jueves, 8 de marzo de 2018

¿Borbonea Felipe VI? / Javier Valenzuela *

Si alguno de los consejeros de Felipe VI tuviera dos dedos de frente y le quisiera de verdad, le rogaría de rodillas una rectificación de su proceder. Le recordaría lo que les ocurrió a su tío Constantino y su bisabuelo Alfonso por meterse en política, y le recomendaría que siguiera, en cambio, el ejemplo de exquisita neutralidad de su también pariente Isabel II. A ella nada ni nadie le saca de su papel ornamental. Ni tan siquiera el referéndum de Escocia.

Pero los consejeros de Felipe VI participan del tremendismo de derechas que infecta España. El que, por ejemplo, auguraba el fin de la continuidad en Barcelona del Mobile World Congress por el hecho de que Ada Colau no asistiera al besamanos al monarca. Pues bien, el Mobile World Congress valoró su edición 2018 como “una de las más exitosas” y tan solo lamentó que hubiera hecho “mal tiempo”.

Al negocio internacional de la telefonía móvil le importa un carajo si tal o cual rinde o no pleitesía (ahora se emplea el eufemismo de “respeto institucional”) al Borbón. Eso solo obsesiona a nuestros políticos y periodistas cortesanos. Los del Mobile se mueven por las compraventas, los buenos hoteles y restaurantes, el clima agradable y, en no pocos casos, el sexo fácil. El asunto es así, no lo he inventado yo.

Las gentes de ese y otros negocios, al igual que los turistas, no desean, por supuesto, disturbios, atentados y catástrofes. Eso les ahuyenta, pero no la politiquería local. Que no les engañen: si el conflicto de Cataluña inquietó durante un momento a las opiniones públicas del extranjero fue por las imágenes de violencia policial del pasado 1 de octubre que pudieron ver en sus telediarios.

Los cortesanos se han extrañado por ese reciente editorial del Times de Londres que recomienda a Felipe VI y Mariano Rajoy que dejen de perseguir a los independentistas catalanes y dialoguen con ellos. No tienen ni idea de que Reino Unido es una democracia vieja, inteligente y liberal, regida, incluso en un medio conservador como el Times, por ese common sense que permitió la celebración del referéndum escocés. Por cierto, tiene bemoles que el diario londinense dijera lo que no es capaz de decir ningún diario impreso español. Dice mucho sobre la mediocridad y el servilismo aquí imperantes.

Lo que aquí tenemos es una intensa propaganda, que, indudablemente, formatea muchas opiniones. Es la que aplaudió a rabiar la intervención agresiva y partidista sobre el conflicto catalán de Felipe VI del pasado 3 de octubre. ¿No hubo nadie en Zarzuela, Moncloa o Ferraz que tuviera el valor de decirle al monarca que lo mejor era callarse como Isabel II en el caso escocés, o, en todo caso, adoptar un tono moderado y arbitral, hacer un llamamiento genérico al diálogo, la negociación y el acuerdo en el marco de la legislación vigente?

No lo hubo, bien lo sabemos. Rajoy, Sánchez, Rivera y compañía ensalzaron a Felipe VI como supremo defensor del orden constitucional. Vinieron a decir que su intervención televisiva del 3 de octubre igualó a la de su padre en la noche del 23-F. Tal comparación era un colosal disparate: el 23-F hubo un Congreso secuestrado por hombres armados, hubo disparos en ese Congreso y hubo tanques en las calles de Valencia.

Felipe VI se lo ha creído, le ha soltado a Colau que su papel es defender la Constitución y se ha metido en otro charco. Lo ha dejado muy fácil a los que estos días recuerdan que solo ha irrumpido de modo extraordinario en el prime time televisivo de los españoles cuando los independentistas catalanes han puesto en cuestión su mamandurria.

Las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto. ¿Acaso se le ha visto pedir pista para defender el artículo 50 de la Constitución que establece el derecho de los mayores a cobrar pensiones dignas y actualizadas? ¿O el derecho al trabajo de los parados? ¿O el derecho a la vivienda de los desahuciados? ¿O el derecho a la libertad de expresión de las víctimas de la Ley Mordaza?

No se sabe cuántos españoles son republicanos, jamás se les ha permitido elegir explícitamente en referéndum entre una y otra forma de Estado. Como le confesó Suárez a Victoria Prego, no se hizo durante en la Transición porque cabía la posibilidad de que perdieran los monárquicos. Así que el tema se metió en un paquete. ¿Quieres democracia? Pues vota sí a este texto. Es todo o nada.

En todo caso, la mayoría de los republicanos hemos demostrado que estamos dispuestos a soportar un monarca si nos sale barato, es discreto y no mete a España en más líos. Felipe VI no nos sale demasiado barato: es posible que un presidente de la República a la alemana nos costara menos. Felipe VI no es discreto: ¿a qué vino el vídeo del almuerzo familiar y el paseíto en coche con la que está cayendo? Felipe VI tampoco parece servir para eso que decían tanto los socialistas sobre “el papel de la corona como elemento integrador de los pueblos de España”: miren la que se ha liado en Cataluña durante su reinado.

Empieza a decirse que Felipe VI no es tan simpático como su padre, que parece más soberbio y más de derechas que Juan Carlos, que menuda mirada le dirigió a Roger Torrent en la cena del Mobile…  Esto es lo malo que tiene meterse en política, pensarán en algunas casas reales europeas. A ti no te ha votado nadie, querido Felipe. Respeta a todos los contribuyentes que pagan tu sueldo, tus gastos y los de tu familia. Sonríe y calla. No borbonees.
 
 
 
(*) Periodista
 
 

ERC pide que se despenalicen las injurias a la Corona y la quema de banderas

MADRID.- Esquerra Republicana (ERC) defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición de ley para derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa Real y el que establece multa por ofensas o ultrajes a España, sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas.

Los independentistas catalanes han decidido incluir el debate de toma en consideración de esta iniciativa en la sesión plenaria del próximo martes, según el orden del día acordado este martes por la Junta de Portavoces.
La portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, autora de esta propuesta presentada el pasado 10 de noviembre, alega que "la libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas libremente, y por tanto, sin censura", y que así queda recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Estados Unidos como ejemplo

Los independentistas catalanes defienden que una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión y sugiere tomar como ejemplo otros países de larga tradición democrática, como Estados Unidos, donde su derecho constitucional considera que la quema y otros actos de sacralización de la bandera norteamericana están protegidos, "en tanto que se consideran muestras de libertad de expresión".
ERC pone también como ejemplo la portada secuestrada de la revista El Jueves, en julio de 2007, con el entonces heredero de la Corona como protagonista, o la persecución al rapero mallorquín Valtònyc por sus referencias a la monarquía.

IU también lo defiende

El Código Penal contempla que las injurias a la Corona serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son. De su lado el ultraje a la bandera de España o sus comunidades conlleva una pena de multa de siete a doce meses.
Pero ERC no es el único partido que ha planteado despenalizar las injurias a la Corona o el ultraje a España. Recientemente, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, presentó en el Congreso una propuesta de reforma legal para eliminar estos dos artículos, así como los que hacen referencia al enaltecimiento del terrorismo o la vejación de representantes religiosos, por considerar que son "obsoletos" y "ambiguos" y que, además, se están utilizando para restringir la libertad de expresión.

'Politico Europe' cuestiona el relato de que España es el mejor ejemplo del proyecto europeo

BRUSELAS.- Duele desde su mismo título: "Un 'país de ladrones' brega con la corrupción" ('Country of thieves' wrestles with corruption). El país en cuestión es España y el título es el de la "Carta desde Madrid" que escribe Guy Hedgecoe en Politico Europe, el diario más leído y más influyente entre la fauna que se mueve en Bruselas, capital de la Unión Europea. Dos frases resumen el contenido. Una, el subtítulo: "El deficiente sistema judicial y el legado del fascismo aún contaminan los partidos políticos en España". Otra: "Este es un país de chorizos y de una justicia que no funciona", dicha por el dirigente comunista Julio Anguita en el 2009 y que Hedgecoe recuerda, según ElNacional.cat de Barcelona.

La cosa es que la pieza concentra en cuatro o cinco minutos los casos de corrupción más conocidos, simplificados, en frío, tal como los ve un extranjero (el autor, irlandés, trabaja en España desde 2003). Es un puñetazo. Leer, de corrido —no aquí y allí—, que entre julio de 2015 y septiembre de 2016, 1.378 funcionarios o políticos de todos colores fueron juzgados por corrupción; que el PP tiene ahora mismo 50 casos de ídem en los tribunales; que el exsecretario general del PP de Valencia ha aceptado ante el Supremo que financió campañas electorales con dinero negro; que dos ex presidentes de Andalucía están procesados por presunta participación en una estafa con dinero público por importe de 136 millones de euros; que al tesorero de CDC le han condenado por el caso Palau (seis millones en comisiones); que España ocupa la posición 42 en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International, detrás de Costa Rica y Botsuana.... Leyéndolo todo de golpe ¿qué cara se le queda, allende los Pirineos, a un eurócrata, a un diplomático o a un euroquídam cualquiera?
Según la crónica, "los abusos cometidos en la actual España tienen sus raíces en la dictadura de Franco", que "puso en práctica lo que Paul Preston ha llamado 'pillaje institucionalizado'". De aquí a cuestionar el mito de la transición va una micra. Los comentaristas que cita el periodista apuntan en esta dirección. Las democracias surgidas del fascismo heredan las estructuras corruptas, dice uno. Remacha otro: administrar una nueva democracia es muy difícil si no es con los métodos aprendidos durante la dictadura. Añade un tercero: los mismos partidos han gobernado demasiado tiempo, han debilitado los controles y equilibrios del sistema. Se han convertido en mafias, concluye otro más.
"En España, la justicia contribuye al déficit [democrático]", explica Hedgecoe, que cita el Eurobarómetro del año pasado, que muestra que los españoles "tienen menos fe en la independencia del poder judicial que cualquiera de sus vecinos de la UE, excepto Hungría y Polonia". Para acabar de arreglarlo, recuerda la dimisión del nuevo fiscal anticorrupción después de que los papeles de Panamá revelaran que tenía activos escondidos en una empresa offshore. Encima, "la sensación que los medios de comunicación no vigilan a políticos y empresas con rigor adecuado".
No es extraño, concluye uno de los comentaristas, historiador, que los políticos españoles "experimenten la impunidad que los políticos franquistas solían experimentar".
El artículo trata del alcance de la corrupción y de sus raíces. No es un retrato completo de España, ni tampoco una pieza académica. A su tono reprobatorio, entre el regaño y la bronca, contribuye la parcialidad de los citados en la crónica, todos, digamos, "indignados": Darío Adanti y Edu Galán, director y editor del mensual satírico Mongolia; Jaume Muñoz historiador, director de L'Avenç y autor de "La España Corrupta" (prologado por Paul Preston); Joan Coscubiela, exportavoz de CSQP, y Simona Levi, dramaturga, activista y directora del Master en Derechos Civiles, Tecnopolítica y Cultura Digital de la UPF Barcelona School of Management y coautora de "Votar y cobrar - La impunidad como forma de gobierno".
“Me interesa muchísimo por qué hay tantos casos de corrupción en España y quería entenderlo”, explica Hedgecoe a El Nacional. Sobre la selección de fuentes: “no quería hablar con políticos, obviamente. No pensaba que toda la gente con quien hablé me remitiría a Franco como origen de todo. Entiendo que no es la única causa, pero es la raíz”.
El periodista no lo ha pasado muy bien: “es un tema delicado: no quieres hablar de Franco cuando hablas de España”. Otra causa de la corrupción es la concentración de poder en algunos partidos: el PSOE en Andalucía, el PP en Valencia y Madrid, CDC en Catalunya... Y otro factor son los medios, que tienen un papel importante en todo esto”.
Esta crónica, más panorámica que otras recientes, por muy incompleta y tendenciosa que se quiera, contiene hechos que afectan al mismo relato de la UE, que suele presentarse en el mundo como la institución que sostiene el periodo de paz más largo nunca conocido en el continente (Premio Nobel de Paz 2012), y se gusta señalando España como mejor muestra de los beneficios del proyecto europeo. No sólo cuestiona este marco de interpretación. Promueve el contrario. ¿Por ejemplo, como cae, en este contexto, la represión del independentismo, o la noticia de que se ha cambiado el régimen del IVA con efectos retroactivos para los centros catalanes de investigación, algunos de referencia mundial, que ahora tienen que abonar, de golpe, 20 millones de euros a Hacienda? Pues cae, como imagina cualquiera, en el contexto de la corrupción y del abuso. Estas crónicas escuecen.