MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso ayer jueves una fianza de 16 millones de euros para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otra de tres millones para el de Bankia Rodrigo Rato
en relación con los gastos que los exconsejeros de estas entidades
realizaron "de forma presuntamente ilícita" al hacer uso de sus tarjetas
opacas.
Éste fue, en primera instancia, el resultado más importante de
las declaraciones que ayer prestaron como imputados los citados Blesa y
Rato, además del exdirector general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez
Barcoj.
El magistrado ha dado a los imputados un plazo de tres días para abonar estas fianzas y les ha advertido que, si no aseguran ante el juzgado esta cuantía, sus bienes serán embargados hasta dichos límites respectivos. Las fianzas, que han sido impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las tarjetas opacas, como la multa del 25 por ciento que establece la ley.
Según fuentes personadas en el caso, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero del 2010) un total de 12,5 millones. Por otra parte, durante la presidencia de Rato en la caja madrileña y en Bankia (entre enero del 2010 y mayo del 2012) cargaron un total de 2,6 millones de euros.
Otra conclusión importante de las declaraciones es que por primera vez el juez concreta los posibles delitos cometidos. Andreu indica que la conducta de los dos expresidentes podría tipificarse indiciariamente como un delito continuado de administración desleal. Pero no se queda ahí, porque se contempla la posibilidad de que más adelante pudiera añadirse el de apropiación indebida.
El delito de administración desleal, según recuerda el magistrado en sus resoluciones, "sanciona a administradores de una sociedad que realicen conductas causantes de un perjuicio con abuso de las funciones propias de su cargo". Las fianzas no persiguen, en suma, evitar el ingreso en prisión de los imputados. La finalidad de la caución es asegurar que, llegado el caso, los imputados harán frente a la responsabilidad civil y la multa que se les pueda imponer a resultas de un hipotético juicio oral.
En cuanto a las declaraciones, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa defendió la legalidad de la tarjeta a la que cargó 436.688,42 euros. Su tesis fue que se trataba de un complemento retributivo "de libre disposición" a su sueldo. Las tarjetas presuntamente opacas eran –según dijo– una tradición "consuetudinaria" e institucionalizada en la caja desde mucho antes de su llegada en 1996, Pero añadió que ha regularizado su situación ante Hacienda al haber comprobado que sus declaraciones no eran correctas.
Rodrigo Rato dio una versión similar. Manifestó ante el magistrado que la tarjeta era "un instrumento de pago que formaba parte de mi retribución salarial y como tal la acepté". En su declaración dijo que ese instrumento de pago estaba incluido en su salario y respondía a su contrato. Además, según Rato su tarjeta estaba sujeta a retención como cualquier otro concepto salarial, "siendo plenamente coherente" con su retribución neta anual. Rato, que no obstante ha devuelto los gastos cargados a Bankia y ha consignado los asumidos anteriormente por Caja Madrid, sostuvo que la tarjeta era un instrumento de pago "público y conocido" que se había adoptado para los miembros del consejo y del comité de dirección desde hacía "al menos 15 años".
El primero en declarar fue el exdirector general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien ya había anticipado las líneas generales de su estrategia de defensa en el escrito que envió a la Audiencia para ingresar un cheque por valor de 482.000 euros, equivalente a sus gastos con su tarjeta opaca de dicha entidad. En sustancia, dicha estrategia consiste en negar cualquier relación con la implantación de este sistema de retribuciones. Sánchez Barcoj manifestó que el uso de las tarjetas ya se había comenzado a realizar antes de su etapa en la cúpula de Caja Madrid. De nuevo, grupos de preferentistas hicieron acto de presencia ante la Audiencia e increparon a los comparecientes.
Blesa, desencajado
Miguel Blesa salía de la Audiencia Nacional desencajado. La dureza del fiscal y el juez pillaron desprevenido al expresidente de Caja Madrid, que dejó perlas como éstas en su declaración: "las tarjetas eran una tradición consuetudinaria"; "para resolver lo poco que cobrábamos"; " no sé si se declaraba". Tras esta respuesta la sala fue implacable. Fiscal y juez acorralaron a Blesa, él era el presidente de Caja Madrid y por tanto responsable de la entidad y además Inspector de Hacienda. Blesa echó la culpa de todo a sus subordinados.
A Rodrigo Rato le fallaron los argumentos. Culpó también a sus antecesores para luego tener que admitir que en febrero de 2012 reactivo las tarjetas para un reducido grupo.
El magistrado ha dado a los imputados un plazo de tres días para abonar estas fianzas y les ha advertido que, si no aseguran ante el juzgado esta cuantía, sus bienes serán embargados hasta dichos límites respectivos. Las fianzas, que han sido impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las tarjetas opacas, como la multa del 25 por ciento que establece la ley.
Según fuentes personadas en el caso, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero del 2010) un total de 12,5 millones. Por otra parte, durante la presidencia de Rato en la caja madrileña y en Bankia (entre enero del 2010 y mayo del 2012) cargaron un total de 2,6 millones de euros.
Otra conclusión importante de las declaraciones es que por primera vez el juez concreta los posibles delitos cometidos. Andreu indica que la conducta de los dos expresidentes podría tipificarse indiciariamente como un delito continuado de administración desleal. Pero no se queda ahí, porque se contempla la posibilidad de que más adelante pudiera añadirse el de apropiación indebida.
El delito de administración desleal, según recuerda el magistrado en sus resoluciones, "sanciona a administradores de una sociedad que realicen conductas causantes de un perjuicio con abuso de las funciones propias de su cargo". Las fianzas no persiguen, en suma, evitar el ingreso en prisión de los imputados. La finalidad de la caución es asegurar que, llegado el caso, los imputados harán frente a la responsabilidad civil y la multa que se les pueda imponer a resultas de un hipotético juicio oral.
En cuanto a las declaraciones, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa defendió la legalidad de la tarjeta a la que cargó 436.688,42 euros. Su tesis fue que se trataba de un complemento retributivo "de libre disposición" a su sueldo. Las tarjetas presuntamente opacas eran –según dijo– una tradición "consuetudinaria" e institucionalizada en la caja desde mucho antes de su llegada en 1996, Pero añadió que ha regularizado su situación ante Hacienda al haber comprobado que sus declaraciones no eran correctas.
Rodrigo Rato dio una versión similar. Manifestó ante el magistrado que la tarjeta era "un instrumento de pago que formaba parte de mi retribución salarial y como tal la acepté". En su declaración dijo que ese instrumento de pago estaba incluido en su salario y respondía a su contrato. Además, según Rato su tarjeta estaba sujeta a retención como cualquier otro concepto salarial, "siendo plenamente coherente" con su retribución neta anual. Rato, que no obstante ha devuelto los gastos cargados a Bankia y ha consignado los asumidos anteriormente por Caja Madrid, sostuvo que la tarjeta era un instrumento de pago "público y conocido" que se había adoptado para los miembros del consejo y del comité de dirección desde hacía "al menos 15 años".
El primero en declarar fue el exdirector general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien ya había anticipado las líneas generales de su estrategia de defensa en el escrito que envió a la Audiencia para ingresar un cheque por valor de 482.000 euros, equivalente a sus gastos con su tarjeta opaca de dicha entidad. En sustancia, dicha estrategia consiste en negar cualquier relación con la implantación de este sistema de retribuciones. Sánchez Barcoj manifestó que el uso de las tarjetas ya se había comenzado a realizar antes de su etapa en la cúpula de Caja Madrid. De nuevo, grupos de preferentistas hicieron acto de presencia ante la Audiencia e increparon a los comparecientes.
Blesa, desencajado
Miguel Blesa salía de la Audiencia Nacional desencajado. La dureza del fiscal y el juez pillaron desprevenido al expresidente de Caja Madrid, que dejó perlas como éstas en su declaración: "las tarjetas eran una tradición consuetudinaria"; "para resolver lo poco que cobrábamos"; " no sé si se declaraba". Tras esta respuesta la sala fue implacable. Fiscal y juez acorralaron a Blesa, él era el presidente de Caja Madrid y por tanto responsable de la entidad y además Inspector de Hacienda. Blesa echó la culpa de todo a sus subordinados.
A Rodrigo Rato le fallaron los argumentos. Culpó también a sus antecesores para luego tener que admitir que en febrero de 2012 reactivo las tarjetas para un reducido grupo.
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