MADRID.- El Tribunal Supremo ha revocado el auto que
fijó la liquidación de condena del exjuez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón para el 3 de abril de 2022 y ha ordenado que se
practique un nuevo cómputo teniendo en cuenta el periodo de casi un año
en el que estuvo suspendido cautelarmente de sus funciones por la causa
de la memoria histórica.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha estimado el recurso de
súplica que interpuso el exmagistrado contra el auto que fijó en abril
de 2022 la fecha en la que Garzón terminaría de cumplir la pena de once
años de inhabilitación para la función judicial por la que fue condenado
por intervenir las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la
trama 'Gürtel' con sus abogados.
En un auto, dado a conocer este jueves, los magistrados reconocen
que la liquidación de condena practicada el pasado mayo omitió el tiempo
que estuvo suspendido provisionalmente de sus funciones en el caso de
la investigación de las desapariciones del franquismo, del que
finalmente fue absuelto.
El auto, con ponencia del juez Miguel Colmenero, destaca así que
procede computar el periodo comprendido entre el 17 de mayo de 2010,
fecha en la que se produjo el cese cautelar del magistrado, hasta el 18
de abril, un día antes de que fuera suspendido.
Por todo ello, los jueces del Supremo ordenan que se practique una
nueva liquidación de condena y que, verificada la cual, se dé traslado
al Ministerio Fiscal para que informe sobre este asunto.
Los magistrados requirieron previamente al Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) una certificación acreditativa del plazo
transcurrido en situación cautelar de suspensión, mientras que tuvieron
sobre la mesa el escrito de la defensa de Ignacio Peláez oponiéndose a
la solicitud del exjuez, y del abogado de Francisco Correa, que sí
formuló su adhesión al recurso. El Ministerio Público no se pronunció
sobre esta petición.
De acuerdo con el nuevo pronunciamiento, Garzón acabará de cumplir
su condena a la edad de 65 años en vez de con 66 años. El que fuera
titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fue condenado a once
años por incurrir en delitos de prevaricación y contra las garantías
constitucionales por ordenar grabar en la cárcel las conversaciones
entre los principales imputados de la 'Gürtel' con sus abogados.
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