jueves, 22 de marzo de 2012

Telefónica ficha al marido de la vicepresidenta española Sáenz de Santamaría

MADRID.- Telefónica ha incorporado a Iván Rosa Vallejo, abogado del Estado y marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, a una nueva unidad creada dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la multinacional española, según ha confirmado la compañía en un comunicado.

   Dicha unidad, que depende de la Dirección liderada por la también vicesecretaria del consejo de la compañía, María Luz Medrano, estará especializada en coordinar y planificar la vertiente jurídica de los nuevos negocios de la empresa en su proyección internacional y trabajará desde el Corporativo Global de la multinacional con especialistas en derecho comunitario e internacional, financiero, propiedad intelectual y tratamiento de datos.
   La firma presidida por César Alierta ha explicado que dicha unidad estará formada, además de por Iván Rosa Vallejo y otro abogado del Estado, cuya contratación está en proceso, por otros letrados, que completarán el equipo.
   Asimismo, dentro del proceso de reorganización se incorporarán dos expertas en derecho financiero, Cristina Fernández Gómez y Pilar Arribadas.
   Iván Rosa Vallejo, que es abogado del Estado desde el año 1996, ha trabajado en la Comisión Europea como experto en temas comunitarios y de cooperación judicial internacional y ha sido consejero de justicia en la Representación Permanente de España en la Unión Europea. Hasta la fecha, ejercía como abogado del Estado en la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos.
   Por su parte, Fernández Gómez, que es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ha trabajado en Uría y Menéndez y ha ocupado el cargo de directora de Asesoría Jurídica Corporativa en Ferrovial, mientras que Arribadas García es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y entre sus últimos trabajos destaca su paso por Uría y Menéndez y Banesto.
   Por otra parte, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista han confirmado también que Paloma Villa, esposa del secretario general del Grupo, Eduardo Madina, ha sido contratada recientemente por Telefónica. Sin embargo, ha subrayado que este caso "no es comparable" con los fichajes de familiares de ministros y altos cargos del PP por parte de esta y otras grandes empresas.
   De hecho, fuentes del Grupo han expresado malestar por el hecho de que la contratación de Villa haya sido publicada justo después de la de Iván Rosa, porque consideran que se pretende dar la impresión de que son casos comparables, cuando a su juicio no es así.
   En este sentido, aseguran que no sólo Madina no ha hecho "ninguna gestión" en favor de su esposa, sino que además el PSOE ahora no está en el poder. Es más, destacan que fue Telefónica quien se interesó por el currículum de Villa y que ese interés se ha concretado finalmente en su contratación en el departamento de Relaciones Internacionales.
   Paloma Villa fue asesora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y también perteneció al gabinete de la exministra de Exteriores y exsecretaria de Estado para Iberoamérica Trinidad Jiménez, puesto que le brindó experiencia y contactos en el ámbito internacional, explican las fuentes.

El juez tilda de "palmaria falsedad" que el no imputar a la Infanta sea para "no estigmatizarla"

PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, ha recriminado que el sindicato Manos Limpias haya sacado de contexto de forma "intencionada" las palabras que utilizó en el auto que dictó para rechazar la imputación de la Infanta Cristina, y en este sentido ha aseverado que afirmar que llamarla a declarar como imputada "la estigmatizaría" es una "palmaria falsedad que ni tan siquiera admite disculpa".

   Así lo ha aseveración en un nuevo auto, por el que ha desestimado el recurso de reforma que interpuso la entidad personada como acusación popular y en el que considera "rotundamente falso" que la no citación de la hija del Rey Don Juan Carlos tenga como finalidad "el librarla del mal trago de verse afectada por estigma alguno al que hubiera hacerse acreedora si hubieran existido indicios objetivos de criminalidad en su contra, lo que hasta el momento no se ha constatado".
   "La tan a todas luces desafortunada oración obedece a la pura invención del recurrente" -en referencia a Manos Limpias- "y a él incumbe explicar qué proceso mental le ha conducido a ella", incide el magistrado en su resolución judicial, ya recurrida por la acusación en apelación ante la Audiencia Provincial.
   La entidad sostiene que la esposa del Duque de Palma fue "actora directa -por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria- y por ende beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin", tal y como consta en un escrito de seis páginas, en el que la entidad desglosaba los indicios delictivos que, a su juicio, pesan contra la Infanta.
   Sin embargo, durante su declaración como imputado ante el juez, Urdangarin insistió en varias ocasiones en desvincular a su mujer de las operaciones llevadas a cabo en concreto a través del Instituto Nóos, que presidió entre 2004 y 2006, y Aizoon, la empresa de la que era copropietario al 50 por ciento junto a su esposa. De hecho, la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma se opusieron a la petición de Manos Limpias.
   Según el sindicato, la hija del Rey era además "conocedora, cuanto menos, de las argucias financieras fraudulentas" que se habrían llevado a cabo para evadir impuestos a Hacienda, una de las líneas de investigación abiertas en el marco de este caso. Además, recuerda que también en Aizoon desempeñaba el cargo de secretaria, lo que conlleva la elaboración de actas con los acuerdos adoptados, la lectura de éstas y su firma.
   La acusación aseveraba que las diligencias practicadas hasta el momento ponen de manifiesto que la Infanta "ha dispuesto de dinero de la caja de las sociedades mercantiles defraudadoras", entre otros fines, para la realización de obras en su vivienda de Pedralbes. De hecho, la entidad afirmaba, en base a un informe de la Agencia Tributaria, que la unidad familiar "dispone de una caja única, donde obviamente se ingresaban recursos económicos que provenían de las mercantiles utilizadas en la trama".