MADRID.- Uno de los imputados por promover la
protesta celebrada el pasado 25 de septiembre ante el Congreso de los
Diputados ha presentado este miércoles ante el Juzgado Central de
Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional una querella contra la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al considerar que fue este órgano gubernamental quien "promovió y orquestó" la alteración del orden que tuvo lugar en las inmediaciones del edificio parlamentario.
La querella solicita al
juez Santiago Pedraz que tome declaración a la delegada en calidad de
imputada por la comisión de un delito contra las altas instituciones del
Estado, tipificado en el artículo 494 del Código Penal, el mismo que se
imputa a los organizadores de la manifestación y a los 35 detenidos en
la protesta.
El escrito argumenta que la actuación de la Delegación de Gobierno "fue la mejor promoción y difusión que podían haber siquiera soñado las convocatorias del 25-S".
Así, detalla que a pesar de conocer la apertura en el Juzgado dirigido
por Pedraz de una diligencias de investigación sobre la convocatoria de
la manifestación, la delegada decidió autorizar la marcha de forma "verdaderamente insólita".
La querella, firmada por el abogado Jesús María Díaz Formoso,
agrega que pesar de que las manifestaciones se convocaron hace meses "se señaló ese mismo día para el debate de los presupuestos generales del Estado", coincidiendo con un clima de enorme malestar social y gravísimos recortes.
El letrado se refiere también a las informaciones aparecidas en
distintos medios de comunicación y que apuntaban a que los desórdenes
fueron iniciados por policías de paisano infiltrados entre los
manifestantes.
Díaz Formoso defiende así que las protestas fueron fruto de "una
trama organizada desde las instancias del poder estatal y ejecutada
precisamente por quien tiene la obligación de velar y garantizar el
ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos".
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