MADRID.- El cóctel de crisis económica y casos de corrupción en el ámbito
político da como resultado uno de los momentos de mayor desafección de
los ciudadanos hacia los representantes de los partidos.
Así
lo ponen de manifiesto las diversas encuestas, incluidas las del CIS,
que reflejan el sentir de los españoles ante el goteo de ese tipo de
casos que ven la luz pese a que todas las fuerzas políticas, con PP y
PSOE a la cabeza, aseguran estar plantando batalla a la corrupción.
Las últimas noticias sobre los 22 millones de euros que llegó a tener
en cuentas en Suiza el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas,
investigado en el caso Gürtel, o las relativas a otros casos que han
afectado a dirigentes de CiU, no ayudan a eliminar la desconfianza.
El Gobierno y los partidos aseguran estar preocupados por los casos
de corrupción y por las consecuencias que tienen en la percepción de la
ciudadanía respecto a la clase política porque mina la confianza en
ella, y coinciden en que la transparencia es una receta esencial contra
ese mal.
Pero, aunque estiman
que provocan un enorme daño, sacan pecho y afirman que la inmensa
mayoría de políticos son honrados y están comprometidos con todos los
cortafuegos que se han ido poniendo en marcha a medida que han ido
proliferando comportamientos que se alejan de sus respectivos códigos
éticos.
El tiempo ha dado muestras suficientes para asegurar que la
corrupción no es patrimonio de un determinado espectro político porque
hay ejemplos de todo tipo, aunque desde la izquierda, con el PSOE a la
cabeza, se sigue asegurando que la tolerancia ciudadana es mayor ante
las actitudes que provienen de la derecha.
El
Ejecutivo, según aseguran fuentes gubernamentales, entiende la
percepción ciudadana, pero considera que la corrupción no es en la
actualidad uno de los principales problemas de España.
Sin embargo, desea seguir legislando para lograr su erradicación, y
de ahí que entienda que la futura ley de Transparencia sea el mejor
antídoto y que la reforma de la Administración contribuirá también a ese
objetivo.
La encargada de coordinar los trabajos de ambas iniciativas, la
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha aventurado lo que
cambiarán las cosas cuando, con la aplicación de las nuevas medidas,
todos los responsables políticos y administrativos sepan que los
contratos han de publicarse desde el primer acto administrativo hasta el
último, así como las subvenciones y convenios.
Pero, además, el Gobierno reconoce que hay que trabajar por una
"regeneración democrática completa", y Sáenz de Santamaría ha encargado
un informe pormenorizado al respecto al Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, que está trabajando ya en esa dirección.
Por su parte, los socialistas consideran que la democracia "está profundamente herida por la corrupción".
Lo dijo el pasado sábado el secretario general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, a sus compañeros del Comité Federal del partido, ante
los que advirtió: "Nos tenemos que tomar este asunto muy en serio o nos
llevará por delante".
Si en los ciudadanos puede existir la percepción de que la respuesta
de una fuerza política a otra ante casos de corrupción ha sido "y tú
más", el líder del PSOE ha instado a acabar con ello y a lograr un gran
compromiso de todos los partidos contra esa lacra.
No tardó en recoger el guante el Partido Popular, que, por boca de su
vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, aseguró estar
"encantado" con esa propuesta de pacto.
Se trata, dijo, de actuar "sin contemplaciones" y defendiendo la
ley "de principio a fin". Pero eso sí, aclaró que esa ha sido la actitud
que ha mantenido siempre el PP ante este tipo de comportamientos.
Existe
también una sensación generalizada de que la tardanza a la hora de
juzgar los casos de corrupción hace que estos permanezcan durante mucho
tiempo en primera plana informativa y eso contribuya a percibir como
actitudes recientes hechos de hace años y que han provocado ya la puesta
en marcha de medidas y controles para evitar que se repitan.
El análisis de la corrupción por parte de la ONG Transparencia
Internacional, que realiza informes periódicos sobre este asunto en todo
el mundo, sitúa a España en el puesto 30 de una lista de 176 países.
Según ese último dato, hecho público el pasado mes, España ocupa el lugar número 13 entre los 27 miembros de la Unión Europea.
Las declaraciones de los representantes del Gobierno y de los
partidos apuntan a medidas para mejorar esa posición. El tiempo y las
portadas informativas determinarán si casan con los hechos, con los
resultados y con las encuestas.
