sábado, 21 de enero de 2012

Más muertos en Siria mientras la misión árabe piensa si continúa

DAMASCO.- Atentados con bomba mataron a 14 prisioneros que viajaban en un vehículo de seguridad en el noroeste de Siria el sábado, dijo la agencia de noticias estatal, en un día en el que las tropas del gobierno luchan con rebeldes por todas partes y la Liga Árabe sopesa mantener a los observadores en el país.

La agencia siria Sana dijo que un "grupo" terrorista había detonado dos bombas que también hirieron a 28 prisioneros, así como a seis guardias. Dijo que los asaltantes también habían atacado a las ambulancias que se enviaron al lugar, una carretera entre las ciudades de Idlib y Ariha.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, que monitoriza la revuelta de 10 meses contra el presidente Basar el Asad, había informado previamente de un ataque en la provincia de Idlib, en el noroeste del país.
Dijo que tropas del Ejército se estaban enfrentando con soldados que habían desertado y unido a la insurgencia anti-Asad en la región Jebel al Zawiya de Idlib, que está cerca de la frontera turca.
La televisión Al Yazira dijo que los soldados y los desertores también luchaban en la ciudad de Jisr al-Shughur, en el noroeste.
La Liga Árabe estudia ampliar su misión de supervisión en Siria, dada la falta de consenso árabe o internacional sobre la forma de detener el baño de sangre en el país, dijo una fuente diplomática.
El general sudanés Mohamed al Dabi, jefe del equipo observador de 165 miembros, tenía previsto entregar el sábado su informe al comité de la Liga sobre Siria para que lo examine el día siguiente.
Cientos de personas han muerto durante la misión de monitores de un mes largo, enviada para evaluar el grado de compromiso de Siria con un plan de paz árabe originalmente acordado en noviembre.
Siria, dispuesta a evitar sanciones más duras de la Liga Árabe o Naciones Unidas, ha intentado demostrar su implicación con el plan, que exige el fin de las matanzas, una retirada militar de las calles, la liberalización de los detenidos, acceso para los observadores y los medios de comunicación, y un diálogo político con los grupos de la oposición.
"Sí, no hay una completa satisfacción con la cooperación Siria con la misión de observadores", dijo la fuente árabe.
"Pero en ausencia de un plan internacional con Siria, la mejor opción es que los monitores sigan allí".
Los críticos dicen que los observadores árabes solo le han dado a Asad cobertura diplomática para seguir con su sangrienta represión contra sus opositores.
Este mes las autoridades sirias han liberado a cientos de detenidos, anunció una amnistía, llegó a un acuerdo de algo el fuego con los rebeldes armados en una ciudad, permitió a los observadores árabes entrar en algunas zonas conflictivas y admitió un puñado de periodistas extranjeros.
Asad también prometió reformas políticas, al mismo tiempo que aplicaba mano dura a los "terroristas" que tratan de derrocarlo.

Responsabilizan al gobierno cubano de la muerte de un disidente

LA HABANA.- Un disidente cubano encarcelado fue sepultado el viernes en el este de Cuba tras fallecer como consecuencia de una huelga de hambre de 56 días, según dijeron activistas de derechos humanos de la isla.

Opositores dijeron que Wilman Villar Mendoza, de 31 años, fue objeto de malos tratos por parte del Gobierno, y que había iniciado su huelga de hambre poco después de que fuera arrestado en noviembre, sometido a juicio y condenado a cuatro años de prisión por delitos contra el Estado.
Elizardo Sánchez, portavoz de la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos, dijo que Villar se había unido en el verano pasado a un grupo de oposición en la provincia oriental de Santiago de Cuba llamado Unión Patriótica Cubana y había sido un disidente activo desde entonces.
"Responsabilizamos de manera categórica al Gobierno cubano porque él se murió bajo su cuidado. Lo consideramos otro muerto evitable", declaró Sánchez.
Según Sánchez, Villar fue puesto en aislamiento bajo condiciones difíciles, lo que combinado con su huelga de hambre le causó serios problemas de salud que condujeron a su muerte. Había sido trasladado y recibía asistencia médica en un hospital en la ciudad de Santiago de Cuba el 14 de enero pasado.
Cuba, que considera a los disidentes como mercenarios al servicio de su enemigo Estados Unidos, dijo en una nota informativa el viernes que Villar era un preso "común" y no un disidente.
"Cumplía sanción de privación de libertad desde el 25 de noviembre del año 2011, por los delitos de Desacato, Atentado y Resistencia", dijo la nota del Gobierno publicada en el sitio oficial www.cubadebate.cu.
"El hecho por el que fue sancionado se produjo durante un escándalo público en el que agredió y provocó lesiones en el rostro a su esposa, ante lo que su suegra solicitó la intervención de las autoridades y al acudir agentes de la PNR se resistió y los agredió", agregó la nota.
La viuda de Villar, Maritza Pelegrino, de 28 años, dijo que la acusación "es un invento para desacreditarlo". Otros familiares no pudieron ser contactados.
Un reporte de Human Rights Watch reclamó al Gobierno cubano una mayor libertad política y respeto a los derechos humanos en la isla.
"El caso de Villar Mendoza muestra cómo el Gobierno cubano castiga a la disidencia", dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Cuba dijo, en cambio, que tiene "abundantes pruebas y testimonios" de que no era un disidente ni estaba en huelga de hambre.
Blogueros oficiales y disidentes irrumpieron en la red social Twitter tras la muerte de Villar.
"Falleció el delincuente Wilmar Villar Mendoza", dijo el jueves en la noche el bloguero oficial @yohandry8787.
"Este hombre, que hoy se nos presenta como un luchador pacífico por los DDHH en la isla, no fue más que un violento ciudadano, de una peligrosidad social comprobada", agregó.
La bloguera disidente Yoani Sánchez difundió también la noticia y preguntó "¿Cuántos más tienen que morir? ¿Cuántos más?".

El Parlamento yemení concede la inmunidad al presidente Salé tras la muerte de manifestantes

SANÁ.- El Parlamento yemení ha concedido este sábado por mayoría la condición de inmunidad "total" al presidente saliente, Alí Abdulá Salé, frente a su persecución por la muerte de manifestantes durante las protestas del año pasado que reclamaban su renuncia, según informa el corresponsal de la cadena Al Arabiya.

   En la misma sesión, la Cámara ha declarado su apoyo a la candidatura del vicepresidente Abd Rabbu Mansour Hadi para suceder a Salé al frente del país. Tras conocer la decisión, se ha sabido que Salé viajará a Omán, Etiopía y Nueva York para someterse a pruebas médicas sobre las secuelas que le dejó el atentado del que fue objeto el pasado 3 de junio, durante el apogeo de las protestas.
   En virtud del acuerdo de transferencia del poder facilitado por el Consejo de Cooperación del Golfo y firmado por Salé el pasado mes de noviembre, el presidente recibió la promesa de inmunidad legal a cambio de abandonar el cargo y permitir así acabar con las protestas contra sus 33 años en el poder.
   El proyecto de ley de inmunidad había sido enmendado este jueves para limitar la protección de la que gozarán sus ayudantes, según ha informado el ministro de Asuntos Legales, Mohamad Majlafi.
   El borrador, que ha sido muy criticado por los grupos de defensa de Derechos Humanos, la ONU y los manifestantes yemeníes, a partir de ahora solo beneficiará a los ayudantes en "casos políticos", ha explicado el ministro a Reuters.
   El proyecto de ley anterior ofrecía inmunidad también a los ayudantes de Salé, que seguirá gozando de plena protección con el nuevo texto, ha aclarado el ministro, sin dar más detalles sobre el tipo de casos que podrían ser juzgados.
   Antes de darse a conocer la enmienda, Amnistía Internacional (AI) ha pedido al Parlamento de Yemen que rechace el proyecto del ley en relación con las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante su régimen.
   "Es aún peor de lo que esperábamos. Garantiza la inmunidad penal para el presidente Salé (...) en lo relativo a cualquiera de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante décadas en Yemen", denunció el director interino para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Philip Luther.
   "Esto supone una bofetada en plena cara para la justicia", añadió Luther, que recordó que "los manifestantes han pedido "el fin de la impunidad" desde que comenzaron las movilizaciones contra el régimen, a principios de 2011.