MANAMA.- El ministro de Justicia de Bahréin, Jalid bin
Alí al Jalifa, ha afirmado este jueves que el Gobierno ha retirado la
financiación a todos los partidos políticos que abogan abiertamente por
la caída de la monarquía de la familia Al Jalifa, a la que pertenece.
"Los fondos no serán restaurados y no se entregará dinero a
ninguna formación que rechace participar de forma activa en la vida
política de Bahréin", ha dicho el ministro durante una comparecencia
ante el Parlamento, según ha informado el diario emiratí 'Gulf News'.
Asimismo, ha manifestado que un total de 20 partidos políticos han
recibido un total de 1,5 millones de dinares bahreiníes
(aproximadamente 3,1 millones de euros) desde la promulgación en 2005 de
una ley destinada a financiar a las formaciones políticas.
El anuncio del ministro se ha producido el mismo día en el que el
partido opositor bahreiní Al Wefaq ha anunciado su decisión de boicotear
durante el plazo de dos semanas las conversaciones con el Gobierno por
la lentitud del proceso y por las últimas medidas a nivel de seguridad
implementadas por las autoridades contra manifestantes y activistas.
En respuesta, la ministra de Información de Bahréin, Samira Rajab,
ha sostenido que la decisión de Al Wefaq de boicotear las
conversaciones demuestra que el grupo "no es serio" en sus intención de
ayudar a superar los problemas que sacuden el país, según ha recogido la
agencia británica de noticias Reuters.
En enero, el monarca hizo una propuesta de diálogo a la oposición,
que respondió que la misma "es vaga y está cubierta de niebla", al
tiempo que destacó que "no refleja un acercamiento real y serio para
responder a las demandas de la población".
El anterior proceso de diálogo para intentar poner fin a la crisis
política en Bahréin concluyó en julio de 2012 sin alcanzar ningún
acuerdo por la retirada del principal grupo de la oposición, Al Wefaq,
que denunció que estaba infrarrepresentado en la mesa de diálogo.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo,
ha reprimido violentamente durante el último año las protestas pro
democráticas en el territorio. Manama impuso en respuesta la ley marcial
y pidió la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las
protestas y aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas
violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han
fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la
mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de
vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades
contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía
Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin
Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la
situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad
internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
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