viernes, 13 de julio de 2012

La Justicia francesa emite una nueva orden de arresto contra Teodorín

PARÍS.- Los jueces de instrucción franceses encargados de la investigación sobre los llamados 'bienes mal adquiridos', Roger Le Loire y René Grouman, han emitido una nueva orden de arresto contra el vicepresidente segundo de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue (popularmente conocido como 'Teodorín'), primogénito del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

   Según informó este viernes el diario 'Le Monde', la orden de arresto fue emitida después de que Teodorín no compareciera el miércoles al interrogatorio al que había sido convocado para responder por presunta malversación de fondos públicos, e implica que puede ser detenido en cualquier punto del espacio judicial europeo y extraditado a Francia.
   Se trata de la segunda orden de arresto emitida por la Justicia francesa contra Teodoro Nguema Obiang Mangue en relación con el llamado caso de los 'Bienes Mal Adquiridos'", una investigación por desvío de fondos públicos abierta por la Justicia francesa contra las familias de los presidentes de Gabón, Guinea Ecuatorial y Congo-Brazzavile.
   El pasado 11 de abril, y en el marco de esa investigación, la Fiscalía de París dio luz verde a la orden de arresto solicitada por los Roger Le Loire y René Grouman contra Teodorín, a quienes muchos ven como el sucesor de su padre en la Presidencia del país.
   El tribunal que lleva el caso en París considera que hay motivos para sospechar que Teodorín ha adquirido bienes raíces en Francia mediante el desvío de fondos públicos. Como parte de la investigación, la Policía francesa realizó un registro en un edificio en París propiedad de Teodorín el pasado mes de febrero. Los agentes estuvieron tres días registrando el inmueble y se llevaron obras de arte y vinos valorados en millones de euros.
   El edificio registrado está valorado en unos 150 millones de euros y los investigadores han explicado que era la sede de un club nocturno y de una peluquería, lo que supondría un indicio de que realmente no se trata de una residencia diplomática, como había argumentado el Gobierno ecuatoguineano.

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