Cientos de salafistas se enfrentan a la Policía en la capital tunecina

TÚNEZ.- Cientos de musulmanes salafistas enfurecidos por una exposición de arte que consideran ofensiva para su religión se han enfrentado a la Policía tunecina en la capital. A raíz de los disturbios de anoche, 86 personas fueron detenidas y seis miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

   Anoche, los manifestantes bloquearon varias calles y quemaron neumáticos en los barrios de Ettadamen y Sidi Hussein, además de lanzar cócteles molotov a la Policía. Una fuente del Ministerio del Interior ha declarado a la agencia Reuters que durante la noche fueron arrestadas 86 personas y que, mientras intentaban dispersar a los alborotadores empleando gases lacrimógenos y disparando al aire, seis agentes resultaron heridos.

   Esta mañana, las protestas se han extendido a varios barrios. Algunos jóvenes estaban impidiendo que los tranvías pasasen por el distrito de Intilaqa, donde los comercios permanecen cerrados. En algunas zonas se han cometido saqueos.

   Estos incidentes se han producido un día después de que un grupo de salafistas --que aplican una interpretación puritana del islam-- irrumpieran en una exposición de arte en el barrio de La Marsa y pintaran las obras que consideraron ofensivas. Al parecer, la que más les disgustó fue una en la que se había escrito el nombre de Dios usando insectos.

   Un joven llamado Alí ha afirmado que "esos artistas están atacando el islam". "Y no es algo nuevo", ha añadido mientras se preparaba para enfrentarse a la Policía en Ettadamen.

   A su juicio, "lo que ha echado gasolina sobre las llamas es el silencio del Gobierno, que no ha tomado ninguna decisión". En un comunicado difundido antes de las protestas, Ennahda (el partido islamista moderado que encabeza el Ejecutivo de coalición) había condenado las provocaciones e insultos contra la religión, pero también había instado a sus simpatizantes a responder pacíficamente.

   El mes pasado, unos salafistas atacaron varios bares y tiendas que venden alcohol en al menos dos ciudades, donde se pelearon con otras personas.

   Los salafistas quieren que la religión tenga un peso mayor en el Túnez posterior al régimen del presidente Zinedine al Abidine Ben Alí, derrocado en enero de 2011, pero los líderes políticos de esta comunidad han afirmado que perseguirán sus objetivos de forma pacífica y que no se enfrentarán a Ennahda.

   Varias páginas web islamistas difundieron el pasado domingo una grabación sonora en la que el líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, insta a los tunecinos a defender la ley islámica frente a Ennahda. Este partido, que comparte el poder con dos formaciones laicas, ha adelantado que no intentará imponer la ley islámica en la nueva Constitución.

Toque de queda

El Gobierno tunecino ha anunciado la imposición de un toque de queda esta noche para impedir que surjan nuevos altercados tras los disturbios causados en los últimos días por manifestantes salafistas, que se han saldado con más de 80 personas detenidas, según han informado los Ministerios del Interior y de Defensa en un comunicado recogido por la agencia de noticias oficial TAP.

   La medida de emergencia --que no había sido impuesta desde la revuelta que logró derrocar el 14 de enero de 2011 al entonces presidente, Zine el Abidine Ben Alí-- se mantendrá en vigor desde las 21.00 horas del martes hasta las 5.00 horas del miércoles en la capital, Túnez, y en otras siete regiones.

   "Esta decisión se adopta en respuesta a los actos de violencia causados en los últimos días por grupos criminales contra instituciones públicas y propiedades privadas", han subrayado en su comunicado conjunto los Ministerios del Interior y de Defensa.

   El Gobierno tunecino ha dejado claro que el toque de queda no afectará a los funcionarios de servicios de emergencias y protección civil ni a los trabajadores con turno de noche. La decisión del Gobierno responde a los últimos altercados causados por manifestantes salafistas, que se han saldado con más de 80 personas arrestadas. Uno de los últimos incidentes se originó durante una manifestación contra una muestra de arte que los integristas consideraban ofensiva con el Islam.

   Los manifestantes salafistas llevan meses presionando al Gobierno tunecino, liderado por el partido islamista Ennahda, para que imponga en el país norteafricano una aplicación estricta de la ley islámica, la sharia, una petición que el Ejecutivo sigue rechazando.

La Unión Europea, preocupada por los límites contra manifestantes en Rusia

BRUSELAS.- La Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, ha mostrado su "preocupación" por los intentos de limitar el derecho a manifestación en Rusia y las presiones dirigidas a quienes han liderado las protestas.

   La preocupación de la jefa de la diplomacia europea se centra en "los pasos dados recientemente en Rusia para limitar el alcance de las manifestaciones" y en "los intentos de intimidar a los líderes de las protestas y de impedirles participar en la manifestación de hoy", ha dicho una portavoz de la Alta Representante.

   Así las cosas, Ashton llama al Gobierno rusa a comprometerse con las instituciones europeas para asegurar que su nueva ley sobre manifestaciones cumple con los estándares europeos, "tal y como ha expresado el presidente (Vladimir) Putin".

   La Unión Europea advierte con esta declaración que la legislación que regula la convocatoria de manifestaciones "debe primero y ante todo garantizar la libertad de asamblea" y critica los intentos de intimidación dirigidos contra los líderes de las protestas.

   El derecho a manifestarse pacíficamente es un derecho fundamental y emprender "fuertes medidas" contra este derecho es "contraproducente", por lo que Ashton anima a las autoridades rusas y a la sociedad civil a implicarse en un "diálogo constructivo sobre la promoción de estándares democráticos y futuras reformas".

La ONU acusa al régimen sirio de utilizar a niños como escudos humanos

  GINEBRA.- Naciones Unidas ha denunciado en su último informe sobre niños y conflictos armados la forma en que el Gobierno sirio utiliza a menores de edad como escudos humanos para evitar que sus tropas sean atacadas  por combatientes opositores.

   Según el informe presentado por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, la de Siria forma parte de las "nuevas crisis" surgidas en el último año y que afectan a la infancia.

   En ese país, escenario de violencia desde que comenzasen las movilizaciones opositoras en marzo del año pasado, los niños también se han convertido en "víctimas". Se arriesgan a morir o a sufrir mutilaciones, detenciones, tortura, malos tratos o violencia sexual, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como por parte de los servicios de inteligencia y los paramilitares 'shabbiha', afines al régimen.

   Además, niños de entre ocho y trece años son sacados a la fuerza de sus casas y "usados por los soldados como escudos humanos". Las fuerzas del régimen de Bashar al Assad sitúan a estos menores junto a los vehículos en que viaja el personal militar, según el informe.

   Los centros educativos también se han convertido en Siria en bases militares o centros de detención. Las autoridades llegan a mantener en estas instalaciones a niños que, según se ha constatado en algunos casos, sufren golpes e incluso descargas eléctricas.

   La relatora especial de la ONU para Niños y Conflictos Armados, Radhika Coomaraswamy, ha advertido de que "el mundo está tomando nota" de la "violencia" que sufre la población en Siria. "Confío en que estos crímenes no quedarán impunes", ha apostillado en un comunicado.

   La ONU incluye dentro de su informe de 2011 una "lista de la vergüenza" que cita a los países que incumplen las normativas sobre el respeto a la infancia, tras un año que ha tenido tanto evoluciones positivas en algunas zonas como empeoramientos en países con nuevos conflictos.

   Naciones Unidas ha celebrado el fin de los conflictos de Nepal y Sri Lanka, donde se han concluido con éxito los planes de acción sobre los niños soldado que había propuesto la organización internacional. En el último año, la ONU ha llegado a acuerdos similares con Afganistán, República Centroafricana, Chad y Sudán del Sur.

   República Centroafricana, Chad, Colombia, República Democrática del Congo, Birmania, Sudán del Sur y Sudán promovieron en 2011 liberaciones de menores que permanecían bajo el control de grupos armados, ha asegurado Coomaraswamy, quien ha advertido de que aún quedan 52 países o grupos dentro de la denominada "lista de la vergüenza".

   Dentro de esta lista hay 32 países o grupos que están en ella desde hace más de cinco años, lo que les convierte en autores "persistentes" de violaciones de los derechos de la infancia. Coomaraswamy ha abogado por poner "más presión" y ha planteado la posibilidad de aprobar sanciones y estrechar la colaboración con tribunales internacionales.

   Por primera vez, el secretario general de la ONU ha incluido en su informe a los responsables de ataques contra escuelas y hospitales, que se suman así a los señalados por reclutar, matar, mutilar y abusar sexualmente de niños.

   Naciones Unidas menciona explícitamente a los grupos armados afganos, congoleños e iraquíes, así como a las fuerzas del Gobierno sirio, por bombardear, quemar, saquear y registrar colegios. Además, también les vincula con acosos a profesores, estudiantes y personal médico.

   "En un conflicto, las escuelas y los hospitales deben ser zonas de paz respetadas por todas las partes", ha subrayado la representante especial de la ONU para Niños y Conflictos Armados.

   Otra de las preocupaciones que la ONU recoge en este informe es la mayor utilización de niños y niñas para la comisión de atentados suicidas.

   Los suicidas son en estos casos "víctimas" de abusos, según la organización internacional, que ha apuntado que muchas veces los menores ni siquiera saben que llevan explosivos sujetos a su cuerpo. Las organizaciones utilizan el sistema de activación por control remoto y el niño se convierte simplemente en un portador del artefacto.

   Solo en 2011, al menos once niños murieron en Afganistán y otros tantos perdieron la vida en Pakistán por esta "práctica perversa", como la ha calificado Coomaraswamy. La edad de los menores varía, pero se han constatado casos de niños de incluso ocho años.

Ampliada la querella contra el juez español Carlos Dívar por 12 nuevos viajes

MADRID.- La asociación de juristas Preeminencia del Derecho ha ampliado su querella  contra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, para añadir la información que publican varios medios impresos y que amplía hasta un total de 32 los viajes realizados por éste en fines de semana largos, de hasta 4 días, parte de los cuales cargó al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces.

   En un breve escrito remitido al a Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuyo Pleno tiene previsto reunirse mañana para estudiar si admite esta querella, la asociación señala que amplía los hechos con la información aportada por el diario El País en la que se señala la existencia de cargos por valor de 15.185 euros en viajes a Barcelona, Bilbao, La Coruña, Santiago de Compostela, Oviedo, Valencia y Palma de Mallorca.

   Según esta información, los datos habían sido solicitados por el vocal José Manuel Gómez Benítez, que fue quien denunció ante la Fiscalía la existencia de una primera tanda de viajes, un total de 20, realizados por Dívar a Marbella (Málaga) por un valor cercano a los 13.000 euros.

   De momento se desconoce si la ampliación de la querella cambiará los planes de la Sala de lo Penal, que ya había señalado mañana miércoles a las 11.00 horas la decisión sobre la posible admisión a trámite de la querella presentada por la asociación de juristas.

   El Pleno de la Sala de lo Penal que se reunirá pasado mañana está integrada por 15 magistrados, aunque la decisión sobre este asunto la adoptarán tan sólo 14. se quedará fuera Francisco Monterde para sortear una eventual 'contaminación' de todo el tribunal en el caso de que la querella fuera admitida a trámite y hubiera que buscar un instructor imparcial.

   Los magistrados han tenido sobre la mesa el informe dado a conocer el pasado viernes por el que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opone la admisión de la querella interpuesta. Según ha podido conocerse, durante la reunión de la Sala de Admisiones de ayer no existió unanimidad para rechazar de plano la querella, por lo que lo más probable es que las disensiones se trasladen al Pleno de mañana.

   El Ministerio Público no ve delito porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos. Llega a afirmar que Dívar fue acomodándose "caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar".

   El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, que es el mismo que archivó las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público a raíz de la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez, señala que en este caso no cabe estafa, como apuntaban inicialmente los querellantes, sino malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal), una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva.

   Además, el teniente fiscal resalta que en el caso de autoridades como Dívar que son de "jerarquía máxima", y a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios, existen unos "límites más imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente".

   Preeminencia del Derecho presentó primero una denuncia, que fue archivada, posteriormente la transformó en querella por no considerar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.

   A juicio de la asociación, presidida por el abogado José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.

   "La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.

Indicios de delito

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Gómez Benítez cree, por su parte, que es "apabullante la apariencia delictiva" de los viajes del presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, a Marbella (Málaga), y considera que, presuntamente, existe "un delito de malversación de caudales públicos de manual". Además, destaca que "esta crisis sólo se puede cerrar con la dimisión o el cese" de Dívar y con "una reforma en profundidad" del Consejo.
   En una entrevista publicada en el portal jurídico vasco 'Res Pública', Gómez Benítez ha señalado que el decreto de la Fiscalía en el que archiva la investigación sobre los viajes del presidente del CGPJ "contiene un preocupante mensaje de impunidad generalizada al amparo de la pretendida naturaleza reservada de esas actividades y de la presunción de oficialidad de todo lo que hacen determinados altos cargos, incluso durante su tiempo libre".
   En este sentido, ha destacado que "la normativa interna del Consejo sobre la liquidación de esta clase de gastos, en la que también se apoya el fiscal, no autoriza a desviar fondos públicos hacia gastos privados, sino que tan sólo permite liquidar los gastos por actividades oficiales sin tener que informar de la concreta actividad que motiva el desplazamiento o la identidad de los comensales".
 "Pero esto se puede investigar muy fácilmente", ha asegurado.
   A su juicio, "no se debe lanzar el mensaje de que estas conductas no son delictivas sin haber investigado las coartadas del denunciado cuando los indicios de que se trata de viajes privados son apabullantes".
   "Lamentablemente, este carpetazo provoca serias dudas sobre la conveniencia de desplazar la instrucción penal de los jueces a los fiscales en nuestro país", ha apuntado.
   En cuanto a la decisión de la Sala Segunda del Supremo, que ha tardado un día en archivar la denuncia, ha subrayado que el archivo, en este caso, ha sido "por un defecto puramente formal, pero ahora tiene que resolver sobre la querella presentada por una asociación de juristas".
   "Desconozco los detalles de esta querella, pero debo recordar que la Sala Segunda ha establecido en casos recientes, de gran trascendencia mediática, que es suficiente que las querellas describan formalmente un hecho que presente caracteres de delito para que tenga que ser admitida a trámite", ha añadido.
   Además, ha recordado que Carlos Dívar no ha aclarado el destino concreto de sus gastos "ante la opinión pública ni ante el Consejo ni tampoco ante el Tribunal Supremo".
"De todas formas, el decreto de archivo del fiscal se lo permite, cuando le reconoce un ámbito reservado ajeno a todo control y una proyección de su estatuto de presidente a todas sus actividades. Esto es lo más preocupante", ha dicho.
   En su opinión, este tipo de decisiones judiciales pueden, "sin duda", ayudar a extender "la idea popular de que la justicia no es igual para todos".
   En este sentido, ha advertido de que "los hechos y su apabullante apariencia delictiva están ahí, aunque nadie ha querido investigarlos hasta ahora".
"Si en muchos viajes no hubo actividades oficiales, como parece, y si en otros muchos la supuesta actividad oficial ocupó tan sólo unas horas del viernes, el delito de malversación de caudales públicos es de manual, y el de falsedad en documento oficial también", ha añadido.
   Asimismo, ha indicado que "esta crisis sólo se puede cerrar con la dimisión o el cese del presidente y con una reforma en profundidad del Consejo General del Poder Judicial".

Miles de personas salen a las calles en protesta a las políticas del Kremlin

MOSCÚ.-   Miles de personas han salido a las calles de Moscú para protestar contra las políticas del Kremlin, en la primera gran manifestación que se celebra desde la toma de posesión del presidente, Vladimir Putin, el pasado 7 de mayo.

   Las autoridades habían autorizado que hasta 50.000 personas asistiesen a la marcha de hoy, una cifra que, según los organizadores, se ha superado. Fuentes de la organización y medios opositores consultados por la agencia de noticias RIA Novosti cifran entre 25.000 y 100.000 el número de asistentes, mientras que la Policía sólo reconoce 18.000 manifestantes.

   "Mientras estemos unidos, nunca seremos derrotados", han coreado parte de los asistentes, en su mayoría simpatizantes comunistas, liberaldemócratas y nacionalistas. "No nos asustan", han asegurado, en alusión a la decisión del Gobierno de incrementar las multas para quienes participen en concentraciones no autorizadas o que supongan un peligro para el orden público.

   Unos 12.000 policías se han desplegado en la capital rusa para evitar incidentes, que se han convertido en la tónica habitual de este tipo de movilizaciones desde que la oposición denunciase un fraude en las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre y ganadas por el partido Rusia Unida.

   El 6 de mayo, una marcha contra el Kremlin concluyó con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes y alrededor de 650 detenidos, según activistas. La cifra dada entonces por la Policía, sin embargo, fue de unos 400 arrestos.

   Las autoridades han imputado desde entonces a 13 personas por provocar los disturbios y este lunes fueron registradas las casas de destacados líderes de la oposición como Alexei Navalni, Sergei Udaltsov, Ilia Yashin y Ksenia Sobchak, salpicados por estas investigaciones.

   La Policía convocó los interrogatorios a estos disidentes a las once de la mañana de este martes, una hora antes del comienzo de la manifestación. Navalni, Yashin y Sobchak se comprometieron a respetar estas citaciones y después acudir a la marcha, pero Udaltsov solicitó formalmente el aplazamiento del interrogatorio y encabezó la manifestación desde el principio al grito de "¡Revolución!".

   Un portavoz del Comité de Investigación ruso ha aclarado que, pese a la decisión de Udaltsov de no acudir a la cita, previsiblemente no será castigado al ser convocado únicamente en calidad de testigo.