Los griegos marchan al Parlamento en medio de una huelga nacional contra la austeridad

ATENAS.- Decenas de miles de griegos salieron a las calles de Atenas el miércoles, en medio de una huelga nacional contra los recortes de salarios y alzas de impuestos que mantuvo a los transbordadores en los puertos, cerró escuelas y dejó a los hospitales funcionando sólo con personal de emergencias.

 

Tocando tambores y coreando "ladrones, ladrones", más de 60.000 personas marcharon hasta el Parlamento, en la mayor protesta contra la austeridad vista en lo que va del año.

Los dos mayores sindicatos griegos congelaron buena parte del país, que está cerca de la bancarrota, durante unos paros de 24 horas contra los recortes, que según dicen sólo agravan los males de un pueblo que lucha por salir de la peor recesión del país en tiempos de paz.

Los sindicatos, que representan a 2,5 millones de trabajadores, han convocado varias huelgas desde el estallido de la crisis de deuda europea a finales de 2009, poniendo a prueba la voluntad del Gobierno para aplicar las reformas necesarias ante un creciente descontento público.

"La huelga de hoy es un nuevo esfuerzo por deshacernos del acuerdo de rescate y de quienes sacan ventaja de las personas y sólo generan miseria", dijo Ilias Iliopoulos, secretario general del sindicato ADEDY del sector público, que organizó la marcha junto a la agrupación de trabajadores GSEE.

"Estamos muy cerca de una explosión social", dijo en un mitin en la plaza central de Atenas, mientras helicópteros de la policía sobrevolaban el sector.

En sus ocho meses en el poder, el Gobierno de coalición del primer ministro, Antonis Samaras, se ha esforzado por demostrar que aplicará las reformas prometidas a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que han rescatado a Atenas dos veces con unos 200.000 millones de euros (unos 268.000 millones de dólares).

El Gobierno ha adoptado una dura estrategia ante los huelguistas, acudiendo a leyes de emergencia en dos ocasiones este año para ordenar a marinos y trabajadores del metro que volvieran a sus puestos tras paros de una semana que detuvieron el transporte público en Atenas y provocaron un desabastecimiento de comida en las islas.

Las huelgas han ganado fuerza en las últimas semanas, subrayando el descontento de los griegos ante el desempleo récord y los niveles de pobreza. La visita a Atenas del presidente francés, François Hollande, pasó casi desapercibida debido a la huelga de periodistas helenos.

"Grecia está haciendo un enorme esfuerzo por retornar al crecimiento, por ver mejores días, y cuando estamos haciendo todo lo posible para atraer la inversión, esta imagen no hace nada por ayudar este esfuerzo", dijo a una radio local el portavoz del Gobierno Simos Kedikoglou.

En una señal de que podría empezar a ceder a la presión, el Gobierno anunció el lunes que no removería a casi 1.900 empleados públicos bajo aviso de posible despido, pese a haber prometido a sus acreedores extranjeros que reduciría su planilla de personal del Estado.

"La huelga deja en evidencia la creciente brecha entre las demandas de los griegos ordinarios y las exigencias de los acreedores internacionales de Grecia", dijo Martin Koehring, analista de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que prevé más disturbios este año.

Analistas señalan que cuando Grecia se aseguró fondos de rescate en diciembre, evitando la bancarrota y poniendo fin a meses de incertidumbre sobre el futuro del país en la zona euro, creó expectativas entre los griegos de que las cosas también mejorarían para ellos a nivel personal.

"Si estas expectativas no se han cumplido para el verano, entonces lo que quede de la clase trabajadora responderá con más protestas", dijo Costas Panagopoulos, jefe de la encuestadora Alco.

Seis años de recesión y tres de austeridad han triplicado la tasa de desempleo al 27 por ciento. Más del 60 por ciento de los jóvenes griegos están desocupados.

La mayoría de la actividad empresarial y del sector público se detuvieron durante la huelga del miércoles, seguida por profesores de colegio, empleados de trenes y autobuses y banqueros, entre otros.

"Estoy al borde de quedarme sin dinero para comer. Mi vida es una miseria", dijo Eleni Nikolaou, de 60 años, una empleada pública que mantiene a su hermano desempleado. "Si este Gobierno tuviera alguna dignidad renunciaría. Quiero que se vayan", declaró.

Varios centenares de funcionarios se concentran ante el Supremo de España al grito de "Sí hay dinero, lo tiene el tesorero"

MADRID.- Varios centenares de funcionarios, jueces y fiscales se han concentrado en la madrileña plaza de la Villa, ante la sede del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, contra la política del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Una empleada pública hacía la peineta a las reformas legislativas, mientras otros coreaban: "Sí hay dinero, lo tiene el tesorero".

   Los empleados públicos han estado ataviados con camisetas amarillas en las que se podía leer el lema "Sin Justicia no hay derechos" y animados por una representante de CC.OO que, con micrófono en mano, coreaba: "Gallardón escucha, Justicia está en la lucha".

   Los asistentes han respondido así a la llamada de los sindicatos a participar en concentraciones desde las 11.30 hasta las 12.30 ante las oficinas judiciales y a la convocatoria de huelga de los jueces y fiscales. "No es una crisis, es una estafa", "Entre todos pararemos la reforma judicial", "No a las tasas, Justicia para todos" y "Gallardón dimisión", han sido los gritos más coreados.

   Entre los presentes se encontraban funcionarios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como jueces y fiscales de la Audiencia Nacional como el magistrado Eloy Velasco o los fiscales Vicente González Mota, Miguel Ángel Carballo, Dolores Delgado o Juan Antonio García Jabaloy.

   En el Tribunal Supremo el único magistrado que ha comunicado formalmente su intención de ir a la huelga ha sido Rafael Sarazá, el penúltimo en llegar a la Sala de lo Civil. Todas las vistas señaladas se han celebrado, aunque se está a la espera de recibir el seguimiento que ha tenido la jornada de paro en el alto tribunal.

   El Comité Nacional de Huelga ha cifrado a mediodía el seguimiento de la jornada de paro de jueces y fiscales en 2.553 miembros. La protesta ha sido convocada por la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

  Ha sido respaldada por la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ.

  En febrero de 2009 ya hubo dos huelgas de togas contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo, que acabaron con su dimisión. Jueces y fiscales se han unido ahora contra el deterioro de la Administración de Justicia, sus "paupérrimas" condiciones de trabajo y la politización del Consejo General del Poder Judicial.

   No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo y desde entonces continúa el vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga.

Bomberos de CC.OO. y UGT no colaborarán en desalojar a desahuciados de sus casas en Madrid

  MADRID.- La Sección Sindical de CC.OO. en Bomberos Comunidad de Madrid ha mostrado este miércoles su "total apoyo" a sus compañeros de La Coruña que se han negado a colaborar con un desahucio a una anciana de 85 años y han tomado la decisión de que no colaborarán en este tipo de desalojos.

   Así, han señalado que los bomberos están para prestar servicio a la ciudadanía en el campo de la emergencia y no para causar una situación de emergencia, por lo que han alabado a sus compañeros gallegos por "haber demostrado estar del lado de la justicia social".

   "Los empleados públicos no somos títeres de la banca ni de sus servidores en el gobierno. Al igual que ayer hicieron los bomberos catalanes, nosotros comunicamos nuestra total negativa a colaborar con ningún tipo de acción que suponga alejarnos de nuestras labores profesionales, y contribuya a aumentar las desigualdades y miserias que sufre la clase trabajadora. En CC.OO. lo tenemos claro, no vamos a colaborar con los desahucios", han indicado en un comunicado.

   En la misma línea, el Sindicato Profesional de Bomberos de FSP-UGT se ha mostrado este miércoles contrario a que los Bomberos participen en los desalojos de personas desahuciadas porque "no entran en su competencia, por ser un asunto de orden público en el que no existe peligro ni riesgo para las personas ni para los bienes".

   De esta forma apoyan a los Bomberos de La Coruña que se negaron a participar en el desahucio de una persona de 85 años, al tiempo que han manifestado su "absoluta repulsa" a la intención de la Administración de expedientarles por esta decisión.

   "Rechazamos ser instrumentos de una maquinaria injusta que deja en la calle a una persona de 85 años, solamente por impago de un mes de alquiler. Nosotros solo abrimos una puerta de una vivienda porque exista un peligro cierto contra la integridad de las personas o los bienes, pero nunca para rescatar un banco", ha indicado UGT en un comunicado.

   "Los bomberos siempre estaremos del lado de la ley y de los ciudadanos, de nuestras competencias, pero nunca de aquellos que quieran desnaturalizar nuestras competencias en aras de una pretendida justicia y del cumplimiento de una ley que no contempla el sufrimiento, la angustia, la desesperación de las personas ante la inminente perdida de su vivienda, a la que tiene el derecho que le otorga nuestra Constitución", han concluido.

El fiscal cree prematura la imposición de una pulsera a Bárcenas

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado reclamar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que imponga una pulsera de control telemático al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, al considerar que se trata de una medida "prematura" a pesar de que existen "múltiples y contuntendentes indicios" de que podría haber incurrido en "la comisión de diversos delitos".

   Así consta en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 5 en el que el Ministerio Público sostiene que la adopción de medidas cautelares debería realizarse después de la declaración de Bárcenas ante el juez, que se producirá el próximo lunes, 25 de febrero, y cuando se reciban los informes encargados a la Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).

   La imposición de la pulsera fue solicitada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el caso 'Gürtel', al objeto de "evitar el riesgo de fuga" del extesorero así como la "tentación" de que pudiera llevar a cabo una operación de "vaciamiento patrimonial".

   Este colectivo también solicitó al juez que acuerde la prohibición de que Bárcenas salga del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de que comparezca todas las semanas en el juzgado más próximo a su domicilio, así como "la prohibición inmediata de transferir o gravar de manera alguna sus bienes" y "el embargo preventivo de todos sus bienes y propiedades, incluyendo, naturalmente, los que tenga en el extranjero".

   En su escrito, de tres páginas, la Fiscalía Anticorrupción señala que, por su "alcance y contenido", las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular deben entenderse "dirigidas a asegurar la sujeción del imputado al procedimiento, conjurando los posibles riesgos de fuga, manipulación de las fuentes de prueba o indebida disposición de bienes por parte del mismo".

   No obstante, señala que "ni tales medidas, que persiguen modificar la situación personal de quien se encuentra en libertad provisional en esta causa desde su inicio" ni "la entidad última de los riesgos" que pretenden conjurarse con las mismas puede evaluarse "sin conocer determinadas circunstancias cuya realidad está siendo analizada por las unidades de auxilio judicial, sin perjuicio de lo que pueda declarar el propio imputado el día 25".

   "Es por ello que resulta improcedente anticipar el trámite de audiencia en aras de resolver sobre la eventual imposición de las medidas cautelares, invirtiendo así la prioridad que corresponde al acto de su declaración", señala el escrito.  

   En relación con la solicitud de ADADE de que el juez tome declaración a las "personas no aforadas" que aparecían en la supuesta contabilidad B del PP publicada por el diario 'El País', la Fiscalía Anticorrupción señala, al igual que en escritos anteriores, que esta documentación, "sin perjuicio de la evolución de la instrucción, no está relacionada con los hechos objeto de esta causa".

   "Por todo ello y de conformidad con lo ya resuelto, no procede, en el estado actual de la causa, la práctica de las declaraciones de quienes aparecen en las anotaciones publicadas", señala el Ministerio Público.

   Bárcenas, que está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho, llegó a tener hasta 22 millones de euros en una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza). En diciembre regularizó 10,9 millones (el delito fiscal en el resto habría prescrito, según su defensa) tras acogerse a la amnistía fiscal a través de la sociedad Tesedul, registrada en Uruguay.

Rosa Díez plantea abrir en España un proceso constituyente para poner la democracia a la altura del siglo XXI

MADRID.- La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha aprovechado el Debate sobre el estado de la Nación para insistir en la necesidad de disolver las Cortes y abrir un proceso constituyente para poner la democracia "a la altura de las exigencias del siglo XXI" y permitir la "refundación" del Estado.

   Díez ha propuesto un pacto de legislatura en el que "todas" las fuerza se comprometan a aprobar por la vía de urgencia reformas legales de regeneración democrática para abrir, a continuación, un periodo constituyente, una reforma jurídica, prevista en la Constitución, que tiene por objeto, según ha explicado, dar respuesta a una exigencia política que no es otra que definir un Estado "fuerte, viable y sostenible".

   "Insistir en fórmulas inmovilistas o fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a esta crisis no hará otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política e incrementar la frustración, la indignación y la desesperanza poniendo el peligro el propio sistema democrático", ha defendido.

   Y, a su juicio, la regeneración de la democracia exige aprobar una Ley Electoral "justa y proporcional", reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público, como la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España, o una Ley de Transparencia que regule los 'lobbies' e incluya a la Casa del Rey, los partidos políticos y los sindicatos.

   Las últimas medidas mencionadas son sólo dos de otras tantas que la formación magenta ha venido proponiendo para combatir la corrupción política, una lucha que, según Díez, exige aprobar "de inmediato" leyes "eficaces" para poner fin a la "impunidad" de sus responsables y "castigar duramente" este tipo de prácticas.

   Para ello, la líder de UPyD ha propuesto que ley prohíba que las personas acusadas por delitos de corrupción política puedan ir en listas electorales, que establezca el delito de financiación ilegal de los partidos, que persiga el delito de enriquecimiento ilícito de todos los cargos públicos y que ponga coto a la "discrecionalidad" de los indultos otorgados por el Gobierno.

   Y combatir la corrupción exige también, según Díez, implantar una justicia "independiente", acabando con "el reparto vergonzoso" entre partidos, el mismo que, según ha denunciado, PP y PSOE acaban de renovar.

   Pese a sus demandas de regeneración democrática y de reforma del modelo de Estado que UPyD viene realizando, su portavoz teme, sin embargo, que sus iniciativas en este sentido van a "chocar" con el pacto para que "nada cambie" de los dos grandes partidos.

   "Es ese pacto para mantener triunfante el bipartidismo el que nos ha llevado a esta situación, el que ha permitido que ustedes rechacen juntos todas las propuestas de reformas estructurales que les hemos venido planteando --ha apuntado--. Porque ustedes confunden alternancia con alternativa y pluralismo político con bipartidismo".

   Según ha remarcado, España no es el PP, ni el PSOE ni UPyD, pero tampoco es esta justicia "politizada", ni los órganos supervisores "politizados", ni un Estado de Bienestar "arruinado". "España no es más que el conjunto de las personas que lo habitan, que trabajan, viven y mueren en él, y a veces por él", ha recalcado.

   Y, en este punto, Rosa Díez ha lamentado que frente a esta "ruina" y "retroceso", el PP haya optado por mantener el actual Estado de las Autonomías, un modelo de Estado "elefantiásico, inconexo, injusto e improductivo".

   A su juicio, ha llegado la hora de refundar el Estado, lo que, según ha reiterado, requiere un proceso de reforma de la Constitución --que habrá de acometerse disolviendo las Cortes y abriendo un proceso constituyente-- para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI.

   "Abordemos esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico, pero hagámoslo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional", ha manifestado.

   En el terreno económico, Díez ha criticado que si hoy España es "un país cada vez más pobre, más desigual, más injusto y más corrupto" no ha sido ni por la herencia recibida ni por los ajustes impuestos desde Europa, sino por decisiones del Gobierno del PP como los rescates financieros, la "ausencia de reformas", la centralización de las políticas económicas en las subidas de impuestos "a costa del consumo privado y del ahorro" a la par que se amnistiaba a los grandes defraudadores, y por el mantenimiento del despilfarro a costa de I+D+i o la inversión productiva.

   Además, ha criticado que el Ejecutivo haya "reaccionado tarde y mal a emergencias sociales como los desahucios", materia en la que a su juicio se ha "perdido un año", o como en el éxodo de jóvenes formados al extranjero como "toda solución al gigantesco paro juvenil".

   En la misma línea, la líder de UPyD ha afirmado que la reforma laboral sólo ha supuesto una "flexibilización del despido" sin un verdadero cambio del sistema, y que con los recortes presupuestarios "se ha perjudicado la salida de la crisis con nuevas bases para otro modelo económico basado en la innovación y el alto valor añadido de la producción".

Dimite en bloque el Gobierno búlgaro a causa de las protestas masivas

SOFÍA.- El primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, ha anunciado este miércoles la dimisión en bloque de su Gobierno a causa de las masivas protestas que se han producido en todo el país contra las políticas de austeridad y el aumento de las tarifas eléctricas.

   "No voy a participar en un Gobierno bajo cuyo mandato la Policía está golpeando al pueblo", ha declarado el primer ministro ante el Parlamento, sin precisar si se van a adelantar las elecciones legislativas previstas para julio de este año.

   Miles de personas se han manifestado desde este pasado domingo en una veintena de ciudades de Bulgaria para protestar contra la última subida de las tarifas eléctricas y para reclamar la renacionalización de las compañías energéticas extranjeras que operan en el país. Hasta 25 personas fueron hospitalizadas ayer martes tras enfrentarse con la Policía en las manifestaciones.

   Boiko Borisov ha intentado calmar el malestar de la calle cesando el pasado lunes al ministro de Hacienda, Simeon Djankov, y anunciando una serie de medidas, como la reducción en un ocho por ciento las tarifas eléctricas, la revocación de la licencia a CEZ y la imposición de multas a las tres distribuidoras eléctricas extranjeras, CEZ, Energo-Pro y EVN.

   Bulgaria está dividida en tres sectores para la distribución de electricidad, controlados por las checas CEZ y Energo-Pro y la austriaca EVN. Los precios de la electricidad son especialmente sensibles para los búlgaros, especialmente en invierno, cuando una factura cuesta una media de 350 euros al mes. Además, el pasado mes de julio la electricidad ya había subido un 13 por ciento.

   El problema de las tarifas eléctricas se une al malestar general por el bajo nivel de vida y por los altos índices de corrupción en el país, el más pobre de la UE.

Desahucios, sanidad, ETA, la Casa Real... las grandes ausencias del discurso de Rajoy

MADRID.- El discurso de Mariano Rajoy en su primer debate del estado de la nación como presidente ha estado plagado de anuncios y medidas para favorecer el crecimiento y contra la corrupción, así como de menciones recurrentes al paro y a la Constitución, entre otras cosas, aunque ha tenido ausencias notorias.

En primer lugar, el problema de los desahucios, que ha protagonizado la actualidad de las últimas semanas, bien por la ILP y sus 1,4 millones de firmas que ya está tramitando la Cámara Baja, bien por las protestas ciudadanas o bien por trágicos desenlaces recientes, no ha encontrado un hueco en la intervención.

Así se lo ha recordado, de hecho, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, que ha dicho que el del deje del Ejecutivo ha sido un discurso "alejado de la realidad, en la que los ciudadanos no se han visto reconocidos" por motivos como este.

Tampoco ha mencionado Rajoy a la Corona ni a Iñaki Urdangarin, yerno del rey imputado en el caso Nóos, ni siquiera cuando al enumerar sus propuestas contra la corrupción ha dicho que pretende aplicar los criterios de la ley de transparencia a partidos, organizaciones empresariales y sindicales y "todas las entidades que se financien a través de fondos públicos".

Aunque sí se ha referido el presidente a que "se fijarán reglas claras sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económica de los partidos políticos", no ha pronunciado en ningún momento el nombre de Luis Bárcenas, extesorero del PP imputado también en relación a la trama Gürtel y cuya supuesta contabilidad, ligada al PP, investiga la Fiscalía.

En este sentido, el portavoz de ERC, Alfred Bosch, le ha acusado de "escurrir el bulto". El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, cree que esta es la parte que más ha defraudado ya que -ha dicho- lo ha planteado como si fuera "algo ajeno al PP y al presidente".

La inmigración solo ha recibido una mención, al principio, la de aquellos "1.222.000 inmigrantes" que se encuentran en el paro; la Sanidad, por su parte, ha sido mencionada una vez en relación con el "apoyo a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos" por parte del Gobierno que ha permitido un mayor control de las cuentas y un mantenimiento de su "funcionamiento", aunque los recortes no han aparecido.

En cuanto a la banda terrorista ETA, ha desaparecido por primera vez de la intervención inicial de un jefe del Ejecutivo en las veintitrés ediciones de este debate; en el último, celebrado en junio de 2011, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, redujo las alusiones a ETA, a la que mencionó sólo una vez en su discurso inicial.

Han quedado asimismo fuera del discurso ejes tradicionales de este debate, como la política de defensa o de asuntos exteriores, al margen de su referencia a los acuerdos aprobados por los Consejos Europeos en materia económica.