MADRID.- Dos acciones desesperadas de dos hombres, uno de ellos
muerto, a los que iban a desahuciar por no pagar sus deudas hipotecarias
con los bancos, han abierto el debate en España sobre las imposiciones
de los bancos a los deudores. El paro y la falta de ingresos en muchas
familias que están pendientes de pagar una hipoteca, ha minado la salud
mental de los españoles, como ya ocurre con griegos, italianos y
portugueses. En muchos casos es el desencadenante de suicidios.
Esmeralda Vargas y Manuel Gabarras, de 33 y 34 años, llevaban 11
meses sin pagar el alquiler del piso en el que viven en las viviendas
sociales conocidas como las «sindicales» de San Pablo de Catabois, en
Ferrol. Su hija, de 8 años, tiene una enfermedad renal grave que les
obliga a pagar un costoso tratamiento médico, según explicaron a los
medios de comunicación los miembros de la Rede de Apoio. Las gestiones y
la movilización ciudadana realizada por este grupo en Ferrolterra ha
conseguido evitar el desahucio.
«No podemos tolerar que se siga presionando a estas personas que
lleguen a momentos de estrés tan dramáticos que les hagan acabar con su
vida para poner fin a esta presión»., dice José López, de la Plataforma
de los afectados por las hipotecas de Burjasot. En ese municipio
valenciano un hombre se lanzó por el balcón cuando la comisión judicial
llegó a su vivienda para ejecutar un desahucio. Pocas horas antes otro
se había ahorcado en Granada.
En Madrid 50 familias llevan ya cuatro noches a las puertas de Bankia, uno
de los bancos rescatados por el gobierno, pidiendo una solución.
Aseguran que no se moverán hasta que el banco acceda a negociar con
ellos. La asociación «Stop desahucios» piden un alquiler social
universal para toda la población y la dación en pago retroactiva.
Los bancos aseguran que siempre intentan renegociar la deuda antes
del desahucio... Bankia dice, por ejemplo, que por cada desahucio que
ejecuta, renegocia cinco. El debate afecta también a los partidos
mayoritarios. Políticos y jueces han hablado sobre la respuesta que debe
darse a los afectados por los desahucios y sobre el papel de los
bancos. Un grupo de magistrados realizó un informe en el que pedían que
los políticos y el parlamento ldeben dar soluciones a los problemas de
los ciudadanos.
El PSOE, en el gobierno hasta finales de 2012, lamenta su error al no
haber legislado cuando pudo hacerlo. Su portavoz en el Parlamento,
Soraya Rodríguez, ha dicho que «lamentamos no haber actuado antes, no
haber puesto en marcha cuando estabamos gobernando un cambio legislativo
que hubiera impedido la situación que ahora viven muchos espanoles». El
gobierno del PP, por medio de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría,
ha dicho que está estudiando este problema para «buscar una solución».
El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de los jueces,
recogió a principios de octubre en un informe sobre el impacto de la
crisis que los desahucios han subido un 13,4 por ciento con respecto a
2011 y según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que cita cifras
del CGPJ, en el primer trimestre del año ha habido 48.000 desalojos, es
decir, 517 al día. Según los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en 2010 se suicidaron 3.158 personas. El fiscal
general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también porpone reflexionar
sobre el sistema actual.
«Hay que reflexionar sobre las consecuencias
sociales que produce a veces la aplicación de la ley en situaciones muy
especiales.
