MADRID.- Quince organizaciones industriales se han unido en un manifiesto contra
las tasas diseñadas por el Gobierno para acabar con el déficit
eléctrico y alertar de que su aplicación pondrá en riesgo la
supervivencia del tejido industrial, con consecuencias irreversibles
para el empleo y la economía.
La semana pasada publicaron un manifiesto similar las organizaciones
representantes de la cogeneración (Acogen), el azulejo y la cerámica
(Ascer), el papel y el cartón, la federación de fundidores (Feaf) y los
fabricantes de ladrillo y tejas (Hispalyt).A estas se suman ahora las asociaciones de grandes consumidores (Aege),
madera (Confemadera), metal (Confemetal), química (Feique),
alimentación y bebidas (Fiab), cemento (Oficemen), textil (Consejo
Intertextil Español), siderurgia (Unesid), cobre (Unicobre) y vidrio
(Vidrio España).
Bajo el título "La Industria en Riesgo", las 15 organizaciones
recuerdan que las naciones más ricas del mundo son aquellas que poseen
los sectores industriales más potentes, porque éstos generan riqueza y
porque su actividad sostiene a gran parte del sector servicios,
proporciona puestos de trabajo cualificados e impulsa el desarrollo
tecnológico y la innovación.En su opinión, el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, que crea siete impuestos para acabar con el
déficit de tarifa, "obvia que el coste de miles de millones de euros que
traslada a las empresas industriales de nuestro país las deslocalizará
en breve generando consecuencias irreversibles para la economía".
Advierten de que si se pone en riesgo el futuro de la industria, los
más de 250.000 millones de euros y las dos terceras parte del PIB que
generan los sectores firmantes, los más de 4 millones de puestos de
trabajo cualificados que proporcionan y se extingue la contribución de
la industria a la economía nacional "ya no habrá empresas a las que
imponer una presión fiscal desmedida".En las condiciones actuales de competitividad, la industria española no
puede asumir un coste energético "de esta magnitud", añade el texto, en
el que se afirma que "ninguna industria de ningún país podría".
Los firmantes lamentan que el Gobierno haya impulsado una iniciativa
desproporcionada que, a pesar de perseguir un objetivo "comprensible y
razonable", en sus actuales términos arrastrará a las empresas al
cierre.Las quince organizaciones expresan su disposición a dialogar con el
Ejecutivo porque el proyecto de ley "aún tiene solución y puede
modificarse para cumplir sus objetivos sin poner a la industria en
riesgo".
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