÚNEZ.- Un joven se prendió fuego en la principal calle de la capital de Túnez este martes en un gesto que recuerda la inmolación de Mohamed Buazizi, cuya muerte desencadenó una revuelta en Túnez que prendió por todo el mundo árabe.

Las fuerzas de seguridad y transeúntes intentaron extinguir las llamas antes de que el hombre fuera trasladado urgentemente al hospital, dijeron testigos. La razón de su acción no estaba por el momento clara.

Vendedor ambulante, Buazizi murió a causa de sus heridas tras inmolarse el 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Sidi Bouzid después de que una policía le confiscase su carrito de fruta.

La tragedia de Buazizi causó una oleada de protestas que acabaron con el derrocamiento del veterano autócrata presidente Zine al Abidine Ben Ali e inspiró las rebeliones por todo Oriente Próximo.

La Fiscalía pide al Supremo que proceda contra Blanco por tráfico de influencias

MADRID.- El fiscal Manuel Jesús Dolz ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que pida el suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder contra el exministro José Blanco por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación de los que está imputado en relación con la presunta trama de tráfico de influencias para la obtención de ayudas públicas desarticulada en la "Operación Campeón".

Los citados delitos estarían relacionados con sus gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat, en el término de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) .

Con esta petición, la Fiscalía da por finalizada la instrucción del magistrado José Ramón Soriano del "Caso Campeón" en el Tribunal Supremo e insta la petición al Congreso para poder sentar en el banquillo al mandatario socialista, que cuenta con aforamiento por su condición de diputado.

El Ministerio Público descarta, por tanto, la existencia de indicios contra Blanco por un presunto delito del cohecho del que le acusó el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, en relación con un supuesto pago al exministro socialista de 200.000 euros efectuado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones ante el Ministerio de Sanidad.

La petición fiscal se produce pese a que la finalización formal de la instrucción de Soriano se encuentra aún pendiente de concluir, ya que faltaba la remisión de un último informe encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las cuentas del mandatario socialista y de su esposa Isabel Mourenza entre 2006 y 2011, en relación con la compra de su chalet en Las Rozas (Madrid).

En su escrito, de 29 páginas, el fiscal hace mención a la relación de amistad que une a Blanco con el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, ya que ambos nacieron en Palas del Rei (Lugo) y se conocen desde la infancia.

Añade el escrito que esta amistad se incrementó hace quince años y que eran frecuentes los contactos personales entre ambos, lo que propiciaba que Orozco hiciera partícipe al mandatario socialista "de proyectos empresariales, propios y ajenos, y se haya prestado a ofrecer a empresarios amigos la actuación del señor Blanco ante Administraciones Públicas pertenecientes a la Administración Central del Estado para la consecución de los mismos".

Uno de esos proyectos empresariales era el de Dorribo, administrador solidario de Laboratorios Asociados NUPEL, S.A. "el cual pretendía, por un lado, que se le autorizase por el Ministerio de Sanidad la dispensación de medicamentos en formato unidosis y, por otro lado, el establecimiento de una sociedad en el Principado de Andorra, llamada SALUT D*INNOVACIÓ, S.A. para la reutilización y exportación de medicamentos vinculada al llamado SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases, S.L.), que consiste en el sistema de recogida de medicamentos de la red farmacéutica", destaca igualmente el escrito.

Orozco también habría trasladado al exministro socialista, según la Fiscalía, la problemática de una empresa vinculada al primero por razones comerciales incursa en proceso de expropiación con motivo de la ampliación del aeropuerto de La Coruña, ubicada en Culleredo (La Coruña) propiedad de la empresa Grafoplas del Noroeste S.A.

Sobre el asunto de Sant Boi, el escrito de la Fiscalía concreta que la petición de influencia se concretó el 15 de diciembre de 2010, y que el cumplimiento de los requerimientos municipales le habrían supuesto a Azkar un coste económico de 175.000 o de 500.000 euros.

Añade que la influencia de Blanco para la obtención de la licencia ambiental favorable para la empresa Orozco se articuló a través del Secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, Isaías Taboas, miembro del mismo partido político que el del Alcalde de Sant Boi, que es el PSC.

Las gestiones de Blanco, de las que la Fiscalía considera que hay indicios suficientes según las conversaciones telefónicas y mensajes SMS aportados a la causa, sirvieron, por un lado, para que se cambiara la nomenclatura formal de la actividad para la que se solicitaba la licencia sin variar su objeto, de forma que con ello AZKAR ya no tendría que hacer frente a los costes económicos derivados del cumplimiento de los requerimientos municipales anteriores y, por otro lado, se excluyó de la licencia la autorización del parking.

El escrito también apunta que, una vez allanados los obstáculos que impedían la concesión de la licencia ambiental, Orozco también llamó a Blanco en febrero de 2011 "para que actuara en su propio Ministerio con objeto de que se dictara por parte de AENA Y AESA las resoluciones favorables que le permitieran obtener la licencia de obra mayor que tenía solicitada ante el mismo Ayuntamiento". Los permisos se obtuvieron un mes después.

Entre las comunicaciones intervenidas, la Fiscalía destaca una entre Orozco y un empleado de su empresa, de 15 de diciembre de 2010, en la que el empresario señala que "van a presionar por todas las vías" para conseguir su propósito porque "tiene maneras" para "buscarle la vuelta" al alcalde de Sant Boi. Días más tarde señala a este empleado: ""Voy, voy a, voy a llamar al Pepe Blanco a ver si manda algo allí o allí van por libre o como carallo hacen".

En la causa constan otras conversaciones entre Blanco y Orozco, concretamente del 30 de diciembre de ese año, en las que el exministro contesta a su amigo sobre este asunto: "Yo hablo con ellos, no te preocupes eh". Posteriormente a esta conversación, el empresario reconoce a uno de los suyos que en el Ayuntamiento les han confeccionado "hasta el escrito de alegaciones" que había que presentar por el asunto de la licencia.

El 10 de febrero de 2011, tras obtener su reunión con el alcalde, el vicepresidente de Azkar comentó a otro subordinado por teléfono que "siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país". Finalmente, en fecha 10 marzo 2011, Orozco le agradece a Blanco su actuación mediante un SMS, según destaca igualmente el Ministerio Público.

Anticorrupción recurrirá para apartar a Goméz Bermúdez de los 'papeles de Bárcenas'

MADRID.-   La Fiscalía Anticorrupción recurrirá esta semana la decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de investigar la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, según informaron fuentes del Ministerio Público.

   El departamento dirigido por Antonio Salinas tiene previsto recurrir el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 por el que admitió a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) y llamó a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y a diez empresarios que aparecían en los 'papeles de Bárcenas' como supuestos donantes del PP.

   La Fiscalía baraja dos posibilidades: presentar un recurso de reforma, que sería resuelto en primera instancia por el propio juez Gómez Bermúdez, o interponerlo directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, superior jerárquicamente a los jueces instructores.

   Tal y como le hizo saber el pasado viernes en un escrito que le envió a Gómez Bermúdez, la Fiscalía Anticorrupción considera que el competente para investigar estos hechos es el instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que el jueves abrió una pieza separada de esta causa después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) encontrara tres nexos entre la trama de corrupción y los denominados 'papeles de Bárcenas'.

   Gómez Bermúdez adoptó esta decisión a pesar de que el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción pidió su inhibición a favor del juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que abrió una pieza separada el pasado jueves para investigar estos hechos. En su auto, Gómez Bermúdez señalaba que el informe "no es preceptivo y, por lo tanto, tampoco vinculante".

   El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 investigará a todas las personas contra la que se dirigía la acción penal presentada por IU a excepción del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y los exministros Ángel Acebes y Federico Trillo, al considerar que resultaría "prematuro" darles la condición de imputados y "sólo distorsionaría la instrucción, sin perjuicio, claro está, de lo que resulte del curso de ésta".

   Los imputados por Gómez Bermúdez son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; y Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros.

   También llamará a declarar con esta condición procesal a Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica, que habría pagado entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, supuesto donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas, que habría pagado al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que habría donado al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros; y el presunto número dos de la 'trama Gürtel', Pablo Crespo.

   El juez también pidió "urgentemente" al Ministerio Público que le remita "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado" y solicitó al juez Ruz que le traslade los autos del 5 de febrero y el 1 de marzo en los que rechazaba investigar la supuesta contabilidad B porque la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto unas diligencias, así como el informe de la UDEF en el que se advertía de la existencia de tres vínculos entre los 'papeles de Bárcenas' y el 'caso Gürtel'.

   A todos ellos los querellantes les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

Mário Soares alerta de que la indignación puede volverse violenta en Portugal

LISBOA.- El histórico dirigente socialista Mário Soares recrudeció sus críticas hacia el Gobierno conservador luso y le advirtió de que si no escucha al pueblo, la indignación ciudadana "puede acabar volviéndose violenta".

En un artículo de opinión publicado hoy en el periódico "Diário de Notícias", Soares lamenta que el Ejecutivo "se niegue a oír a sus compatriotas, sin decir una palabra, como si nada pasase", pese a la multitudinaria manifestación del pasado 2 de marzo, cuando cientos de miles de personas pidieron en la calle el fin de la austeridad.

La protesta, convocada por el movimiento "Que se fastidie la troika" -representante de los "indignados" portugueses-, reflejó la "profunda tristeza y enorme desesperación" en la que vive el país, de acuerdo con quien ocupó los cargos de primer ministro y jefe del Estado luso en diferentes períodos entre 1976 y 1996.

"¿Se quedará el Gobierno disfrutando del silencio, como hizo el pasado 2 de marzo? No creo que su falta de vergüenza vaya tan lejos. Porque, si fuera así, la indignación puede acabar volviéndose violenta", recalcó.

El histórico líder socialista, de 87 años de edad y recientemente recuperado de unos problemas de salud que le obligaron a permanecer ingresado en el hospital durante más de un mes, también recordó el notable aumento del desempleo y el empeoramiento de las previsiones económicas para 2013 como razones que justifican un cambio de rumbo.

"El actual Gobierno sólo ha obedecido a los tecnócratas de la troika -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional-, a los mercados y a la señora Angela Merkel", denunció Soares, muy crítico con las severas medidas de austeridad acordadas por las autoridades lusas a cambio del rescate financiero del país.

En su opinión, las actuales previsiones económicas del equipo del primer ministro Pedro Passos Coelho "van a continuar fallando este año", y auguró la caída del Gobierno conservador luso para este mismo 2013.

Portugal, bajo la asistencia financiera de la UE y el FMI desde mayo de 2011, atraviesa la peor crisis económica de su historia reciente después de que su economía se contrajera cerca de un 5 % durante los dos últimos años.

En Italia, el Movimiento Cinco Estrellas renuncia a los fondos públicos

ROMA.- El Movimiento Cinco Estrellas ha anunciado este lunes que renuncia a los fondos del Estado destinados a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y ha instado al resto de formaciones, en especial al líder del Partido Democrático, Pierluigi Bersani, que ganó las elecciones, a hacer lo mismo.

   A través de su blog, el líder del M5S, el cómico Beppe Grillo, ha indicado que el movimiento antisistema "renuncia a los fondos públicos, previstos por la ley en vigor, por los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos y no solicitará ni las devoluciones por los gastos electorales ni las contribuciones por actividad política".

   Según indica Grillo, en total son más de 42,78 millones de euros que "pertenecen a los ciudadanos", como decidió el movimiento en un referéndum y como ya hizo con los fondos públicos durante las elecciones regionales y locales. "Los gastos para la campaña electoral han sido pagados íntegramente gracias a las contribuciones voluntarias recogidas", ha precisado.

   Por otra parte, el M5S ha prometido que hará todo lo posible para "asegurar" que los fondos que debería recibir no acaban en manos de otra fuerza política sino que "permanecen en el erario público".

   Así las cosas, Grillo ha expresado su deseo de que "todas las fuerzas políticas sigan nuestro ejemplo", en especial el Partido Democrático, "al que le espera la cuota más relevante, más de 45 millones de euros", mientras que el Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi, "sólo" recibirá 38.

   En opinión del cómico, "no hace falta una ley, es suficiente con que Bersani declare por carta directa, como ha hecho el M5S, la voluntad de rechazar los fondos electorales con una firma". De hecho, ha añadido, "para facilitar la labor, he preparado el documento que Bersani puede firmar para oficializar el rechazo".

   En este sentido, Grillo ha lanzado a través de Twitter una campaña para pedir a Bersani que firme la misiva que, según la cuenta oficial del partido en esta red social, ya se ha convertido en el primer 'trending topic' en Italia.

   "Bersani, firma aquí! Menos palabras y más actos", reclama Grillo y con él los que están apoyando la campaña. "Invita en Twitter a Bersani a firmar el documento para rechazar los fondos electorales y dejar 48.856.037,50 euros en las arcas del Estado", añade.

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ¿se desgravan hasta la compra?

MADRID.- Tras la información publicada por la revista Interviú el abogado de Iñaki Urdangarin asegura no tener conocimientos sobre el tema. Y es que la publicación aseguraba que Urdangarin y la Infanta Cristina se desgravaban hasta la compra que realizaban en Caprabo.

   El abogado de Urdangarin, dice "no poder informar" si esto es cierto, así como tampoco puede corroborar que Iñaki se alquilase a sí mismo el despacho que tenía en la casa de Pedralbes aún estando viviendo en Washington.  

   Preguntándole sobre la decisión del juez Castro de investigar más profundamente el papel de la Infanta Cristina en la trama del Caso Noos, pidiendo las actas de las juntas y solicitando al registro mercantil información de Aizoon, Pascual Vives tan solo apunta misterio "a ver que resultado nos depara". Asegura tajantemente que la función de la Infanta Cristina en las empresas de su marido eran "ninguna, ninguna". El abogado de Urdangarin dice que "lo único que sé, es que no tenía ninguna función". No cree que la imputación de la Infanta esté más cerca, "pienso que no". Una respuesta breve a este asunto tan delicado.

   En cuanto a las próximas declaraciones de González Pons y el Conde de Fontao, el abogados se muestra expectante. "A ver que dicen, todas las declaraciones son interesantes".

   El abogado de Iñaki Urdangarín comentaba a la salida de su despacho:  

Se publica hoy en Interviú que Iñaki se alquilaba a sí mismo el despacho que tenía en la casa de Pedralbes incluso cuando estaban viviendo en Washington.

MARIO PASCUAL VIVES: No se estos datos.

Que se desgravaban incluso las compras de Caprabo.

No le puedo informar.  

¿Tiene constancia de que se hayan solicitado las actas de Noos para saber si el papel de la Infanta Cristina en esta sociedad era activo?

Se que se ha pedido mucha documentación pero no se si exactamente estas. No recuerdo ahora, pero puede ser.

¿Sabe que contienen esas actas? ¿Sabe si era de verdad que ella tenía una función simbólica?

 Lo que yo sé es que no tenía ninguna función. Ninguna, ninguna.

La semana pasada nos dijo que no había recibido ninguna notificación de que González Pons y el Conde de Fontao tuvieran que declarar.

Ahora si.

¿Qué le parece?

A ver que dicen.

Parece que será muy interesante la declaración del Conde de Fontao.

Todas, todas son interesantes.

Se dice que fue el Conde de Fontao el que aconsejo a Urdangarin que se retirara de los negocios.

A ver que dice.

¿Está preocupado por estas futuras declaraciones?

No se, hace días que no hablo con él.

Los jueces y fiscales internacionalizan el conflicto con Gallardón y denuncian el pacto PP-PSOE para "dominar" el CGPJ

MADRID.- La Comisión Interasociativa de jueces y fiscales "internacionalizará" la situación de "conflicto" contra la gestión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y solicitará una entrevista con la comisaria europea de Justicia Viviane Reding para hacerla llegar el peligro sobre la independencia de los magistrados que se cierne con la futura reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Las asociaciones judiciales han censurado el "pacto" alcanzado entre socialistas y 'populares' que les ha reconocido el propio Gallardón durante una reunión celebrada en la sede ministro. "Espero que el PSOE salga a la opinión pública a desmentir ese pacto. No se ponen de acuerdo en sanidad o educación, pero sí en relación con la dominación del Consejo General del Poder Judicial, lo cual hace un flaco favor al sistema democrático" han censurado.

   El colectivo pretende iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hacer oír su posicionamiento crítico con lo que supone, a su juicio, el "mayor ataque a la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial" al debilitar el Consejo y desapoderarle de competencias como la selección de los jueces o los refuerzos de los juzgados. Temen que "criterios políticos" intervengan en la decisión del Gobierno sobre reforzar o no los órganos que instruyen causas de corrupción.

   A la vista de la indiferencia que han recibido a sus demandas, los jueces discutirán nuevas medidas de protesta -entre las que no descartan otra huelga_ y trasladarán su preocupación sobre la independencia del Poder Judicial más allá de las fronteras españolas.

   Pedirán una entrevista con Reding en España o en Bruselas para hacerle llegar un estudio en el que se refleja "una comparativa" sobre el grado de "democracia e independencia del Poder Judicial en España respecto al resto de países europeos", según ha señalado el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol.

   El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha abogado por que todos los vocales sigan ejerciendo su cargo "a tiempo completo y sin simultanearlo" con sus funciones jurisdiccionales o el ejercicio de su profesión.

   Defienden la elección de 12 vocales por los jueces, aunque no se muestran cerrados a este respecto siempre que la designación parlamentaria mantenga "una participación proporcionada" de las asociaciones. "El movimiento asociativo es importante porque es el interlocutor válido del Poder Ejecutivo", ha remachado Armengol.

   Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han abordado con Gallardón sus proyectos legislativos y han exigido una mayor inversión pública en materia de Justicia, la derogación de las nuevas tasas o la reforma de la Ley del Indulto. Unas demandas planteadas en medio de "un diálogo amable y sin rencores retrospectivos" -en palabras del ministro -  pero que no han encontrado ningún tipo de compromiso.

   Así lo han explicado los interlocutores a su salida del encuentro cuando han agradecido la invitación, aunque han valorado que la reunión "no puede ser positiva porque el ministro no se ha comprometido a asumir ni una sola reivindicación".

   El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha lamentado la negativa del ministro a dar marcha atrás en la ley de tasas o en la ley que suprime los 1.200 jueces sustitutos. "El ministro también ha expresado que no se va a reformar la Ley del Indulto, por lo tanto seguirán produciéndose indultos abusivos o arbitrarios sin la menor motivación", ha remachado.

   "No puede ser que todos nos equivoquemos, jueces, fiscales, abogados, funcionarios, usuarios", ha relatado Bosch, mientras que el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha criticado la "politización interesada" dirigida a impedir que los jueces "controlen la actividad política por vía de delitos de corrupción o cohecho".

El juez Gómez Bermúdez admite la querella de IU sobre los 'papeles de Bárcenas'

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los 15 "querellados", entre los que se encuntran el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, exdirigentes de esta formación como Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, y empresarios de la construcción. 

   En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 acuerda la apertura de una investigación por estos hechos y ordena a los querellados que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular".

   La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.

   Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.

   A todos ellos los querellantes atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y  asociación ilícita.