Si preguntáramos en la calle pocos podrían contestar qué asuntos se
tratan en Bruselas, qué competencias asume el Parlamento europeo
(formado por 751 diputados), o de qué herramientas disponemos para
controlar a esa hidra de varias cabezas.
Lo único que sabemos es que a 1.500 km de aquí un Parlamento, una
Comisión y diversos organismos legislan en la más absoluta opacidad
sobre asuntos que posteriormente acatamos sin saber cómo ni por qué. Una
corte de ‘ilustres’ políticos, la mayoría de ellos sobrantes
de la circulación nacional, que en 2012 nos costó la friolera de 147.000
millones de euros.
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La pertenencia a ciegas de ese selecto club sin reclamar a cambio el sometimiento de la clase política europea a unas reglas claras de juego ha permitido a nuestros eurorepresentantes nadar en la más absoluta impunidad.Sólo de vez en cuando conocemos casos de corrupción imposibles de ocultar, como el del ex comisario de sanidad, John Dalli, quien se vio obligado a dimitir el pasado mes de octubre tras ser vinculado a una trama de tráfico de influencias. Eso sí, no se irá con las manos vacías. Su mala praxis ha sido premiada con una pensión vitalicia de más de 2.000 euros al mes. Una muestra de lo que se cuece en Bruselas y que no podríamos entender sin conocer el informe Galvin, una auditoría interna que hizo temblar los cimientos de la UE en 2008 pero que muchos se han encargado de que pocos la conozcan.El documento, de 92 páginas, pretendió arrojar luz sobre la utilización que los 750 europarlamentarios (sin tener en cuenta al presidente de la cámara) hacían de los presupuestos para gastos. Según la laxa normativa europea, cada representante del Parlamento puede contratar a un asistente personal, nombrado a dedo y que hasta hace escasos años, incluso, podía ser miembro de la familia. Para ello cada europarlamentario dispone de un partida anual y exclusiva de 19.709€.Estalla el escándalo
Los resultados de la auditoría fueron tan escandalosos, que sus señorías se vieron obligadas a declarar el informe Galvin alto secreto para salvaguardar “el buen nombre” de las instituciones europeas. Sin embargo, y gracias a la asociación inglesa contra el fraude Taxpayer’s Alliance, pudimos acceder al documento que revelaba hechos tales como pagos a asistentes no acreditados en el Parlamento, pagos a empresas de políticos, desvíos de dietas de viaje, desvíos de partidas para financiar a partidos políticos y conflictos de intereses entre muchas otras irregularidades.
En total, el informe Galvin calcula que los eurodiputados podrían haber desviado por legislatura 117.000 euros en dietas, 489.000 euros en asistentes, 243.000 euros en gastos de oficina, 60.000 euros en viajes y 356.000 euros en gastos de pensión. Tras el estallido del escándalo en 2008, el Parlamento Europeo aparentó reforzar las medidas de control excluyendo del acceso a los cargos de asistente a los familiares de diputados. Algo lógico pero que, aún así, recibió el voto contrario de 202 europarlamentarios.
Gastos de oficina
A día de hoy Robert Galvin, autor del informe, asegura que siguen existiendo irregularidades en las instituciones europeas. Su último estudio ha detectado fraudes contables, pagos dobles y adjudicaciones de contratos que violan las políticas de concesión.
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