LONDRES.- La muerte de un manifestante adolescente en Bahréin la noche del pasado jueves debe ser objeto de una investigación independiente cuyas conclusiones deben hacerse públicas, ha afirmado Amnistía Internacional.
Ahmed al Jaber al Qatan, de 16 años, recibió un disparo mientras participaba en una protesta contra el gobierno cerca de la capital bahreiní, Manama, tras hacer uso la policía antidisturbios de escopetas y bombas de sonido para dispersar a los manifestantes.
“La trágica muerte de Ahmed al Jaber al Qatan debe ser objeto de una investigación independiente y los responsables deben ser puestos a disposición de la justicia”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Si se concluye que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes pacíficos cuando no estaban expuestas a una situación que pusiera en peligro sus vidas, se trataría de otro caso inaceptable más de uso excesivo de la fuerza.”
Ahmed al Jaber al Qatan, originario de la localidad de Al Shakhora, cerca de Manama, fue alcanzado por perdigones de escopeta durante la protesta que tuvo lugar en la población cercaba de Abu-Saeiba.
Lo trasladaron al Hospital Internacional, un hospital privado de Al Badie, al oeste de Manama, donde murió poco después.
Las autoridades de Bahréin, según informes, declararon que se había abierto una investigación sobre la muerte, como respuesta a un informe de peritos de la Fiscalía en el que se afirmaba que Ahmed al Jaber al Qatan había muerto por disparos.
Esta última muerte eleva a un mínimo de 35 el número de víctimas mortales en las protestas contra el gobierno.
Esta muerte ha tenido lugar dos días después de que el fiscal general de Bahréin ordenase la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal civil de 20 doctores y otros profesionales de la salud condenados por dispensar tratamiento a activistas heridos durante las protestas en pro de reformas.
Al menos 500 personas han sido detenidas en Bahréin desde que comenzaron en febrero las manifestaciones en pro de reformas, y cuatro han muerto bajo custodia en circunstancias poco claras. Más de 2.500 personas han sido despedidas o suspendidas de su trabajo.
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