MADRID.- El director general de la Policía, Ignacio
Cosidó, ha asegurado este jueves que "se está estudiando la prohibición
de captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de
los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" que se
encuentren "en el ejercicio de sus funciones".
Durante unas
jornadas en Madrid organizadas por los sindicatos CSI-F, CEP y CESI,
Cosidó ha manifestado que esta prohibición se aplicaría cuando las
imágenes en cuestión puedan poner "en peligro" la integridad del agente
policial o "en riesgo la operación".
Según Cosidó, con esta y
otras medidas, que se enmarcarían en la reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana, se busca establecer las medidas "más adecuadas" para
"facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana,
especialmente cuando la integridad física se puede ver amenazada así
como la conservación de bienes públicos o privados ante situaciones
violentas".
"En términos generales, se busca establecer las
medidas más adecuadas para facilitar el normal desarrollo de la
convivencia ciudadana, especialmente en cuanto a la integridad física de
las personas que puedan ser amenazadas, así como la conservación de
bienes públicos o privados o ante situaciones de acción violenta o
especial alteración del orden público", ha explicado.
En las
jornadas, el director general ha advertido de un "problema que se deriva
de estos tiempos complicados", como es el "incremento de la violencia
contra la Policía en momentos puntuales de agitación".
Tras
poner como ejemplo manifestaciones como las del aniversario del 15-M o
las protestas mineras en Madrid y Asturias, ha remarcado que "este
fenómeno aumenta considerablemente la dificultad del desarrollo
profesional en tanto que la integridad física de los agentes puede verse
comprometida y dañada". A su juicio, esto pone de manifiesto "un avance
en la aceptación de una cultura de violencia, una cultura que mina las
bases de una sociedad pacífica y solidaria".
Por este motivo, ha hecho hincapié en que "dar seguridad a los policías
es un principio básico, un eje fundamental de la política de seguridad"
del Gobierno, de modo que ha destacado que, "a pesar de las
dificultades presupuestarias", ya se ha puesto en marcha la futura
adquisición de hasta 20.000 chalecos antibalas.
Pero además de
la protección física de los agentes, Cosidó ha subrayado la necesidad de
"aumentar su protección jurídica" poniendo a disposición de los
policías "servicios jurídicos de asistencia que puedan defenderles ante
situaciones conflictivas que se puedan producir en algunas
intervenciones".
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