Anticorrupción pide imputar al sobrino de Felipe González en el 'caso Invercaria'

SEVILLA.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria que impute a Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, después de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional concluyera en un informe que "debe considerarse como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva" en esta empresa pública de la Junta.

En este sentido, fuentes judiciales han informado de que el Ministerio Público ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción nº 16 de Sevilla en el que solicita la imputación del sobrino de Felipe González, una petición sobre la que el juez Juan Gutiérrez Casillas todavía no se ha pronunciado.

En este informe, la Policía Nacional analiza el pago de indemnizaciones y finiquitos recibido por trece personas tras la extinción de su relación laboral en Invercaria, entre ellas las de los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Juan María González, del exresponsable de Promoción Cristóbal Cantos o las de Óscar Fernández, director del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).

Así, los agentes concluyen que Cristóbal Cantos y Juan María González "firmaron un contrato como director de Promoción" de Invercaria, "coincidiendo ambos con el mismo contrato desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 10 de octubre de 2007", por lo que "necesariamente debe considerarse a González Mejías como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva en la empresa".

Asimismo, la Policía señala que Invercaria concedió tanto a Cantos como a Juan María González "préstamos personales por importes superiores a lo establecido en el convenio que regula las relaciones laborales" en la agencia IDEA, que era de 15.000 euros, añadiendo que con motivo de la relación laboral de ambos, Invercaria "condona los préstamos otorgados, incluyendo en la última nómina, antes de la extinción de la relación laboral, cuantías o conceptos desproporcionados y coincidentes con las deudas pendientes".

En el caso del sobrino de Felipe González, la Policía relata que en 2005 firmó su contrato como director de Promoción por el que le correspondían 61.000 euros anuales, tras lo que el 10 de octubre de 2007 envió un correo electrónico dirigido a Pérez-Sauquillo y al director financiero, Antonio Garrido, "en el que comunica su intención de causar baja en la empresa, y en la que el tono de cordialidad con los anteriores se expresa en la frase 'os agradezco los momentos y lecciones que me habéis brindado'".

Tras ello, el finiquito que se le pagó y la nómina de octubre ascendió a 26.540,08 euros, destacando asimismo la cancelación de un préstamo personal por importe de 26.500 euros, todo lo cual lleva a la Policía a concluir que "el importe abonado por Invercaria en concepto de horas extras y finiquito sin ningún soporte documental de ambos conceptos es realmente para la condonación" del préstamo "otorgado con dinero público procedente de Invercaria".

En la declaración que prestó como testigo el 22 de enero de 2013 en el marco de la causa, según recoge la Policía, el sobrino del expresidente del Gobierno aseguró que "su relación con Invercaria comienza con su contratación como ejecutivo en marzo de 2010", con lo cual estaría "omitiendo su relación anterior" con esta empresa pública de la Junta.

Además, "es especialmente llamativo que su contrato como director de Promoción es de fecha 1 de julio de 2005 y el de Cristóbal Cantos, por el mismo cargo, es de 1 de noviembre de 2005", por lo que "uno de ellos es falso, o bien ambos compartieron el cargo", señalan los investigadores en el informe elevado al juez Juan Gutiérrez Casillas, que investiga las inversiones de Invercaria en unas 30 empresas.

Asimismo, y pasando a Cristóbal Cantos, que en 2005 percibía una retribución total de 52.000 euros como responsable de Promoción, la Policía asevera que Invercaria le concedió un préstamo de 17.962,53 euros, superior a lo establecido, señalando que "el abono de un complemento de destino" en la última nómina, "desconocido en otras nóminas, permite deducir que este importe abonado por Invercaria, en concepto de complemento de destino -que ascendía a 12.960 euros-, es realmente para la condonación de dicho préstamo, otorgado con dinero público procedente de Invercaria".

En el informe, la Policía también dice que las indemnizaciones por despido recibidas por Tomás Pérez-Sauquillo y Óscar Fernández "se aumentan considerablemente en el mismo día en que se comunica a los interesados, presentando la apariencia de estar pactado previamente".

El juez Elpidio Silva niega la filtración y acusa al propio TSJM

MADRID.- El juez Elpidio José Silva ha negado este viernes ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Susana Polo haber sido quien filtró a la prensa los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Su abogado, Gonzalo Boyé, ha apuntado a las puertas del tribunal que la revelación la ha podido realizar "cualquiera", desde la Fiscalía hasta el propio tribunal o Bankia, que sí tenía estos correos corporativos a su disposición. Silva ha permanecido declarando una media hora, en la que únicamente ha respondido a las preguntas de su letrado.

El que fuera juez de Instrucción nº 9 de Madrid, actualmente en excedencia, ha acudido a declarar después de ser apercibido de que si no lo hacía podía ser detenido. Se trata de la tercera ocasión en la que se le cita por estos hechos, después de que la primera vez no declarase al pedir la recusación de la instructora de esta causa. 

Polo terminó archivando su petición y la defensa de Silva recurrió su decisión ante la Sala.