domingo, 10 de febrero de 2013

El PP aventajaría al PSOE en cinco puntos pero sufre un fuerte descenso

MADRID.- El Partido Popular ganaría las elecciones en caso de celebrarse ahora, aunque con un fuerte descenso sobre el resultado que le llevó al poder hace poco más de un año, según un sondeo publicado el domingo, en medio de una profunda crisis económica y de un escándalo de corrupción que ha salpicado incluso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El PP obtendría un 33,5 por ciento de los votos, 11 puntos menos que el 44,6 con el que Rajoy logró la mayoría absoluta en noviembre de 2011, aunque un 5,3 por ciento más que el apoyo que recibiría el Partido Socialista, de acuerdo con el sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo.
Este sondeo, elaborado jueves y viernes, recoge ya el impacto del escándalo desatado por los llamados "papeles de Bárcenas" publicados hace 10 días por el diario El País y atribuidos al ex contable y gerente del PP Luis Bárcenas, en los que aparece una supuesta contabilidad oculta de la formación de centroderecha desde 1990 a 2009.
Bárcenas ha negado la autoría de esos documentos y los dirigentes del PP, Rajoy incluido, han rechazado que hubiera donativos y pagos irregulares, pero el escándalo ha alimentado el enfado de los ciudadanos con los políticos ante los numerosos casos de corrupción, en un país en el que uno de cada cuatro trabajadores está en el paro.
De hecho, un 78 por ciento de los encuestados cree que el PP manejaba dinero negro - hasta un 57 por ciento de los votantes de este partido -, y un 48,5 por ciento cree que Rajoy debería dimitir, como ha solicitado el líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Y es que un 67 por ciento dice no creer al presidente del Gobierno cuando hace una semana negó por primera vez haber recibido ni repartido dinero negro - aunque esta opción solo recibe el apoyo del 14,1 por ciento de los votantes 'populares'.
En un intento de frenar el descontento de los ciudadanos, Rajoy dio a conocer el sábado sus declaraciones de la renta y de patrimonio desde 2003, al día siguiente de que el partido publicara sus cuentas de 2008 a 2011, pendientes aún de fiscalizar por el Tribunal de Cuentas.
El partido también ha anunciado una auditoría externa de sus cuentas, aunque todavía no ha decidido a quién encargará esta labor.
Casi el 70 por ciento de los encuestados califica de mala o muy mala la gestión del Gobierno sobre el caso, que también ha perjudicado la imagen de España en el exterior y se ha desarrollado al tiempo que la prima de riesgo ha experimentado un pequeño ascenso y la Bolsa ha bajado, poniendo de manifiesto los nervios que aún persisten en los mercados con respecto al país.
De este modo, el 33,5 por ciento de apoyo al PP equivale al que tenía hace 20 años, mientras que los 16 puntos de ventaja que tuvo sobre el PSOE en las generales de 2011 se han reducido a cinco.
Sin embargo, los socialistas no aprovechan esta insatisfacción popular, puesto que se quedan con el mismo 28 por ciento de apoyo que recibieron hace 14 meses, según la encuesta, y si los ciudadanos tienen muy mala opinión de Rajoy - que recibe una nota de 3,34 sobre 10 - la de Rubalcaba es aún peor, con un 3,23.
El 60 por ciento tiene una imagen mala o muy mala del presidente del Gobierno y del Ejecutivo, en el que todos sus componentes suspenden. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es la mejor valorada, con un 3,97, mientras que la peor es la ministra de Sanidad, Ana Mato - cuyo ex marido está imputado en la trama de corrupción Gürtel en la que también se acusa a Bárcenas -, con un 2,45.
Los grandes beneficiados de esta situación son los otros dos partidos de ámbito nacional, Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia (UPyD). IU sube cinco puntos respecto a noviembre de 2011 y supera ya el 12 por ciento, mientras que el partido de Rosa Díez tendría un ascenso porcentual similar, pasando del 4,7 por ciento al 10, según la encuesta.

En los datos publicados por Rajoy existe un desfase de 82.000 euros en un solo año

MADRID.- Aunque la intención del presidente Rajoy con la publicación de los datos de sus declaraciones de la Renta era la de disipar dudas parece que este acto no va a hacer más que complicarle la vida un poco más.
 
Porque de entre todos los datos publicados destaca un desfase de más de 82.000 euros entre lo que ahora asegura haber cobrado en 2010 del PP (181.00 euros)  y lo que declaró al Congreso (98.225 euros).

Y eso que es el único año en el que se puede hacer esta comparación, ya que la web del Congreso solo enseña los datos de ese año –antes no era obligatorio mostrarlos- y los de 2011 y 2012 no están disponibles. ¿Explicará esta situación? ¿Por qué se le olvidó de esos  15 millones de las antiguas pesetas?

Patrimonio de 1,4 millones

Mariano Rajoy ha declarado un patrimonio valorado en 1,4 millones en 2007, cantidad que representa un incremento del 43,7 por ciento respecto a 2003.

De acuerdo con las certificaciones de la Agencia Tributaria del lustro comprendido entre 2003 y 2007 aportadas por Rajoy y difundidas a través de la página web de La Moncloa, el presidente incrementó la base imponible (valor declarado de los bienes sobre los que se aplica el impuesto) en ese período de 972.316,71 euros a 1.397.292,33 euros.

La liquidación del impuesto revela que Mariano Rajoy casi duplicó el importe a pagar a Hacienda en esos años, ya que en 2003 la cuota a ingresar se elevaba a 4.267,57 euros y a 8.057,99 euros en 2007.

El desglose de la declaración de patrimonio de Mariano Rajoy muestra en el quinquenio 2003-2007 un notable aumento del dinero ahorrado a través de depósitos y otras cuentas bancarias, ya que se cuadruplicó al crecer de 58.604,05 euros a 231.527,83 euros.

Las participaciones en instituciones de inversión colectiva -fondos de inversión o pensiones y sociedades de cartera (SICAV)- representaban la mayor partida patrimonial del presidente del Gobierno en 2003, con un valor declarado de 497.334,52 euros, aunque en 2007 había descendido a 398.533,08 euros, casi el 20 por ciento.

Por contra, en este último ejercicio, el mayor importe reconocido en la declaración de patrimonio de Mariano Rajoy correspondió a bienes inmuebles de naturaleza urbana, con un valor de 434.437,04 euros, el 8,82 por ciento más que los 399.238,17 euros declarados en 2003.

El otro gran epígrafe de la declaración de patrimonio del presidente del Gobierno en 2007 consistía en acciones y participaciones en el capital social o en fondos propios de entidades jurídicas, con 303.076,63 euros. Este detalle no existía en el certificado de la declaración de 2003.

Los desembolsos por primas de seguros de vida efectuados por Rajoy crecieron entre 2003 y 2007 casi un 69 por ciento, al pasar de 12.252,48 euros a 20.702,75 euros.

El apunte de "demás bienes y derechos de contenido económico" no varió en esos años: se mantuvo en 9.015 euros. Además, durante 2005 y 2006, declaró inversiones en deuda pública por un importe ligeramente superior a los 90.000 euros.

Mariano Rajoy dejó el Gobierno presidido por José María Aznar a comienzos de septiembre de 2003, en el que desempeñaba los puestos de vicepresidente primero, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno, a raíz de su elección como secretario general del PP y candidato a la presidencia del Gobierno para los comicios de 2004.

Ese año logró escaño en el Congreso de los Diputados y fue líder de la oposición en la Cámara Baja y presidente de su grupo parlamentario. En octubre, fue elegido presidente del PP en su XV Congreso.

En septiembre de 2007 fue elegido candidato a la presidencia del Gobierno para las elecciones generales de marzo del año siguiente, en las que revalidó su acta de diputado y continuó presidiendo el Grupo Popular del Congreso. 

Un diputado por Murcia propone la dación en pago para quienes ingresan menos de 19.164 euros

MURCIA.- El diputado nacional por Murcia y portavoz de Vivienda en el Congreso, Teodoro García, del PP, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una propuesta "que hace posible, por primera vez, la dación en pago para los colectivos más vulnerables, aquellas personas que están cobrando el paro o que tienen ingresos inferiores a 19.164 euros".

   Según ha explicado, esta medida forma parte de la batería de enmiendas que han presentado los 'populares' al Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, con las que "se busca dar una solución al colectivo más vulnerable de la sociedad, es decir, aquellas personas sin empleo que, además, tienen el riesgo de perder su vivienda".
   En este sentido, ha señalado que "se eleva el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas a tres veces el IPREM, de manera que es posible acogerse a la reestructuración de la deuda hipotecaria, bien con una carencia de amortización de cuatro años; bien reduciendo los tipos de interés al Euríbor + 0'25; o ampliando el pago de la devolución a 40 años", según han informado fuentes 'populares' en un comunicado.
   "También aplicando una quita del 25% del capital pendiente y en su caso, la dación en pago quedándose el deudor en la vivienda mediante contratos de arrendamiento por dos años, para las familias con ingresos inferiores a 19.164 euros y cargas familiares", ha añadido.
   El dirigente 'popular' ha asegurado que estas enmiendas también contemplan medidas para dar "más protección al deudor hipotecario, como la limitación de los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero, con lo que  no superarán el 12 por ciento -cuando hoy en día están entre el 25 y el 29-, con lo que se reducen en más de un cincuenta por ciento".
   Entre otras medidas que dan más protección al deudor se incluye que ahora se exigirá el impago de tres cuotas para poder iniciar la ejecución, cuando en la actualidad con el impago de una es suficiente; que el valor de la vivienda en la subasta no podrá ser en ningún caso inferior al 75% del valor de la tasación fijado en la escritura pública de formalización del préstamo; y que se aumenta del 60 al 70% el porcentaje por el que el banco puede adjudicarse la vivienda.
   Asimismo, cuando el banco se adjudique una vivienda, si quedara deuda pendiente, el capital pendiente se podrá reducir en un 35% si el deudor salda la deuda en los cinco años siguientes, o en un 20% si la salda en los 10 años siguientes.
   El tercer objetivo de las enmiendas del Grupo Popular contempla iniciativas para alcanzar mayor independencia de las entidades de tasación respecto de las entidades financieras, por ejemplo estableciendo un máximo del 10% de la relación de negocio entre las tasadoras y los bancos, y obligando al banco a aceptar la tasación oficial que le presente el cliente, aunque sea de una tasadora distinta, siempre que esté homologada.
   Finalmente, el cuarto objetivo se refiere a medidas para evitar el sobreendeudamiento, como por ejemplo limitar a 30 años el plazo máximo de amortización de una hipoteca sobre vivienda habitual.

Agricultores griegos rechazan la oferta del Gobierno y bloquearán las autopistas

ATENAS.- Los agricultores griegos decidieron hoy ampliar su protesta contra lo que consideran una deficiente respuesta del Gobierno a sus reclamaciones económicas y acordaron bloquear todos los días carreteras y autopistas por espacio de una hora.

Tras una asamblea nacional celebrada en la ciudad de Lárisa (centro de Grecia), el colectivo de los agricultores decidió hoy bloquear con tractores las principales arterias del país, todos los días, entre las 14.00 y 15.00 horas (12.00 a 13.00 GMT).
Según informó la cadena de televisión privada Skai, citando a fuentes sindicales, los agricultores han pedido además una reunión de sus representantes con el primer ministro, Andonis Samarás.
Desde hace dos semanas, miles de agricultores de toda Grecia mantienen una protesta con sus tractores en distintos puntos neurálgicos de las autopistas y carreteras del país.
Con esta manifestación, los campesinos pretenden llamar la atención sobre los elevados precios de la energía, que les ha llevado a una situación de pérdidas; además reclaman los cobros pendientes de Hacienda y de los fabricantes de conservas, que les deben facturas de hasta seis meses.
El ministro de Agricultura, de Agricultura, Azanasios Tsaftaris, que no ha convencido a los agricultores, ha prometido un paquete de medidas inmediatas valorado en 37 millones de euros, que incluye avales para acceder a préstamos del Banco Agrícola o una tarifa especial para la electricidad.
Además se ha comprometido a que se aumentará el reembolso del impuesto sobre el gasóleo y a incrementar del 6 % al 11 % la parte que se les devuelve a los agricultores del impuesto sobre el valor añadido.
También están previstas mejoras para colectivos concretos, como los ganaderos, que recibirán 30 millones de euros para comprar forraje, mientas que las fábricas de conservas de melocotón obtendrán préstamos para pagar los retrasos de hasta seis meses que deben a los productores.
Si bien estas medidas responden a algunas de sus reclamaciones, los agricultores no se han dado por satisfechos y en los últimos días han recordado que tan solo de las devoluciones fiscales de Hacienda hay pendientes de pago 250 millones de euros.

Más de 50.000 personas se manifiestan en Irlanda contra los recortes

DUBLÍN.- Más de 50.000 personas han salido a las calles de las cinco principales ciudades de Irlanda contra los recortes aplicados por el Gobierno irlandés para reducir el déficit, convocados por el Congreso de Sindicatos irlandeses (ICTU), que eleva la asistencia a las manifestaciones por encima de las 110.000 personas.

   La mayor de las manifestaciones ha tenido lugar en Dublín, la capital, donde al menos 25.000 personas han protestado contra las políticas de austeridad impulsadas por el Gobierno conservador, liderado por el 'taoiseach', Enda Kenny.
   Los sindicatos han asegurado que más de 110.000 personas han secundado las protestas en total en Dublín, Cork, Galway, Limerick y Waterford, así como en la pequeña localidad portuaria de Sligo. No obstante, el balance realizado por las autoridades locales y la Policía reduce la asistencia a las manifestaciones a alrededor de 50.000.
   Bajo el lema 'Levanta la carga: trabajo, no deuda', el secretario general del ICTU, David Begg, ha exhrotado a los irlandeses a protestar contra las instituciones europeas contra los recortes y ha deplorado la carga impuesta a los contribuyentes en forma de aumento generalizado de los impuestos y recortes sociales para disminuir la deuda irlandesa.
   Begg ha elogiado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno irlandés y la 'troika' para reestructurar la deuda del país, aunque ha enfatizado que Irlanda está lejos aun de resolver la crisis financiera y que la austeridad es todavía "insostenible" e "injusta", según ha recogido la cadena estatal RTé.
   El interés del bono irlandés a diez años en los mercados secundarios descendió este jueves hasta el 3,952%, su nivel más bajo desde marzo de 2007, después de que el Gobierno llegará a un acuerdo con el Banco Central Europeo (BCE) sobre el nacionalizado Anglo Irish Bank, que reducirá el coste del rescate de la entidad.
   Kenny ensalzó ante la Cámara Baja del Parlamento irlandés el "histórico" acuerdo con el Banco Central Europeo (BCE) para reestructurar la deuda del nacionalizado Anglo Irish Bank que reduce en 20.000 millones de euros durante la próxima década el coste financiero para Irlanda del rescate de la entidad.

El 15-M se une a médicos, profesores y grupos de izquierda en una gran movilización contra el Gobierno el 23-F

MADRID.- El movimiento 15-M, las mareas en defensa de la educación y la sanidad pública y partidos como Equo o Izquierda Anticapitalista se han unido para convocar, junto con casi medio centenar de organizaciones más, una gran movilización el próximo 23 de febrero para protestar contra el Gobierno y las medidas que está aplicando, contra la corrupción y contra "el golpe de Estado de los mercados", así como para exigir "una verdadera democracia".

   Las concentraciones del próximo 23-F pretenden ser la suma de las voces de todos los colectivos que por separado ya han mostrado su rechazo a las políticas del Gobierno, como son la Marea Verde en defensa de la educación pública; la Blanca en defensa de la sanidad; la Coordinadora 25S, organizadora de las protestas en los alrededores del Congreso; la Asociación Democracia Real Ya; la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); o las diferentes vertientes regionales del Movimiento 15M, entre otras.
   En lo que a partidos se refiere, además de Equo e Izquierda Anticapitalista, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha confirmado el apoyo de su formación a las protestas, en las que habrá, según han informado fuentes de la formación, una "amplia representación" de la coalición de izquierdas.
   'No al golpe de Estado financiero. No debemos, no pagamos', es uno de los lemas acordados por los más de 50 colectivos de toda España que desde diciembre organizan las movilizaciones, que tendrán lugar precisamente el 23 de febrero, día en que se cumplen 32 años del intento de golpe de Estado del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero.
   "En 1981 la ciudadanía salió a la calle a expresar su rechazo rotundo al golpe de estado militar. Hoy, 32 años después, saldremos a la calle a defender nuestros derechos y rechazar los recortes y las brutales políticas de ajuste con las que se canalizan fondos para satisfacer la avaricia de los mercados financieros y políticos corruptos", reza el manifiesto difundido por la plataforma 'Marea Ciudadana', a través de la que se están coordinando los organizadores.
   En Madrid, donde se prevé que tenga lugar la más multitudinaria de las protestas, el recorrido contará con cuatro puntos de inicio --la Puerta del Sol, Embajadores, Puente de Vallecas y Colón--, desde donde saldrán a las 16.30 horas cuatro marchas diferentes que confluirán en Neptuno --Plaza de Cánovas del Castillo-- a las 18.00 horas aproximadamente.
   De este modo, los alrededores del Congreso de los Diputados volverán a ser una vez más escenario de protestas, si bien esta vez, a diferencia de las anteriores, algunos de los colectivos organizadores como Izquierda Anticapitalista, Equo y 'Asamblea contra la impunidad de los crímenes del franquismo' sí tienen intención de comunicar a la Delegación del Gobierno en Madrid sus intenciones.
   El resto de organizadores, aunque no sean partidarios de informar a la Delegación, respetan su decisión y hasta han acordado que en el caso de que se impongan sanciones, estas serán asumidas "colectivamente".
   Según ha explicado el portavoz de Izquierda Capitalista, Raúl Camargo, su intención es comunicar tanto las cuatro marchas que saldrán a las 16.30 horas desde los citados cuatro puntos, como la concentración posterior en Neptuno, que se extenderá hasta las 20.00 horas.
   Asimismo, Camargo ha destacado la importancia simbólica que tiene el hecho de culminar las marchas en Neptuno, ya que es en el Congreso donde, a su juicio, "se está produciendo el golpe de los mercados". 
"Es allí dónde se está dando, aunque los golpistas no están metidos dentro", ha matizado.
   "Queremos que la marea se acabe convirtiendo en un tsunami que acabe derribando al Gobierno y también a la influencia de los bancos y los mercados en la vida de las personas. Hace falta que la justicia sea el parámetro que rija la vida política del país y no la corrupción, la estafa, el robo y el enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de la mayoría", ha sentenciado Camargo.
   En esta misma línea, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y miembro de la Coordinadora 25S, Tatiana Roeva, ha insistido en que la idea es que salga todo el mundo a la calle "para que vean que el pueblo no está de acuerdo con la política del Gobierno".
   "Aunque cada colectivo pueda tener reivindicaciones propias, el enemigo es común. Todos tenemos que hacer frente a los golpes del mercado", ha asegurado Rosa, una de las integrantes de la Asociación Democracia Real Ya.
   Además de la protesta en Madrid, otros colectivos con base en otras ciudades españolas también se han sumado a la iniciativa y han convocado concentraciones y marchas para que los que no puedan desplazarse hasta Madrid muestren también su rechazo al "golpe de los mercados".
   Vigo, Pontevedra, Orense --donde los manifestantes protestarán frente a las sedes del PP y el PSOE--, Oviedo, Logroño, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Teruel, Alicante, Albacete, Hueva, Sevilla, Granada o Lanzarote son algunas de las ciudades en las que ya se han convocado protestas.

Carlos Fabra dice que le "sorprende" que le imputen cohecho

CASTELLÓN.- El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha asegurado este domingo que le "sorprende" que le imputen el delito de cohecho en relación al 'caso Naranjax' porque --ha dicho-- "no lo he hecho pero, aunque hubiese querido hacerlo, tampoco hubiera podido hacerlo, ya que la Diputación jamás ha tenido facultades en materia fitosanitaria".

   Fabra ha realizado estas declaraciones a los medios al ser preguntado sobre la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) de remitir las actuaciones en relación con el 'caso Naranjax' que afecta a Carlos Fabra al juez de Instrucción de Nules para que "con absoluta libertad de criterio" dicte un nuevo auto de apertura de juicio oral en el que se concreten las personas contra las que se abre la causa, los delitos que se le imputan y el tipo de procedimiento, "teniendo en cuenta las reglas de conexión delictiva".
   Carlos Fabra ha afirmado que no hará ninguna valoración al respecto "hasta que no tenga la resolución del Tribunal Supremo" porque, "como viene ocurriendo sistemáticamente en este país, la representación procesal de la persona interesada, como son mis abogados y procuradores, todavía no se han enterado cuando ya los periódicos que han publicado la noticia han envuelto el pescado de ayer y de anteayer".
   En este sentido, ha apuntado que le parece una "falta de respeto importante" con los ciudadanos, "aunque en este caso los autos no nos sean favorables", y ha insistido en que sigue pensando que es inocente, "pues, tal y como he dicho desde el primer día, es todo un montaje y mi abogado y yo trabajaremos para demostrar que todo esto no es así".
   "Me sorprende que me imputen cohecho, pues no lo he hecho, pero, aunque hubiese querido tampoco lo hubiera podido hacer, ya que la Diputación jamás ha tenido facultades en materia fitosanitaria", ha destacado el expresidente de la Diputación, quien ha apuntado no entender "esa insistencia salvo que persigan otras cosas".
   La resolución del Tribunal Supremo, acordada "por unanimidad" de la Sala, responde a los tres recursos de casación planteados por la Abogacía del Estado, Ministerio Fiscal y Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, contra el auto de la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón que, en mayo de 2012, declaró la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, tras haber resuelto previamente otro tribunal de este órgano, la sección segunda, que los hechos imputados al expresidente provincial del PP no eran constitutivos de un delito de cohecho.
   Así, el TS ha decidido la remisión de las actuaciones, por el conducto de la Audiencia Provincial de Castellón, al juez de Instrucción de Nules, "para que con absoluta libertad de criterio dicte nuevo auto de apertura de juicio oral con expresión de las personas contra las que se abre y de los delitos que se les imputan, concretando el tipo de procedimiento teniendo en cuenta las reglas de conexión delictiva", según informó el alto tribunal en una nota de prensa.
   La decisión revisada es la de declaración de nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, que obligaba al instructor de Nules a redactar otro en el que se concreten los delitos sobre los que debe seguirse la causa y sobresea los que no lo son.
   Todo este embrollo procesal tiene su origen en el recurso que la defensa de Carlos Fabra presentó contra un auto en el que se basó el juzgado de Nules para determinar la apertura de juicio contra su patrocinado, su exmujer y otros dos acusados, con la descripción de hechos que las acusaciones calificaron con posterioridad como cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.
   El juzgado de Nules, sin esperar a conocer la decisión del recurso de los imputados y al haber dictado ya el auto de apertura del juicio oral, remitió el 20 de abril el procedimiento completo a la Audiencia Provincial, que fue turnado a la sección primera. Esta sala acordó, con carácter previo a cualquier otro trámite, esperar a lo que resolviera la sección segunda respecto del recurso de apelación, y esta segunda sala excluyó el cohecho.
   La pena aparejada a ese delito podría alcanzar los seis años de prisión, por lo que, al excluirse, la competencia para el enjuiciamiento de la causa no sería de la Audiencia sino del juzgado de lo penal por el resto de acusaciones.
   El recurso del Ministerio Público se presentó por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e infracción de ley. Respecto a la primera cuestión, la Fiscalía entendía que la Audiencia Provincial acordó una nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral elevado por el juzgado de instrucción, decretando el sobreseimiento respecto del delito de cohecho, una situación procesal que, a juicio del ministerio público, generaba "indefensión, puesto que se adoptó sin dar audiencia ni al fiscal ni al resto de las partes".
   Además, el fiscal planteaba recurso por infracción de ley, ya que consideraba que los hechos que se describen en el auto de apertura de juicio oral son "constitutivos del delito de cohecho, y no de tráfico de influencias, como lo califica la Audiencia Provincial en un auto anterior".
   La decisión de Sección Segunda de la Audiencia castellonense se fundamentaba en que el cohecho exige que la actuación pretendida de la autoridad o funcionario público y ofrecida por éste sea "en el ejercicio de su cargo". Al respecto, defendía que el hecho de que "alguien, abusando de su cargo y fuera de las competencias del mismo, vaya constantemente investido de tal y lo pueda utilizar para alcanzar contactos que de otra manera no podría conseguir como privado sería tráfico de influencias, pero no cohecho".

La Ley de Transparencia española entra en una fase clave

MADRID.- La futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno entrará la próxima semana en una fase clave porque, a las nuevas comparecencias de expertos que el martes acogerá la Comisión Constitucional del Congreso, se suma la reunión que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, mantendrá con los distintos grupos parlamentarios para conocer sus iniciativas en este sentido.

   Y, de nuevo, al igual que lo expuesto por los primeros expertos que desfilaron por el Congreso hace unos días, los dos de la ONG Transparencia Internacional, volverá a estar encima de la mesa la demanda de que la Casa del Rey y los partidos políticos también están sometidos a la norma, una petición que comparten varios grupos parlamentarios.
   El Gobierno de Mariano Rajoy no incluyó a los partidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia pero, a raíz de la polémica suscitada por las actividades del extesorero del PP Luis Bárcenas, la propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría abrió la puerta al sometimiento de las formaciones políticas, si así lo acordaran entre ellas. Ahora bien, lo que dejó claro el Ejecutivo es que no ocurrirá los mismo con la Casa del Rey.
   Los 'populares' defienden que dado que Zarzuela se nutre de la Administración Pública y ésta va a estar dentro del ámbito de aplicación de la futura norma por ende, la Corona ya estará también  afectada "en la inmensa mayoría" de sus actuaciones.
   De momento, el martes continuará el desfile de expertos por la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, donde comparecerá el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, una presencia que ha sido solicitada por el PP.
   La cita con Álvarez de Miranda, que es quien mejor conoce las finanzas de los partidos políticos, ha cobrado especial relevancia al intensificarse las demandas para incluir en la Ley de Transparencia a los partidos políticos, que son entidades privadas pero sujetas a fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.
   En la misma sesión también acudirá al Congreso María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, una entidad de la que forman parte varios de los 'lobbies' más influyentes y cuyo testimonio han solicitado varios grupos.
   También el martes, los diputados podrán escuchar a dos profesores: Emilio Guichot Reina, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, y Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
   Los grupos parlamentarios han propuesto la comparecencia de más de 40 expertos, pero están dispuestos a renunciar a algunos en aras de agilizar este trámite y no demorar la discusión sobre la futura Ley de Transparencia, que el Gobierno pretende esté aprobada antes del verano.
   De hecho, según avanzó el viernes Sáenz de Santamaría, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ya tiene previsto mantener un primer encuentro con los ponentes de los distintos grupos parlamentarios encargados de la tramitación de la Ley de Transparencia la próxima semana para abordar las enmiendas y "conocer" sus propuestas en este sentido.

Turismo Valencia gastó "al menos" 1,47 millones en jornadas del Instituto Nóos

VALENCIA.- EUPV ha desvelado este domingo que las cuentas de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) recogen gastos efectivamente realizados de "al menos 1.479.930 euros" en las Valencia Summit, las jornadas sobre la repercusión de los eventos deportivos organizadas por el Instituto Nóos que presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

   Así lo ha indicado el diputado de la formación Ignacio Blanco tras tener acceso a las cuentas de Turismo Valencia, que él mismo dará a conocer públicamente este lunes junto al concejal de EU en el Ayuntamiento de Valencia Amadeu Sanchis, y que muestran una cifra de gastos "superior a la que hasta ahora teníamos conocimiento, sin descartar que el importe total podría ser incluso bastante superior".
   En un comunicado, EUPV ha señalado que la fundación, creada en 1991 para impulsar el turismo como motor económico de la ciudad, presentaba en 2011 un balance de 5.415.935 euros, más de un millón menos que el ejercicio anterior (6.536.788 euros en 2010).
   Para Sanchis, los datos a los que ha tenido acceso EUPV "no sólo evidencian que la principal aportación de dinero es del Ayuntamiento sino que, además, se ha hecho utilizando el sistema de una fundación para así tratar de evitar la tarea de fiscalización que la oposición debe realizar en todo momento". Ha lamentado que el acceso a las cuentas "se haya tenido que hacer a través de una investigación parlamentaria y no, como sería lo normal al tratarse de dinero público, con la entrega de las mismas de forma regular a la oposición".
   La formación de izquierdas ha insistido en que "los grandes eventos, en particular la Copa del América, pero también la estrategia del fomento del turismo en Valencia, se han hecho de una forma absolutamente contraria a cómo debe utilizarse el dinero público".
   "Se hacía a través de una promoción de la ciudad basada en actividades elitistas y excluyentes de la mayoría de la población y que, al final, han supuesto que la inversión de la Fundación TVCB haya estado muy por encima de los logros conseguidos", ha agregado el edil, quien ha lamentado que Valencia "sigue sin tener una política turística sostenible en el tiempo".

El PSE apartará "automáticamente" de sus cargos a los acusados por corrupción

BILBAO.- El PSE-EE ha aprobado en su VII Congreso la propuesta de crear una Sala Especial de la Audiencia Nacional (AN) que tramite todos los casos relativos a la corrupción, como garantía de mayor celeridad e independencia judicial. Asimismo, propone impulsar los cambios internos oportunos para se "aparte automáticamente" de su responsabilidad a cualquier cargo orgánico o institucional con acusación firme por un caso de corrupción.

   El Pleno del Congreso socialista que se celebra este fin de semana en Bilbao ha aprobado las tres resoluciones presentadas este pasado sábado por Patxi López sobre empleo, ética democrática y modelo territorial.
   En la que se refiere a ética democrática, el PSE propone impulsar los cambios internos oportunos para se "aparte automáticamente" de su responsabilidad a cualquier cargo orgánico o institucional con acusación firme por un caso de corrupción, cuando ésta cuente, al menos, con el criterio favorable de la Fiscalía.
   Asimismo, recoge la propuesta de crear una Sala Especial de la Audiencia Nacional que tramite todos los casos relativos a la corrupción, como garantía de mayor celeridad e independencia judicial.
   Otras de las medidas aprobadas son la publicación en la web de los Presupuestos de ingresos y gastos y las liquidaciones, una vez que las apruebe el Comité Nacional, así como la ampliación de competencias de la Comisión de Ética del PSE-EE.

Rubalcaba propone prohibir los donativos de empresas a partidos políticos

BILBAO.- El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció el domingo que propondrá al resto de partidos políticos cambiar la legislación para impedir a las empresas hacer donaciones a los partidos, como parte de un paquete de medidas contra la corrupción ante los numerosos escándalos que han indignado a los ciudadanos.

Entre las propuestas del líder del principal partido de la oposición para prevenir la corrupción, destacó la creación de una oficina antifraude o unidad de asuntos internos.
Esta oficina estaría integrada "por un conjunto de hombres de negro que puedan entrar en los despachos de las administraciones, aleatoriamente y por sorpresa", dijo durante su intervención en el acto de clausura del congreso de los socialistas vascos celebrado en el Palacio Euskalduna, de Bilbao.
Además, propuso trasladar a la Audiencia Nacional todos los casos abiertos por corrupción, para "dar el máximo nivel y la máxima celeridad" a esos procesos judiciales.
Rubalcaba considera también necesario para prevenir la corrupción que se castigue "no sólo al que corrompe, sino también al corruptor", y planteó "que las empresas que estén involucradas en casos de corrupción no puedan contratar con la Administración".
Finalmente, el máximo dirigente del PSOE reconoció que la Ley de Financiación de partidos políticos no ha funcionado, por lo que propuso reformarla para impedir que las empresas puedan realizar donaciones.
En la actualidad, la ley prohíbe las donaciones de empresas públicas y de las privadas que presten servicios a las administraciones públicas, así como de sus filiales.
En referencia a la publicación de las declaraciones de la renta por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que "ese no es el tema".
Corresponde "que (Rajoy) diga la verdad", afirmó, y la crisis "política y moral" que vive España por "el estadillo de un caso de corrupción" sólo se solucionará el día que explique "qué ha pasado en la financiación del PP en los 20 años que Bárcenas fue tesorero".
La publicación por parte del diario El País de una supuesta contabilidad oculta del PP desde 1990 a 2009 atribuida a su ex tesorero Luis Bárcenas - y que él ha negado - ha aumentado el enfado de los ciudadanos ante los numerosos casos de corrupción que afectan a los principales partidos, en medio de una profunda crisis económica que ha dejado a uno de cada cuatro trabajadores en el paro.
Rubalcaba cerró el congreso en el que Patxi López fue reelegido por cuarta vez como secretario general del PSE.

Siete datos que prueban el enriquecimiento de Rajoy

MADRID.-  En la página web de la Moncloa se publicaban las declaraciones fiscales de Rajoy desde 2003, una maniobra con la que intentaba aclarar que nunca cobró en negro. Lejos de despejar las dudas, la publicación de los documentos ha generado otras, ha desmentido las afirmaciones y ha provocado indignación porque los sueldos de Rajoy en la política no son, ni mucho menos, discretos.

Por eso, muchos en las redes sociales se han preguntado enseguida cuánto gana un Registrador de la Propiedad, la profesión que dejó Rajoy, y han mostrado su enfado por los sueldos. Repasamos los puntos más polémicos de los sueldos de Rajoy.


1-. SUELDOS CERCANOS A LOS 200.000 EUROS BRUTOS ANUALES.

Rajoy aseguró que perdía dinero en la política, pero cuesta imaginar cuánto más ganaría fuera de ella. Los documentos aportados reflejan sueldos netos anuales elevados que oscilan entre los 112.015 euros de 2006 y los 147.620 euros de 2004. Este es el sueldo analizado por años:

2003 78.164 euros 2004 147.620 euros
2005 141.953 euros
2006 112.015 euros
2007 122.462 euros
2008 140.445 euros
2009 146.544 euros
2010 135.416 euros
2011 144.738 euros
2012 49.893 euros.

2-. COBRÓ 1,39 MILLONES DE EUROS DEL PP

Rajoy recibió una retribución bruta de 1,39 millones de euros entre 2003 y 2011 por parte del PP y las cantidades que ingresó aumentaron año tras año, de los 41.195,49 euros de 2004 a los 200.628,66 euros de 2010. Rajoy dejó de recibir dinero del partido cuando llegó a la Moncloa, dado que está prohibido que los políticos cobren un plus de su partido cuando están en el Ejecutivo. 


3-. TRES SUELDOS EN 2004 Y 2005

Los años de bonanza económica fueron también positivos para Rajoy, que en 2004 recibió tres sueldos: 62.000 euros al año por la pensión de exministro; 38.000 como diputado por Madrid y 136.000 euros del PP. En 2005 volvió a repetir las tres vías de ingresos: 48.000 euros por la pensión, 39.000 por ser diputado y 144.000 euros del PP, que le subió el sueldo. En total, 230.000 euros brutos.


4-. SUBIDAS DE SUELDO EN PLENA CRISIS

Rajoy apenas sufrió bajadas de sueldos durante los años de la crisis. Muy al contrario, el PP le subió las retribuciones año tras año. Especialmente llamativo es el incremento de 2008, cuando la crisis ya se dejaba notar: Rajoy vio cómo el sueldo de su partido subía de 157.000 a casi 186.000 euros anuales. Tras perder ese año las elecciones frente a Zapatero, Rajoy volvió a tener premio al recibir un nuevo aumento del sueldo del PP, de 186.000 a 196.000 euros. 


Solo en 2010 experimentó un descenso en sus ingresos, cuando se bajó el sueldo en el PP de 196.000 a 181.000 euros. Rajoy aseguró, sin embargo, que ganaba 8.000 euros al mes.


5-. AUMENTO DE PATRIMONIO

El patrimonio del presidente del Gobierno se elevó en 424.976 euros entre 2003 y 2007, hasta sumar un valor de 1,39 millones de euros (un 47%). Rajoy incrementó su patrimonio (bienes, depósitos, acciones y seguros de vida) de los 972.316 euros declarados en 2003, el primer año publicado, al millón en 2004.


En concreto, Rajoy declaró una base imponible por el impuesto de patrimonio de 1,17 millones en 2005 y de 1,30 millones en 2006. En 2007, el presidente del Gobierno contaba con bienes inmuebles de naturaleza urbana por valor de 434.437 euros y con una partida de 231.527 euros en depósitos. Rajoy totalizaba acciones por un importe de 701.000 euros.


Los seguros de vida suponían 20.702 euros del patrimonio del líder del Ejecutivo, mientras que 9.015 euros se correspondían con otros bienes y derechos económicos.


6-. DIFERENCIAS

Otra duda que han generado las declaraciones de Rajoy es la diferencia que existe entre lo que declaró a Hacienda y lo que declaró al Congreso en el año 2010. De acuerdo con lo que declaró al Congreso, el presidente recibió en 2010 en concepto de "dietas y gastos de representación Partido Popular" un total de 98.225,90 euros brutos.


Pero esa cifra no aparece en la declaración del mismo año publicada en la web de Moncloa, en la que figuran otros datos: 181.098,14 euros brutos por retribuciones del PP y 41.270,08 euros brutos de las retribuciones del Congreso de los Diputados.


7-. MÁS DUDAS: DECLARACIONES ANTERIORES A 2003

El diario El País destaca que sería "relevante" conocer las declaraciones de Rajoy antes de 2003 porque si el presidente hubiera declarado cobros adicionales al de ministro o secretario de Estado, sería regular para Hacienda, pero ilegal según la ley del Gobierno de entonces.