MADRID.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón
Álvarez de Miranda, se ha mostrado partidario de aplicar el espíritu de
la Ley de Transparencia a los partidos políticos, los sindicatos, las
organizaciones empresariales, las ONG y a toda entidad privada que
reciba importantes cantidades de dinero público y cuya labor tenga
trascendencia pública y social, pero ha recomendado que se haga a través
de sus correspondientes leyes específicas en lugar de incluir esas
entidades particulares en el proyecto de ley que se refiere al sector
público.
Ante la Comisión Constitucional del Congreso, Álvarez
de Miranda ha expresado una valoración "muy positiva" del proyecto de
ley del Gobierno destacando que "suple una de las carencias más
significativas" del ordenamiento jurídico y que su aplicación "supondrá
un avance decisivo en la configuración de unos poderes públicos
modernos".
No obstante, ha pedido que el espíritu de la ley
de transparencia alcance a "las entidades de naturaleza privada que
reciban significativas volúmenes de fondos públicos y cuya actividad
tenga interés público o repercusión social".
A instancias de
los grupos parlamentarios, ha precisado que en ese marco se encuadran
tanto los partidos políticos y sus fundaciones como los sindicatos, las
organizaciones empresariales y hasta las organizaciones no
gubernamentales (ONG).
"Debería considerarse la oportunidad de
incrementar el nivel de transparencia de su gestión", ha apuntado,
aunque es más partidario de hacerlo a través de su normativa específica
en lugar de incluirlos expresamente en esta ley de Transparencia.
En su opinión, incluir esas entidades privadas en el proyecto de ley
remitido por el Gobierno, que está pensada para el sector público,
presentaría "graves dudas de aplicación", por lo que considera "más
razonable" que la obligación de transparencia se incluya en sus propias
leyes, obligándoles a dar más información en sus páginas web.
En respuesta al PP, el presidente del Tribunal de Cuentas ha elogiado
la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos,
aprobada el pasado diciembre y que entre otras cosas obliga a los
partidos y sus fundaciones a publicar sus cuentas y sus deudas. A su
juicio, facilitará la labor de fiscalización y permitirá sortear la
negativa del Banco de España a informar de los créditos de los partidos
con entidades financieras.
Tras admitir que el Tribunal de
Cuentas lleva retraso en la aprobación de los informes anuales de
fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, pues el
último se aprobó el pasado año y se refería a 2007, Álvarez de Miranda
ha prometido remitir antes de fin de año hasta cuatro informes (2008,
2009, 2010 y 2011): el primero estará en mayo y los demás en octubre o
noviembre.
Es más, si ven que no pueden cumplir esa promesa,
el actual Consejo de la institución se ha comprometido a incrementar más
las dotaciones de medios de los equipos de fiscalización para hacerlo
posible.
En declaraciones a los periodistas, Álvarez de
Miranda ha reconocido que el área de fiscalización de partidos políticos
tenía una dotación "insuficiente" y que sus medios se han duplicado
para ponerse al día. Ahora el Tribunal tiene medios suficientes para
cumplir su "misión" de investigar con celeridad las cuentas de los
partidos, ha añadido, y si no fuera así cuenta con la capacidad para
medir medios adicionales.
Para el presidente del Tribunal, "la
fiscalización de lo que no es oficial no se conoce" y su objetivo es
contar con "los medios suficientes para contrastar la información que
dan los partidos o cualquier fiscalizado con otros medios de prueba o
con otros medios aportados por diferentes terceros que estén obligados a
prestar esta información para detectar la existencia de incoherencias
en la información que se presenta".
Aunque la última ley ha
mejorado su capacidad de maniobra, ha insistido en la conveniencia de
contar con mecanismos para que el Tribunal de Cuentas cuente con datos
de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para comprobar sus
fiscalizaciones.
"A todos nos sorprenden y alarman los casos
de corrupción, pero al mismo tiempo nos tranquiliza saber que la
fiscalía y los poderes públicos están actuando ante esta situación --ha
dicho a los periodistas--. Entre todos tenemos que hacer lo necesario
para que la nueva ley sea suficiente y se produzca esa regeneración que
es una demanda social".
En cuanto a la Casa del Rey, el presidente del Tribunal de Cuentas ha
recordado a IU que la Constitución establece que el Monarca dispone
"libremente" de la asignación presupuestaria que le otorga el Estado y
que la Jefatura del Estado no está sometida a control del Tribunal de
Cuentas pues cuenta con su propio servicio de intervención económica.
Según ha dicho, cualquier fiscalización externa no podría hacer una
valoración cualitativa porque la distribución se ejerce libremente como
así lo reconoce la Constitución.
Por otro lado, Álvarez de
Miranda ha elogiado también la "definición más exhaustiva" de la
información económica, presupuestaria y estadística sujeta a publicidad,
aunque ha pedido añadir "la relativa al cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, mejorando la
escasa referencia que contiene el proyecto a la información
presupuestaria".
Asimismo, ha agradecido que el incumplimiento
del deber de rendición de cuentas pase a considerarse una infracción,
pues hasta ahora resulta difícil formular requerimientos y la cuantía de
las multas previstas es "claramente insuficiente". pedido ,
Por ultimo, ha recomendado ser "muy cautelosos" con la normativa de
protección de datos para evitar conflictos con el acceso a la
información y ha cuestionado la parte de "buen Gobierno" del proyecto de
ley porque aprecia duplicidades respecto a la legislación en materia de
incompatibilidad y conflicto de intereses, así como una técnica
legislativa "mejorable".
En ese contexto ha citado el hecho
de que sea el Consejo de Ministros el que tenga la competencia para
incoar y resolver los procedimientos sancionadores relativos a ministros
y secretarios de Estado, pues ha avisado de que "el juego político del
Gobierno de turno puede afectar a su independencia en el ejercicio de la
potestad sancionadora". Como alternativa apuesta por un órgano
independiente o mixto.
