MADRID.- La Ley de Transparencia que está preparando el Gobierno y que no se le aplicará a la Casa Real impedirá a los altos cargos aceptar regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".
La norma en la que figura esta exigencia no se le aplicará a la Casa Real por no ser una administración pública, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el día que el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley y preguntada expresamente por esta posibilidad.
La causa de la pregunta era el interés expresado por distintos partidos políticos e instituciones como el Parlamento de Navarra por conocer con precisión el contenido del presupuesto de la Casa Real y por que se le aplicase la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. No tenía que ver, por tanto, con el viaje a Bostuana al que ha sido invitado Don Juan Carlos.
Sáenz de Santamaría respondió que la institución real no es "una administración pública" y que sólo estas son las destinatarias de la Ley de Transparencia, que será aprobada como proyecto en un próximo Consejo de Ministros y remitida a las Cortes para su debate y aprobación.
El hecho de que la Casa Real quede al margen de esta ley fue una decisión compartida por el PSOE. La vicesecretaria del partido, Elena Valenciano, aseguró hace unos días en una entrevista con Europa Press que le parecía "bien", y destacó que "en los últimos años" ya se han producido avances "en el grado de transparencia" de las cuentas de la Casa del Rey, un "camino" que considera que "no hay que abandonar".
La norma que prepara el Ejecutivo tiene como objeto principal que la actividad y las cuentas de las administraciones sean más accesibles para los ciudadanos y que los responsables de lo público respondan por su gestión.
En el borrador, se recoge un capítulo con los principios éticos que debe regir el trabajo de los altos cargos y también unos principios de actuación. Es en este punto donde se insta a los responsables políticos a no aceptar regalos ni favores y a incorporarlos al patrimonio del Estado cuando sean obsequios "con una mayor relevancia institucional".
Dentro de estos principios, también se indica que los altos cargos no se implicarán en situaciones incompatibles con sus funciones y "no se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales".
Protesta de WWF
La organización ecologista WWF ha dirigido
una carta a la Casa Real solicitando una reunión para hablar del asunto.
"Le escribo para transmitirle el
profundo malestar y preocupación de WWF por los últimos acontecimientos relacionados con la participación de S.M. El Rey en una cacería de elefantes en África, lo que ha provocado
un enorme rechazo entre nuestros socios y en la opinión pública en general contraria a la caza de elefantes, aun cuando ésta se realice de forma legal y regulada", afirma la misiva remitida por la ong al Palacio de la Zarzuela.
La ong también pide "una reunión urgente" con miembros de Casa Real para intercambiar opiniones sobre lo que califican de "desafortunado acontecimiento".
Hay que tener en cuenta que la ONG abandera, financia y dirige numerosas actividades de
defensa de la fauna salvaje, incluidos diversos programas en favor del elefante en África y Asia. También ha realizado iniciativas para prohibir el comercio de marfil de elefante. Por eso mismo no comparte, aprueba ni ve presentable la caza de elefantes realizada por ocio y de forma comercial.
No obstante, la organización también sabe que en Botsuana la caza de elefantes está permitida legalmente y se lleva a cabo siguiendo varios criterios de sostenibilidad. Hay unos 130.000 ejemplares en ese país y
un plan de gestión que funciona bien y es ejemplo en África. Bajo ese plan de gestión de la fauna, Botsuana permite la caza de elefantes para lograr que el número de ejemplares no supere la capacidad de carga de las zonas protegidas y acabe causando
conflictos con la población.
En ese sentido, Juan Carlos del Olmo ha explicado que es un caso donde se mezclan muchas cuestiones a la vez. Muchas personas consideran la caza como algo reprobable y más si se trata de animales escasos y espectaculares como el elefante. Pero, al mismo tiempo, cuando se habla de conservación de la naturaleza y de gestión de los espacios naturales, la caza puede ser, en ocasiones,
una herramienta de gestión del territorio.
"Personalmente no me parece bien ni se lo parece a nuestros socios matar animales y hacerlo por diversión", afirma Del Olmo. Es por eso que WWF ha solicitado la reuniónn con Casa Real. Pero sí es verdad, al mismo tiempo, aseguran en la ong, que la caza que ha practicado el Rey ha sido legal jurídicamente y hasta podría decirse "sostenible", ya que está permitido hacerlo en Botsuana y los elefantes que se cazan son cuotas de un plan de gestión que funciona.
Otra cuestión es que sea ética o estéticamente presentable, algo que desde la ONG no creen así. La cuestión es, aseguran también, algo que atañe a toda la sociedad: ¿Debe el jefe de Estado cazar, sí o no? Y en ese caso no son quiénes para decirlo.
