SEVILLA.- La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto
este lunes de manera oficial en siete provincias andaluzas las oficinas
de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado
a la atención y asesoramiento ciudadano en materia de prevención,
mediación y protección de las familias afectadas por este problema, y
que estarán atendidas por un equipo especialmente cualificado de
licenciados en Derecho, administrativos y trabajadores sociales, que
cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los
servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Según indica la Consejería en una nota, con la apertura de estos
siete puntos se completa la red prevista en todas las provincias, ya que
la oficina de Sevilla arrancó la semana pasada.
La medida, que forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera del ramo, Elena Cortés, en el Parlamento, se fundamenta en un principio especialmente novedoso, ya que "rompe la neutralidad de la administración ante este drama social".
En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina
realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se
encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en
colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades
financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que
sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo,
asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la
liquidación de la deuda contraída.
El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en
el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la
mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a
través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza también "la protección de las familias
víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una
solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda
habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de
exclusión social".
La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a
través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá
estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas
las delegaciones y de la sede central de Consejería.
Recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en
Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de
atención al ciudadano.
El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que
rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en
práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los
participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de
asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de
Consumidores en Acción (Facua).
Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la
Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de
emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y
Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el
principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre
las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de
parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con
menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al
registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas
para que sean reasignadas bajo criterios sociales.
A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a
la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe
la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler
social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar
los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de
vivienda la rehabilitación y el alquiler.
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