MADRID.- El exconsejero de Caja Madrid Estanislao Rodríguez
Ponga ha relatado a la juez que investiga al expresidente de la
entidad Miguel Blesa por la compra del City National Bank (CNB) de
Florida (EEUU) que puso reticencias a la operación por la falta de una
valoración externa sobre su conveniencia, aunque la apoyó porque no era
obligatoria.
Rodríguez-Ponga ha comparecido como testigo ante la juez
sustituta de Elpidio José Silva en el Juzgado de Instrucción nº 9 de
Madrid, a la que ha insistido que, aunque hubiera preferido un informe
externo de un banco de negocios, votó a favor de la adquisición porque
éste no era preceptivo, han informado fuentes jurídicas.
Según las fuentes, el exconsejero ha precisado que esas reticencias
las mostró en la reunión de la Comisión de Inversiones -órgano
consultivo- del 11 de abril de 2008, en la que se abstuvo porque, a
pesar de ellas, la valoración no era obligatoria y la operación cumplía
con todos los requisitos necesarios.
Por ello, tres días después, en la reunión del Consejo de
Administración, del que también formaba parte, dio su visto bueno a la
compra del CNB.
Algunas de las fuentes consultadas han explicado que Rodríguez-Ponga
ha afirmado que, además de haber propuesto un informe externo dada la
envergadura de la operación por ser la primera vez que una caja adquiría
un banco, expresó la conveniencia de controlar si cumplía con la Ley de
Cajas, que obliga a pedir autorización a la Comunidad de Madrid cuando
una compra supera el 5 % de recursos propios.
Pese a que el supervisor dio su conformidad, en un informe del 19 de
abril de 2010 apuntaba a que la adquisición del banco se hizo de manera
que "pueda eludirse el preceptivo control de la consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid" y que su precio excedió al que
abonaron el Banco Popular y el Banco Sabadell en la compra de otras
entidades en Miami.
La compra se fraccionó en dos partes, adquiriendo primero un 83 % por
618 millones de euros y después el 17 % restante, que ascendió a 127
millones.
Sobre ello, el propio Blesa, que está imputado por abuso de posición
dominante y administración social fraudulenta, declaró el pasado 24 de
enero que la compra se llevó a cabo conforme a los requisitos exigidos
por el Banco de España y que no se solicitó autorización a la Comunidad
de Madrid porque no era necesario al no superar el 5 % de los recursos
propios de la caja.
También ha comparecido un representante legal de la Fundación
Caja Madrid, que ha descartado personarse como parte perjudicada en el
procedimiento, según ha informado Ausbanc, que ejerce de acusación en
nombre del sindicato Manos Limpias.
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