sábado, 6 de abril de 2013

Los socialistas franceses proponen moralizar la política

PARÍS.- El primer secretario del Partido Socialista, Harlem Désir, ha abogado por la convocatoria de un referéndum para la aprobación de nuevas leyes que sirvan para moralizar la política tales como una ley de incompatibilidades para evitar que se acumulen varios cargos públicos en una sola persona o un mayor control sobre el patrimonio de los políticos.

   "Tenemos que organizar un nuevo comienzo verdaderamente democrático, introducir reformas para que los votantes recuperen la confianza", señaló Désir en un acto político en Limoges. "Creo que los franceses pueden implicarse para que se apruebe", dijo.
   El ala izquierda del gobernante Partido Socialista ha defendido estas medidas en respuesta a polémicas como la protagonizada por el exministro de Presupuesto Jérôme Cahuzac, quien mintió sobre una cuenta que tenía en Suiza. Sin embargo, el presidente François Hollande, se ha mostrado contrario. La medida debería ser aprobada en referéndum ya que parece imposible lograr la mayoría de tres quintas partes de la Asamblea Nacional necesaria para la reforma constitucional.
   "Si el presidente quiere aprovechar esta oportunidad, los franceses estamos plenamente movilizados para apoyar esta reforma. Creo que si los franceses son convocados a un referéndum para expresarse sobre estos temas, dirán que quieren una república ejemplar", señaló Désir en el acto político, celebrado el viernes.
   Este mismo sábado se ha publicado en 'Le Monde' un manifiesto suscrito por diez miembros del Partido Socialista en el que piden este referéndum para la concesión del derecho a voto para los extranjeros o la prohibición de acumular cargos públicos.

Alrededor de 430 familias españolas desahuciadas solicitan un alquiler de hasta 400 euros del fondo social

MADRID.- Alrededor de 430 familias españolas desahuciadas han solicitado el alquiler de una de las 5.891 viviendas del fondo social impulsado por el Gobierno y con un precio máximo de 400 euros, tras finalizar el 31 de marzo el primer plazo para presentar solicitudes, según han informado fuentes del Ministerio de Economía. 

El fondo social, creado para dar una salida a aquellas familias desahuciadas tras un proceso de ejecución desde el 1 de enero de 2008, facilita contratos de alquiler de una duración de dos años prorrogable uno más.
"Es una primera cifra que irá aumentando en los próximos meses a medida que vaya siendo mayor el conocimiento del público", han explicado desde el departamento dirigido por Luis de Guindos sobre el saldo de este primer plazo.
En este sentido, las fuentes han subrayado que es "importante" la colaboración de todos los sectores implicados, sobre todo, de los ayuntamientos. El Gobierno impulsó el fondo social a través de un convenio suscrito por los Ministerios de Economía, Fomento y Sanidad, por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), por la Plataforma del Tercer Sector y por 33 entidades financieras.
Desde Economía han señalado que el objetivo pasa por que las cerca de 6.000 viviendas en disposición de ser alquiladas se ocupen y así se logre paliar el problema de los desahucios. "Durante todo el proceso se va a ser flexible respecto de los requisitos y plazos para incorporar a todas las personas y familias que deban ser protegidas", han explicado.
El próximo 15 de mayo termina el plazo de celebración de contratos relativos a las viviendas que durante este primer periodo hayan sido adjudicadas.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto de manera continua y cada mes y medio se valoran las solicitudes presentadas. Está previsto que, al menos, se puedan presentar solicitudes durante dos años desde la creación del fondo el pasado 17 de enero.
El procedimiento de solicitud de una alquiler de una de estas viviendas, que se prolongará durante un máximo de mes y medio, se inicia cuando la persona desahuciada acude a la entidad de crédito que ejecutó su hipoteca y presenta un formato de solicitud en el que declara y acredita que cumple los requisitos socioeconómicos.
Tras la valoración preliminar de la entidad de que se cumplen dichos requerimientos, ésta informa al Ayuntamiento correspondiente para que sus servicios sociales estudien la solicitud. Finalmente, se procede a la adjudicación de la vivienda y a la firma del contrato de arrendamiento.

IU pide al Gobierno aplicar en España la "voluntad decidida" de los tribunales portugueses de defender a los ciudadanos

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha celebrado este sábado la decisión del Tribunal Constitucional de Portugal de anular los recortes en las pagas extra a funcionarios y pensionistas y le ha pedido al Gobierno español que "tome nota" de la "voluntad decidida" de los tribunales portugueses de defender a los ciudadanos.

   "Ojalá el Gobierno de España pueda tomar nota de esa decisión y devolverles lo que se les ha usurpado con las leyes a los trabajadores del sector público en nuestro país que no son responsables de esta estafa financiera inmensa que ha organizado la banca y los poderes financieros", ha manifestado.
   En este sentido, Lara ha sentenciado que "lo mejor que puede hacer el Gobierno de España es adaptar aquí la situación a lo que ha decidido el Tribunal Constitucional en Portugal".
   "O bien Portugal tiene una Constitución que es mejor en derechos que la española o bien hay una voluntad más decidida por parte de los tribunales portugueses por apostar no sólo por la ley sino también por los ciudadanos", ha añadido.
   El máximo dirigente de IU ha hecho estas declaraciones antes de asistir al acto de homenaje al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez organizado por la embajada de Venezuela en el Auditorio Marcelino Camacho de CC.OO.
   A este respecto, Lara ha explicado que IU ha acudido al acto no sólo como homenaje a Chávez sino también como muestra de apoyo al sucesor interino del presidente fallecido, Nicolás Maduro, de cara a las próximas elecciones presidenciales del 14 de abril.
   "Maduro es el candidato que representa más fidedignamente lo que es el proceso de transformación revolucionario que se está produciendo en Venezuela, el proceso en el que el petróleo se ha puesto al servicio de los pobres, de los oprimidos, y no del imperio y de las multinacionales", ha señalado, para añadir que Maduro también representa "el sentir, el pensar y el gran sueño de Chávez para tener un país para la inmensa mayoría, para los venezolanos".

Un amplio dispositivo policial rodea la residencia de Feijóo tras una convocatoria de escrache

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- Un amplio dispositivo de seguridad, conformado por cinco furgones de la Policía Nacional y diversos agentes, se ha movilizado en la tarde de este sábado ante la residencia oficial del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Santiago de Compostela, tras una convocatoria de escrache que ha circulado por las redes sociales para las 18.00 horas, aunque pasadas las 18.30 horas ni un solo participante se había congregado en Monte Pío. 

   Con la única presencia de policías y de profesionales de la prensa --cámaras, fotógrafos y redactores-- de diferentes medios, la residencia oficial de Feijóo ha sido vallada tras una convocatoria que ha circulado por redes sociales con un cartel en el que se podía leer 'Negra sombra, 6 de abril. Escrache dende as 18.00. Festa protesta diante da casa de Feijóo. Trae a túa pancarta, comida e bebida'.
   Según han confirmado fuentes policiales, tampoco ha habido ningún tipo de concentración ante la vivienda del líder del Ejecutivo gallego en la ciudad de Vigo hasta la misma hora de la tarde.
   Sin ningún participante en esta protesta, que no ha tenido un convocante claro, las únicas presencias que ha habido en las inmediaciones de Monte Pío han sido vecinos de la zona paseando o ciclistas, así como coches de la Policía Local de Santiago que han circulado alrededor del lugar.
   Y es que precisamente en la mañana de este sábado afectados por desahucios han desarrollado el primer escrache en Galicia, que ha tenido lugar en Ourense ante la casa familiar del diputado popular Celso Delgado, en donde realizaron una breve pitada.
   En la manifestación pacífica que realizaron, dieron lectura a un manifiesto y entraron en el portal del domicilio familiar para dejar una carta en su buzón, relativa a la situación de las personas en riesgo de desahucio de sus viviendas por impago de la hipoteca, para apelar a su "humanidad para que rompa la disciplina de voto en el Congreso".
   Tras la lectura del manifiesto, el colectivo se fue del portal de Celso Delgado pero se cruzó con el diputado cuando él volvía a su casa, a unos cientos de metros, y allí mantuvieron una conversación de casi media hora en la que expusieron directamente su situación y sus reivindicaciones.
   El diputado les escuchó y negó que fuese a romper la disciplina de voto de su partido, ya que, según les dijo, se están introduciendo mejoras en la Iniciativa Legislativa Popular aceptada para su votación en el Congreso.

Los Mossos intervendrán ante 'escraches' que vulneren el derecho a la privacidad

BARCELONA.- El conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha explicado este sábado que los Mossos d'Esquadra intervendrán ante 'escraches' que superen la "frontera" de vulnerar el derecho a la privacidad y la intimidad.

   "Allá donde haya un 'escrache', estará el cuerpo de los Mossos d'Esquadra", ha resumido en declaraciones a Catalunya Informació, destacando que estarán atentos al desarrollo de este fenómeno.
   También ha remarcado que, de momento, no han tenido que intervenir en ningún 'escrache' organizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Cataluña, y tampoco se plantean dar escolta a los dirigentes del PP catalán.

El Papa elige en su primer nombramiento a un fraile español y franciscano

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa ha nombrado al padre José Rodríguez Carballo nuevo secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, en sustitución del estadounidense Jospeh Tobin.

   De esta manera, Rodríguez Carballo, ministro General de la Orden Franciscana de los Frailes Menores, se convierte en el primer nombramiento del Santo Padre. Además, ha sido elevado al mismo tiempo a la sede titular de Belcastro, con dignidad de arzobispo.
   Rodríguez Carballo, nació en Lodoselo, provincia y diócesis de Orense, el 11 de agosto de 1953. Realizó el año de noviciado en el convento de Ponteareas, donde tomó el hábito franciscano el 31 de julio de 1970 e hizo su profesión de votos temporales el 9 de agosto de 1971.
   En 1973 fue trasladado a Jerusalén, a la Custodia de Tierra Santa, donde frecuentó los estudios teológicos (desde 1973 hasta 1976). El 28 de junio de 1977, en la solemnidad de San Pedro, también en Jerusalén, fue ordenado sacerdote en la Iglesia de San Salvador. En los años académicos de 1976 al 1979 frecuentó el Studium Biblicum Franciscanum de la Flagelación donde, en el mes de junio de 1978, consiguió la licenciatura en Teología Bíblica.
   El día 5 de junio de 2003 fue elegido ministro general de la Orden de los Frailes Menores, siendo el 119 sucesor de san Francisco de Asís, y reelegido para otros seis años, el 4 de junio de 2009.
Además, es miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y para la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
   Rodríguez Carballo habla español, gallego, italiano, francés, inglés, portugués, conoce el latín, el griego bíblico y hebreo bíblico. Tiene publicados numerosos artículos de revista sobre la Vida Consagrada y Religiosa, sobre Teología Pastoral, sobre Sagrada Escritura y Teología Bíblica y sobre espiritualidad franciscana. Asimismo, colaboró en la traducción de la Biblia en gallego traduciendo el libro de las Crónicas.

Una plataforma provida pide a Gallardón frente al Ministerio que no sea "gallina" y derogue la Ley del aborto

MADRID.- Un grupo de manifestantes provida, convocados por la plataforma Impulso Joven (IJ), se han concentrado este sábado por la tarde frente al Ministerio de Justicia para pedirle al ministro Alberto Ruiz Gallardón que no sea "gallina" y cumpla con su compromiso de derogar la Ley del Aborto.

   Para mostrar de forma simbólica la actitud "cobarde" que, a su parecer, está teniendo el titular de Justicia al no derogar la Ley del Aborto, a pesar de haberse comprometido a ello y de contar el Gobierno con mayoría absoluta en el Congreso, los manifestantes, que portaban caretas con la imagen de Gallardón, han llevado hasta la puerta del Ministerio algunas gallinas vivas.
   "Las hemos traído como metáfora para mostrar que Gallardón está actuando como un gallina por no derogar la Ley del aborto, que se lleva por delante 300 niños cada día", ha denunciado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la plataforma, Norberto Domínguez.
   Según Domínguez, el Gobierno debe dar "un paso para defender la vida" porque "lo que de verdad necesita España --ha asegurado-- no es una ley que se lleve por delante a vidas inocentes sino que defienda la vida desde la concepción y que apoye a las madres que tienen problemas económicos para que salgan adelante y tengan a sus hijos".
 "La vida es el derecho fundamental del que deriva el resto", ha apostillado.

Cientos de personas piden en Sevilla la derogación de la ley del aborto

SEVILLA.- Cientos de personas, según los organizadores, se han concentrado este sábado en Sevilla, convocados con motivo del Día Internacional de la Vida por el Foro Andaluz de la Familia, Provida, Red Madre, la Federación Católica de Padres (Fecapa), 'Hazteoir.org' y Derecho a Vivir, para pedir, entre otras reivindicaciones, la derogación de la ley que regula el aborto en España, así como la puesta en marcha de políticas "activas y eficaces" a favor de las familias.

   Son dos de las peticiones que figuran en el manifiesto que al final de la concentración se ha leído en Sevilla al igual que en las otras ciudades de España en las que este sábado se han convocado acciones similares para conmemorar el Día Internacional de la Vida.
   Según ha informado la delegada del Foro Andaluz de la Familia, Victoria Blasco, en el transcurso de este acto, la portavoz de Red Madre, Ana Lozano, ha abogado por asumir la defensa de la vida "como un reto", mientras que Rocío López, en representación de Provida Mairena, se ha sumado al llamamiento de "millones de españoles" para que "se avive la conciencia de toda vida humana, niños por nacer, enfermos, discapacitados y ancianos", desde el convencimiento de que "la defensa de los más débiles es una tarea inacabada e inacabable".
   Por su parte, Rosa Ciriquián se ha referido a las "circunstancias difíciles" que, en su opinión, rodean "a muchas mujeres que deciden ser madres", y, al hilo de ello, ha realizado un llamamiento para que los poderes públicos "valoren la maternidad como un bien en sí mismo y no como una lacra, respetando la vocación integral de la mujer, incluida la de la maternidad".
   Además, ha trasladado un mensaje de "apoyo" a las mujeres "víctimas del aborto", a las que les ha animado a "acudir" a su asociación "para lo que sea".
   En nombre de la Federación Católica de Padres ha intervenido Teresa Olmedo, que ha reclamado "la unión de las fuerzas políticas y la sociedad civil para erradicar la cultura de la muerte", ya que, a su juicio, "nadie tiene derecho a enseñarles a nuestros hijos principios que les lleven a despreciar la dignidad humana de otros".
   De igual modo, durante el acto se han recogido también firmas para la iniciativa ciudadana europea 'one of us' --'uno de nosotros'--, que, según ha explicado el portavoz de Derecho a Vivir jóvenes, Javier Navarro, pretende reunir un millón de rúbricas antes del próximo 1 de noviembre con las que reclamar a la UE que "proteja la dignidad, el derecho a la vida y la integridad de cada ser humano desde su concepción en todas las áreas en las que tiene competencia".
   Asimismo, algunas madres que, "ayudadas por Redmadre y Provida", siguieron adelante con sus embarazos "en circunstancias muy difíciles", han intervenido en la concentración para dejar constancia de que "siempre hay salidas y que el aborto no es solución".
   El acto ha terminado con la intervención de Victoria Blasco, que ha demandado "la abolición de las leyes que atentan contra la vida", a la vez que ha abogado por que "el mundo siga adelante en la conquista de los derechos de todos, sin discriminaciones ni arbitrariedades promovidas por quienes tienen ahora poder, técnica y dinero".
   Para Blasco, "con el uso de aquellos instrumentos de participación que están a nuestro alcance es posible construir un mundo capaz de acoger a todos, y también a los más débiles".
   Además, a la conclusión de la concentración se ha leído el manifiesto del Día Internacional de la Vida, que aboga por "recuperar la cultura de la vida en Europa", avala la iniciativa 'Uno de nosotros' y exige la "derogación" en España de la legislación vigente en materia de aborto para promulgar "una ley que defienda siempre y en toda circunstancia, toda vida humana".
   De esta manera, los firmantes del manifiesto exigen al Gobierno central que "cumpla su compromiso electoral en materia de aborto sin más dilaciones", y solicitan "a todas las autoridades europeas y nacionales políticas activas y eficaces de protección a la familia, sostén de la sociedad en esta época de crisis, fuente de solidaridad y garante de la vida y el cuidado a los más necesitados".

Su crisis, nuestro exilio / Javier Sánchez Serna

Dice un chiste -que viene circulando estos días por la Red- que en España, una vez acabada la carrera, tienes tres salidas: por tierra, mar y aire. Y es que la emigración ha dejado de ser un recuerdo pretérito de padres y abuelos, para convertirse en una realidad cada vez más presente en nuestras vidas: bien por la marcha de un familiar o amigo, o porque nosotros mismos nos la planteamos como opción. 

Según datos del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero, casi 400.000 españoles han emigrado en busca de trabajo desde el inicio de la crisis. Se trata, en su mayoría, de jóvenes con estudios superiores que eligen como destino Europa y Latinoamérica.

Aunque algunos pretendan justificar estas cifras invocando al 'espíritu aventurero' de la juventud, lo cierto es que la generación mejor preparada de la historia de este país se va porque no le queda otra, porque no tiene la posibilidad de progresar aquí.

Hasta ahora, la nueva emigración ha crecido silenciosamente en forma de ilusiones rotas, despedidas en el aeropuerto y familias separadas. Pero, al igual que ha sucedido con otras manifestaciones de esta crisis, tales como los desahucios y los recortes sociales, quizá vaya siendo hora de visibilizar el problema y, sobre todo, de 'desnaturalizarlo'. Porque el exilio laboral no es una mera decisión personal, sino una salida casi obligada para cada vez más jóvenes que no pueden encontrar un empleo digno. Y, más importante aún, porque este exilio es resultado de unas determinadas políticas que están arruinando el país y robándonos el futuro.

En un contexto marcado por un 57% de paro juvenil y una tasa de temporalidad del 61%, las sucesivas reformas laborales no han hecho más que empeorar nuestra situación. Desde agosto de 2010 -como es sabido-, es posible encadenar contratos temporales consecutivamente. Y desde el pasado 19 de noviembre --día en que entró en vigor el 'contrato' de aprendiz- los menores de 25 años pueden trabajar a jornada completa por 423 euros. Además, el abaratamiento del despido, el fortalecimiento del poder empresarial y el chantaje del paro, nos obliga a aceptar condiciones de trabajo claramente abusivas y sueldos de subsistencia (y a veces ni eso). 

Por otra parte, las políticas de austeridad, auspiciadas por la Troika comunitaria y aplicadas a pies juntillas por los sucesivos Gobiernos, están deteriorando gravemente nuestro sistema educativo y sanitario, empeorando no sólo nuestras condiciones de vida, sino también las expectativas laborales de los jóvenes investigadores, médicos y profesores. Lo que, dicho sea de paso, supone un evidente desperdicio de la inversión educativa realizada en los miles de profesionales que ahora se ven obligados a emigrar, así como un 'golpe de suerte' para terceros países, como reconocía hace unas semanas la ministra alemana de Trabajo.

El problema, sin embargo, no se acaba con la decisión de abandonar el país, porque esta Europa de la austeridad no es precisamente un paraíso de los derechos laborales. La precariedad se da de igual forma en Alemania, Inglaterra o Bélgica, que en España. Algunos analistas nos advierten, incluso, de que se está aprovechando la llegada masiva de mano de obra del sur y el este de Europa para bajar los salarios en los países receptores. 

Deberíamos desmitificar, por tanto, algunos aspectos de la nueva emigración. Todos tenemos amigos y conocidos que se han marchado, y que nos cuentan que las condiciones de trabajo no son siempre las mejores. Generalmente, estos jóvenes emigrantes se encuentran con jornadas laborales maratonianas y sueldos muy bajos, que tampoco les permiten construir un proyecto de vida digno. Además, llegar a un país con un idioma diferente, buscar un trabajo, dejar atrás a la pareja o los amigos, no es nada fácil y no responde a un 'espíritu de aventura'.

Pero el drama derivado del exilio no sólo atañe al individuo empujado a irse fuera, sino que también afecta a las familias y al conjunto del país. Sin duda, resulta injusto que el gran esfuerzo hecho por las familias para que estudiemos y tengamos un trabajo digno, se tire, de la noche a la mañana, a la basura. Y resulta injusto que la sociedad tenga que perder a sus jóvenes trabajadores, médicos, científicos o profesores, mientras se le obliga a salvar a los banqueros y hacerse cargo de su deuda privada.

Paro, precariedad y exilio aparecen, pues, como las tres únicas opciones de toda una generación. No era eso, sin embargo, lo que nos prometieron, ni para lo que estudiamos, ni para lo que la sociedad y nuestras familias nos prepararon. Y es, precisamente, esa distancia entre las expectativas generales de futuro (trabajo, bienestar, derechos) y un presente sin oportunidades, la que explica fenómenos como el 15-M y, en general, las movilizaciones de la juventud por todo el Mediterráneo, desde Túnez a Atenas.

Un régimen político y económico que no puede responder a las más esenciales demandas de su población (dación en pago, paralización de los recortes, creación de empleo), y que nos empuja al exilio, es un régimen crecientemente agotado. Así, puestos a irnos nosotros, tal vez haya llegado el momento de echarlos a ellos. Quizá no estemos condenados a ser la 'generación perdida', quizá todavía podamos ser la generación que reconquistó su futuro y recuperó su país.

Profesor Fernando Jiménez: «El reto es si los partidos van a coger el toro de la corrupción por los cuernos»


OVIEDO.- Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963) es actualmente profesor titular de Ciencia Política y Administración en la Universidad de Murcia (anteriormente, durante diez años, fue profesor de la Universidad de Santiago de Compostela). Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, también es miembro del Instituto «Juan March» de Estudios e Investigaciones y evaluador del denominado Programa GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) del Consejo de Europa. Invitado por la Asociación Asturiana de Sociología y el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias, pronunció, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, una conferencia titulada «¿Por qué fracasan tan a menudo las políticas anticorrupción?». Lo entrevistó el diario asturiano 'La Nueva España'.

-La actualidad manda. ¿Con la imputación judicial de la Infanta Cristina en el «caso Nóos» podemos entender que España vive en un estado generalizado de corrupción?

-Sería una exageración afirmar que vivimos en un estado generalizado de corrupción, aunque es verdad que hay determinados sectores donde la corrupción ha sido muy alta. Fundamentalmente destacaría tres grandes sectores: la contratación pública, aunque para el volumen de contratación pública la cantidad de casos sospechosos no es tampoco tan alta, pero es uno de los campos más problemáticos. Un segundo sector ha sido el urbanismo, aunque ahora ya no al no existir actividad urbanística, pero en los años del «boom» inmobiliario ha sido tremendo y la mayor parte de los casos en el ámbito local. Y el tercer sector más problemático es el de la financiación de los partidos. Comparado con otros países la situación española tampoco es desesperada ni mucho menos, aquí no hace falta pagarle a un funcionario para obtener un pasaporte o a un médico para que te atienda en un hospital... Un tipo de corrupción que es frecuente y no hace falta pensar en África o en América Latina, incluso en países de la Europa del Este como Rumanía o Bulgaria. Aquí estamos lejos de una situación como esa. Tenemos una corrupción que es más de élites, más política que administrativa, pero sí es verdad que la percepción de los ciudadanos es que la corrupción es galopante al tratarse de casos muy llamativos y que afectan a personajes que tienen una popularidad muy grande, como la Infanta Cristina.

-¿No podemos hablar de que la corrupción es el sistema?

-Podemos decir que hay problemas serios más o menos localizados; sobre todo en corrupción política más que en administrativa.

-¿Cómo se puede entender, entonces, que políticos condenados por corrupción o por acoso sexual vuelvan a ser elegidos en una elecciones?

-Es verdad que sucede y hemos tenidos muchos casos, uno de los más destacados fue Jesús Gil, quien encadenó cuatro mayorías absolutas consecutivas. ¿Por qué sucede? Tiene que ver con la propia cultura política de los españoles, es decir, o con las percepciones o las expectativas que se tienen de como funciona el sistema político. Las sospechas de las españoles sobre el funcionamiento del sistema político son enormes, la gente recela muchísimo y piensa que la corrupción está muy generalizada, y por tanto es muy fácil descontar la información negativa de la corrupción, o sea, cuando la corrupción afecta a tu candidato favorito hay muchas maneras de descontar esa información pensando que, en realidad, todos son iguales y por tanto sigo votando a quien está más cercano a mí. Esta es la parte problemática, de manera que ya imputada la Infanta Cristina lo que suceda, lo mismo que lo que suceda con el resto de los imputados ilustres, es muy importante.

-¿En qué sentido?

-Podemos contribuir a que estos recelos sigan creciendo o por primera vez empecemos a frenarlos. Si realmente la justicia trata con total indepencencia e imparcialidad el caso de la Infanta Cristina o quien sea, se contribuirá a frenar los recelos de los ciudadanos.

-Los dos grandes partidos políticos, que son las columnas sobre las que se sustenta el sistema nacido en la Transición, tienen encima, cada uno, formidables casos de corrupción. ¿Hay ya la percepción de final de ciclo, por qué fracasan tan a menudo las políticas anticorrupción?

-Es la gran pregunta. Los partidos, especialmente los dos grandes, pero, en general, los tradicionales del sistema democrático español, todos están salpicados por grandes casos de corrupción y su reacción hasta el momento ha sido, en gran medida, mirar hacia otro lado y dejar que los casos se pudran y poner los mínimos cortafuegos. No se han tomado suficientemente en serio poner en marcha medidas que hagan que lo que llevó a que surgieran ese tipo de casos no pueda volver a suceder. Los partidos tradicionales han basado la construcción de un apoyo social en un intercambio de tipo clientelar, es decir, en España se distribuyó empleo público, contratos con la Administración, etcétera a cambio de apoyo tanto financiero como en votos al partido, y esto hace mucho daño. A los partidos les cuesta muchísimo salir de ahí.

-Pero desde la Transición no sólo los partidos han estado jugando así, también los grandes sindicatos y las organizaciones patronales se financian del Estado, como en una especie de democracia orgánica...

-Es más o menos lo que sucede en otros países, lo que pasa es que en otros el tema es la rendición de cuentas que ofrecen este tipo de actores. Es sintomático que nosotros no tengamos todavía una ley de transparencia y somos el único país grande en toda la Unión Europea que sigue sin ella. Luego, el proyecto de ley que presentó el Gobierno tenía muchísimos defectos, es muy tímido ese proyecto. Pero este tipo de cosas sí que están cambiando. La ciudadanía española ya expresó con el movimiento del 15-M su rechazo y dio un puñetazo encima de la mesa para decir que está harta de jugar con estas reglas y que quiere unas administraciones públicas y unos partidos transparentes y que no quieren seguir jugando con este clientelismo de los últimos treinta años. El reto es si los partidos van a coger el toro de la corrupción por los cuernos, y deberían hacerlo si no quieren contribuir a que la brecha entre los ciudadanos y los políticos siga creciendo.

-¿Qué opina de los «escraches»?

-Tiene una parte negativa, en el sentido de meter a las familias por medio; es una presión social que recuerda a épocas pasadas que no merece mucho la pena recordar. Ahora, de momento, simplemente recordar a los políticos que están sufriendo la presión debido a que hay muchos ciudadanos que están sufriendo una presión que es muy injusta por la persecución para que paguen sus hipotecas, es comprensible.

-¿Desde el punto de vista sociológico es una válvula de escape a la presión de la olla social?

-Sí, por supuesto, es una protesta comprensible. Con la crisis y con la acumulación de escándalos la gente llega a un punto de indignación que ya le da igual y lo que quiere es salir a la calle y decirles a los políticos que reaccionen.

-¿Perseguir policialmente las protestas puede conducir a una violencia más soterrada?

-Creo que no puede prohibirse así. Sin violencia de por medio, es decir, si queda simplemente en señalar al político afectado, la policía no puede pararlo, no se está cometiendo ningún delito, salvo que se dé un paso hacia lo que iba la «kale borroka» o la persecución de los judios en la Alemania nazi. Si vamos a una violencia mayor, evidentemente que la policía no puede permitirlo y el propio movimiento perderá apoyos.

-Desde el análisis de la ciencia política, ¿España camina hacia el modelo italiano?

-No creo que estemos tan cercanos al punto italiano. Hay que ver un poco como han llegado los italianos a la situación presente. La situación española actual se parece más a la de 1994 en Italia, a la de todo el rescoldo del movimiento «Manos limpias». El problema de Italia es que después de «Manos limpias» se produjo una revolución enorme en el sistema político, pero se hizo muy en falso: desaparecieron los partidos tradicionales, se cambió el sistema electoral de manera radical, hubo muchísimas reformas institucionales importantes, muchas de ellas de lucha contra la corrupción que, en realidad, no tuvieron los efectos que la gente pretendía. Tuvieron los efectos que los políticos quisieron que tuvieran esas reformas...

-¿Otra vez Lampedusa y el cambiarlo todo para que nada cambie?

-Exactamente. Una de las reformas más interesantes fue lo que ocurrió con el sistema de financiación de los partidos. Hubo un movimiento ciudadano que pidió en un referéndum que se eliminara la financiación pública de la actividad ordinaria de los partidos, que sólo quedara la compensación por las campañas electorales. El referéndum lo ganaron sus convocantes, pero lo que ocurrió fue que los políticos pasaron olímpicamente y construyeron un sistema de compensación de gastos electorales que no miraba en absoluto el gasto electoral y directamente se decretaron una serie de fondos públicos en función de cada tipo de elección y a partir de la representación que cada partido obtenía en las elecciones se repartían ese fondo. La conclusión fue que los partidos italianos están obteniendo ahora más dinero público que antes sumando la financiación ordinaria y la electoral. Es decir, defraudaron por completo a los ciudadanos. La conclusión italiana es que hubo ya una reacción en contra de lo que hacían los políticos muy fuerte, se introdujeron reformas institucionales, pero fallidas y controladas por los partidos. El resultado es la ingobernabilidad del país y la aparición de fuerzas que están en otra onda por completo.

-Insisto, ¿vamos en ese camino?

-Si fallamos ante la petición tan sólida de la ciudadanía española de que hay que renunciar al clientelismo, tener una Administración mucho más profesionalizada y más transparente, tener una Administración de justicia que sea mucho más rápida y eficiente y restaurar la confianza que han perdido los ciudadanos en el sistema político, entonces iremos a la italiana, efectivamente, en el plazo de unos años, cuando veamos que seguimos por el camino de Lampedusa. Ahora mismo tenemos el reto de no acabar como los italianos. Veremos si los partidos han aprendido la lección y toman las medidas oportunas.

Centenares de personas piden en Madrid derogar la ley del aborto

MADRID.- Centenares de personas han pedido este sábado en Madrid la derogación de la vigente ley del aborto "sin más dilaciones", para "recuperar la cultura de la vida", tal y como entienden que se comprometió el Gobierno de Mariano Rajoy.
Un total de 486 asociaciones ´provida´ han participado en esta manifestación que ha comenzado a las 17.00 horas en la Puerta del Sol de Madrid. Durante cerca de hora y media, los manifestantes han coreado consignas en contra del aborto y han reclamado al Ejecutivo el cumplimiento de sus promesas electorales.

Así, portaban pancartas en las que se podía leer, por ejemplo, ´Deja que la vida florezca´, ´Libertad de decisión´, ´Gallardón, gallina, defiende la vida´ o ´Por el respeto al vínculo maternal, paternal y familiar". Además se han repartido pañuelos verdes con la leyenda ´Sí a la vida´ y se han repartido globos azules.

A la conclusión de la convocatoria, se ha procedido a leer un manifiesto en el que se ha calificado la defensa de la vida de los más débiles como "frontera de la lucha por la dignidad humana". "A comienzos del siglo XXI, la cultura de la muerte se enfrenta con desiguales resultados a la cultura de la vida y es evidente que a la vieja Europa, junto a Estados Unidos, le corresponde una gravísima responsabilidad en la implementación del nuevo colonialismo", han apuntado.

No obstante, el manifiesto ha resaltado el "cambio positivo de tendencia" que, a su entender, se está produciendo en Europa, destacando como ejemplo la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre la protección de vida embrionaria o las reformas legislativas de algunos países de la Europa del Este para restringir el aborto.

Entre las peticiones de los convocantes también se ha instado a las autoridades europeas y nacionales políticas "activas y eficaces" de protección a la familia. "Un año más, comprometidos con la vida, manifestamos nuestra voluntad de trabajar activamente para que España sea punta de lanza en Europa en la recuperación del aprecio y la protección a la vida humana", señala el documento.

Para la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya, la "multitud" que ha salido a la calle en toda España es "la prueba palpable" de que la sociedad está "cansada" de tener un Gobierno "que sólo promete y no actúa para acabar" con el aborto.

A juicio de Joya, esta inacción del Ejecutivo "es especialmente culpable en un Gobierno que tiene mayoría absoluta para cumplir su programa electoral, pero que lleva un año y medio lleno de palabras vacías, declaraciones tan grandilocuentes como poco concretas y plazos incumplidos".

Esta manifestación también ha tenido lugar en diversas ciudades de España. Las convocatorias de este año con motivo del Día Internacional de la Vida son, a su entender, "especiales" puesto que por primera vez en España "existe la posibilidad real de un cambio legislativo muy importante que avance en la protección de la vida humana".


La convocatoria ha servido también para tratar de impulsar la iniciativa legislativa europea ´One of us´ (uno de nosotros), que pretende promover una ley europea que proteja la vida del embrión desde el momento de su concepción.

La campaña de recogida de apoyos para llevar al Parlamento Europeo la iniciativa legislativa popular, que terminará el próximo mes de noviembre, ha recibido, a través de la página web ´www.oneofus.org´, un total de 220.000 firmas de todos los países de la Unión Europea, 22.000 de ellas en España, hasta el mes de marzo.

El evento ha contado con la participación del actor y productor Miguel Ángel Tobías y de la presentadora de 13tv Elena Miñambres para animar el acto. Además, han participado en la manifestación el conjunto musical ´Beat Beat Yeah´.

Asimismo, también han ofrecido sus testimonios varias personas, entre ellas, una "superviviente" de un aborto y algunas personas con enfermedades y que "están demostrando ser un claro ejemplo y un canto a la vida por su lucha por la vida, sus ganas de vivir y su dignidad", según ha explicado el actor.

La Monarquía dañada, la transición acabada / Pablo Sebastián

Lo que parecía un solo caso de corrupción de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres por el tráfico de influencias, estafa y otros presuntos delitos llevados a cabo en el Instituto Nóos, se puede convertir en una crisis de Estado que ponga en entredicho o en grave peligro a la Monarquía y al vigente Régimen político español de la transición. Y no solo por lo ocurrido en torno a este escándalo de corrupción política (donde pudo haber intervenido el Rey llamando a políticos y empresarios para obtener dinero en favor de Nóos, como se desprende de alguno de los correos llegados al sumario), sino y sobre todo por los graves errores políticos y las presiones que desde la Casa del Rey y desde el Gobierno se han perpetrado contra el juez Castro (a quien la extrema derecha monárquica pretende linchar) que instruye el caso y sobre todo desde que decidió, como era su obligación inevitable, imputar a la Infanta Cristina para que preste declaración.
El inusual recurso presentado por el fiscal Horrach contra el auto del juez, con el que se imputaba a la Infanta y la citaba a declarar, constituye a simple vista un disparate infundado y una decisión al parecer forzada por la fiscalía del Estado que depende del Gobierno y luego aplaudida por la Casa del Rey, que se ha decantado a favor del fiscal y en contra del juez con un comunicado impresentable donde declaró su “sorpresa” por la imputación de la Infanta, como si la Casa del Rey formara parte interesada de Nóos. Esa esa la impresión que ha dado con semejante comunicado, y lo que se desprende de las actuaciones del asesor del Rey, conde de Fontao, en el Instituto, y sobre todo del secretario de Noos y de las Infantas, García Revenga. De lo que se puede deducir que si la Casa del Rey critica al juez y aplaude al fiscal es porque ella misma está implicada en el caso Nóos e interpreta que la imputación a la Infanta-ahora pendiente de un recurso a la Audiencia Provincial de Mallorca- y no digamos su eventual procesamiento les afectaría de lleno.
Desde luego la imputación de una Infanta de España en un caso de corrupción es una noticia de envergadura y trascendencia tanto política como social, e incluso internacional. Y de todo ello solo son responsables Urdangarin, la Infanta Cristina, la Casa del Rey y el Gobierno de turno (de Zapatero y Rajoy) que sabiendo lo que ocurría, como debían saberlo, lo consintieron. Y todos ellos se están equivocando tanto en su estrategia de defensa jurídica, atacando la independencia de la Justicia, como en su acción política hasta el punto que estamos pasando de la imputación de la Infanta al creciente deterioro de la Corona, y la pérdida de “autoritas” del Rey, lo que podría conducir a la posible abdicación del monarca y, si no abdica, incluso a una crisis terminal de la Monarquia.
Entre otras cosas por todo lo ocurrido en Noos y la catastrófica gestión política del caso tanto por la Casa del Rey como por el Gobierno, y por el desafío que todo esto supone al conjunto de la sociedad española que está harta de escándalos de corrupción y de la impunidad de los políticos, gobernantes y altos cargos del Estado. De ahí que si finalmente la Infanta no fuera a declarar -si prosperara el absurdo recurso del fiscal- la revuelta social que ello originaría podría alcanzar cotas sorprendentes, como las que ya ven y se anuncian contra los desahucios frente a las sedes de los partidos y de los líderes y representantes políticos. Una movilización creciente que no se va a cortar con facilidad y por las malas y menos aún llamando terroristas o nazis a los que se manifiestan, o con medidas represivas de alta intensidad.
Ahora un cierto estupor y temor impera en los primeros palacios del Estado. Ahí están, por ejemplo, la Casa del Rey y el Gobierno con una rectificación relativa a su intransigencia inicial contraria a que la ley de transparencia fiscalizara los Presupuestos de la Corona. Pues bien, ambas partes ya han dado un paso atrás, pero no todos los que tienen que dar en este sentido y que acabarán dando. Como sería bueno que se dieran en Zarzuela otros pasos hacia atrás mas significativos y que Rajoy y su Gobierno tuvieran preparado un plan ‘B’ relativo a la posible abdicación del Rey -lo de la renuncia de la Infanta a sus derechos sucesorios es una ‘broma’ de mal gusto de los monárquicos de ABC-, porque ya no hay tiempo para un cortafuegos de baja intensidad dado que el bosque del Palacio Real ya ha sido pasto de las llamas. Y solo les queda como posible escudo una decisión importante como sería la abdicación del monarca quien, a todas luces, ha estado cerca del caso Nóos al igual que de las sorprendentes y reprobables andanzas en España de su “entrañable amiga” la princesa Corinna, lo que está a punto de estallar con asombrosos detalles en los medios de comunicación y ya veremos si también en los juzgados, lo que no sería nada de extrañar.
Se quiera o no estamos asistiendo al fracaso del sistema político (y del modelo económico de los últimos años) por causa de: la crisis, el mal gobierno, la corrupción y abusos de poder, la baja calidad de los representantes del pueblo, el desastre del modelo autonómico y la notable ausencia de la separación de los poderes del Estado. Lo que, sumado a una pésima ley electoral que no es representativa de la ciudadanía ni proporcional, está llevando este fin del Régimen de la transición a un gigantesco caos con alto riesgo de revueltas sociales. Lo que debería obligar al Gobierno y a la Oposición a reaccionar proponiendo una importante y profunda reforma política (nada de retoques a título de ‘regeneración’), si es que los actores de este crucial momento no quieren acabar sobrepasados por una “revolución” que por pacífica que sea siempre será una solución mas drástica que llevará a un cambio ‘global’ de la situación.
Lo ocurrido con la Infanta Cristina es toda una señal y buena prueba de ello es que el PSOE, desbordado por las minorías de su izquierda y del centro político (IU y UPyD), se empieza a desmarcar y a distanciar sigilosamente de la Casa Real. Y pronto veremos a ciertos colectivos, líderes sociales e incluso a importantes medios de comunicación iniciar ese mismo sendero en pos de una novedosa “ruptura democrática” como la que no se hizo (por el enorme poder que aún le quedaba al franquismo) al inicio de la transición. Y que puede dejar al Partido Popular (como en su día le ocurrió a Alianza Popular) fuera del juego de la nueva e imparable reforma y modernidad, mirando al pasado y en esa posición inmovilista y de ciego ante la realidad que tanto le gusta a Rajoy. De manera que atentos a los próximos acontecimientos porque lo que ahora está ocurriendo en España tendrá importantes consecuencias como muy pronto o a medio plazo se verá.