MADRID.- Representantes de víctimas personadas en la causa abierta en Argentina para
investigar crímenes del franquismo estiman que los tribunales españoles
deben juzgar algún día a ministros y responsables de aquella época, lo
que ven más cerca tras la reciente visita a España de la juez argentina María
Servini.
En este sentido, creen que las declaraciones que la juez María Servini
ha tomado esta semana a víctimas del franquismo en diferentes juzgados
españoles suponen un avance en esta causa en la que ya figuran
trescientas personas como querellantes.
Estas son algunas de las
cuestiones destacadas en la rueda de prensa de balance de la visita a
España de la comisión judicial argentina encabezada por la citada
magistrada y el fiscal Ramiro González.
En este encuentro han
comparecido una de las víctimas personadas, José María Galante "El
Chato", representante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella
Argentina contra los Crímenes del Franquismo, y los abogados de los
querellantes Máximo Castex, Ana Messuti y Carlos Slepoy.
Han recordado que han pedido a la juez María Servini que
impute a una veintena de personas, entre las que se encuentran
ministros franquistas, así como jueces y policías de esa época, y
esperan que la instructora así lo acuerde habida cuenta además de que el
nuevo fiscal argentino quiere impulsar el caso a diferencia del
anterior, que se inhibió.
José María Galante "El Chato" cree que
al final los tribunales españoles deberán juzgar a los responsables
"cuando se rompa su cerrazón, se pongan como se pongan", lo que a su
juicio ya se está comenzado a lograr, aunque de momento seguirán
intentando que avance la investigación en Argentina y en otros países
incluidos los tribunales de la Unión Europea.
Ha explicado que en
esta causa se investigan 150.000 muertos que estarían en más de dos mil
fosas comunes, desapariciones, robos de recién nacidos, trabajos
esclavos y torturas a detenidos y presos políticos.
Han anunciado que estudiarán la presentación de querellas en juzgados españoles
una vez que han visto esta semana que hay jueces dispuestos a
colaborar, si bien estiman que debería ser la Audiencia Nacional la que,
al final, centralizara toda la investigación.
Máximo Castex ha
agradecido la colaboración de los juzgados de Guernica en el País Vasco
donde han declarado dos hermanos, así como los de Sevilla, Carmona y
Marchena en la provincia sevillana, donde lo han hecho otras tres
víctimas, y sobre todo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
ante el que comparecieron ayer junto a María Servini otras dos personas
afectadas.
Ha lamentado sin embargo la falta de cooperación del
Juzgado de Miranda de Ebro, donde estaba prevista la
declaración de una víctima, y de otro de Málaga, que frustró una
inspección ocular en el cementerio de San Rafael en el marco de la
investigación de las fosas comunes.
Máximo Castex ha destacado que el primer objetivo de reparación de estas víctimas se han cumplido al poder declarar ante los jueces.
No
obstante, uno de los hermanos que declaró en Guernica preguntó a la
juez española por qué ha tenido que acudir a España una magistrada desde
Argentina para que él declarara, ha recordado Ana Messuti.
Carlos Slepoy ha destacado que "hay jueces españoles que se prestan a colaborar
y fueron de especial relevancia las declaraciones de ayer en la
Audiencia Nacional", un tribunal del que ha recordado que fue el que
paralizó la investigación que inició el exjuez Baltasar Garzón sobre
estos crímenes, lo que ha calificado de "inédito".
También ha
valorado que haya jueces españoles que se rebelan contra la decisión del
Gobierno de paralizar la justicia universal en España y ha recordado lo
que una de las víctimas declaró esta semana a los jueces que le
interrogaban: "Antes de morirme quiero tener un hueso de mi padre".
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