jueves, 15 de noviembre de 2012

El Gobierno "escucha a la calle, pero tiene que tomar decisiones", dice la vicepresidenta española

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo, "indudablemente, escucha a la calle", pero ha precisado que, de acuerdo con la responsabilidad que le dieron los ciudadanos en las urnas, también tiene que tomar las decisiones que considera "más adecuadas" para combatir la crisis.

   "Desde luego que atendemos las opiniones de sindicatos, partidos y otros colectivos, pero tenemos que tomar las medidas, porque los ciudadanos nos han dado esa responsabilidad, que consideramos más adecuadas en un momento de crisis", ha dicho la vicepresidenta, que ha recordado además que el Gobierno del PP "se encontró" con un déficit público "muy elevado" y una deuda pública creciente.
   Sáenz de Santamaría ha afirmado además que al Ejecutivo "no le corresponde hacer valoraciones subjetivas" sobre si la huelga general celebrada ayer en España fue un "fracaso o un éxito o como quiera interpretarse".
   "Al Gobierno lo que le corresponde es proteger los derechos de los que quieren ir a la huelga y de los que no quieren, de los que se quieran manifestar y de los que no", ha subrayado.
   "Más allá" de proteger esos derechos, la vicepresidenta ha indicado que la responsabilidad del Ejecutivo es la de trabajar para que, mediante las reformas necesarias, España pueda volver a crecer y crear empleo. "Cada uno tendrá que explicar los motivos de la convocatoria, la asistencia o la presencia", ha concluido la vicepresidenta.
   Preguntada por el motivo por el que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, no salió a valorar el desarrollo de la huelga, la vicepresidenta ha señalado que fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien compareció porque, además de que se encontraba en el Congreso, la huelga iba dirigida contra la política económica del Gobierno en su conjunto.
   Además, Soraya Sáenz de Santamaría ha condenado los actos vandálicos acaecidos durante la jornada de huelga general al tiempo que ha dicho que la Policía trata de hacer su labor de la mejor manera posible en una actuación proporcionada a lo largo de las 1.084 manifestaciones que se celebraron en España, según le ha comunicado el Ministerio del Interior.  
   "Una cosa es el derecho de manifestarse y otra, los actos violentos que nadie podemos amparar y espero que todos los responsables políticos estemos de acuerdo", ha dicho en la rueda de prensa al ser preguntada por los disturbios registrados.
   Según ha dicho, nadie tiene que "ver, vivir o padecer en su persona, en su calle o sus bienes destrozos que no son ejercer ningún derecho sino actos vandálicos que nadie debería amparar".
   Además ha añadido que, según le ha trasladado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante este miércoles se registraron 1.084 manifestaciones en toda España. "Es una tarea amplia que corresponde a las fuerzas de seguridad, que tratan cumplir su labor de la mejor manera posible en una actuación proporcionada en la búsqueda de la protección de los derechos de unos y la seguridad de todos los demás".

El PP pide a los sindicatos que reflexionen por qué las huelgas van "a menos"

MADRID.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha emplazado este jueves a los sindicatos a "reflexionar" acerca de por qué las huelgas generales van "a menos". A su entender, "no canalizan las aspiraciones y las preocupaciones de los ciudadanos".

  "Ellos mismos ya han puesto de manifiesto que la huelga de ayer tuvo menos seguimiento que la que habían convocado anteriormente.   Quiere decir que ellos mismos han reconocido que sus huelgas van a menos", ha declarado Alonso en los pasillos del Congreso.
   El dirigente del PP ha asegurado que el Gobierno es consciente de que "hay descontento social", algo que, según ha dicho, ya vieron en las manifestaciones que se han producido. "El Gobierno está descontento con la situación económica del país y por eso está intentado cambiar las cosas", ha añadido.
   Según Alonso, la situación es "difícil" pero a su vez constituye un "acicate para seguir haciendo reformas y seguir tomando decisiones que saneen la economía" con el fin de que España vuelva a la senda del crecimiento.
   El portavoz del PP en el Congreso ha manifestado que hay gente que lo está pasando "muy mal" y el Ejecutivo tiene que tomar "medidas paliativas", como el decreto-ley que aprobará este jueves el Consejo de Ministros para frenar los desahucios. "Es un problema que nos preocupa mucho más que la huelga de ayer", ha enfatizado.  
   En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo debe seguir trabajando para salir de la crisis y "tener sensibilidad", pero al mismo tiempo también los sindicatos deben hacer "su reflexión" acerca de "por qué sus huelgas van a menos".

El Consejo de Estado ve inconstitucional el euro por receta

MADRID.- El Consejo de Estado considera que la implantación del pago de un euro por receta, vigente ya en Cataluña desde julio y que estará en vigor también en la Comunidad de Madrid a partir del próximo 1 de enero, es inconstitucional, ya que "contraviene el orden constitucional de distribución de competencias".

   El dictamen, emitido el pasado 21 de junio y del que ya informó en el Senado el pasado martes el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstucionalidad con los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos", que recoge el euro por receta.
   El Consejo considera que la norma contraviene el orden constitucional de distribución de competencias y "excluye el derecho de tanteo reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación"".
   Montoro explicó el pasado martes en el Senado en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión formulada por el socialista Tomás Gómez
--quién a su vez anunció un recurso contra esta tasa ante el Tribunal Constitucional-- que el Gobierno cuenta con este informe, que va a utilizar para que Cataluña elimine esta tasa "cuanto antes" y "a partir de ella, no será aplicable en ninguna comunidad autónoma".
   El dictamen solicitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que el Gobierno pueda promover recurso de inconstitucionalidad contra la medida y emitido por mayoría con dos votos particulares, considera que esta tasa "puede provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado".
   En este sentido, recuerda que corresponde al legislador estatal garantizar esa unidad mínima en las condiciones de acceso a los fármacos "con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y evitar la introdicción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud". Y, en este sentido, considera que la tasa del euro por receta constituiría "sin duda" una desigualdad entre los beneficiarios de esta prestación.
   Asimismo, el Consejo considera que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública por ser esta un cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada en la Constitución", por lo que "no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes cuya exacción comporte en última instancia un incremento del coste que los ciudadanos haya de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".
   Por otra parte, también recuerda que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) prohíbe la doble imposición que también considera que se produce en este caso al estimar que "los actos configurados como hecho imponible en la norma catalana quedan comprendidos dentro de la norma del Estado".
   A pesar de la solicitud de este informe para un eventual recurso de inconstitucional, tanto el ministro Montoro en el Senado, como antes la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han apostado por la vía del diálogo para la retirada de esta tasa antes de llegar al Constitucional. Ese diálogo ya se ha iniciado con el Gobierno catalán, que la puso en marcha el pasado mes de julio, y el Ejecutivo ha formulado un requerimiento previo de diálogo con la Comunidad de Madrid para comenzar las conversaciones cuando entre en vigor esta tasa el próximo 1 de enero.

La AEB confía en que las reformas no perjudiquen el sistema hipotecario

MADRID.- La Asociación Española de Banca (AEB) comparte con el Gobierno la necesidad de proteger a aquellas personas socialmente más vulnerables y que están más expuestas a los efectos de la crisis económica, pero ha mostrado su confianza en que las reformas legales que se proyectan no perjudiquen el objetivo de un sistema y una legislación que permitan el acceso a una vivienda en propiedad a la mayoría de los ciudadanos.

   En un comunicado, la AEB, que señala que el coste económico de las medidas acordadas corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito, considera que "es necesario" hacer compatible la protección a estos colectivos sociales más débiles con un sistema y una legislación que permitan el acceso a una vivienda en propiedad a la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, confía en que las reformas legales que se proyectan no perjudiquen la consecución de este objetivo.
   Además, la patronal de la banca entiende, en este contexto, la decisión que ha adoptado el Gobierno de paralizar temporalmente los desahucios en casos de familias que viven situaciones de particular necesidad.
   Así, la patronal de la banca ha reiterado su disposición a colaborar con el Ejecutivo y las fuerzas políticas parlamentarias en la tramitación como Ley del Real Decreto-Ley aprobado hoy para paralizar los desahucios.

PSOE: El decreto sobre desahucios sólo sirve para "defender a los mercados"

MADRID.- La secretaria de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha señalado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno por el que se fijan las condiciones para poder frenar los desahucios conforma un "parche" que "sólo sirve para beneficiar a los mercados", que, en su opinión, "son los ganadores una vez más", al tiempo que ha puesto en cuestión el comunicado difundido por el Ejecutivo hasta conocer la "letra pequeña" que proyecte el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   En rueda de prensa en la madrileña sede de Ferraz, la diputada socialista ha señalado también que la moratoria que incluye el Real Decreto es "muy restrictiva", dado que "acota mucho y deja a muchas familias fuera" de este marco, al tiempo que ha emplazado al Ejecutivo a que incorpore en la nueva norma "la modificación de las clausulas abusivas" que, a su juicio, "favorecen a los bancos".
   Así, a pesar de revelar que ha existido "buena voluntad" por alcanzar pactos", Piñero ha explicado que el Partido Socialista no ha sellado un acuerdo porque "no había compromiso claro y firme" de modificar las leyes que regulan el proceso ejecutor de las hipotecas, a lo que, según Piñero, se suma que lo expuesto por el Gobierno no finiquita los "abusos durante el proceso", algo que considera que es "imprescindible".
   Rodrígez-Piñero ha criticado que la moratoria sólo se aplica en la fase de lanzamiento de la hipoteca, puesto que la ejcución hipotecaria "seguirá adelante". Además, Piñero ha puesto en valor lo defendido por el PSOE en el marco de las negociaciones con el Gobierno porque está orientado a "defender a las personas" y no a las entidades financieras.
   Al tiempo, ha exigido que "haya aun acuerdo" en la tramitación parlamentaria del Real Decreto "para recoger todas aquellas cuestiones" que su formación ha ido planteado "para acabar de una vez por todas con un derecho que es injusto".
   Sin embargo, Rodríguez-Piñero ha reconocido que con esta norma la situación "está mejor que antes" pero no es "suficiente", ya que "no ataja de raíz el problema".
 "El PSOE no puede avalar unas medidas que continúan con el problema de sufrimiento, ansiedad e injusticia".
 "Las respuestas mínimas no pueden tener acuerdo máximos", ha remachado.
   "No es cuestión de matices, es una cuestión esencial de que el Gobierno propone un parche y nosotros una reforma integral que ayude a corregir de una vez por todas una situación injusta", ha apuntado Rodríguez-Piñero para sentenciar que mantendrán contactos con otros colectivos a la par que dejan la "puerta abierta" al Gobierno para seguir negociando.
   De su lado, la responsable de Vivienda del PSOE, Leyre Iglesias, ha valorado positivamente la intención del Gobierno de fijar un parque de viviendas en alquiler para los desahuciados, pero apuesta por complementarlo "en planes de vivienda".
 "Queremos soluciones para garantizar un derecho constitucional", ha apostillado.

Adicae: las medidas del Gobierno "no evitarán que la banca siga embargando" a miles de españoles

MADRID.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha afirmado este jueves que las medidas que ha aprobado el Gobierno para solucionar el problema social de los desahucios "sólo pretenden paralizar cualquier reforma o solución serias" y "no impedirán que la banca siga embargando a cientos de miles de familias".

   Adicae señala que la dación en pago y la paralización de desahucios "no es ninguna solución" para el problema hipotecario "de diez millones de familias en España, un millón de las cuales está en riesgo de ejecuciones y embargos hipotecarios que les llevarán a la pérdida de su vivienda".
   El presidente de la asociación, Manuel Pardos, indica que las intenciones de la banca y estas medidas "no supondrán ninguna solución efectiva, porque el problema no son los desahucios ni los muy lamentables suicidios, sino las hipotecas y la banca".
   A su juicio, es necesario reformar "en profundidad" el sistema hipotecario español. "Esto es algo que, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no se han atrevido a hacer", ha advertido.
   Pardos considera que la dación en pago "no es una solución real y efectiva" y advierte de que la situación actual requiere "cambios en profundidad". Además, insiste en que la solución a los problemas estaría en una moratoria hipotecaria "inmediata y perfectamente legal, como se ha hecho en otros muchos países con crisis hipotecarias".
   El presidente de la asociación cree que la moratoria "haría justicia a todos aquellos hipotecados víctimas de la crisis y del abuso de la banca y sería muy beneficiosa para la economía española y hasta para la propia banca, prácticamente en quiebra por el problema inmobiliario".
   Finalmente, adelanta que Adicae se dirigirá a los grupos parlamentarios para solicitar que impongan la moratoria "como única solución efectiva".

El 25S pregunta si el despliegue policial por la huelga general pudo contribuir a generar el ambiente

MADRID.-   La Coordinadora 25S ha rechazado los actos violentos que tuvieron lugar ayer por la noche en el centro de Madrid a raíz de la concentración convocada por el colectivo para rodear el Congreso de los Diputados contra los Presupuestos Generales del Estado, coincidiendo con la huelga general.

   Así lo ha manifestado hoy una de las portavoces de la Coordinadora, quien, no obstante, ha añadido que el despliegue policial que el Gobierno viene desplegando en este tipo de convocatorias puede haber contribuido a "generar ese ambiente".
   "Cualquier movimiento violento es rechazable, abogamos por la desobediencia civil no violenta. Por eso nosotros rechazamos la violencia y la internamos parar, pero también el Gobierno tiene que plantearse si es necesario ese despliegue policial y si este despliegue pudo generar ese ambiente", ha señalado, para matizar que en ningún caso es su intención justificar la violencia.
   En este sentido, la Coordinadora le ha pedido al Gobierno que comience a plantearse, no tanto por qué se dieron ayer determinados actos violentos, sino "por qué la gente está empezando a canalizar su ira de este modo".
   "Es una cuestión que debemos analizar todos. Hay que analizar tanto el despliegue policial que se generó, como el nuevo perfil más radicalizado de alguno sectores y cuál es la situación que se está viviendo", ha añadido.
   Asimismo, la portavoz consultada se ha preguntado cuál es la "pretensión" de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristian Cifuentes, de "alentar" a dichos sectores radicales mediante su "estrategia de criminaliazción".
 "Si no hubiera habido tanta policía igual no hubiera pasado nada", ha apuntado.
   "Rechazamos completamente esos focos de violencia porque consideramos que no son un mecanismo de lucha, pero evidentemente, todos tenemos que reflexionar", ha explicado, para añadir, no obstante, que "por encima de todo hay que rechazar este tipo de actos" que, ha aclarado, no forman parte de sus convocatorias.
   Los altercados, que comenzaron en Neptuno pasadas las 20.00 horas con el lanzamiento de objetos a los agentes antidisturbios desplegados en la zona y la quema de contenedores, se extendieron hasta Atocha y la Gran Vía, y se saldaron con un total de 29 heridos, nueve de ellos agentes de la Policía Nacional.

Impiden la entrada a una sucursal de La Caixa a personas que protestaban contra desahucios

BILBAO.- La Ertzaintza ha impedido la entrada a una sucursal de La Caixa en Baracaldo a personas que protestaban contra los desahucios ante la citada entidad bancaria que, según han denunciado, "durante el año que tuvo a la venta el piso de Amaia Egaña" --que se suicidó el pasado viernes cuando iba a ser desahuciada de su vivienda--, "obtuvo en beneficio neto de 157 millones de euros".

   Cerca de un centenar de personas se han concentrado a las diez y media de la mañana de este jueves frente al Palacio de Justicia de Baracaldo convocados por Berri-Otxoak y distintos colectivos sociales y sindicales del municipio, tras una pancarta con el lema "No al paro, no a los desahucios. Por la protección social".
   Tras permanecer unos minutos concentrados gritando en contra de los desahucios y coreando gritos de "Ellos la pasta, nosotros los muertos", "No es una crisis, es una estafa" y "Políticos corruptos, banqueros asesinos", se han manifestado hasta una sucursal de La Caixa ubicada en el Paseo de los Fueros, a la que han intentado acceder. Cuando media docena de manifestantes han entrado a la oficina, agentes de la Ertzaintza les han desalojado, produciéndose algún forcejeo.
   Después de este incidente, los manifestantes han permanecido concentrados ante la sucursal bancaria, que ha bajado la persiana para impedir el acceso.
   La portavoz de Berri-Otxoak Ainhoa Irazabal ha explicado que la concentración se ha realizado frente al Palacio de Justicia de Baracaldo porque, en los seis primeros meses del año, han salido de sus juzgados "137 órdenes de desahucio para otras tantas familias de la localidad y 331 comunicaciones de desahucio para el conjunto de la Margen Izquierda".
   Asimismo, ha denunciado que, "durante el año que La Caixa tuvo a la venta el piso de Amaia Egaña, obtuvo un beneficio neto de 137 millones de euros, después, eso sí, de destinar 8.737 millones a dotaciones".
   Irazabal ha recordado que el pasado viernes, Baracaldo vivió "una de las movilizaciones más importantes que nunca ha visto nuestro municipio", con "miles de personas que quisieron mostrar su solidaridad con la familia de Amaia Egaña", así como "denunciar a los responsables económicos y políticos que permitieron esta situación: bancos y cajas de ahorro y administraciones públicas que recortan prestaciones y derechos sociales, a la par que amparan las políticas de las entidades financieras".
   La portavoz de Berri-Otxoak ha dicho que los poderes públicos "han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda y, de esta manera, el derecho a la vivienda se ha convertido en un bien especulativo y un lujo para la mayoría de la población".
   "Por si esto fuera poco, las distintas instituciones han aplicado una política de recortes en materia de vivienda, se han reducido enormemente los presupuestos destinados a vivienda y se han recortado las prestaciones sociales", ha denunciado.
   Por todos estos motivos, ha dicho que los colectivos convocantes exigen a los poderes públicos que "adopten las medidas necesarias paliar el problema" de los desahucios porque "es necesario dar la vuelta al sistema actual".
   Los manifestantes han reivindicado "el reconocimiento del derecho a todas las personas a acceder a una vivienda digna, la paralización de todos los desahucios de manera definitiva y que el dinero público se dedique a la promoción directa de vivienda pública en alquiler social".
   En ese sentido, ha considerado "un pasito" pero "totalmente insuficiente" el acuerdo alcanzado por el Gobierno del PP y el PSOE para que no se pueda desahuciar a familias con ingresos inferiores a 19.000 euros, porque "va a dejar fuera a un montón de la población que también lo necesita", por lo que "habría que ampliarlo".
   Por otro lado, ha explicado que, "en principio, se han paralizado los desahucios, pero no hay nada claro de que eso vaya a ser definitivo durante los próximos años o que dentro de dos meses se vayan a la calle". "Parece que los bancos y las instituciones se están aprovechando de la situación y lo hay que ver es si son las familias las que pueden salir beneficiadas", ha añadido.
   Por último, Irazabal ha hecho un llamamiento a toda la población a participar en al manifestación convocada para este sábado en Bilbao que, bajo el lema "Contra los desahucios y los recortes sociales. Por el derecho a una vivienda digna", partirá a las cinco y media de la tarde del Sagrado Corazón.

Habrá un parque de viviendas sociales en alquiler para desahuciados en España

MADRID.- El Gobierno español ha aprobado este jueves dos medidas para proteger a deudores hipotecarios y para paliar la situación de los que ya han sido desalojados de sus viviendas. Por un lado ha aprobado un Real Decreto por el que se fijan las condiciones para poder evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, estableciendo el tope de renta en 19.200 euros anuales y por otro, se compromete a crear de manera urgente un parque de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a gente que se haya quedado sin casa. Estas viviendas provendrán de las que tienen las entidades financieras.

   Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas de carácter "urgente" se adoptan en una primera fase para "paliar" los problemas de colectivos con especial vulnerabilidad. Después, en una segunda fase, el Gobierno abordará con los grupos parlamentarios el establecimiento de "nuevos umbrales" para la aplicación del Código de Buenas Prácticas que determinen la entrada en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.
   Sáenz de Santamaría recordó que estas posibilidades ya existen en el Código de Buenas Prácticas que el Gobierno aprobó en marzo pasado, pero ahora, dijo, se trata de "revisar en qué circunstancias económicas y de valor de las viviendas se puede ampliar el Código de Buenas Prácticas". Este Código fijaba en un precio máximo de 200.000 euros las viviendas que se podían acoger al fondo.
   Además, anunció que "también se mejorarán aspectos importantes como las subastas, los asuntos relativos a los intereses de demora --ahora en el 20 por ciento en muchos casos--, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a los bancos a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias".
   Esta segunda fase se producirá en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley, en la que se abordarán las medidas que planteen los grupos pero, precisó, "muy especialmente éstas que el Gobierno tiene interés en cerrar allí con carácter definitivo y estable y en negociación con los grupos".
   El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó los detalles del Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores hipotecarios, dejando claro que el objetivo es "evitar que nadie se tenga que ir de su casa", no sin antes precisar que la tasa de mora de hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3 por ciento, ya que la mayoría de los deudores paga "puntualmente" sus hipotecas.
   De Guindos señaló que para definir el alcance del Decreto Ley hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, los colectivos protegidos y por otro, las limitaciones financieras para que se aplique esta medida.
   Así, señaló que se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de: familias numerosas; la unidad monoparental con dos hijos a cargo; una familia con un menor de tres años; familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33 por ciento.
   Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por: dependencia o incapacidad permanente para trabajar; familias con deuda hipotecaria en paro y agotadas las prestaciones por desempleo; cuando convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.
   Además, tienen que concurrir las siguientes limitaciones económicas: que el conjunto de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales. Cerca de 19.200 euros anuales.
   También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una "alteración significativa de circunstancias económicas", es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años --es decir, que si suponía un 40 por ciento, haya pasado a ser un 60 por ciento--; que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.
   A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley da al Gobierno para crear un parque de viviendas de alquiler, a un precio social, para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una ejecución hipotecaria.
   Según explicó el titular de Economía, el mandato que se da al Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades financieras, de las que dijo que "tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB". "Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias de más urgente necesidad", apostilló al tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según las estadísticas. No obstante, también precisó que las estadísticas hay que corregirlas.
   Estas viviendas --añadió-- están en posesión de los bancos en este momento y se tendrán que poner a disposición de las personas que se han quedado sin vivienda, con un alquiler reducido.
   El ministro de Economía, al ser preguntado por la preocupación del sistema financiero de cómo le puede afectar esta medida, respondió que el Real Decreto "no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria". En este sentido, explicó que se está actuando sobre las familias que lo necesitan, e intenta proteger que se vayan a la calle familias que pertenecen a colectivos que, "en situación de buena fe, pero por razones sobrevenidas, se han visto inmersas en un proceso de desahucio".
   Pero dejó claro que el principio general es que "las deudas y los intereses hay que devolverlos". Por lo tanto, dijo "no hay ninguna afectación profunda al procedimiento de ejecución hipotecaria" y añadió que el problema "está acotado" porque se atiende a "un colectivo muy específico, sin impacto adicional en una situación de mora hipotecaria que en España es muy baja y va a seguir siendo muy baja".
   Al ser preguntado si se va a incluir, en la segunda fase, la dación en pago de la vivienda para saldar la hipoteca, De Guindos precisó que el Código de Buenas Prácticas ya la incluye, pero cree que se trata de una solución de "última instancia" y que es mejor primero aplicar una "reestructuración de la deuda" o una "quita".
   Además, dijo que es posible hacer contratos de hipoteca con esta opción, pero advirtió de que son más caros. En su opinión, en los cambios legislativos se trata de "actuar con equilibrio, justicia, sensibilidad social e inteligencia" y advirtió de que si se protege en exceso al deudor, los bancos son más reacios a la concesión de préstamos.
  De Guindos no aclaró si el Gobierno va a modificar la Ley Hipotecaria, que es una de las demandas del PSOE en la negociación. "No voy a prejuzgar si hay que cambiarla o no, posteriormente habrá una tramitación de una Ley", dijo en referencia a que el Real Decreto se tramitará como proyecto de Ley.

Xi Jinping, elegido nuevo secretario general del Partido Comunista chino para luchar contra la corrupción

PEKÍN.- El Partido Comunista de China (PCCh) ha elegido a Xi Jinping como su secretario general, poniendo fin a una década de mandato del presidente del gigante asiático, Hu Jintao, según ha informado la agencia de noticias Xinhua.

   Xi, tal y como estaba previsto, será la séptima persona en ocupar el cargo de máximo líder del todopoderoso Comité Central del PCCh y, según el calendario fijado, el próximo mes de marzo sustituirá también a Hu como presidente.
   Su designación como líder chino se decidió en el 17º Congreso del PCCh, celebrado en octubre de 2007, cuando fue incluido en el Comité Permanente del Politburó por delante de los otros ocho miembros, incluido el actual viceprimer ministro, Li Keqiang.
   La ascendente carrera política de Xi ha sorprendido a muchos dentro del PCCh, porque su admisión en el mayor partido político del mundo --con 81 millones de militantes-- fue denegada en hasta nueve ocasiones, aunque finalmente lo consiguió en 1974.
   Xi, de 59 años de edad, es uno de los 'príncipes' chinos, como se conoce a los descendientes de los líderes más destacados del PCCh. El nuevo secretario general es hijo de Xi Zhongxun, uno de los dirigentes revolucionarios, aunque fue acusado de deslealtad hacia Mao Tse Tung.
   Sin embargo, su escalada de poder ha estado justificada por sus logros como dirigente en las provincias costeras de Hebei, Fujian y Zhejiang. Su paso por esta última terminó de catapultarle, porque consiguió una gran fama por su firme lucha contra la corrupción.
   Junto a Xi, otras nueve personas formarán parte del Comité Permanente del Politburó, entre ellas Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli.
   Este selecto grupo se encargará de dirigir y controlar el funcionamiento del Comité Central, integrado por un total de 205 militantes.
   El PCCh también ha elegido este jueves a Wang Qishan como secretario general de la Comisión Central de Disciplina e Inspección (CCDI), el órgano encargado de combatir la corrupción interna.
   El cargo de Wang ha cobrado especial relevancia en las circunstancias actuales, ya que en los últimos meses el PCCh se ha visto azotado por una serie de escándalos de corrupción que, según el propio Hu, "podrían hacer caer el partido y el Estado".
   Uno de los escándalos de corrupción tiene como actor principal a Bo Xilai, alto dirigente comunista que aspiraba a escalar posiciones en este congreso, y que ha sido expulsado del partido político por su implicación en el asesinato de un empresario británico.
   A ello hay que sumar las revelaciones del diario estadounidense 'The New York Times', según el cual la familia y los amigos del primer ministro, Wen Jiabao, han amasado una fortuna de 2.700 millones de dólares (2.087 millones de euros), oculta en una red empresarial.
   Al lado de Wang trabajarán otras 130 personas, que han sido designadas hoy, tres más que en el último congreso general del partido político que gobierna el país asiático.
   Los nombramientos de este jueves ponen fin al 18º Congreso del PCCh, que comenzó hace una semana, y cierran, por tanto, un proceso de renovación de la cúpula política del gigante asiático que tiene lugar una vez cada diez años.
   Durante estos siete días las autoridades chinas han blindado Pekín, con un gran despliegue de seguridad y con prohibiciones como bajar las ventanillas de los coches o adiestrar palomas --algo muy típico en los pekineses-- para evitar el lanzamiento de octavillas.
   Además, según han denunciado las organizaciones humanitarias, se ha aumentado la vigilancia sobre los disidentes, en algunos casos, obligándoles incluso a abandonar la capital china durante la celebración del congreso del PCCh.
   A pesar de ello, muchos tibetanos han aprovechado el acontecimiento para hacerse oír, dando lugar a una serie de inmolaciones --al menos siete-- para protestar por el dominio chino sobre la región autónoma, de acuerdo con Free Tibet.

Rajoy dice que cambiará la Ley Hipotecaria porque hay que "poder renegociar las deudas"

BUENOS AIRES.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado que se cambiará la Ley Hipotecaria si es necesario porque, según ha dicho, hay que "poder renegociar las deudas". Además, ha señalado que su Ejecutivo hará "todo lo posible" para "evitar" una posible ola de suicidios.

   En una entrevista en el diario argentino 'La Nación',  Rajoy ha explicado que están tratando de "proteger a las familias en situación de exclusión social para que no sean desalojadas de sus casas". "Creo que hay que ser eficaz. Si hay que cambiar la Ley Hipotecaria, se cambia. Hay que poder renegociar las deudas y que nadie pierda su casa", ha enfatizado.
   Después del suicidio de la exconcejal del PSE de Baracaldo, Amaia Egaña antes de ser desahuciada, Rajoy ha asegurado que sintió "una enorme tristeza", una "gran preocupación" y una "importante desazón".
 "Esperamos presentar, junto con la oposición, un paquete de medidas para evitar que esto se vuelva a repetir", ha añadido. Al ser preguntado si tema a una ola de suicidios, ha respondido: "Haremos todo lo posible para evitarla".
   Sobre si acepta la crítica de que el Gobierno está ayudando más a los bancos que a la gente que más lo necesita, el jefe del Ejecutivo ha explicado se han nacionalizado tres instituciones financieras y ha destacado que eso "más que ayudarlas es hacerlas del Estado".
   "No se trata tanto de ayudar a los bancos, sino de ayudar a la gente. De lo que se trata es de que todo el mundo tenga seguros sus depósitos y sus ahorros, que los acreedores de los bancos puedan cobrar y de que los accionistas no se vean perjudicados", ha apostillado.

El Gobierno español y el PSOE acuerdan fijar el umbral de renta para evitar desahucios

MADRID.- El Gobierno y el PSOE han alcanzado anoche un acuerdo sobre el nivel de máximo de renta que evite los desahucios en torno a los 19.000 euros anuales, si bien los expertos de ambas partes seguían reunidos en el Palacio de la Moncloa para avanzar en más aspectos, según han informado fuentes gubernamentales.

   En su proposición de ley, el Grupo Socialista planteaba que el umbral máximo de renta para evitar los desahucios se fijara en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, conocido como IPREM, aunque en la mesa de negociación han manifestado que ese umbral debía estar entre el 2,5 y el 3.
   En concreto, el IPREM con 12 pagas asciende a 6.390 euros al año, lo que multiplicado por tres veces arroja la cantidad de 19.170 euros. Se trata de una cifra muy similar a la planteada por el Gobierno, que había referenciado ese umbral con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y había propuesto que fuera de 2,5 veces el SMI, que es de 7.692 euros al año.
   Fuentes del Ejecutivo han asegurado que el PSOE ha aceptado la propuesta del Gobierno para que ese umbral de renta sea tres veces el IPREM o, lo que es lo mismo, el equivalente a dos veces y media el SMI. Ambas partes mantenían posturas muy cercanas en este punto, lo que ha facilitado el acuerdo.
   El Gobierno quiere que esta medida sea de aplicación a los colectivos más vulnerables, entre los que estarían los ancianos, discapacitados o familias con hijos a su cargo. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este jueves un decreto ley en materia de desahucios que el Ejecutivo está dispuesto a tramitar como proyecto de ley para recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Una gran multitud protesta en Madrid contra los ajustes de Rajoy

MADRID.- Miles de personas han salido a la calle este miércoles en Madrid para protestar contra la política económica del Gobierno centrada en los ajustes, y han urgido al Ejecutivo a tomar medidas para evitar que la cifra de parados supere los seis millones de personas. Al cierre de la manifestación, los líderes sindicales han dicho que se "han cumplido sobradamente los objetivos".
   La manifestación, que ha congregado a más de un millón de personas según los convocantes y ha servido para poner el broche final a la segunda huelga contra el Gobierno de Mariano Rajoy, arrancaba pasadas las 18.30 horas de la Plaza de la Lealtad bajo el lema 'Nos dejan sin futuro. Hay responsables. Hay soluciones'.
   Por el contrario, la Delegación del Gobierno de Madrid, ha cifrado la participación en 35.000 personas, según ha informado un portavoz.
   Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han enfatizado en sus intervenciones al cierre de la manifestación en la capital de España que la huelga general "ha cumplido los objetivos" y ha sido secundada por 1,6 millones de personas. También han asegurado que junto a las movilizaciones en toda Europa se ha abierto "un camino" para buscar alternativas en la salida de la crisis.
   Así lo han asegurado ante miles de manifestantes congregados en la plaza de Colón un acto en el que han avisado que la huelga general no es el punto final de las protestas que seguirán hasta que el Gobierno dé marcha atrás en su política de recortes.
   "Qué gran día para la democracia ha sido el 14N", ha asegurado Méndez ante los asistentes a la manifestación. "Ha habido un gran paro general en toda España y una gran demostración cívica", ha añadido, "el día de hoy es una oportunidad para Rajoy y las instituciones europeas para que empiecen a rectificar".
   Varias tracas de petardos, pitos y tambores alertaban del inicio de una marcha calificada de "éxito" por las centrales sindicales, en cuya cabecera se situaba el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, acompañado por su homólogo en UGT, Cándido Méndez.
   Entre los manifestantes se encontraron destacados líderes socialistas, como el exvicepresidente Manuel Chaves o los exministros de Trabajo Jesús Caldera y Valeriano Gómez. Además, se han podido ver entre la amalgama de protestantes al secretario de Organización del PSOE, Óscar López, y al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara.
   El mismo día en el que Congreso de los Diputados avalaba los Presupuestos Generales para 2013, que el propio Ejecutivo ha tildado como los más austeros de democracia, los ciudadanos salían a la calle para exigir un cambio. Los primeros compases de la marcha estuvieron marcados por la amenaza de la lluvia, que al final no fue impedimento para los manifestantes, que han realizado la marcha con mucha calma.
   Entre lemas como "Nos roban y dividen" o "Prohibido rendirse", miles de personas entonaban cánticos contra la reforma laboral del Gobierno. Algunas pancartas incluso pedían la dimisión en bloque del equipo de Rajoy y otros cánticos amenazaban con un nuevo paro general: "Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga".
   Varios ciudadanos han portado carteles en los que se decía "Si no hay justicia no habrá paz para el Gobierno", y otros en los que se alentaba a secundar la huelga: "Un día sin sueldo es duro, una vida sin derechos no es vida".
   Uno de los grupos que mayor protagonismo ha acaparado durante la marcha ha sido el formado por trabajadores del sector sanitario. La mayoría de ellos han acudido a la manifestación equipados con batas blancas, han protestado por la situación actual de la Sanidad y han defendido un cambio bajo consignas como "La sanidad no se recorta, se defiende".
   En Barcelona, un millón de personas, según cálculos de los sindicatos, y 110.000 según la Guardia Urbana, se han manifestado por el centro de la capital catalana este miércoles por la tarde bajo el lema 'Tenemos soluciones. Que no nos quiten el futuro'. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha asegurado que participaron 57.000 manifestantes.
   La manifestación, que debía empezar a las 18 horas desde plaza Catalunya hasta la avenida Diagonal, ha llenado el paseo de Gràcia de principio a fin y no ha podido avanzar hasta que se ha disuelto la cabecera.
   Menos de una hora después, los líderes de los tres sindicatos convocantes -CC.OO., UGT y Usoc- han tenido que hacer sus discursos finales subidos al camión habilitado para los medios gráficos en el mismo punto donde se había situado la cabecera de la manifestación en la confluencia entre paseo de Gràcia y la calle Aragó.
   Los actores Manel Barceló y Quim Masferrer han leído el manifiesto unitario, en el que han constatado que las políticas que están aplicando los gobiernos del PP y de CiU son "totalmente injustas para la mayoría de la población e inútiles para salir de la crisis", y han reprochado que se busquen soluciones para evitar la fallida del sistema financiero mientras se recortan recursos para las políticas sociales.
   Decenas de miles de personas se han manifestado también en las calles de Valencia en protesta a las medidas del Gobierno. Las cifras varían según la fuente, 350.000 según la organización, 50.000 según la Delegación del Gobierno y 30.000 según la Policía.
   Por otro lado, en Sevilla, miles de personas (140.000 según los sindicatos y 16.000 según el Gobierno) han participado en la marcha central de Andalucía.
   En Zaragoza, unas 10.000 personas, según los organizadores se han sumado este miércoles a la convocatoria de Marea Verde y Marea Blanca Salud en Aragón en defensa de una educación y sanidad públicas y por una salida "justa" de la crisis convocada por UGT y CC.OO.
   Por último, en A Coruña, 65.000 personas han salido a la calles con motivo de la manifestación convocada por UGT, CC.OO. y CIG, según datos de la Policía Local. La marcha iba encabezada por una pancarta en la que se leía 'No al saqueo de pueblo, hay culpables, hay soluciones".
   El mismo día en el que el Congreso de los Diputados avalaba los Presupuestos Generales del Estado para 2013, los que el propio Ejecutivo ha tildado como los "más austeros de la Democracia", los ciudadanos han exigido un cambio.
   En un ambiente de mucha calma, se han podido leer pancartas con mensajes como 'Nos roban y dividen' o ' Prohibido rendirse', y miles se han entonado cánticos contra la reforma laboral. Algunos manifestantes incluso pedían la dimisión en bloque del Gobierno de Rajoy y otros amenazaban con un nuevo paro general: "Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga".
   Varios ciudadanos han portado carteles en los que se decía: 'Si no hay justicia, no habrá paz para el Gobierno' y otros en los que se alentaba a secundar la huelga: "Un día sin sueldo es duro, una vida sin derechos no es vida".
   Uno de los grupos que mayor protagonismo ha acaparado durante la marcha ha sido el formado por trabajadores del colectivo sanitario. La mayoría de ellos equipados con batas blancas, han protestado por la situación actual de la Sanidad y han defendido un cambio bajo consignas como 'La Sanidad no se recorta, se defiende'.
   La cabecera llegaba al escenario instalado en la Plaza de Colón pasadas las 19.30 horas. Allí, acompañados de representantes de la Cumbre Social, los líderes de CC.OO y UGT han proclamado que la huelga general "ha cumplido sobradamente sus objetivos" y ha sido aplaudidos por unos manifestantes que han dedicado un sonoro abucheo y silbidos a la canciller alemana, Ángela Merkel, cuando ha sido mencionada.
   Así, Méndez, que ha asegurado que ha sido "un gran día para la democracia española", ha enfatizado que "ha habido un paro general en toda España y una gran demostración cívica", al tiempo que ha recordado al Gobierno que el sindicalismo no se rendirá hasta que dé un giro a sus políticas.
   "Si el Gobierno se arrodilla ante estas políticas de recortes el pueblo español va a permanecer de pie, aunque le zarandeen", ha dicho para añadir que, la jornada ha sido un "unánime rechazo" al "camino de perdición" que suponen las fórmulas europeas de salida de la crisis. "Ni nos van a dejar mudos ni quietos", ha sentenciado.
   Por su parte, Toxo ha calificado de "magnífica" la manifestación en Madrid y ha asegurado que la huelga general "es histórica por lo que está llamada a representar en un futuro", por cuando se ha visto acompañada por primera vez de otras muchas movilizaciones en otros países de la UE. "Se inicia un camino nítido de alternativas a la salida de la crisis", ha asegurado.
   "El día de hoy no es la estación de término de nada. Es una pelea sostenida que no va a obligar a mantener el Gobierno, y la vamos a mantener", ha dicho, para sentenciar: "Vamos a ver cuanto aguanta, nosotros tenemos muchísimo aguante".
   Por último, el secretario general de USO, Julio Salazar, ha aseverado que la manifestación ha sido una "gran contestación ciudadana" y una "expresión unánime que el Gobierno no puede desatender".
   A la concentración se han sumado jóvenes como Paz, de 23 años, una estudiante de podología, quien se ha manifestado ante los recortes en la Universidad. "Estoy harta de todas las reformas", ha asegurado después de decir que trabaja en una pizzeria.
   También protestaba contra los recortes del Gobierno José Luis, de 70 años, quien se ha mostrado a favor de "paralizar" el país durante cuatro o cinco días. "Hay un plan para el desguace de la sociedad", ha sentenciado Iñigo, de 42 años.
   David y Eli, ambos de 33 años, se han acercado a la marcha con su hija de 11 meses y han justificado su asistencia para defender los derechos "logrados" por sus padres. "Nuestra hija tendrá que luchas por recuperar nuestros derechos", han resumido.
   Al término de la manifestación se estaban produciendo disturbios en el Paseo del Prado y las inmediaciones de Congreso. Algunos manifestantes han montando barricadas y prendido fuego. Se han producido algunas detenciones, aunque no hay que lamentar heridos.
   Antes, la Policía ha procedido a despejar gran parte de la plaza de Neptuno ante los continuos lanzamientos de botellas y de petardos, e incluso algún objeto incendiario, contra los agentes que custodian los accesos al Congreso de lo Diputados.
   La Policía, que se ha mantenido agrupada aunque sin cargar, ha aumentado el perímetro de seguridad dispersando a la mayoría de los manifestantes que habían secundado la convocatoria 'Toma la Huelga', de la Coordinadora 25-S y de organizaciones del 15-M.
   Los lanzamientos de objetos contra los agentes han sido continuos pasadas las nueve de la noche, incluyendo algún objeto incendiario. Algunos manifestantes han levantado barricadas improvisadas con vallas de obras a la altura del Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, cerca de Neptuno.

La presión social de una España en huelga busca frenar la austeridad

MADRID.- Millones de ciudadanos españoles celebraron el miércoles la segunda huelga general en ocho meses con un seguimiento desigual, algunos incidentes en la capital y la esperanza de que las protestas consigan reconducir las duras políticas de austeridad dictadas por la crisis.
La industria fue el principal sector económico afectado por una movilización convocada bajo el lema "Nos dejan sin futuro" y que por primera vez se celebró conjuntamente con Portugal, que al igual que España está en el ojo del huracán de la crisis de deuda de la eurozona.
"Si el Gobierno de España se arrodilla ante estas políticas de recortes impuestas por Berlín y además las sigue con entusiasmo, el pueblo español va a permanecer de pie", dijo Cándido Méndez, secretario general del sindicato UGT al final de una manifestación en Madrid con una afluencia que el otro sindicato mayoritario, CC.OO., cifró en más de un millón de personas.
En la sempiterna guerra de valoraciones, los sindicatos calificaron de "masivo" el seguimiento con un 77 por ciento de los trabajadores en activo - superior a su juicio a la de hace ocho meses -, mientras que el Gobierno minimizó su incidencia a la industria y reiteró que continuará con sus reformas y políticas de ahorro.
"La hoja de ruta del Gobierno es la única posible para dejar atrás ésta crisis larga y garantizar el futuro del estado de bienestar", insistió el miércoles el titular de Economía, Luis de Guindos.
El termómetro del descontento social pudo sentirse por la tarde en Barcelona y Madrid, donde el centro quedó colapsado por centenares de miles de personas que coreaban lemas como "El próximo parado, que sea don Mariano" o "Hay culpables, hay solución" en un ambiente animado en el que se veían pancartas con consignas como "Mariano Manostijeras" o "España desahuciada".
"No es una huelga política ni sindical, es una huelga social y económica. Si hay que parar el país, se para. Creo que es un derecho que tenemos y una forma de protesta y hay que usarla", dijo Mariluz Gordillo, una teleoperadora en El Corte Inglés de 24 años que acudía a la manifestación de la capital con una compañera de trabajo.
Con 25,75 millones de parados en la Europa de la disciplina presupuestaria -5,8 de ellos en España-, la huelga se convocó conjuntamente con el vecino Portugal y fue apoyada, a través de la Confederación Europea de Sindicatos, por paros parciales y/o sectoriales en países como Italia, Grecia o Bélgica.
Con una paralización de las plantas automovilísticas reconocida incluso por el Gobierno y un seguimiento mucho menor en el comercio minorista, la novena huelga general de la democracia obligó a cancelar unos 400 vuelos y a que el transporte y otros servicios públicos funcionaran bajo mínimos obligatorios.
Las ciudades más afectadas por los paros fueron Zaragoza, Sevilla y Asturias, reconoció el Gobierno en boca de la directora general de Política Interior, Cristina Díaz, que ejerció de portavoz del Ejecutivo durante toda la jornada.
El consumo energético, que suele considerarse un barómetro de la incidencia en el día a día del país, fue un 12,7 por ciento inferior al de una jornada normal.
Aunque durante la jornada no hubo incidentes de importancia, la jornada acabó con violentos altercados en Barcelona y en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde hubo varios heridos y detenidos en choques de manifestantes con policías.
Testigos vieron a la policía cargar contra grupos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que colocaban barricadas y lanzaban botellas, piedras y cascoques contra los agentes.
En Barcelona, donde se registró otra protesta igualmente masiva, dos coches policías fueron incendiados y se produjeron más cargas policiales cuando algunos manifestantes violentos se enfrentaron con la policía.
La Policía Nacional informó de siete arrestados en Madrid después de la marcha y de 135 más en todo el país en el transcurso de una jornada.
La batalla campal de la noche contrastó con la tranquilidad registrada durante el día en la zona acordonada en torno al Congreso, que hoy debatía los protestados Presupuestos para 2013, y en cuyas cercanías se encuentran también los principales museos de la ciudad, hoy visitados principalmente por extranjeros.
En Europa, los incidentes más notables se registraron en el centro de Roma, con enfrentamientos entre estudiantes y policías y la ocupación durante una hora de la torre de Pisa, y en las cercanías del Parlamento en Lisboa.
Pese a los emplazamientos sindicales al Gobierno para que cambie sus políticas, la situación de una España al borde del rescate hace altamente improbable un cambio sustancial en las estrategias de recorte del gasto público, en los otrora "intocables" servicios básicos de sanidad y educación, con una alta sensibilidad social.
El comisario europeo de Economía, en una comparecencia no agendada, respaldó precisamente el miércoles la senda reformista del gobierno de mayoría absoluta presidido por Mariano Rajoy al afirmar que las medidas para reducir el déficit son "adecuadas".
"Hago huelga en defensa de la sanidad pública", explicó Dori García, enfermera madrileña mientras protestaba en la puerta del hospital La Princesa, uno de los centros sanitarios que se verán afectados por los recortes.
La conocida como "marea verde" en defensa de la escuela pública también tenía una amplia representación en las protestas.
"Están desmontando el sistema de educación pública y excluyendo a los sectores más desfavorecidos de la población", dijo Rosario Gómez, funcionaria de 42 años.
Muchos padres optaron por no llevar a sus hijos al colegio y en los centros educativos se vivió la huelga con más intensidad que en otras convocatorias similares, mientras que en barrios o localidades alejados del centro primaba la sensación de normalidad, con bares y comercios abiertos.
"Estoy de servicios mínimos" rezaba el cartel de un mendigo apostado habitualmente en la puerta de un supermercado en el madrileño barrio de La Concepción.
Con la economía nacional en su segunda recesión en tres años y muchos ciudadanos viviendo en condiciones económicas no vistas en la democracia, algunos manifestaron que iban a trabajar porque no podían permitirse perder el salario del día o por temor a perder el trabajo.
"La huelga está justificadísima pero no me puedo permitir que me descuenten todo ese dinero", dijo una secretaria de instituto de unos cincuenta años que no quiso dar su nombre.
Otros, como Celina Carretón, auxiliar de enfermería del Hospital La Paz de Madrid de 55 años, también mostraron su negativa a secundar la jornada al considerarla una convocatoria "política", un argumento que ha utilizado en las últimas semanas un Gobierno que ocupa desde finales del año pasado 185 de los 350 sillones del Congreso.

Los sindicatos lusos destacan el seguimiento masivo del paro en transportes

LISBOA.- Los primeros datos de la huelga general convocada este miércoles en Portugal muestran un seguimiento masivo en el sector del transporte público que ha paralizado prácticamente el servicio de metro en las principales ciudades del país, según ha indicado esta mañana la Federación de Sindicatos de Transportes y Comunicaciones de Portugal.
   "Con respecto a las últimas tres huelgas se puede decir que la de hoy es la que registra mayor adhesión tanto en el sector privado como en el público, con algunos transportes registrando un 100% como el Metropolitano de Lisboa y un cierre casi total por carretera y el transporte fluvial", informó José Manuel Oliveira, portavoz de la Federación de Sindicatos de Transportes y Comunicaciones (FECTRANS) en declaraciones recogidas por la agencia Lusa.
   En concreto, el representante sindical indicó que, a pesar de la dificultad para facilitar "a estas horas" un porcentaje exacto de seguimiento de la huelga puede afirmarse que el metro ha parado, mientras el transporte fluvial se ha reducido a los servicios mínimos. En lo que se refiere a los puertos y el transporte marítimo, FECTRANS informó de una tasa de adhesión del 85% en Lisboa, Coimbra y Oporto.
   Esta huelga general ha sido convocada por la CGTP, con el respaldo de algunas federaciones de la UGT lusa, y se enmarca dentro de una jornada de lucha europea que adoptará distintas formas de expresión en los 23 países europeos en los que se han organizado actos de protesta.
   Algunos, como España o Portugal, irán a la huelga general, mientras que otros han optado por paros parciales, manifestaciones y acciones de solidaridad, todas ellas convocadas con el objetivo de expresar el rechazo a los recortes y a las medidas de austeridad defendidas por las autoridades europeas.

Manifestación en Bruselas contra la política de austeridad de la Unión Europea

BRUSELAS.-   Más de mil personas, incluidas decenas de españoles, han protestado en Bruselas este miércoles contra la política de austeridad impuesta por la Unión Europea frente a las Embajadas de España, Alemania, Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre convocados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), según fuentes sindicales y policiales.
   Unas 300 personas se han manifestado esta mañana frente a la Embajada española en Bruselas poco antes de las 10.00 horas para protestar por la austeridad, incluidos varios españoles y representantes de UGT y CC.OO en Bruselas, aunque los manifestantes han ido aumentando hasta llegar a cerca del millar frente a la legación española.
   Los manifestantes han llevado a cabo caceroladas y una traca frente a la legación española y han coreado, entre otros lemas, "el pueblo unido jamás será vencido". Entre las pancartas que portaban se podía leer: "quieren arruinar el país", "el 14-N somos más, a la calle" o "Europa gobernada por lobos".
   La concentración ha transcurrido de forma pacífica, si bien se ha vivido un momento de tensión cuando un grupo de manifestantes han tratado de ocupar la calle en la que se encuentra la Embajada y cortar el tráfico, pero la Policía se lo ha impedido, aunque cuando han empezado a llegar más personas han terminado por ocupar la calle sin que la policía se lo haya impedido.
   Miguel, un manifestante español que se está "buscando la vida" en Bruselas, ha querido mostrar "solidaridad" con las huelgas generales en el sur de Europa y para protestar "contra la troika, los recortes y la política de austeridad que nos están hundiendo en la miseria".
 "Tenemos un desempleo alarmante y la situación a la que están condenando al país no nos va a sacar de ninguna crisis. La austeridad ahonda en la crisis. Sólo va a sacar a la juventud del país", ha denunciado.
   Una delegación sindical encabezada por la secretaria general del CES, Bernardette Ségol, ha sido recibida por el ministro consejero de la Embajada, Emilio Lorenzo, al que han trasladado una copia del Contrato Social que reivindican los sindicatos europeos a favor del empleo de calidad en Europa.
   La portavoz de UGT en Bruselas, Isabel Caño, ha destacado que este miércoles "todas las organizaciones sindicales y movimientos sociales en toda Europa han convocado un día de movilización y de acciones" y ha destacado el hecho de que por primera vez haya huelga en cuatro países, España, Italia, Grecia y Portugal. El objetivo, ha añadido, es "decir alto y fuerte no a la austeridad".
  "No podemos seguir este camino. La austeridad lleva a la recesión, es algo que no nos podemos permitir y dilapidar todo el patrimonio social europeo que ha costado mucho", ha subrayado Caño.
   Tanto Caño como el responsable de CCOO en Bruselas, Enrique Carmona, ha criticado que el embajador no les haya recibido como habían solicitado. "Hemos expresado nuestro malestar. Empezamos a necesitar un cambio brusco de políticas y cambios reales en Europa y en España", ha explicado Carmona.
   Caño ha lamentado además que aunque el representante de la legación español les ha trasladado que "las movilizaciones son comprensibles, pero que no son útiles, ni eficaces y casi ni legítimas". "No ha entendido nada, que la ciudadanía está harta de estas políticas", ha agregado la dirigente de UGT.
    Desde la embajada española, la marcha se ha desplazado frente a la Embajada alemana para continuar las protestas y después han seguido el recorrido para protestar frente a la Embajada griega, punto que ha sumado más manifestantes, hasta llegar a los más de 3.000, según fuentes sindicales.
   Varios manifestantes han lanzado huevos contra la sede diplomática germana y han quemado una bandera de la UE, aunque la policía no ha intervenido, mientras que frente  a la sede de la Embajada griega se ha lanzado numerosos petardos, que han obligado a cerrar la puerta principal de la legación helena.
   Un segundo grupo de manifestantes, mucho menos numeroso de apenas unas 150 personas, que por su parte han protestado frente a las Embajadas de Irlanda, Portugal y Chipre, se han sumado al primer grupo para terminar la protesta en la rotonda de Schuman de la capital belga que preside las instituciones europeas, que se ha prolongado más allá del mediodía.
   Varios eurodiputados españoles socialistas también han secundado la acción de solidaridad, incluidas María Muñíz, Iratxe García Pérez y Pepa Andrés, que se han acercado hasta Schuman para criticar "la falta de sensibilidad de los Gobiernos conservadores" europeos con los ciudadanos y "la agresión" que representan los recortes, ha explicado Muñiz, que también secundó la marcha frente a la Embajada española.
   Maria, una representante del 15M en Bruselas, ha explicado que hasta una veintena de miembros del movimiento han querido solidarizarse con la huelga en España y se ha mostrado "muy sorprendida con la solidaridad "del resto de países europeos. "Creemos que otra Europa es posible. Un cambio de política es totalmente necesario", ha explicado.
   El presidente del sindicato del Metal en la región belga de Valonia, Manuel Castro, ha explicado que "el problema no es España o Grecia".
 "Los problemas son en toda Europa. Estamos aquí por solidaridad con los españoles. Si no hacemos cambiará nada. Tenemos que ayudar a la gente", ha explicado.
  El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Andor Laszlo, ha recibido a una delegación de representantes sindicales europeos encabezada por la secretaria general del CES, Bernardette Ségol,  que le ha hecho entrega del "premio Nobel a la Austeridad" para protestar por las políticas europeas y también de una copia del Contrato Social que defienden los sindicatos, aunque esperaban poder entregárselo al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. Este les recibirá el próximo 5 de diciembre, según ha explicado Andor.
   El comisario ha dicho "comprender" la acción de solidaridad convocada este miércoles en 23 países de toda Europa y les ha explicado "todas las iniciativas que está llevando a cabo la Comisión  a tratar de alentar el empleo y el crecimiento", han explicado fuentes próximas a Andor.
   Ségol ha justificado tras su reunión con el comisario la movilización de este lunes para mostrar "solidaridad con los trabajadores de España, Portugal y Grecia" y ha insistido en que los sindicatos europeos integrados en CES defienden hoy "el mismo mensaje".
 "La austeridad ha fracasado. Ahora hace falta crecimiento y empleo. Este es nuestro mensaje", ha explicado.
  "No es la Europa social que queremos. Pedimos aquí en Europa un Contrato Social para Europa. No sólo un contrato fiscal" que está llevando a "la destrucción del modelo social" en el Viejo Continente, ha explicado ante una multitud, flanqueada por los sindicatos belgas.
   Desde el CES se han mostrado convencidos de que acabarán logrando introducir el Contrato Social. "Europa no puede continuar sin nosotros", ha recalcado Ségol.

Masivas protestas contra las medidas de austeridad en el Sur de Europa

LISBOA.- Millones de trabajadores han secundado las convocatorias de huelga y protestas realizadas este miércoles en varios países de Europa de forma coordinada para protestar contra las medidas de austeridad, durante las que se han producido algunos enfrentamientos en las convocatorias de países como Italia. 

   Durante la jornada se han cancelado cientos de vuelos, se han cerrado escuelas, se han paralizado fábricas y los trenes apenas circulaban en Portugal, donde los sindicatos celebran su primera huelga general coordinada simultáneamente con España, mientras que en Bélgica el servicio ferroviario internacional se ha interrumpido.
   Asimismo, se han convocado protestas en otros países como Grecia y Francia contra las medidas de austeridad, aunque las manifestaciones organizadas por Confederación Europea de Sindicatos parece improbable que fuercen a los gobiernos bajo presión a cambiar sus políticas de ajuste.
   En Roma se produjeron enfrentamientos entre antidisturbios y los manifestantes, que lanzaron piedras, botellas y petardos, unas protestas que se han saldado con 60 detenidos. Además, la Torre Inclinada de Pisa ha sido ocupada durante una hora, en la que se ha colgado una pancarta que decía 'Levántate. Nosotros no estamos pagando por tu crisis'.
   El mayor sindicato italiano, CGIL convocó un paro laboral de varias horas en todo el país, mientras que en Grecia, que la semana pasada celebró una huelga de dos días mientras el Parlamento votaba nuevos recortes, los principales sindicatos del sector público y privado convocaron a una paralización de tres horas.
    En Francia, cinco sindicatos convocaron marchas en más de 100 ciudades, pero no llamaron a huelga, mientras que en Portugal, donde sí se ha convocado huelga general, las calles han estado más tranquilas que en Italia.
   La convocatoria del 14 de noviembre se trata del mayor desafío que plantean los trabajadores europeos contra las medidas de austeridad, que han agravado la recesión y el desempleo en los casi tres años transcurridos desde el inicio de la crisis de deuda de la zona euro.

Dos policías españoles se infliltran en un piquete usando pegatinas de CCOO

MADRID.- El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha denunciado que la pasada madrugada dos policías se infiltraron en un piquete informativo sirviéndose de pegatinas con el logo de su sindicato.

   "Esta madrugada me informa gente del sindicato de que han tenido que expulsar de un piquete a dos personas que llevaban pegatinas de CC.OO. y que al final han resultado ser policías", ha criticado Toxo, que ha añadido "que si esto es así" algunos "deberían pensar" en cómo están actuando.
   En la rueda de prensa que ha ofrecido junto a sus homólogos de UGT y USO, Cándido Méndez y Julio Salazar, para valorar los resultados de la huelga, Toxo se ha mostrado muy crítico con la intención del Gobierno de convertir la huelga general de hoy "en un conflicto de orden público", con la ciudad de Madrid como escenario central.
   El líder de CC.OO., que ha defendido la actuación de los piquetes en una jornada sin apenas incidentes, ha advertido de que su sindicato no participa en acciones violentas, pero tampoco acepta que "se las endilguen".
   En este punto, ha comentado que un medio de comunicación, al que el sindicato ha obligado ya a rectificar, publicaba una noticia en la que decía que piquetes de CC.OO. habían "saqueado" una tienda de Zara en Barcelona.
   "Luego se demostró que no había gente de CC.OO. allí", ha indicado Toxo, que espera que estas cosas no se conviertan en "prácticas generalizadas".

El PCCh aumenta la supervisión de sus miembros tras el caso Bo Xilai

PEKÍN.- El Partido Comunista chino (PCCh) ha modificado su constitución para reforzar la supervisión de sus miembros, un cambio que refleja la preocupación creciente por la comisión de abusos de poder a raíz del escándalo que ha salpicado al político Bo Xilai.

   La constitución del Partido Comunista establece ahora que "el partido debe darle una mayor importancia a la supervisión de los altos cargos", ya que esto ayudaría a mejorar "la confianza pública a la hora de seleccionar y nombrar a los altos cargos del partido". Además, una mayor supervisión empujará a los altos funcionarios a querer ser los mejores ejemplos posibles, ha señalado el Congreso en un comunicado.
   La constitución del partido también ha sufrido modificaciones destinadas a apoyar las reformas y la apertura del país para crear el "camino para una China más fuerte". La sesión de clausura del congreso quinquenal del partido también ha decidido incluir los crecientes problemas ambientales en su carta magna mediante la promoción del "progreso ecológico" como parte de su estrategia política.
   Del mismo modo, se ha incluido en la constitución del partido la teoría del presidente saliente, Hu Jintao, que promueve un desarrollo sostenible y justo. El jueves se espera que Hu sea sustituido por el actual vicepresidente, Xi Jinping.
   Durante este XVIII Congreso del Partido Comunista, se ha decidido no dar marcha atrás en las reformas que han permitido la apertura económica del país que se pusieron en marcha por primera vez hace tres décadas. "Se trata de una reforma de apertura que garantizará el desarrollo futuro de China", ha informado en un comunicado.
   Bo Xilai fue expulsado del Partido Comunista de este año y podría enfrentarse a cargos de corrupción y abuso de poder. Su mujer fue encarcelada por asesinar a un hombre de negocios británico, lo que supuso un escándalo en el país y planteó una serie de interrogantes sobre el liderazgo del partido.