lunes, 8 de abril de 2013

La corrupción marca récord histórico como segundo problema del país y sube en España la desconfianza en los políticos

MADRID.- La corrupción y el fraude repitió en marzo como el segundo problema del país según los españoles, alcanzando un nuevo máximo histórico en las series del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS). También vuelve a subir la preocupación por la clase política. 

   El Barómetro de Opinión del pasado mes de marzo se realizó en los 12 primeros días de dicho mes, tras los ecos del 'caso Bárcenas', que el día 2 volvió a centrar la atención de los medios de comunicación al hilo de que el extesorero del PP denunciara a su partido por el robo de dos ordenadores, tras haberlo demandado antes por despido improcedente pidiendo una indemnización de más de 900.000 euros.
   Según la encuesta, el primer problema de España sigue siendo el paro, mencionado en el 81,6 por ciento de los cuestionarios, cifras similares a las de meses anteriores. En los días en que se hizo la encuesta se conoció que el desempleo registrado en el antiguo INEM superaba por primera vez los cinco millones de personas.
   Lo que sube cuatro puntos en apenas un mes es la inquietud por la corrupción y el fraude, mencionada en el 44,5 por ciento de las respuestas. En febrero, tras la eclosión del 'caso Bárcenas' con sus cuentas en Suiza y sus 'papeles', ya había subido al 40 por ciento, superando los registros de la primera mitad de los noventa, bajo Gobierno socialista, los años de casos como Roldán, Mariano Rubio, etcétera.
   A lo largo de buena parte de 2012, la corrupción apenas era citada como un problema en el 1 por ciento de cuestionarios y sólo al final, en diciembre, llegó hasta el 17,2 por ciento.
   En tercer lugar figuran los problemas económicos, que hasta enero venía ocupando el segundo puesto. En marzo marcaron un 34,4 por ciento, 4,5 puntos menos que en enero y 15 puntos menos que un año antes.
   La cuarta plaza vuelve a ser para los políticos, citados como un problema en el 31,4 por ciento de las entrevistas. También supone un récord, pues el mes anterior ese porcentaje estaba en el 29,7 por ciento y en los últimos años su mayor cota estaba en el 30,5 por ciento de octubre de 2012.
   Detrás figuran problemas como la sanidad (10,1 por ciento) y la educación (6,1 por ciento), mientras emergen en la lista  los desahucios, con un 5,5 por ciento, superando la preocupación por los recortes (4,8 por ciento) o los bancos (4,6 por ciento).
   En cuanto a los asuntos que los ciudadanos consideran que más les afectan personalmente, el paro aparece en primer lugar (53,3 por ciento) seguido de los problemas económicos (34,7 por ciento). En esta clasificación subjetiva la corrupción se queda en un 13,3 por ciento y los políticos están en el 10,5 por ciento.
   El barómetro del pasado mes de marzo también pone de manifiesto que los españoles mantienen una percepción negativa tanto de la situación política como de la económica. Así, un 84 por ciento de los encuestados juzgan "mala" o "muy mala" la situación política del país, un porcentaje similar al de febrero, cuando esta cifra llegó hasta el 85,7 por ciento. Sólo el 1,4 por ciento la considera "buena" o "muy buena".
   Asimismo, desciende ligeramente respecto del mes pasado los que creen que el mundo de la política está peor que hace un año, pasando del 56 por ciento en febrero al 54,6 por ciento de marzo, y se mantienen en su posición quienes auguran que seguirá empeorando en el próximo año (37,9 por ciento).
   Algo parecido ocurre cuando se pregunta a los encuestados sobre la coyuntura económica. Un 92,4 por ciento de los consultados la definían como "mala" o "muy mala" en marzo, un porcentaje prácticamente similar al de febrero. Sólo un 0,3 por ciento cree que es "buena" o "muy buena". Además, casi el 70 por ciento opina que ha empeorado en el último año y cuatro de cada diez españoles pronostican que irá a peor en 2014.
   En este sentido, el Barómetro correspondiente a marzo también desvela que casi siete de cada diez parados ven "poco o nada probable" encontrar trabajo en los próximos doce meses frente al 25,2 por ciento que lo ven "muy o bastante probable".

Casi un 40% de los españoles sigue apostando por un Estado central o con menos autonomía

MADRID.- Casi un 40% de los españoles sigue apostando por un Estado con un único Gobierno central sin comunidades autonomías o bien por mantenerlas pero con menos autonomía, según se desprende del Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de marzo hecho público este lunes.

   Los resultados que arrojó el sondeo del pasado febrero apenas difieren de los de marzo, donde también se mantienen en un 8,4 por ciento los partidarios de reconocer a las comunidades que así lo deseen la posibilidad de convertirse en estados independiente, dos décimas más que en febrero y casi dos puntos menos del récord de octubre del año pasado.
   El estudio del CIS se basa en 2.477 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los pasados 1 y 12 de marzo, periodo en el que continúa vigente el debate sobre el proceso secesionista emprendido en Cataluña por los nacionalistas de CiU y los independentistas de ERC.
   La opción más apoyada, con un 32,4 por ciento de las respuestas, es la de dejar las cosas como están, es decir, un Estado con comunidades autónomas. Sin embargo, al 24,2 por ciento le gustaría acabar con las autonomías, volviendo al Estado central, un porcentaje levemente inferior al de hace un mes (24,7 por ciento).
   Algo superior al mes de febrero es el porcentaje de los españoles que son más partidarios de restar autonomía a las comunidades, un 14,5 por ciento en marzo frente al 13,8 por ciento registrado hace un mes.
   Por el contrario, un 11,1 por ciento de los ciudadanos abogan por comunidades con mayor autonomía, seis décimas menos que en febrero, y más de un punto por debajo del récord de noviembre de 2012 (12,4 por ciento).
   Además, el sondeo refleja que la mayoría de los encuestados (un 52,8 por ciento) se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma, frente al 16,1 por ciento que se declara únicamente español y al 5,3 por ciento que dice sentirse únicamente de su autonomía. Este último porcentaje cae casi dos puntos con respecto a hace un mes.

Izquierda Abierta abandona la reunión de la Ejecutiva de IU

MADRID.- Los miembros de la corriente 'Izquierda Abierta', incluida en Izquierda Unida, han abandonado este lunes la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal de IU que se ha celebrado por la tarde en la sede de la formación al sentirse "ninguneados" por la corriente mayoritaria de la coalición que lidera Cayo Lara.

   Según ha explicado la secretaria de Política Institucional de IU y portavoz de Izquierda Abierta, Montse Muñoz, durante el transcurso de la reunión se les ha negado la palabra y se ha pospuesto hasta el último punto las cuestiones que la corriente liderada por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, había pedido incluir en el orden del día.
   A juicio de Muñoz, lo ocurrido esta tarde pone de manifiesto que la corriente mayoritaria en Izquierda Unida no está cumpliendo con los compromisos alcanzados con Izquierda Abierta en la X Asamblea Federal de diciembre, en la que se acordó una lista unitaria a cambio de contar con un 20 por ciento de representación en los órganos de dirección.
   "No se pueden quedar los acuerdos en papel mojado", ha señalado Muñoz, para añadir que el acuerdo al que llegaron implica que les tienen que "dejar trabajar" y que se tengan en cuenta sus opiniones. "Queremos colaborar si nos dejan. No queremos ser invitados de piedra en los órganos de dirección", ha añadido.
   En este sentido, la portavoz de Izquierda Abierta ha asegurado que si en la pasada Asamblea Federal el coordinador federal, Cayo Lara, se comprometió a poner en marcha un modelo de dirección de "unidad e integración", debe contar con Izquierda Abierta, o bien modificar dicho modelo y "actuar como mayoría".
   De darse el segundo supuesto, Muñoz ha asegurado que Izquierda Abierta no tiene ningún inconveniente en abandonar los órganos de dirección, si bien ha confirmado que seguirán formado parte de la coalición ya que Izquierda Unida "es su apuesta". 
"Estamos en Izquierda Unida y seguiremos. No es un drama si no estamos en la dirección, pero si estamos, queremos estar", ha apuntado.
   Lo que, a su juicio, no puede continuar, es la situación en la que, según denuncia, se encuentra en estos momentos Izquierda Abierta, con "dificultad para cumplir con sus objetivos" y "ninguneados" en los órganos de dirección. En este sentido, ha añadido que incluso se están solapando actos organizados por Izquierda Abierta con otros de IU.
   Por este motivo, Muñoz ha anunciado que tienen intención de llevar este planteamiento de nuevo a la reunión de la Presidencia Federal, que según ha informado tendrá lugar el próximo 20 abril, para tratar de obtener una respuesta por parte de la corriente mayoritaria.
   En dicha reunión también plantearán la necesidad de comenzar a idear una estrategia de cara a las elecciones europeas, la cual consideran que debe consistir en un "frente amplio" para constituirse como una "alterativa de Gobierno". 
"Tiene que haber un ámbito de discusión", ha sentenciado.

Ya son dos los fallecidos por los disturbios en torno a la catedral de El Cairo

EL CAIRO.- El Ministerio de Sanidad egipcio ha informado de que ya son dos los muertos y al menos 90 los heridos debido a los disturbios de este domingo en torno a la Catedral Copta de San Marcos, la más importante del país, cuando presuntos islamistas atacaron a los cientos de cristianos coptos que participaban en el funeral de cuatro víctimas de la violencia religiosa.

   El Ministerio señala que entre los heridos hay al menos once policías y ha identificado a uno de los fallecidos como Mahrus Hanna Ibrahim, de 30 años, muerto durante la jornada del domingo. Por el momento se desconoce la identidad del segundo fallecido, que murió durante la noche.
   Cientos de personas que participaban en los funerales fueron increpados y apedreados a la salida del servicio religioso por presuntos islamistas. Los coptos respondieron también lanzando piedras y pronto se produjeron los primeros disparos.
   Los disturbios se prolongaron desde el mediodía hasta bien entrada la noche, con intervención de la Policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersar a los dos grupos. Uno de los botes de gas habría caído dentro de la propia catedral.
   Antes de que sucedieran los enfrentamientos, los cristianos coptos habían convocado una marcha ante la iglesia tras las oraciones, en torno al mediodía, para recordar a los fallecidos en los enfrentamientos de Al Jusus, al norte de El Cairo, donde varios niños cristianos fueron sorprendidos el viernes pintando en el muro de una escuela coránica. El enfrentamiento derivó en un tiroteo entre integrantes de ambas comunidades.
   Desde la caída del régimen del presidente Hosni Mubarak, en 2011, se han incrementado los incidentes de violencia sectaria entre la mayoría musulmana y la minoría cristiana copta, que supone aproximadamente el 10 por ciento de los 80 millones de habitantes del país. La elección del islamista Mohamed Mursi como presidente no ha mejorado la situación pese a su compromiso declarado de proteger a las minorías.

Anticorrupción se opone a que el PP siga siendo acusación popular en la causa principal del 'caso Gürtel'

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el Partido Popular (PP) continúe ejerciendo la acusación popular en la causa en la que se investigan las actividades de la trama 'Gürtel' después de que el juez instructor del caso, Pablo Ruz, rechazara su personación con esta condición en la pieza separada sobre la supuesta contabilidad B de esta formación política, informaron a Europa Press fuentes jurídicas. 

   Las fiscales del caso Concepción Sabadell y Miriam Segura han contestado de esta forma al requerimiento que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 hizo el pasado jueves a las partes preguntándoles si los 'populares' debían mantenerse como acusación en la causa en la que se investigan las actividades de la trama de Fransico Correa después de rechazar la pretensión de los 'populares' en la pieza separada.
   Anticorrupción defiende la necesidad de revocar la condición de acusación popular del PP en el 'caso Gürtel' argumentando que, al igual que en la causa sobre los denominados 'papeles de Bárcenas, la formación podría tener que responder ante los tribunales como responsable civil subsidiaria.
   Ruz rechazó la personación del PP como acusación popular en la pieza separada en un auto en el que destacaba que su petición no podía ser "atendida" porque resulta "incompatible con el propio objeto" de la investigación, de la que podría derivarse "responsabilidad civil del propio PP".
   El juez adoptó esta medida después de que Anticorrupción informara el pasado miércoles que entre las "posibles consecuencias jurídico-penales" que podrían derivarse del procedimiento sobre la supuesta contabilidad BN se encuentra "la repercusión que las partidas de ingresos anotadas en la misma pudieran tener sobre las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y Retenciones e Ingresos a Cuenta realizadas y presentadas en la hacienda pública por dicho partido".
   En concreto, el Ministerio Público consideraba necesario aclarar "si de la omisión de dichas partidas en las declaraciones" de renta, podría "resultar, atendiendo a su cuantía, la existencia de uno o más delitos contra la hacienda pública".
   Ruz investiga la supuesta contabilidad B del PP, que fue publicada por el diario 'El País' el pasado 31 de enero, después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal acordara el pasado 27 de marzo que era el competente para investigar estos hechos al existir "nexos" entre los donativos que habría recibido el PP y "la persona que los contabiliza", en referencia a Bárcenas.
   Además, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en las dos causas, ha comunicado al juez Ruz que desiste del recurso que presentó contra el auto del pasado 15 de marzo en el que el insctructor citaba como imputados a Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta, y ofrecía la personación en este procedimiento de todas las acusaciones de la pieza principal.
   El colectivo ha renunciado a la presentación de este recurso después de que el pasado 27 de marzo la Sección Tercera de la Sala de lo Penal decidiera que Ruz es el competente para asumir la investigación sobre los 'papeles de Bárcenas' en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez, que admitió a trámite una querella presentada por Izquierda Unida (IU) y otros colectivos sociales sobre estos mismos hechos.

La Ertzaintza prohíbe a Stop Desahucios un escrache

SAN SEBASTIÁN.- La Ertzaintza ha prohibido al colectivo Stop Desahucios acercarse a menos de 300 metros del despacho de abogados del diputado del PP José Eugenio Azpiroz en San Sebastián, donde iba a concentrase este lunes.

   El portavoz de Stop Desahucios Guipúzcoa, Mikel Sánchez, ha explicado que dos horas antes de este acto, convocado a las 18.00 horas, y en el que iban a hacer entrega a Azpiroz de una carta en la que se recordaba que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en contra de los desahucios está respaldada por 1.402.854 firmas.
   La resolución, firmada por el director de la Ertzaintza, señala que en la zona de la concentración que iba a llevar a cabo Stop Desahucios Guipúzcoa coinciden con el lugar donde se halla el domicilio y el lugar de trabajo, el despacho personal, de Azpiroz. En este sentido, señala que ambos están "ciertamente desconectados del contexto y desvinculados de la actividad pública y política" del diputado del PP.
   Por tanto, la resolución apunta que la acción de Stop Desahucios constituye "un ataque no potencial, sino real a la integridad moral, no solo de la persona directamente afectada, sino también de su entorno familiar y laboral, y por ende privado", ya que "son ajenos a su labor política y que sufrirían con tal actitud intimidatoria una injustificada injerencia".
   De este modo, se establece que Stop Desahucios tiene que modificar las concentraciones "desconectando la protesta del citado domicilio particular". Sánchez ha denunciado que en los últimos días se está intentando "criminalizar" los escraches y acciones de protesta similares cuando lo "inmoral" es que se está sacando a miles de personas de sus viviendas.
   Además, ha acusado a los representantes del PP de intentar "vivir en una burbuja" y creerse "mejores" que las familias que están siendo desahuciadas de sus hogares. El portavoz de Stop Desahucios ha anunciado que recurrirán la resolución de la Ertzaintza y, si les dan la razón, volverán a convocar la acción prevista para este lunes para entregar la carta a Azpiroz.
   Por otro lado, ha explicado que por el momento no han recibido resoluciones que obliguen a modificar el resto de protestas organizadas para esta semana, este martes a las 18.00 horas en las sedes del PP en San Sebastián e Irún, y el jueves a las 15.30 horas en la calle Andia de la capital guipuzcoana coincidiendo con la Asamblea de Kutxa para entregar un escrito instando al Consejo de Administración de la Caja a la paralización de los desahucios.
   Al no poder realizar la acción prevista para esta tarde, los activistas de Stop Desahucios han recorrido varias calles del barrio donostiarra de Amara repartiendo información sobre la ILP contra los desahucios.

Cifuentes no quiere convertir Madrid "en una ciudad tomada por la Policía"

PARACUELLOS DEL JARAMA.-   La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que perseguirá los escraches pero "no tiene ninguna intención de convertir Madrid en una ciudad tomada por la Policía".

   Tras la Junta de Seguridad celebrada en Paracuellos del Jarama, Cifuentes ha afirmado que no le gusta hablar de escraches, sino "directamente de lo que son: coacciones e intimidaciones, una forma de ejercer una presión que además en muchos casos es violenta".
   "La violencia mediante le amenaza y la coacción es también un tipo de violencia y me parece que este tipo de actuaciones no son compatibles con el Estado de Derecho ni la democracia. Creo en el derecho que tiene cualquier ciudadano a salir a la calle y protestar, un derecho constitucionalmente protegido y que los poderes públicos tenemos que proteger. Pero nada tiene que ver el derecho de manifestación con la coacción", ha esgrimido.
   En el caso de que se incremente la presión en los escraches, Cifuentes ha indicado que su departamento "va a actuar con la Ley en la mano, impidiendo que las protestes se realicen de manera violenta".
 "Todo lo que tiene que ver con el derecho de reunión será protegido siempre y cuando se practique de forma pacífica. Si una protesta deviene en violenta, deviene automáticamente en ilegal y entonces se aplicará la Ley", ha añadido.
   Tras el escrache practicado el viernes a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, la delegada ha indicado que "no tiene ninguna intención de convertir Madrid en una ciudad tomada por la Policía".
   "Creo que es una ciudad abierta, donde se permite que sin ningún tipo de cortapisas se puedan manifestar (los ciudadanos) como prueban las 3.419 manifestaciones y concentraciones del año pasado y las más de mil este año, pero todo tiene que hacerse de manera pacífica y conforme a las leyes", ha añadido.
   "Con la Policía que hay es suficiente, pero es evidente que si aumentan estas actuaciones violentas y coactivas la Policía hará lo que se hizo el viernes, que es identificar a los promotores de una concentración ilegal e iniciar el correspondiente expediente administrativa sancionador", ha proseguido.
   Concretamente, Cifuentes ha destacado que el escrache del viernes el exsecretario general de Alianza Popular, Jorge Vestrinje, "encabezaba ese movimiento, como ha aparecido de manera patente en los medios de comunicación y de la propia emisión de los miembros de la comisión de audiovisuales de Sol del 15M, que lo estuvieron retransmitiendo en directo".
   De hecho, ha indicado que en esas imágenes se puede ver quién eran los cabecillas y a quienes se enfrentaron con la Policía cuando les instó a disolver esta concentración porque no había sido comunicado, "tal y como la Constitución y las propias leyes dicen que se tiene que hacer".

El PP suma el decimocuarto caso de 'escrache' a un diputado

MADRID.- El PP ha sumado este lunes el decimocuarto caso de 'escrache' a un diputado, el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso y parlamentario del PP por Cádiz, Aurelio Romero, a quien activistas antidesahucios han empapelado esta mañana su despacho de abogados en Jerez de la Frontera en un momento en el que él no se encontraba en el interior, según informaron fuentes 'populares'.

   Con éste ya son 14 los diputados del PP que han sufrido actos de acoso por parte de los movimientos antidesahucios en las últimas semanas. Además de Aurelio Romero, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) rodeó este sábado la vivienda del diputado del PP por Ourense Celso Delgado, quien se prestó a escuchar las reivindicaciones de los manifestantes y a explicarles las enmiendas de su partido a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dación en pago.
   Un día antes, era la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que padecía el acoso en su domicilio particular por parte de un numeroso grupo de activista de la PAH para pedirle que apoye la citada ILP, un acto de protesta que se enmarca en la campaña 'Hay vidas en juego' puesta en marcha por la citada plataforma.
   A raíz de este incidente, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, reiteró su condena de estos que considera "inaceptables en democracia", además de "ilegítimos, injustos e inútiles".
 "Por  encima de todo está el respeto a las reglas del juego democrático, la legalidad vigente y la esencia del sistema representativo que nos hemos dado, recogida en la Constitución de 1978", argumentaba Alonso.
   Entre los afectados, además de la 'número dos' del Ejecutivo, figuran los diputados valencianos Esteban González Pons e Ignacio Gil Lázaro, los catalanes José Ignacio Llorens, Antonio Gallego y Concepción Veray, y las madrileñas Eva Durán y Belén Bajo.
   Alonso resaltaba que resulta "absolutamente inútil" pretender que se puede obtener un éxito "coaccionando o presionando de manera ilegítima" a los diputados de un partido que "nunca" ha cedido a ningún tipo de presión y confirmaba que  la mayoría de los más de una docena de diputados del PP que sido víctimas de estos acoso ya han presentado denuncia o lo hará en las próximas horas en la comisaría del Congreso.
   No obstante, la presión de los activistas antidesahucios no tiene visos de cesar. De hecho, la PAH de Vizcaya tiene previsto realizar este martes un 'escrache' ante la sede del PP en Bilbao para exigir un cambio de la ley hipotecaria en favor de la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios.

Un juzgado de Valencia estudiará el escrache a González Pons tras la inhibición del juzgado de Madrid

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid se ha inhibido en favor de los juzgados de Valencia en relación a la denuncia por escrache presentada por el diputado del PP, Esteban González Pons, el pasado 21 de marzo, según han informado hoy fuentes judiciales.

   Entre las razones de esta inhibición se encuentra el hecho de que el escrache de la plataforma 'Stop Desahucios' tuvo lugar en el domicilio de González Pons en Valencia pese a que el dirigente 'popular' presentó la denuncia en la Comisaría de Policía del Congreso de los Diputados en Madrid.  
   Fue el 26 de marzo cuando por reparto recayó la causa sobre este Juzgado número 37. Según informaron entonces las mismas fuentes consultadas indican la denuncia presentada por Pons no figuran identificados los autores de las supuestas coacciones sufridas durante el escrache.  
   El vicesecretario de Estudios y Programas del PP presentó su denuncia después de que varios miembros de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraran ante su casa de Valencia e intentaran hacerle llegar una carta en la que explican su situación.
   Pons afirmó que varias personas entraron dentro del portal de su residencia, subieron hasta la casa y estuvieron "aporreando la puerta durante 45 minutos".

El Gobierno francés obliga a sus ministros a publicar su patrimonio

PARÍS.- Los ministros del Gobierno de Francia deberán hacer público su patrimonio antes del próximo 15 de abril, en un gesto de transparencia con el que el Ejecutivo responde al escándalo en torno al antiguo secretario de Estado de Presupuestos Jérôme Cahuzac.

   El primer ministro, Jean Marc Ayrault, ha coordinado con los ministros y "bajo la autoridad del presidente de la República", François Hollande, una serie de medidas para "asegurar la transparencia completa del patrimonio de los responsables políticos y de sus colaboradores", según un comunicado difundido por el Gobierno.
   Las nuevas medidas serán objeto de discusión en el Consejo de Ministros, pero ya se ha confirmado que "las declaraciones de patrimonio de todos los miembros del Gobierno serán publicadas desde hoy y hasta el 15 de abril".
   Estos documentos se adjuntarán a las "declaraciones de intereses" ya publicadas en la página web de la Administración y en las que se recogen, entre otras cuestiones, aspectos profesionales, financieros e incluso familiares de los ministros.
   El Gobierno de Ayrault, bajo la batuta de Hollande, aspira a castigar con "más contundencia" las irregularidades en materia económica que puedan cometer los miembros del gabinete, así como a vigilar y aplicar "reglas de deontología y probidad". Quiere, además, "reforzar la lucha contra el fraude y los paraísos fiscal".
   El primer ministro recibirá el jueves a los presidentes de las cámaras parlamentarias y a los responsables de los grupos políticos en estos órganos para recoger sus "propuestas" y "reacciones" a las medidas del Ejecutivo, de cara a la aprobación en el Consejo de Ministros el 24 de abril.
   El Gobierno llevará a cabo de esta forma una de las grandes promesas de Hollande en aras de la transparencia, mientras trata de mejorar una imagen dañada en las últimas semanas por el escándalo Cahuzac, que reconoció tener una cuenta sin declarar en Suiza.
   Cahuzac dimitió el pasado 19 de marzo tras la apertura de una investigación judicial a causa de las denuncias presentadas tres meses antes por el portal de noticias Mediapart.
   Tras conocerse la existencia de dicha cuenta en Suiza, el presidente de Francia, François Hollande, consideró que se trataba de un "ultraje a la República" y aseguró que la justicia va a actuar "hasta el final y con total independencia" y que los altos responsables del Estado que sean condenados por fraude y corrupción quedarán "inhabilitados para cualquier cargo público".
   El periódico 'Líbération' ha publicado una información en la que acusa al ministro de Exteriores, Laurent Fabius, de tener cuentas en Suiza. El jefe de la diplomacia gala ha dado instrucciones a su abogado para que emprenda medidas legales contra lo que ha tachado de "informaciones falsas y calumniosas".

España quiere "dejar de jugar" con las cosas de comer

MADRID.- "Con las cosas de comer no se juega" es una frase hecha que los padres españoles dicen a sus hijos para evitar que tiren la comida, pero también resume la ambiciosa y difícil iniciativa del Gobierno para reducir el despilfarro de alimentos desde el origen hasta los hogares de la España de los seis millones de parados.

La reciente eliminación de la fecha de caducidad de 28 días para los yogures, dejando que cada fabricante marque una fecha de consumo preferente para su producto, supone el primer paso importante del Gobierno español en una tarea que incluye una amplia revisión de multitud de normas y prácticas para limitar el desperdicio de alimentos a la mitad para 2020.
Entre productores agrícolas y ganaderos, intermediarios, distribuidores y consumidores se desperdician cada año en España alrededor de ocho millones de toneladas de comida, lo que lo convierte en el sexto país europeo que más alimentos desperdicia, según datos del Parlamento Europeo.
Entre otras cuestiones, la estrategia del Gobierno, que pretende reducir a la mitad ese desperdicio para 2025, abre ahora la puerta a revisar los estándares de calidad del aspecto exterior, el calibre y la forma de los productos, pero desde el sector primario se acoge con cautela una iniciativa que por el momento sólo muestra buenas intenciones.
"Consideramos la estrategia positiva en general. Es una buena y necesaria declaración de intenciones de un plan de trabajo a tres años (...) que veremos cómo se puede hacer", dijo Carlos Mateos, responsable técnico de la coordinadora de organizaciones agrícolas y ganaderas COAG.
Andrés Góngora, de 36 años, tiene un terreno agrícola de 1,5 hectáreas en la turística comarca almeriense de Níjar que explota su familia desde hace tres generaciones.
Góngora produce al año entre 150.000 y 180.000 kilos de tomates, pero tiene que deshacerse de entre un 5 y un 20 por ciento cada campaña debido a los descartes que imponen sus compradores por la apariencia del producto.
"Si la norma dice que el tomate debe ser rojo y redondo, todos deben ser así, pero no todos en la plantación salen así", dijo Góngora.
Las pérdidas en origen, junto con los procesos de transformación del alimento, suponen un 39 por ciento del total de alimentos desperdiciados en Europa.
La actividad agraria produce pérdidas de forma natural al depender de la meteorología, pero el sector primario dice que muchas de ellas se deben a que nunca está asegurada la venta de su producción por las fluctuaciones del precio y, para evitarlo, piden contratos más estables con los intermediarios.
Góngora dijo que en esta campaña, de octubre a marzo, le han pagado a entre 60 y 30 céntimos el kilo de tomate, frente a los casi dos euros el kilo a los que su producto se puede vender en una tienda de Madrid.
La estrategia española también busca que se reutilicen los subproductos no destinados a consumo humano -que podrían reconvertirse en fertilizante o en otras materias primas para otras industrias-, y a identificar normas que impiden reutilizar los productos no comercializables, lo que abriría la puerta a que ONG o los bancos de alimentos puedan abastecerse directamente de estos excedentes alimentarios.
Pero el problema para las ONGs y los bancos de alimentos es de índole logística ¿Cómo transportar y almacenar en buenas condiciones grandes cantidades de alimento fresco con el que paliar el hambre de los más necesitados, a veces a cientos de kilómetros de los centros de producción?
"Sólo el coste de distribución y logística a un montón de pequeñas ONG es imposible ¿Qué sería viable? La transformación de productos en la propia explotación (...) que ese producto transformado, pelado, o triturado en botes, ya tiene una conservación de más días", dijo José Manuel Delgado Pérez, del gabinete técnico de la unión de agricultores UPA.
Aunque las tensiones y el debate en torno a los desperdicios suelen aflorar en los primeros eslabones de la cadena alimentaria, la mayor parte del despilfarro, un 42 por ciento, se produce en el final de la cadena: los consumidores. La principal causa del desperdicio son las sobras de las comidas, seguida de una mala conservación.
"Hay que combatir el derroche de los bienes de primera necesidad, especialmente en los escenarios de crisis económica", dijo el ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en la presentación de la estrategia el martes.
Algunas organizaciones de consumidores se muestran críticas por el oportunismo de la estrategia en un momento en que la opinión pública está extremadamente sensibilizada con el aumento de la pobreza.
"Hasta que no han sido nuestros iguales los que rebuscan en la basura de los supermercados no se ha hecho nada", dijo Ana Echenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU.
En su vertiente hacia los consumidores, el plan prevé la elaboración de guías y campañas de sensibilización, aunque el propio ministro dijo que la estrategia carece de una gran vocación normativa y fomenta la autorregulación.
La patronal de fabricantes y distribuidores AECOC ya inició el año pasado un proyecto para que toda la cadena colabore en reducir el desperdicio de alimentos.
El sector de la distribución, que engloba a las tiendas y superficies de venta, sólo supone un escaso 5 por ciento del desperdicio total, aunque participa activamente en la solución de este problema al ser consciente de la imagen negativa que puede proyectar este desperdicio.
"Creo que en las diferentes reuniones con la administración hemos hecho algunas sugerencias interesantes para intentar que ese desperdicio se reduzca todavía más, sobre todo en las circunstancias que nos encontramos. Nosotros vamos a continuar en la misma línea y contribuir a que Dia reduzca ese desperdicio", dijo el consejero delegado de la distribuidora DIA tras presentar sus resultados de 2012.

Los españoles pierden la paciencia con la corrupción

MADRID.- Cuando el escándalo de corrupción por el "caso Gürtel" se extendió al Partido Popular, en el poder en España, por los papeles atribuidos a su antiguo tesorero, la atención se volvió hacia el Tribunal de Cuentas, un órgano poco conocido que audita el gasto de las instituciones públicas.

Esta institución independiente, que tiene un presupuesto anual de 61 millones de euros y 800 trabajadores, debería poder arrojar luz sobre las alegaciones de supuestas donaciones y sobresueldos irregulares en el PP recogidos en los papeles atribuidos a su ex tesorero y gerente Luis Bárcenas.
Sin embargo, se ha visto que al tribunal le falta garra. Solo el refuerzo de su personal en 2012 le permitirá ponerse al día este año con sus auditorías de las cuentas de los partidos, que acumulan un retraso de cuatro ejercicios. Ese retraso podría suponer incluso que las posibles irregularidades hayan prescrito.
El presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, ha prometido mejorar su funcionamiento, pero varios empleados han demandado al pleno que integran sus 12 consejeros nombrados por el Parlamento, protestando por un proceso politizado de contratación que dicen socava su independencia.
El funcionamiento decepcionante del tribunal, la frustración por retrasos de hasta 14 años en juzgar casos de corrupción y varios escándalos que han afectado tanto al PP como al Partido Socialista y al principal grupo político catalán, Convergència i Uniò han mostrado la debilidad de las instituciones.
La legislación española, por ejemplo, no regula el funcionamiento de los grupos de presión, algo que sí ocurre en la mayor parte de los países desarrollados. Además, España, junto con Bielorrusia, es el único país que carece de una ley de transparencia, aunque estas leyes no siempre dan la información esperada por los ciudadanos.
La financiación de los partidos sigue siendo opaca a pesar de algunas reformas. El Consejo de Europa y la ONG Transparencia Internacional han recomendado en repetidas ocasiones que España refuerce el funcionamiento del Tribunal de Cuentas para que pueda controlarlos mejor.
"Hoy, cuando un inversor busca un lugar para situar sus capitales se fija en la calidad institucional del país. España carece de al menos dos de los 'benchmark' (puntos de referencia) habituales: una ley de transparencia y un órgano de estabilidad fiscal", dijo John Muller, director adjunto del diario El Mundo.
Las posibles consecuencias de lo que Muller llama "déficit institucional" son un deterioro del clima de inversión empresarial, o incluso una fragmentación del Gobierno al estilo italiano al aumentar la división política.
"Desde que empezó la crisis económica, la confianza pública en el Parlamento, en el gobierno local, en todas las administraciones públicas ha caído", dijo José Pablo Ferrándiz, vicepresidente de la empresa de sondeos Metroscopia.
"La confianza en las instituciones ha caído a niveles preocupantes, no alarmantes, pero preocupantes", agregó, y destacó que la intención de voto a PP y PSOE es cada vez menor.
La corrupción se ha convertido en la segunda causa de preocupación de los españoles en las encuestas solo detrás del paro, inquietud número uno de los españoles y que está en un alarmante 26 por ciento.
En otra señal de la impaciencia de los ciudadanos, las reclamaciones al Defensor del Pueblo - sobre instituciones diversas como bancos o administraciones públicas - se han disparado un 36 por ciento.
Y a las numerosas protestas del año pasado en las calles por los fuertes recortes públicos - que han llegado a áreas muy sensibles como la educación y la sanidad, mientras el Gobierno trata de reducir el déficit público para cumplir los objetivos pactados con la Unión Europea -, se unen los "escraches", o concentraciones ante las viviendas de los políticos del PP para protestar contra los desahucios.
"La ineficacia y la corrupción alimentan la indignación", dijo un informe de Transparencia Internacional de 2012 sobre el aumento del movimiento de protestas en Grecia, Italia, Portugal y España.
España se sitúa en el trigésimo lugar en el índice anual de corrupción que elabora TI. Solo Portugal e Italia están por detrás en Europa occidental.
Además del descontento creciente de los votantes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afronta la presión de sus socios europeos, que piden más transparencia a cambio del rescate de 41.000 millones de euros para los bancos españoles con problemas.
Rajoy ha anunciado que establecerá un nuevo órgano de supervisión presupuestaria para controlar mejor el gasto público, ante la petición de Bruselas.
Rajoy, cuya credibilidad se ha visto perjudicada por el "caso Bárcenas", prometió presentar una ley de transparencia en sus 100 primeros días en el cargo que ahora está debatiéndose en el Congreso de los Diputados.
"Tendremos una de las leyes de transparencia y anticorrupción más fuertes del mundo", aseguró José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y uno de los arquitectos de la ley.
Ayllón dijo que la ley, así como otras que han propugnado, acelerarán los procesos judiciales en los casos de corrupción, aumentarán las condenas, regularán los grupos de presión y obligarán a los partidos, sindicatos y otros organismos a responder a las peticiones de información de los ciudadanos.
Pero sus detractores mantienen que se seguirán quedando cortas.
Mar Cabra, una periodista de investigación y activista en cuestiones de transparencia, dijo que la familia real, afectada por la imputación de la infanta Cristina, debería estar incluida en la nueva ley de transparencia, como ya está negociando con el Gobierno.
El Rey, que es el jefe del Estado, no tiene obligación de informar de sus encuentros con dirigentes empresariales extranjeros o de quién paga sus viajes al exterior. España tiene que construir toda una cultura de la transparencia, aseguró, porque la gente ni siquiera sabe que tiene derecho a pedir información.
"'Accountability' (que es como rendir cuentas). En español ni siquiera tenemos una palabra para definirlo".
"En Estados Unidos puedes saber quién paga cada anuncio político simplemente apuntando una aplicación del 'smartphone' a la tele", dijo Cabra. "En España eso es ciencia ficción".