martes, 2 de septiembre de 2014

El patrimonio de Fernández de Kirchner aumenta un 15% durante el último año

BUENOS AIRES.- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha visto como su patrimonio aumentaba en un 15% entre 2012 y 2013, de acuerdo con su última declaración jurada de bienes hecha pública este lunes por la oficina Anticorrupción.

En concreto, la mandataria argentina ha declarado tener un patrimonio de 55,3 millones de pesos (unos 5 millones de euros) a finales del año 2013, lo que supone un incremento del 15% respecto a los 48,2 millones de pesos (más de 4,3 millones de euros) que declaró el año anterior, según indica el documento.
La presidenta ha explicado que la variación en su patrimonio se debe al cambio de valor de las acciones que posee, tal y como informa el diario argentino 'La Nación'. Fernández de Kirchner ha explicado que la misma cantidad de acciones varía el valor según el "desarrollo económico y operativo de la empresa".
El año pasado el patrimonio de la presidenta argentina también aumento, en ese caso en un 20%. Por entonces, la mandataria tenía 20 millones de pesos (1,8 millones de euros) en depósitos bancarios, más de 13 millones de pesos en propiedades (1,1 millones de euros) y más de 11 millones (997.000 euros) en sociedades, mientras que por alquileres y rentas ha recibido unos 3,8 millones de pesos (344.740 euros).

Monarquía o república, a votación en el Congreso de España

MADRID.- La Izquierda Plural obligará por primera vez a que los grupos políticos se pronuncien si apoyan o no un referéndum para decidir entre monarquía o república y será a través de una moción que se votará dentro de dos semanas en el Congreso de los Diputados.

El portavoz del grupo, José Luis Centella, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa era que el Parlamento no fuera "ajeno" a un debate que consideran que está en la calle.
Y la manera que la Izquierda Plural ha encontrado para que esta votación se produzca ha sido a través de una interpelación a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el próximo miércoles y la moción subsiguiente.
Será el diputado Alberto Garzón quien plantee a la vicepresidenta la necesidad de que la ciudadanía se pronuncie sobre el modelo de Estado que quiere y, en el pleno que se celebrará dentro de dos semanas, se votará la moción.

El PSOE elegirá candidato a La Moncloa en junio de 2015

MADRID.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá al Comité Federal del partido que las primarias para elegir candidato a La Moncloa se celebren en junio de 2015, después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

Sánchez, que reunirá a su primer Comité Federal el próximo 13 de septiembre, ha confirmado además que las primarias para elegir candidatos autonómicos y municipales serán en octubre de este año.
El nuevo líder socialista ha confirmado además que el diputado Antonio Hernando será el nuevo portavoz del Grupo en el Congreso, en sustitución de Soraya Rodríguez, y la eurodiputado Iratxe García dirigirá a los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, remplazando a Elena Valenciano.
Sánchez ha anunciado además la celebración de una convención sobre regeneración democrática en octubre en la que, entre otras medidas, su partido propondrá la limitación de mandatos de los presidentes del Gobierno a dos legislaturas.
El líder del PSOE ha asegurado que él viene a cambiar la política, a "desterrar la vieja política de siempre".
Otras propuestas de regeneración que ha anunciado son la eliminación del indulto por fines políticos o la reforma de ley de incompatibilidades para acabar con "las puertas giratorias" o la reforma de la ley de partidos.
Sánchez ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cambiar la ley electoral a pocos meses de las elecciones por miedo a perder unas alcaldías no encaja con la regeneración democrática y, además, sentaría un "peligroso precedente" de ruptura del consenso constitucional al que podrían recurrir otros en el futuro.

El ministro Montoro carga contra la ´clandestinidad fiscal´ de Pujol

MADRID.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cargado duramente contra el expresident de la Generalitat Jordí Pujol, a quien ha avisado de que no espere "borrón y cuenta nueva" por pedir perdón públicamente tras 30 años de "clandestinidad fiscal", ya que no descarta que haya cometido uno o varios delitos.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Montoro ha anunciado que la Abogacía General del Estado pedirá personarse en los procedimientos judiciales y administrativos del caso Pujol para "llegar hasta el final" y ha desvelado que el expresident no se acogió a la amnistía fiscal del año 2012.
No obstante, no ha dado detalles de las actuaciones de ningún otro miembro de la familia Pujol y se ha limitado a informar sobre lo que, según ha recalcado, le permite la ley tributaria en este caso, "uno de los más graves" de fraude fiscal ocurridos en España.
Así, ha recordado que ya en su anterior etapa como ministro de Hacienda, desde el año 2000 hasta el 2002, se desarrolló una operación que involucraba a varias sociedades, una de las cuales cotizaba en el Ibex 35.
La Agencia Tributaria también ha participado en labores de auxilio judicial en una operación vinculada a la familia Pujol sobre la adjudicación de estaciones de ITV, cuya investigación sigue abierta.
Desde 2012 ha solicitado información a personas físicas y entidades de crédito sobre operaciones financieras en Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Holanda, Argentina, México y Luxemburgo, y colabora asimismo con la Justicia en la obtención de datos de operaciones en Andorra.
Montoro ha censurado tajantemente el comportamiento ético y moral de Pujol, a quien ha reprochado que se haya limitado a emitir un comunicado para justificar que durante 30 años ha tenido oculta en el extranjero parte de su fortuna familiar, incluida su etapa de Gobierno en Cataluña, provocando una gran "alarma social" y sin voluntad de "enderezar el rumbo".
Para el ministro, el único motivo por el que Pujol hizo pública su confesión fue porque se sintió "acorralado" por los investigadores de Hacienda.
A su juicio, el Estado democrático no puede admitir un "simple mea culpa" de quien confiesa un fraude "deleznable y vergonzante", que -ha dicho- requiere una respuesta sólida y contundente sin margen para la duda.
Pero, además, el ministro ha reprochado a Pujol que en los últimos tiempos "sorprendentemente" se haya reconvertido en "adalid del independentismo" a la par que se investigaba su fortuna familiar, y cree que "no deja de ser significativo" que el "escenario fiscal" tenga que ver con la radicalización de los discursos políticos de quienes lanzan "pulsos al Estado".
Una interpretación que no ha sido bien acogida por los diputados nacionalistas catalanes, que le han pedido al titular de Hacienda más cautela en sus declaraciones.
El portavoz adjunto de CiU en el Congreso Pere Macías ha pedido al ministro que no utilice el caso Pujol contra la consulta soberanista del 9 de noviembre y ha comparado el "tono" de Montoro con el que empleó, "nada contundente", para informar sobre el caso Bárcenas en el Congreso.
Desde el PSOE, el diputado Pedro Saura ha criticado también la actuación del ministro, al que ha acusado de haber creado "una pasarela" para los grandes defraudadores con la amnistía fiscal, a la que se ha referido como "la vergüenza política del siglo".
Saura, igual que el parlamentario de ICV Joan Coscubiela, ha emplazado al ministro a crear una comisión de investigación sobre la reforma fiscal y ha pedido que se deje a los técnicos de Hacienda indagar el origen del dinero regularizado.
En la misma línea, la diputada de ERC Teresa Jordá ha subrayado que Pujol debe pagar, pero también debe hacerlo el resto de defraudadores, y ha planteado que en el caso del expresidente catalán lo hará no por defraudador, "sino por catalanista", mientras que Pedro Azpiazu del PNV ha considerado que las palabras de Montoro no "aportan nada" en aras del rigor.
Joan Coscubiela ha ido más allá en su crítica y ha señalado que, si hubiera un "récord mundial de cinismo", Montoro lo habría batido hoy, mientras el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha cuestionado que el titular de Hacienda no utilizara durante su comparecencia para hablar de Bárcenas el "nivel de elocuencia" ni "el tono regenerador" que ha esgrimido hoy.
Tras escuchar a los grupos parlamentarios, Montoro ha respondido con un nuevo reproche, ya que cree que no es pertinente la "tibia" respuesta que han tenido ante un caso de semejante gravedad partidos como el PSOE o CiU.
En cualquier caso, ha reconocido que le gustaría que existieran menos "cortapisas legales" para poder facilitar más detalles de ciertas informaciones tributarias y ha propuesto a los grupos "abrir una reflexión" sobre la posible reforma de la Ley General Tributaria. .
Otra posibilidad que ha sugerido Montoro es que el Parlament abra una comisión de investigación sobre el caso Pujol, a la que la Agencia Tributaria tendría la obligación de remitir todas las informaciones de las que dispone cuando le fueran solicitadas.

Anticorrupción rechaza realizar una ´macrocausa´ contra Jordi Pujol

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción rechaza por el momento que las distintas investigaciones abiertas a miembros del clan Pujol que se tramitan en el juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona (contra el expresidente de la Generalitat y su esposa, Marta Ferrusola), en la Audiencia Nacional (contra su hijo Jordi Pujol Ferrusola, y su exmujer Mercè Ginorès) y en la propia Fiscalía contra Oleguer Pujol lleguen a acumularse algún día en un único procedimiento.

Fuentes de Anticorrupción señalan que hay que tener en cuenta que las investigaciones son aún muy incipientes, afectan a hechos muy concretos y diferentes en cada caso y no existe por el momento ningún punto de conexión. En todo caso la existencia de un eventual "macroproceso" contra los Pujol iría en contra de la agilidad de las investigaciones
En contra de esta postura se ha venido manifestando Manos Limpias, que presentó la querella contra Jordi Pujol y su esposa en Barcelona y ha solicitado personarse en la que desde hace meses instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz contra el primogénito del expresidente de la Generalitat y su esposa Mercé Gironés por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Según señaló el secretario general del sindicato, Miguel Bernad a principios del pasado mes de agosto "los dos casos están conectados" ya que "en el entramado societario de Jordi Pujol hijo está metido el padre". Por esta relación tan estrecha, desde el sindicato sopesan que en el caso de que la juez de Barcelona inicie actuaciones contra Jordi Pujol la causa pueda unirse finalmente a la que instruye el juez Ruz.
La querella presentada por Manos Limpias ante la juez de instrucción nº 31 de la ciudad condal ha sido admitida a trámite. Contra esta decisión recurrió el abogado del expresidente, Cristóbal Martell, y que está pendiente de ser confirmada tras recibirse el escrito del Ministerio Público, cuyo contenido es contrario a las impugnaciones del letrado.
Manos Limpias presentó querella contra Pujol y Ferrusola por presuntamente defraudar hasta 3.000 millones de pesetas --unos 18 millones de euros-- y cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones durante los 23 años en los que el político dirigió la administración catalana. El asunto ha sido encargado al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.
El sindicato calcula que el dinero defraudado por la familia con la comisión continuada de los delitos contra la hacienda pública, blanqueo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental oscilaría entre los 10 y los 18 millones de euros, y pide que se cite a declarar al matrimonio en calidad de imputados, y a sus hijos Jordi, Oleguer, Oriol y Marta como testigos.
En la querella se recoge también que varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía Nacional --a la que pide que se incorporen a la causa-- reflejan que se detectaron 137 millones de euros en una sola cuenta y que "CiU se quedaba con el 4 por ciento de cada obra o servicio que concedía a empresas privadas: de ese peaje el 2,5 por ciento se empleaba para financiar a CDC, y el otro 1,5 por ciento acaba en los bolsillos de sus dirigentes (familia Pujol)".
También argumenta que la unidad policial atribuye gran parte del dinero detectado en diversos paraísos fiscales al "cobro sistemático de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras y servicios del ejecutivo autonómico catalán entre 1980 y 2003".
Se describe también que empresas de la familia de Jordi Pujol padre mantuvieron negocios con la Generalitat y obtuvo adjudicaciones: la empresa Hidroplant, de Marta Ferrusola; la consultora ambiental Entorn, de la familia; el despacho de arquitectura de Marta Pujol y las sociedades de los hijos Jordi, Oriol y Oleguer.
Por lo que respecta a la investigación de Ruz sobre Jordi Pujol Ferrusola, este lunes se ha conocido que la juez de Andorra que tramita la petición de información solicitada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 ha advertido de que sólo colaborará con la justicia española si el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye va asociado a otros de corrupción.
Así consta en un auto dictado por la magistrada el pasado 28 de agosto en el que la juez admite a trámite la comisión rogatoria que Ruz cursó el pasado 29 de julio para solicitar los datos bancarios de Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironés, aunque recuerda los límites que incluye la jurisdicción andorrana sobre este tipo de peticiones de información.
Ruz, que atribuye indiciariamente al matrimonio un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, interrogará a ambos el próximo 15 de septiembre en el marco de la causa en la que investiga los pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas habrían recibido de sociedades que habrían sido adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.

Guanyem y Podemos se querellarán contra los Pujol

BARCELONA.- La plataforma Guanyem Barcelona y Podemos, con el apoyo de partidos de izquierda como ICV, presentarán hoy una querella contra la familia Pujol, asesorados por el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez-Villarejo, que en 1986 intentó sin éxito que se procesara al expresidente catalán por el caso Banca Catalana.

Según ha informado Guanyem en un comunicado, la querella se hará pública en una rueda de prensa, en la que participarán la portavoz de la plataforma Ada Colau, así como el abogado Jaume Asens, redactor de la misma, y el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
La querella se dirige contra el expresidente catalán Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y los siete hijos del matrimonio, por los delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros.
En los próximos días, está previsto que se sumen a la querella impulsada por Guanyem y Podemos otras formaciones de izquierda, como ICV-EUiA o Procés Constituent, además de entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que la semana pasada hizo un llamamiento a crear un frente común para querellarse contra los Pujol.
Han redactado la querella los servicios jurídicos de Guanyem Barcelona y Podemos/Podem, con la colaboración de Jiménez Villarejo, exfiscal Anticorrupción que junto a su colega José María Mena pidió en 1986 el procesamiento de 18 exconsejeros de Banca Catalana, entre ellos Jordi Pujol, en un caso que había empezado a instruirse dos años antes.
La Audiencia de Barcelona, sin embargó, rechazó en 1986 la petición fiscal de procesamiento de Pujol por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y mercantil y maquinaciones para alterar el precio de los bienes, y decidió exonerarle de cualquier responsabilidad penal al no ver indicios de criminalidad en su actuación como ejecutivo de Banca Catalana.
La instrucción del caso comportó que el juez Ignacio de Lecea y Ledesma, ya fallecido, tomara declaración a Jordi Pujol durante dos horas y media en octubre de 1984, en un interrogatorio en su residencia oficial de la Casa dels Canonges en el que estuvieron presentes los fiscales Jiménez Villarejo y José María Mena, así como los abogados defensores Joan Piqué Vidal y Juan Córdoba.
En noviembre de 1986, el fiscal general del Estado ordenó al fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona no recurrir el auto exculpatorio, en contra de la opinión de los fiscales instructores del caso.
Al acto de presentación de la querella asistirán también hoy el coordinador nacional de ICV-EUiA Joan Herrera, así como los portavoces de Podemos Iñigo Errejón, de Procés Constituent David Balbas, de la FAVB Lluís Rabell y del Observatorio DESC Vanesa Valiño.
La querella de Guanyem se suma a la que han presentado la xenófoba Plataforma per Catalunya y Manos Limpias, que ya ejerce como acusación popular en una causa abierta por el juzgado de instrucción nº 31 de Barcelona.

Jaume Matas pudo evadir dinero ilícito a paraísos fiscales

PALMA DE MALLORCA.- La Guardia Civil apunta, en un informe, que el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas evadió "importantísimas" cantidades de dinero que amasó mientras era máximo mandatario de la Comunidad Autónoma, y que procedía de diversas obras públicas adjudicadas durante su último mandato (2003-2007), entre las que se encuentra el velódromo Palma Arena.

En un documento de ocho páginas firmado por el Capitán Jefe de la Unidad de Policía Judicial del Instituto Armado, Bartolomé del Amor, e incorporado al conocido como caso Palma Arena, la Guardia Civil expone que el también exministro se apropió de cohechos procedentes de concesiones irregulares a distintas empresas y que éstos fueron desviados a paraísos fiscales y terceros países.
Según el informe, estas operaciones se llevaron a cabo "muy posiblemente" a través de testaferros o entramados societarios, haciendo hincapié en el hecho de que, tras perder las elecciones autonómicas de 2007, Matas fijó su residencia en Estados Unidos, donde efectuó diversas transacciones a través de la red financiera y bancaria del país norteamericano.
La Guardia Civil subraya en esta línea cómo el tren de vida y el "sustancioso" incremento patrimonial de Matas y su mujer, Maite Areal, "no ha sido justificado ante la Justicia" y son "totalmente incompatibles" con los cargos e ingresos reales que obran en poder de la Agencia Tributaria. De hecho, destaca que al hacer un balance entre ingresos y gastos de sus cuentas corrientes y libretas bancarias, tan sólo se produce un desfase de 1.000 euros "como máximo".

El juez Castro investiga el supuesto patrimonio de Matas en EEUU

PALMA DE MALLORCA.- El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha levantado el secreto que pesaba sobre unas investigaciones relativas al patrimonio ilícito que supuestamente tiene oculto en Estados Unidos el expresidente del Govern Jaume Matas, quien fijó allí su residencia tras perder las elecciones autonómicas y municipales de 2007, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado da impulso así a unas pesquisas que se iniciaron hace más de cuatro años y que se han mantenido hasta ahora en sigilo. Las sospechas afloraron, entre otros motivos, cuando el exministro tuvo que hacer frente a la fianza de tres millones de euros que el juez le impuso en marzo de 2010, y cuyo pago le permitió eludir entonces su ingreso en prisión preventiva.
Con esta diligencia, Castro da por finalizada la comisión rogatoria librada a Estados Unidos para investigar la procedencia del dinero, después de que las autoridades hayan entregado un informe al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, parcialmente traducido al castellano. Asimismo, entre la documentación cuyo secreto ha sido levantado se encuentra un detallado anexo sobre las cuentas de Matas.
Las actuaciones acerca de este patrimonio de supuesto origen irregular han sido unidas a la pieza principal del caso Palma Arena, que estalló en agosto de 2009 y del que se desgajaron hasta un total de 27 piezas separadas. Las pesquisas relacionan el sobrecoste del Palma Arena -que acabó costando a las arcas públicas 110 millones de euros, el doble de la cantidad inicialmente presupuestada- con los elevados gastos en que incurrieron Matas y su mujer durante la época en la que por segunda vez fue presidente balear (2003-2007).
Sin embargo, durante su primera declaración ante el juez José Castro, en marzo de 2010, el expresidente justificó sus dispendios en el cobro de ingresos no declarados por el alquiler de una vivienda de Palma.
Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009 tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda que posee en la céntrica calle palmesana de Sant Feliu, conocida como 'palacete', por la que el exdirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.
A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones conocidas con el nombre de Operación Buckingham y dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al enriquecimiento presuntamente ilícito y el elevado tren de vida que llevó Matas mientras era presidente, y que según las pesquisas no se correspondían con los ingresos que obtenía como jefe del Ejecutivo autonómico.
Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el 'palacete' y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, tal y como documentaron los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.
Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo. A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del ex presidente más de 300.000 euros en dinero negro.
Se trata así de unos hechos que constituyen una de las principales líneas de investigación del caso Palma Arena, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Matas.

Elena Valenciano cae en desgracia tras la llegada de Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE

MADRID.- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que Antonio Hernando relevará a Soraya Rodríguez como portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados y que Iratxe García será presidenta de la delegación socialista en el Parlamento europeo en sustitución de Elena Valenciano. Por su parte, el ex líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha renunciado a su escaño de diputado en el Congreso, después de más de dos décadas.

Sánchez ha comunicado estos cambios en rueda de prensa tras la primera reunión de la Ejecutiva Federal socialista después del verano.
El resto de los nombramientos, entre ellos el de la persona que sustituirá a Marcelino Iglesias en el Senado, se conocerán tras la Ejecutiva del día 8 de septiembre.
El secretario general del PSOE ha agradecido el "enorme" trabajo de todos los portavoces que van a dejar su cargo y ha asegurado que todas las direcciones del partido serán paritarias.
Los cambios, así como la celebración de las primarias en el mes de julio de 2015, deben ser ratificados por el Comité Federal del PSOE que se celebrará el próximo 13 de septiembre.
Antonio Hernando, madrileño de 47 años de edad, es diputado en el Congreso desde 2004 y ha sido miembro de la Ejecutiva socialista de 2008 a 2014, primero como responsable de Ciudades y Política Municipal y posteriormente de Relaciones Institucionales y Autonómica.
Iratxe García, vallisoletana de 40 años, es eurodiputada desde 2009 y desde el Congreso socialista del mes de julio es secretaria para la Unión Europea de la Ejecutiva socialista.

Regeneración democrática / Ramón Cotarelo *

Es difícil escribir sobre la nueva consigna con la que el gobierno quiere abrir el curso político y entretener a la afición sin perder la compostura. En el país del regeneracionismo, con su caterva de ilustres figuras, como Costa o Macías Picavea, hablar de regeneración y querer que sea democrática implica cierta responsabilidad. Si se recuerda que al noble empeño se aplicaron luego las brillantísimas generaciones del 98 y el 14, las de Unamuno, Maeztu, Ganivet, Azorín, Ortega, Azaña, etc, la responsabilidad adquiere tintes de osadía. 
Hace falta mucha autoridad para invocar algo de tanto peso en un país abrumado por una crisis económica y anodado por otra moral, provocada por el carácter pandémico de la corrupción, cuyo emblema es el caso Gürtel. Justo la mayor carencia del gobierno del PP y, muy concretamente, de su presidente. Dado que este es hombre a quien, según parece, todo le da igual, quizá piense que una hábil campaña de agitación y propaganda a cargo de su frente mediático sea suficiente para investirle con la autoridad moral que los ciudadanos no le han concedido nunca ya que es el presidente peor valorado de la democracia de modo sistemático, barómetro tras barómetro, desde que ganó las elecciones de noviembre de 2011. Pero eso no es así ni en España. La legitimidad del presidente para regenerar una democracia que ha degenerado en gran medida por su responsabilidad es nula. Eso es lo que la opinión pública le dice con su escasa valoración.

Las razones de ese pobrísimo concepto son claras y abrumadoras. Ganó, sí, las elecciones de 2011, pero con un programa y unas promesas que incumplió por entero. Faltó a su palabra y se envaneció de ello con el lamentable argumento de que, al incumplir su palabra, cumplía con su deber, siendo así que cumplir la palabra es el primer deber de un hombre. Y, si no, no haberla dado; o retirarse discretamente. Todo menos invocar un empeño regeneracionista basado en una palabra que no vale nada, como él mismo reconoce.

La regeneración quiere ser democrática, pero no en el sentido de que se arbitre de modo abierto, mediante diálogo con las otras opiniones, pues se presenta con la intemperancia habitual de un Diktat, que es el espíritu propio del gobierno. Las próximas elecciones municipales no auguran buenos resultados para los partidos dinásticos, especialmente el de la derecha, por lo que no será raro que la tal regeneración democrática se imponga por decreto ley. Es tal la pasión de Rajoy con el sentido común que se ha quedado sin sentido del ridículo. ¿O no es ridículo imponer la regeneración democrática con desprecio al Parlamento?

Lo del desprecio al Parlamento no es figura literaria. En su comparecencia ante el Congreso el 1º de agosto de 2013, a la que accedió obligado por las circunstancias, a la que se vio literalmente arrastrado, Rajoy mintió asegurando que en el PP no había cajas B ni contabilidades paralelas y que no tenía contacto con Bárcenas desde tiempo inmemorial, siendo así que hacía poco le había mandado un SMS de ánimo. Si se puede faltar impunemente a la verdad en sede parlamentaria el Parlamento no vale nada.

Ni el resto del sistema democrático, ni la opinión pública, a la que se miente con absoluto desparpajo, diciendo que los salarios no bajan, que el paro desciende o que España lidera la recuperación europea. No hay nadie en el país que dé crédito alguno a las declaraciones de los gobernantes, en especial las de su presidente quien, puesto a fabular, abrió ayer el curso político hablando no de brotes verdes, que nadie ve, ni de luz al final del túnel que nadie divisa, ni de haber tocado fondo que nadie siente; habló de vigorosas raíces, algo que tampoco ve nadie, pero canta menos porque, al fin y al cabo, las raíces casi nunca se ven. En este caso, basta con creer en la palabra de Rajoy.

Si la mentira es la forma básica de comunicación del gobierno, si este gobierna mediante decretos leyes, si su acción es autoritaria, represiva, censora; si su presidente e innumerables dirigentes de su partido están acusados de distintos comportamientos cuestionables y diversas corruptelas, ¿qué quiere decir al hablar de regeneración democrática? Básicamente dos cosas.

Una: que quiere dar un pucherazo garantizándose la elección de sus alcaldes sin necesidad de mayoría absoluta, a menos de un año de las elecciones municipales. La democracia es sobre todo cuestión de formas y la forma más importante, la base del juego limpio, es que las reglas no se cambian unilateralmente y a la fuerza en mitad de la partida. La llamada "regeneración democrática" es profundamente antidemocrática. Por eso la llaman "democrática", sin ningún empacho.

Dos: que es bueno hablar de cosas nobles, como la "regeneración democrática". En realidad el propio gobierno lleva haciéndolo desde su primer día de mandato. Incluso encargó una propuesta a Ana Mato, si no recuerdo mal. El objetivo obvio es reconocer implícitamente la degeneración de la democracia, pero escurrir el bulto de la propia responsabilidad. En realidad, que no se hable de ella, que no se hable de lo que los ciudadanos consideran que es el tercer problema del país; de la corrupción.

Gürtel, Correa, el Bigotes, Sepúlveda, el Albondiguilla, Blesa, el Tamayazo, Urdangarin, Matas, Fabra, Camps, Baltar, los EREs andaluces, los sobresueldos en el PP, Aznar, Rajoy, Arenas, Cospedal e tutti quanti, Pujol, la infanta, el Rey abdicado, Bárcenas, la financiación ilegal, Fundescam, la Gestapillo, toda esta ópera de tres centavos, se sumirá en el silencio y el olvido gracias a unas medidas de regeneración democrática impulsadas por el partido y el gobierno en buena medida responsables de ellas.

No se dirá que no suena a chiste.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED