MADRID.- La ley que regulará el control financiero de los partidos políticos españoles y
aumenta los mecanismos para prevenir la corrupción ha pasado hoy el
examen de la Comisión Constitucional del Congreso gracias a los votos a
favor de PP, CiU y el PNV y la abstención del PSOE, la Izquierda Plural y
UPyD.
En la misma sesión, la Comisión Constitucional ha dado su visto
bueno, también con el apoyo de PP, CiU y PNV pero en este caso con el
voto en contra de socialistas e IU, al proyecto de ley reguladora del
ejercicio del alto cargo, que ahora se remite al Senado.
Tras el debate en comisión, el proyecto de ley orgánica de control
financiero de los partidos políticos será remitido al pleno del Congreso
de la semana que viene para su aprobación después de intensas jornadas
de trabajo en las que los grupos parlamentarios han negociado las nuevas
medidas para prevenir la corrupción en el ámbito de los partidos
políticos.
La norma consolida el recorte del 40% de las ayudas públicas a los
partidos de los últimos años y añade una reducción del 20% de las
subvenciones para envíos de propaganda electoral, prohíbe las donaciones
de empresas y fija en 50.000 euros la cantidad máxima que pueden
recibir de una persona física.
En lo que todos han coincidido es en valorar el esfuerzo de los
grupos parlamentarios para dar respuesta a la desafección de la sociedad
hacia la clase política y el talante del representante del PP en la
materia, José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha subrayado que este
proyecto nació del impulso del Gobierno, pero también de los ciudadanos,
"que tenían razón en sus demandas".
"No podemos cambiar el pasado, pero
si podemos legislar frente a determinados comportamientos para que no
vuelvan a reproducirse", ha dicho Bermúdez.
A pesar de su abstención, el diputado socialista José Enrique Serrano
ha puesto en valor las nuevas limitaciones a la financiación privada de
los partidos como una respuesta a esa desafección por la corrupción
política.
Otra de las medidas que ha valorado es que se incluyan plazos máximos
para la constitución de una formación política y para la renovación de
sus cargos, y que se reconozca expresamente la posibilidad de que los
dirigentes sean elegidos por elección de todos sus afiliados, aumentando
así los derechos de éstos.
Sin embargo, en la nueva ley se queda fuera la reducción del número
de aforados. El secretario general del grupo parlamentario popular, José
Antonio Bermúdez de Castro, ha avanzado hoy el "compromiso político"
del PP de regular y limitar los aforamientos de los altos cargos, como
pedía el PSOE, "en el momento que sea posible".
Bermúdez de Castro ha anunciado que el PP dejará claro ese
"compromiso político" en una enmienda transaccional al proyecto de ley
de control financiero de los partidos políticos, que hoy se debate en
Comisión, en la que el secretario general del grupo popular ha
intervenido para avanzar esa intención de su partido. Limitar los
aforamientos era una de las exigencias que había planteado el PSOE en
sus enmiendas a los proyectos del estatuto del cargo público y el
control financiero de los partidos, enmarcados en el plan de
regeneración democrática del Gobierno.
El PP argumenta que esa limitación no puede regularse en este momento
debido a que sería necesaria una reforma de la Constitución, que es la
que fija la condición de aforados para diputados y senadores, y además
afecta a los estatutos de autonomía cuando se trata de altos cargos de
las comunidades autónomas. Por eso, el compromiso que el PP trasladará a
la enmienda transaccional es que se limitarán los aforamientos en el
futuro y cuando sea posible.
En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado
en Castellón que el aforamiento es una "cuestión instrumental" y no
supone "no trabajar contra la corrupción", ya que combatirla es un
"objetivo estratégico del Estado". Al ser preguntado por la reducción
del número de aforados , Catalá ha dicho que el aforamiento "es una
cuestión instrumental" por lo que ha pedido hacer una reflexión "más
madura" porque "no es un privilegio o una capacidad de no trabajar
contra la corrupción, sino de que un tribunal conoce de una causa
distinto de otro".
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha valorado el "buen trabajo"
de los grupos políticos y, aunque no se ha opuesto al recorte de
subvenciones, sí ha recordado que su grupo es partidario de una
financiación "eminentemente pública".
El PNV ha dado su apoyo a este proyecto de ley, aunque, como ERC -que
ha votado en contra-, ha aprovechado para solicitar también que se
aborde la devolución del patrimonio incautado a los partidos políticos
durante la Guerra Civil.
En cualquier caso, el portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, ha
considerado necesarios los controles a los partidos : "No vamos a
escurrir el bulto".
También CiU ha votado a favor después de que la diputada Montserrat
Surroca haya elogiado el esfuerzo de consenso que ha hecho el PP.
Por contra, UPyD ha criticado que se imponga un sistema en el que
prima la financiación pública y el diputado Carlos Martínez Gorriarán ha
apostado un sistema mixto.
El popular Bermúdez de Castro ha destacado la importancia de esta
ley, incluida en el plan de regeneración y lucha contra la corrupción, y
ha defendido que la solución a los problemas pasa por "reformar lo que
funciona para que funcione mejor y corregir los defectos y desviaciones"
frente a quienes con sus "mensajes populistas" persiguen la
"deslegitimación del sistema" para "alcanzar e poder.
Por otra parte, la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado y
remitido al Senado la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la
Administración, uno de los proyectos de ley contra la corrupción que
fueron presentados por Mariano Rajoy el pasado 27 de noviembre. Al
final, el PP ha sumado el voto de CiU y PNV mientras que UPyD se ha
abstenido y el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC han optado por
votar en contra al considerar el texto insuficiente.
El Estatuto del Alto Cargo fija, entre otras cuestiones, los
requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de
bienes y certificados tributarios que deben presentar, las
incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes
que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.
El PP ha acordado además con CiU y PNV dejar claro que la aplicación
de todas estas medidas en el ámbito autonómico dependerá de lo que
decidan los gobiernos de las comunidades. Ello ha facilitado el apoyo de
las formaciones nacionalistas.
Pero el PSOE, Izquierda Plural y UPyD consideran que la redacción
final resulta insuficiente y echan en falta asuntos como la ampliación
del periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados (ahora son
dos años), la prohibición de las 'puertas giratorias', la independencia
de los órganos de supervisión o la regulación de los grupos de presión
('lobbies').
Además, la exigencia del cargo en caso de verse afectado por un caso
de corrupción, otro de los puntos demandados por la oposición, ha
quedado definitivamente relegado a la futura reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El PSOE propuso enmiendas para hacer efectivo el cese cuando el cargo
público esté en curso en un juicio oral y se le imputen delitos, un
delito de corrupción, un mandato que quiere extender a diputados,
senadores y alcaldes. Izquierda Plural, por su parte, era partidario de
adelantar el cese a la imputación de un delito, haya o no juicio oral.
Pero el PP no quiso entrar en este asunto en sus enmiendas a la ley
que regula el estatuto del alto cargo y este miércoles, cuando la norma
se ha debatido en la Comisión Constitucional del Congreso, ha confirmado
que la exigencia del cargo en casos de corrupción se resolverá en la
futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que el ministro de Justicia,
Rafael Catalá, pretende entregar al Congreso en febrero para que se
apruebe antes del verano.
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