MADRID.- Al Consejo de Ministros se le acumulan las peticiones de indulto de personajes muy conocidos: Julián Muñoz, José María Del Nido, José Ortega Cano, Jaume Matas y Baltasar Garzón son algunos de los nombres que figuran en el listado de expedientes por resolver.
El
último en solicitar la medida de gracia ha sido el polémico exalcalde
de Marbella Julián Muñoz, que este viernes ha cursado la petición por
motivos de salud y que, tras su implicación en el caso "Malaya", cumple
varias condenas por blanqueo de capitales y corrupción.
También en el mundo de la política, el pasado 11 de diciembre el expresidente balear Jaume Matas
solicitó el perdón de su pena a nueve meses de cárcel, impuesta por
ejercer tráfico de influencias y presionar a un subordinado para que
entregara fondos públicos de forma ilegal a un periodista que le
escribía discursos.
Según explicó la abogada de Matas, Pilar Gómez
Pavón, los argumentos que respaldaron la petición del expresidente
fueron razones de equidad y humanidad, y que la pena no resulta, a su
juicio, adecuada desde el punto de vista de la proporcionalidad.
Poco después que Matas, el 27 de diciembre, fue el diestro José Ortega Cano
el que pidió el perdón a la sentencia de dos años y medio de cárcel que
le fue impuesta por un accidente de tráfico ocurrido en mayo de 2011 en
la provincia de Sevilla.
Cuando provocó el siniestro, que se
saldó con la muerte del conductor del vehículo contrario, el torero
conducía con un nivel de alcohol que triplicaba el máximo permitido.
También está a la espera del indulto el expresidente del Sevilla C.F. y abogado José María del Nido,
condenado a siete años de cárcel por cobros irregulares en encargos al
Ayuntamiento de Marbella, precisamente en la etapa de Julián Muñoz al
frente de la Alcaldía.
Finalmente, la solicitud de la medida de gracia para el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es más lejana en el tiempo, ya que el Gobierno comenzó a tramitarla en junio de 2012 aunque está aún pendiente de resolverse.
En
su caso, se solicita el perdón para la pena que le impuso en febrero de
2012 el Tribunal Supremo por las escuchas del caso Gürtel, una condena a
once años de inhabilitación que la Asociación de Magistrados Europeos
por la Democracia y las Libertades (Medel), impulsora de la petición de
indulto, considera desproporcionada.
La pasada semana el PSOE
anunció que pedirá explicaciones al ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, por la tardanza en la tramitación de esta petición.
El indulto es una medida de gracia excepcional que concede el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros, y que conlleva el
perdón total o parcial de la pena, aunque no supone la cancelación de
los antecedentes penales.
Las peticiones suelen ir acompañadas de
un informe de conducta del penado y pueden ser avaladas tanto por el
tribunal sentenciador como por la Fiscalía, si bien ninguno de estos
elementos es vinculante para la resolución del expediente.
Aunque
el Gobierno, el ministerio público e incluso el propio tribunal que
impone la condena pueden iniciar los trámites para el indulto, lo más
habitual es que sea el propio condenado o sus familiares quienes cursen
la petición. Desde 2004, el número anual de indultos concedidos supera
los 300.
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