miércoles, 3 de octubre de 2012

Dos activistas marroquíes acceden a Islas Chafarinas y otros cuatro lo intentan en Isla de Tierra


MELILLA.- Un grupo de marroquíes ha accedido a las islas de soberanía española en el Norte de África, formado por dos individuos que ha logrado llegar hasta las Islas Chafarinas mientras otro integrado por cuatro ha intentado hacer lo propio en la Isla de Tierra aunque no lo ha logrado. 

   El 'Comité de Liberación de Ceuta y Melilla' asegura que son sus activistas mientras la Delegación del Gobierno en Melilla asevera que no les consta esta afiliación, aunque admite que "no se descarta que actuaran guiados" por la organización que lidera el senador marroquí Yahya Yahya.
   En concreto, la Delegación del Gobierno en Melilla ha informado que dos marroquíes han sido detectados este miércoles en la Isla del Congreso por parte de las fuerzas militares españolas presentes en el archipiélago de las Chafarinas.
   Según detalla una portavoz gubernamental, "los marroquíes se han declarado ajenos a cualquier grupo de activistas como los que en días pasados venían anunciando una acción sobre el Peñón de Vélez de la Gomera", en referencia al autodenominado 'Comité de Liberación de Ceuta y Melilla'.
   Asimismo ha explicado que "en el momento en que fueron detectados, ni portaban banderas del vecino reino alauita ni mantenían ninguna actitud de corte político".
   No obstante, según añade la Delegación, "no se descarta que actuaran guiados por el grupo de activistas que ha venido convocando una acción multitudinaria y reivindicativa en el Peñón de Vélez de la Gomera que, finalmente, no se ha producido".
   Por otra parte, el organismo gubernamental ha comunicado que también la tarde de este miércoles, otro grupo de cuatro marroquíes, enarbolando la bandera de Marruecos, "ha intentado acceder sin éxito a la Isla de Tierra, perteneciente al archipiélago de Islas Alhucemas".
   La Delegación del Gobierno en Melilla ha enmarcado estas acciones "en la política de presión que un grupo de activistas radicado en el entorno de Melilla viene desplegando desde hace años con el objetivo de entorpecer y tensionar las inmejorables relaciones entre dos países amigos como son España y Marruecos".
   Por su parte, el presidente del autodenominado 'Comité de Liberación de Ceuta y Melilla', el senador marroquí Yahya Yahya, ha asegurado que las personas que han accedido a las Islas de Chafarinas y Alhucemas pertenecen a su organización y que "son activistas que luchan por la recuperación de los territorios usurpados a Marruecos".
   Yahya ha dicho que los dos jóvenes localizados en la Isla del Congreso de Chafarinas han sido ya devueltos por el Ejército español a Marruecos "en una playa de Cabo de Agua" y que uno se encuentra hospitalizado "porque le han pegado" y otro "está detenido por la gendarmería marroquí".
   El también alcalde de las localidades marroquíes limítrofes con Melilla, como son Beni-Enzar y Farhana, ha señalado que está con los jóvenes para respaldarles y evitar cualquier sanción sobre ellos porque "son defensores de la causa sagrada de los marroquíes".
   Yahya también ha admitido que la marcha sobre el Peñón de Vélez de la Gomera no ha podido materializarse por "las 4.000 personas que habían sido movilizadas" porque la gendarmería y las fuerzas auxiliares marroquíes han impedido la misma, al haber coincidido estas manifestaciones con la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos que se celebra este mismo día en Rabat.
   El senador asegura que las acciones de su comité no acaban este 3 de octubre porque "seguiremos enviando un mensaje claro a España para que evacue los territorios colonizados a Marruecos en el Norte de África".

Un policía infiltrado que fue agredido durante el 25-S pierde el 30% de la visión de un ojo

MADRID.- Un jefe de grupo de la Brigada Provincial de Información de Madrid ha perdido el 30% de la visión de un ojo a causa de la agresión que sufrió por parte de algunos radicales que le identificaron cuando se encontraba infiltrado en la protesta del 25-S para localizar a "elementos violentos".

Según han explicado fuentes policiales, este jefe policial es el que algunas cámaras de televisión captaron cuando un grupo de agentes de policías antidisturbios arremetían contra un manifestante. Gritaba: "Qué soy compañero, ¡coño!", a lo que un agente contestó: "Estaros quietos, éste es compañero, joder".

El jefe policial de la Brigada Provincial de Información, según las fuentes, se encontraba de paisano "infiltrado" en la protesta con el objetivo de localizar a los elementos violentos que participaban en la protesta 'Rodea el Congreso'.

En un momento determinado, fue reconocido y sufrió una agresión por parte de varios 'manifestantes radicales'. El momento en el que era sacado por los antidisturbios del grupo de personas que lo estaba golpeando fue el que captaron las cámaras de televisión.

Según las fuentes, la confusión entre los antidisturbios se produjo porque el jefe policial se aferró a uno de los manifestantes que le agredía.

El Ministerio de Trabajo destapa un 11,8% más de economía sumergida

MADRID.- “Racionalización de los recursos y organización, porque los inspectores siempre han trabajado mucho”. Así explican en el Ministerio de Trabajo los extraordinarios datos facilitados por la ministra Fátima Báñez (en la imagen) en el transcurso de la reunión con directores territoriales y jefes provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  De enero a septiembre de este año se han realizado 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. El plan de lucha ha permitido que afloren 57.457 empleos hasta septiembre, un 11,86% más que el año anterior, según http://www.hispanidad.com

Los datos son magníficos. La actuación de la inspección permitió detectar  1.064 empresas ficticias y anuló 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que el año anterior.

Las cifras no guardan ninguna relación con el nuevo régimen de empleadas del hogar ni posibles inspecciones ejercidas al respecto para detectar trabajadores sin dar de alta durante este verano, entre otras cosas, porque, según fuentes del propio Ministerio, los hogares son muy difíciles de inspeccionar por su especial condición jurídica.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó, entre los siete meses de enero a septiembre de este año, un total de 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. De ellas, 15.097 guardan relación con las prestaciones por desempleo. Se han detectado 4.730 infracciones de empresarios, un 30% más que en el mismo período del año anterior que se cerró con un saldo de 3.642 infracciones detectadas.

Se ha descubierto a 6.943 trabajadores que, o bien compatibilizaban indebidamente las prestaciones con un trabajo, o las han obtenido mediante el recurso al fraude. El incremento de infracciones detectadas ha sido de un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
Las empresas ficticias, otra bolsa de fraude, han sido objeto de la atención del Ministerio de Trabajo. Se han llevado a cabo 14.110 inspecciones, un 70,5 % más que las 8.274 del año pasado. Se han detectado 1.064 infracciones en esta área, frente a las 208 detectadas en los nueve primeros meses de 2011, lo que implica un incremento del 411,5%.

También se anularon 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que en los nueve primeros meses del año 2011 (10.919 altas anuladas).

Báñez puso en valor la labor realizada por los inspectores de trabajo y seguridad social, “un servicio público con más de 100 años de historia…” y ha añadido que los resultados obtenidos “son datos positivos que revelan vuestro trabajo y vuestro compromiso en estos años de crisis económica”.

A la vista de los resultados, la nueva legislación  de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobada por el PP está consiguiendo los resultados esperados. Aunque cabe preguntarse si muchos de los delitos fiscales cometidos, como las altas ficticias, no han aumentado con el empeoramiento de la crisis este último año, lo que da lugar a su detección, lo cierto es que el número de actuaciones se ha incrementado. Los inspectores, por mucho que hayan trabajado antes y después, y sin un incremento significativo de medios, deben estar echando humo.

Daniel Raventós: "Todas las reformas que se están haciendo son para que los ricos vivan mejor"


BARCELONA.-  “De todos los derechos, el primero es el de existir. Por tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir”, dijo el político francés Maximilien Robespierre en 1792. De las raíces de este pensamiento nace la propuesta de renta básica que defiende Daniel Raventós, Doctor en Ciencias Económicas y profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. 

La renta básica es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre. Desde hace años la idea ha empezado a calar en diversos movimientos sociales hasta el punto que se ha convertido en una de las principales reivindicaciones del 15-M. De hecho, esta propuesta u otras similares se ha discutido en diversas ocasiones en el parlamento español y en el catalán. Raventós, que forma parte del Consejo Científico de ATTAC, explica este concepto en ¿Qué es la Renta Básica? y Las condiciones materiales de la Libertad (El Viejo Topo).

- ¿Qué necesidades debería cubrir la renta básica?
- El criterio es el umbral de la pobreza, que lo define la Unión Europea. Pobre es aquella persona que recibe entre el 50%  y el 60% de la renta por cápita de la zona. Esto significa que una persona que vive sola y perciba en Catalunya menos de 650 euros al mes es pobre. La renta básica tiene que ser al menos igual al lindar de la pobreza.

- En este contexto económico puede parecer un poco utópico defender la renta básica…
- Cualquier medida que favorezca a la población más débil se considera ir contra corriente, porque parece que se asuma que lo único que tiene sentido económico es quitar derechos de la población más perjudicada, la inmensa mayoría, y que los más ricos se queden igual o, incluso, ganen dinero.

- Pero la renta básica sería contraria a la actual política económica…
- Toda política económica está muy bien descrita por las dos palabras que la conforman - política y económica-. “Política” hace referencia a qué grupos beneficiamos y a cuáles perjudicamos, y en función de esto se hace la economía adecuada a los objetivos que políticamente se han dibujado. No existe ninguna medida de política económica que beneficie o perjudique a toda la población por igual.

- ¿En qué grado en una situación como la actual sería viable la medida que usted propone?
- En una situación de crisis quien sale perjudicado de manera mayoritaria es la parte más débil de la población, gente a la que ni siquiera hace un año se le había pasado por la cabeza que podría ser pobre. Esta es una de las razones por la cual una parte importante de la población saldría beneficiada con la renta básica. Además, garantizas que haya demanda y, por tanto, habría más actividad económica y se recaudarían más impuestos.

- ¿Por qué considera que es importante incluir el concepto de universalidad en la renta básica?
- Todo lo que sea condicional cuesta mucho porque hay que controlarlo. Por ejemplo, la gente que está parada tiene que demostrar que tiene derecho a percibir una prestación por desempleo, por lo que debe haber trabajadores públicos que lo comprueben. Las condicionalidades tienen unos costes de administración; la universalidad, no. Cuando el primer gobierno del PSOE estuvo discutiendo la universalidad de la seguridad social, se planteó la posibilidad de excluir al 15% de la población más rica. Al final, concluyeron que excluir tiene más costes.

- ¿Cómo podría costearse esta medida?
- Profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de Barcelona (UB) elaboramos un estudio entre los años 2003 y 2004 en que se concluía que mediante una reforma del IRPF se podía financiar una renta básica equivalente a 5.400 euros anuales para cada adulto y 2.700 euros para los menores de 18 años. Obviamente, los ciudadanos ganarían o perderían en función del nivel de renta. Los que perderían bastante sería el 2% de la población catalana, aunque continuaría siendo rica. En el estudio nos basamos en los datos oficiales del IRPF, pero no eran reales puesto que los profesores universitarios que hacíamos el estudio aparecíamos como el 10% de la población más rica de Catalunya, lo cual demuestra el terrible fraude fiscal que existe.

- ¿Considera que las últimas medidas introducidas por el Gobierno español en este sentido luchan contra el fraude fiscal?
- Ni mucho menos. Todas las reformas que se están haciendo son para que los ricos vivan mejor. Según algunos estudios, con la crisis los únicos que están ganando de manera desproporcionada son los más acaudalados, especialmente, el 0,1% más rico.

- Vaya.  
- Que hay crisis es evidente, pero todas las medidas de política económica que se están tomando son para pagar a los bancos franceses y alemanes en detrimento de toda la población. La siguiente decisión será recortar las jubilaciones y que los funcionarios sigan perdiendo poder adquisitivo, pese a que hay trabajadores públicos que cobran solo unos 800 euros al mes.

- ¿Por qué la renta básica es diferente de cualquier otra ayuda social?
- La diferencia es que prestaciones como la Renta Mínima de Inserción (RMI) o el seguro por desempleo son condicionadas y la renta básica, no. Solo por vivir en un sitio tú tendrías el derecho de percibirla.

- Usted habla de que esto tendría un efecto psicológico positivo para la población pobre.  
- Es lo que muchos trabajadores sociales han puesto en evidencia  y que recibe el nombre de estigma. Cuando el paro es minoritario o la pobreza no está tan extendida como ahora, para muchas personas los subsidios de pobreza son su certificado de fracaso social. Algunos estudios hechos hace años en Estados Unidos demuestran que gente que sabía que tenía derecho a recibir determinados subsidios no los pedía porque hacerlo era reconocer que era una fracasada social.

- ¿La introducción de la renta básica significaría la eliminación de otras prestaciones?
- Nuestra propuesta de financiación dice que todos los subsidios monetarios inferiores a la renta básica quedarían suprimidos. Y en el caso de las personas que recibieran prestaciones de cantidad superior, no perderían ni ganarían nada. La renta básica no es acumulativa.

- ¿También incluiría la eliminación de las pensiones?
- Una pensión inferior a la renta básica quedaría suprimida y la superior se mantendría. Actualmente ocurre que con una pensión viven tres o cuatro personas de la misma familia. Con una renta básica no solo el pensionista cobraría, sino también su mujer y sus hijos. 

- Pero si garantizáramos a todo el mundo un sueldo, quizá mucha gente dejaría de trabajar.  
- Esto es absurdo. La gente sería más libre que ahora para dedicarse a lo que le gustara, mientras que ahora se ve obligada a trabajar en  cualquier cosa al precio que sea. Hay un pequeño estudio que se hizo hace diez años en Bruselas sobre unas setenta personas a las que les había tocado una asignación mensual de 1000 euros hasta la muerte. A los dos años de cobrarla la mayoría no había dejado su empleo y la minoría que había abandonado su trabajo, lo hizo para tener más tiempo y buscar otra cosa más adecuada a su competencia técnica y a sus gustos.

- Sorprendente.
- Esto enlaza con una de las propiedades de la renta básica: la medida aumentaría la libertad real de buena parte de la ciudadanía, porque permitiría una existencia material más o menos asegurada. Eso de que la gente se conforme con 500 euros al mes independientemente de su formación y ambición personal es tener una concepción muy pobre de la psicología media de nuestra especie. Ya estoy dispuesto a que una pequeña parte de la gente dejara de trabajar a cambio de que la inmensa mayoría de los ciudadanos pudiera vivir de forma más digna de lo que se vive ahora. 

- ¿Pero qué ocurriría con los puestos de trabajo mal remunerados?
- Deberían pagar más o bien introducir un incentivo a la invención técnica. Por ejemplo, hay trabajos que cuando era muy joven no pensaba que se podrían mecanizar demasiado y que, luego, ha resultado ser todo lo contrario, como ha ocurrido con la limpieza de las calles. Esto quiere decir que hay muchas labores que se podrían automatizar y estaría muy bien que se hiciera. Una de las cosas interesantes de la productividad es que podemos hacer lo  mismo en menos horas, lo que es malo es que solo beneficie a una pequeña parte de la población. Las horas de trabajo en una situación de crisis como la actual están aumentando, la jubilación se está alargando. Es completamente absurdo.

- Por tanto, ¿seríamos igual de productivos con una renta básica?
- O más. Sobre todo si se acepta la idea – que los empresarios acostumbran a no aceptar- de que una persona que trabaja en algo que le gusta es más productiva, y no lo es cuando está descontenta y ve que sus esfuerzos no le sirven de nada, cuando el trabajo es poco estimulante. Son cosas que desde hace muchos años están estudiadas. La renta básica te da la posibilidad de sentirte más realizado. 

La Comunitat Valenciana, líder en desahucios con 9.370 operaciones en el primer semestre

MADRID.-   La Comunitat Valenciana es la autonomía que ha registrado mayor cantidad de desahucios solicitados ante los juzgados en el primer semestre de 2012, al aglutinar un total de 9.370 operaciones, según el estudio 'Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales' elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   A nivel nacional, el número de lanzamientos --procedimientos de desahucio-- solicitados a los servicios comunes también ha sido el mayor de la historia en el segundo trimestre de 2012, un total de 18.668, un 13,4 por ciento más que en el segundo trimestre de 2011.
   En lo que se refiere a las ejecuciones hipotecarias, el número de las iniciadas en el segundo trimestre asciende en la Comunitat Valenciana a un total de 4.162, un dato ligeramente inferior al registrado en el primer trimestre en el que se alcanzaron 4.731.
   A nivel nacional, los datos apuntan que se han registrado un total de 23.421, lo que supone un 14,2 por ciento superior al mismo trimestre de 2011.
   Por su lado, el informe también informe sobre procesos concursales. Así, en lo que respecta a concursos de acreedores iniciados, se han registrado en el segundo trimestre un total de 432 en la Comunitat Valenciana.
   Por provincias, Valencia ha sido la que ha registrado la mayor cantidad de procesos, al aglutinar un total de 251; seguida de Alicante, con un total de123; y Castellón con un total de 58 concursos iniciados.

La sociedad civil comienza a agitarse en la Región de Murcia

MURCIA.- La Cumbre Social, integrada en Murcia por 70 organizaciones, ha convocado para este domingo sendas manifestaciones en Murcia y Cartagena para protestar nuevamente por la política de "recortes" del Gobierno central. Lo que se pretende es que la sociedad "ponga sobre la mesa la respuesta radical negativa a la implantación de estas medidas y exija un cambio de rumbo".

   Las movilizaciones, con el lema 'Hay que impedirlo, Movilízate', se desarrollarán a partir de las 12.00 horas. En el caso de Cartagena, el punto de inicio será en la Plaza de España y culminará en la Plaza del Ayuntamiento; mientras que en Murcia partirá de la Plaza Fuensanta hasta llegar a la Plaza de la Cruz Roja.
   Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa los secretarios generales en Murcia de CCOO y UGT, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, respectivamente, quienes han adelantado, igualmente, que dentro de este calendario de nuevas movilizaciones de la Cumbre Social se ha acordado una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno "un referéndum de valoración de estas medidas frente al fraude electoral al que está sometiendo el PP al país con un programa distinto al que se presentó en las elecciones".
   Según ha resaltado Jiménez, "el 85 por ciento de la población rechaza el conjunto de políticas públicas que se están desarrollando", por lo que el objetivo es que "se produzca una vinculación de las políticas públicas con lo que desean los ciudadanos".
   En esta línea, ha denunciado públicamente que "en los seis meses que lleva de funcionamiento la reforma laboral, el problema del paro lo que ha hecho ha sido agravarse de manera dramática", a lo que se une el proyecto de PGE para el próximo año, "que no es creíbles en sus predicciones y será inútil para sacarnos de esta situación, ya que lo que hacen es dar la espalda a los ciudadanos".
   "A costa de todo y lo que hacen estas políticas públicas es empobrecer a la población, deteriorar los derechos sociales y plantear una sociedad con más exclusión y desigualdad", ha lamentado Jiménez, quien también llama la atención sobre el "mayor obstáculo de acceso a los servicios públicos y el incremento de las tasas judiciales".
   Tras advertir que "de forma inmediata llegaremos a los seis millones de parados", ha reprobado que se renuncie a "estimular el crecimiento y a luchar contra el fraude".
   Por su parte, Daniel Bueno ha indicado que "la presentación de los PGE, con nuevos y duros recortes en políticas sociales educativas y de sanidad, unido a un rescate del sector financiero que se viene produciendo y también el ocultismo que practica el Gobierno sobre la posibilidad de rescate del país confirman que el Ejecutivo no tiene en cuenta los intereses generales de la sociedad".
   Por ello, considera que "es inaceptable seguir así, porque hay alternativas y se puede cambiar el rumbo de los recortes".
   La manifestación de este domingo se aprovechará para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que este año se centrará, según ha adelantado Jiménez, en "la situación vulnerable y precaria que sufren los más jóvenes en España, con 2,6 millones de parados y muchos de ellos obligados a emigrar por falta de oportunidades en este país".
   Una vez concluya la manifestación, en el jardín que hay frente a la Delegación del Gobierno se escenificará, con el grupo de teatro de UGT, un acto simbólico con esta problemática que tienen los jóvenes.
   Por otro lado, sendos secretarios de UGT y CCOO han desvelado que "casi con toda probabilidad se producirá en España una Huelga General en las primeras semanas de noviembre" y su carácter, según han remarcado, será social y no estrictamente laboral, al entender que será "una reacción conjunta de la sociedad afectada, directa o indirectamente, por los recortes".
   Por ejemplo, ha dicho Bueno, "los pensionistas, parados o estudiantes no tienen derecho a huelga"; de ahí que este llamamiento se extienda al conjunto de la sociedad para que "se movilice".
   No obstante, esta convocatoria de Huelga General está estudiándose en los órganos de la Cumbre Social a la espera de ser aprobada por las entidades que de ella forman parte.
   Y es que, señalan, "una inmensa movilización de la mayoría de la sociedad de este país es la única palanca que tenemos para exigir al Gobierno que convoque a esta sociedad a un referéndum para ver si avala o no estas políticas que está poniendo en marcha".
   De ahí la constitución de esta Cumbre Social en un intento de "aunar al mayor número de tejido social del país en contra de unas políticas concretas", ha explicado Bueno.

La APM condena las agresiones policiales a periodistas y rechaza las restricciones al ejercicio de la profesión

MADRID.- La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha examinado los acontecimientos de los últimos días en torno a las manifestaciones desarrolladas bajo el lema “Rodea el Congreso” (días 25 y 29), y en un comunicado emitido condena las agresiones y rechaza las restricciones al ejercicio del periodismo, ya que impiden que los medios cumplan su misión de aportar a los ciudadanos todos los datos posibles que les permitan conformar su propia opinión.

Varios asociados denunciaron a la APM que en la manifestación del día 29, la policía prohibió a los medios audiovisuales instalar sus grúas y cámaras en Neptuno y les obligó a desmantelar los dispositivos que habían montado alegando "motivos de seguridad nacional". Varios medios se quejaron también a la APM de las agresiones de algunos policías hacia periodistas y reporteros gráficos en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y en la estación de Atocha el pasado día 25.

La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condena estas agresiones y rechaza las restricciones al ejercicio del periodismo, ya que impiden que los medios cumplan su misión de aportar a los ciudadanos todos los datos posibles que les permitan conformar su propia opinión.

La APM considera que el hecho de que las manifestaciones no estén autorizadas no impide la colocación de dispositivos por parte de los medios, ya que el derecho de información sigue prevaleciendo en esos casos.

Consecuentemente, la APM insta al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno a que eliminen las barreras al ejercicio del periodismo, faciliten el trabajo a los periodistas, garanticen su seguridad, habilitando si fuera necesario espacios en los que puedan desarrollar su tarea sin problemas, y respeten sus acreditaciones.

También recomienda a sus asociados que exhiban permanentemente la acreditación de la APM y, para mayor seguridad, que recurran a los chalecos que facilitan la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) y la ANIGP-TV (Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión).

La Fiscalía no alcanzará un acuerdo de conformidad previo con Urdangarin

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este miércoles que "no va a haber conformidad alguna previa" por parte del Ministerio Público con la defensa del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para eludir la cárcel a cambio de declararse culpable en el caso Nóos, al tiempo que ha previsto que el final de la instrucción está "relativamente próximo".

   El fiscal general del Estado ha precisado que el sistema está "abierto" si alguna vez la defensa de los encausados propone algún acuerdo, aunque ha recordado que esta opción tendría que ser aceptada por todas las partes del proceso.
   Al ser preguntado con qué título cinematográfico bautizaría esta causa penal y qué personaje interpretaría el duque de Palma, Torres-Dulce ha respondido que tendría que reflexionar sobre esta cuestión. "Un título brillante estaría anticipando cosas que no quiero anticipar", ha contestado.
   En este punto, ha precisado que Urdangarin es "un ciudadano más, con todos sus derechos y obligaciones" y que se aplicará "rigurosamente" la ley en este caso.
   En cuanto a la necesidad de tomar de nuevo declaración al marido de la infanta Cristina, el fiscal general ha afirmado que es una decisión que concierne al fiscal y al juez de instrucción, mientras que ha dicho tener la "mejor impresión" de que las actuaciones se están llevando a cabo con "mucho rigor".
   "Seguimos teniendo un viejo concepto del proceso consistente en acumular todo tipo de pruebas antes del juicio", ha remarcado Torres-Dulce, para añadir que la idea de "intentar hacer una causa general y cerrar todos los flecos está condenada a un fracaso ciertamente notable". A su juicio, los indicios de delito se pueden perseguir en piezas separadas, no siendo necesario hacerlo de forma "indiscriminada".
   Al ser preguntado sobre el abogado de Isabel Pantoja comparando la situación de su clienta con la de la infanta Cristina, el fiscal general ha respondido que es "una forma de libertad de expresión" que no comparte.

Un imputado se querella en la Audiencia Nacional contra Cifuentes 'por orquestar los disturbios'

MADRID.-   Uno de los imputados por promover la protesta celebrada el pasado 25 de septiembre ante el Congreso de los Diputados ha presentado este miércoles ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional una querella contra la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al considerar que fue este órgano gubernamental quien "promovió y orquestó" la alteración del orden que tuvo lugar en las inmediaciones del edificio parlamentario. 

   La querella solicita al juez Santiago Pedraz que tome declaración a la delegada en calidad de imputada por la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado, tipificado en el artículo 494 del Código Penal, el mismo que se imputa a los organizadores de la manifestación y a los 35 detenidos en la protesta.
   El escrito argumenta que la actuación de la Delegación de Gobierno "fue la mejor promoción y difusión que podían haber siquiera soñado las convocatorias del 25-S". Así, detalla que a pesar de conocer la apertura en el Juzgado dirigido por Pedraz de una diligencias de investigación sobre la convocatoria de la manifestación, la delegada decidió autorizar la marcha de forma "verdaderamente insólita".  
   La querella, firmada por el abogado Jesús María Díaz Formoso, agrega que pesar de que las manifestaciones se convocaron hace meses "se señaló ese mismo día para el debate de los presupuestos generales del Estado", coincidiendo con un clima de enorme malestar social y gravísimos recortes.
   El letrado se refiere también a las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación y que apuntaban a que los desórdenes fueron iniciados por policías de paisano infiltrados entre los manifestantes.
   Díaz Formoso defiende así que las protestas fueron fruto de "una trama organizada desde las instancias del poder estatal y ejecutada precisamente por quien tiene la obligación de velar y garantizar el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos".

Un vocal del CGPJ dice que modular la Ley de manifestación, "propio de regímenes autoritarios"

MADRID.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez ha asegurado este miércoles que la propuesta de la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de modular la Ley de manifestación es "propio de regímenes autoritarios y dictatoriales".

   En declaraciones a la Cadena Ser, Gómez Benítez ha señalado que es "bastante posible" que Cifuentes se haya situado "fuera del marco constitucional".
   "Lo que le molesta al parecer a Cifuentes es el número, la constancia y la permanencia de las manifestaciones, pero eso se produce porque cada vez hay más ciudadanos que no confían en que las personas a las que han elegido o que se encuentran en la oposición defiendan sus intereses y en consecuencia buscan una vía directa de manifestar su crítica", ha subrayado.
   Desde su punto de vista, el poder manifestarse es "un contrapeso fundamental en cualquier democracia frente a los excesos o arbitrariedades del poder". El vocal entiende que lo que se pretende con esta propuesta es "limitar ese ejercicio de derecho de los ciudadanos", por lo que considera que la reacción de la delegada del Gobierno en Madrid es "típica de regímenes autoritarios y dictatoriales, no de un estado democrático".
   Gómez Benítez ha recordado que la Ley prevé que hay formas de modular los itinerarios de las marchas "cuando puedan existir intereses públicos contrapuestos o peligros para las instituciones, los bienes y las personas".
   "Pero más allá de lo que dice la Ley, que es bastante razonable, el derecho de manifestación se debe de producir allí donde es visible. No es razonable excluir el centro de la ciudad de las manifestaciones. Lo que hay que preocuparse es de las causas por las que hay tantas manifestaciones", ha zanjado.
   En otro orden de cosas, el vocal se ha referido a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre los antecedentes de la convocatoria de manifestación del 25S frente al Congreso y ha precisado que estos trámites son normales si el magistrado intuye que puede estar en "vías de delito".
   Finalmente, ha apuntado que en este caso se está haciendo "una investigación normal que se le exige a un juez de instrucción cuando existe apariencia de que se ha podido producir un hecho delictivo".

Los sindicatos policiales afirman que el derecho a manifestarse está perfectamente regulado

MADRID.- Los sindicatos policiales han pedido hoy contención a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y han defendido el derecho constitucional de manifestación, que está perfectamente regulado en la ley y, por tanto, no se tiene que modular ni recortar.

Así lo han manifestado los responsables de los sindicatos policiales en referencia a las palabras de Cifuentes, quien ayer consideró necesario "modular" el derecho de manifestación.
No obstante, la delegada ha aclarado hoy que con su propuesta de "abrir un debate" para "modificar" la ley orgánica que regula el derecho de manifestación no ha planteado "una restricción del derecho de reunión o de manifestación".
Tras esas declaraciones, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha valorado que Cifuentes haya matizado su propuesta, pero le ha recordado que el de manifestación es un derecho "fundamental" que "no se tiene que modular ni recortar, sino respetarse y protegerse".
En cualquier caso, Benito cree que abrir un debate como pide la delegada está bien, porque hablar siempre es "positivo y enriquecedor", pero advierte de que una discusión sobre este asunto no debe llegar a la conclusión de limitar el derecho.
Desde la Confederación Española de Policía (CEP), su secretario general, Ignacio López, tampoco ve necesario regular un derecho que está consagrado en la Constitución y que la ley "modula estupendamente bien".
Son los tribunales los que tienen la capacidad de marcar los límites a las normas, ha dicho López, quien entiende que este momento de conflictividad social no es el más adecuado para plantear recortes a ese derecho constitucional, porque, además, a muchas personas lo único que les queda es el derecho a protestar.
Ha criticado la falta de sensibilidad política de la delegada del Gobierno, a quien, sin embargo, ha agradecido que haya dado "marcha atrás" y a la que ha aconsejado que "no siga por esa vía, y haga un ejercicio de contención porque "bastante tiene con lo que tiene".
Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, también ha recordado que manifestarse es un derecho fundamental y se desarrolla por Ley Orgánica, con lo que la posibilidad de cambiarla "es bastante difícil a nivel legislativo".
Además, el representante de la UFP considera que los problemas de movilidad que genera el derecho de manifestación "tienen que solventarse de alguna otra forma que no sea la restricción de derechos fundamentales".
Giraldo no ve mal que se abra un debate, pero siempre teniendo en cuenta que es un derecho recogido en la Constitución que no debe limitarse y ha pedido a la delegada del Gobierno que explique, o al menos aclare, cuáles son las líneas generales de esa discusión.

Interior asegura que no se plantea modificar la ley sobre manifestaciones

MADRID.- El Ministerio del Interior no se plantea modificar la ley que regula el derecho de manifestación, según han asegurado hoy fuentes de este Departamento.

La posibilidad de modificar esa normativa ha sido planteada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha aclarado posteriormente que con su propuesta de abrir un debate sobre la modificación de esa ley no propone una restricción del derecho de reunión o de manifestación
Las fuentes del departamento que encabeza Jorge Fernández han asegurado que este Ministerio no tiene sobre la mesa un cambio de esa ley ni que se lo ha planteado, y ha rechazado hacer más comentarios sobre la propuesta de Cifuentes.
Las fuentes citadas se han limitado a señalar que la reforma del Código Penal ya prevé endurecer las sanciones contra los que muestren actitudes violentas en las manifestaciones, pero que en ningún momento se prevé algo sobre la convocatoria de las mismas.
Ante ese debate, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado que hay "caminos a explorar" para intentar frenar el "abuso" en el derecho de manifestación, que es lo que, a su juicio, ha propuesto la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

El despilfarro continúa: 200 millones de euros para autopistas que no van a ninguna parte / Asier Martiarena

No hay dinero para becas, ni para ayudas en material y comedor escolar... pero sí que hay 200 millones de euros para rescatar negocios ruinosos como las autopistas y autovías del Estado. Así se desglosa en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 donde el Ministerio de Fomento dispondrá de esa cifra para otorgar préstamos a las concesionarias de autopistas que actualmente están en quiebra o en riesgo de quebrar.
 
En la actualidad, de la decena de las sociedades concesionarias de autopistas que afrontan desde hace tiempo el riesgo de quiebra, cuatro ya se han acogido a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el pre concurso.

Estas cuatro sociedades, que suman un pasivo de 2.171 millones de euros, realizaron una inversión en la construcción y puesta en marcha de las vías de 3.338 millones de euros. En todos los casos, se trata de autopistas que entraron en servicio en los últimos años.

¿Por qué fracasan las nuevas construcciones y funcionan las antiguas? La respuesta no entraña demasiada dificultad. En los últimos tiempos se han construido carreteras de pago innecesarias. En algunos casos simplemente son trazados paralelos a vías ya existentes y gratuitas como las radiales de Madrid.

Y en otros casos se han elegido trazados que únicamente beneficiaron a los expropiados -rumores sobre favoritismos con amigos y familiares de altos cargos no faltan-.

Pero lo sorprendente es que se ha llegado a construir carreteras que no van a ninguna parte como la autovía A-14. Una autovía fantasma que lleva abierta más de cuatro meses y que no es utilizada por nadie salvo por los curiosos por recorrer los 7 kilómetros de trazado desierto.

La carretera une Alguaire y Almenar (entre ambas apenas 6.000 habitantes) pero ni siquiera sus vecinos la usan porque hay que dar un rodeo enorme para tomarla. La crisis hizo el resto paralizando la construcción de nuevos trazados. De ahí que los 37 millones de euros invertidos hayan servido para hacer una autovía en medio de la nada. Ni va a Lleida -supuesto inicio del recorrido-, ni llega al Valle de Arán -supuesto final-.

Los bancos deben pagar su crisis / Roberto Centeno y Stefanie Mueller *

Al contemplar la estrecha relación entre las oligarquías políticas y financiera, no hace falta ser adivino para deducir que, detrás de la decisión de la oligarquía política de salvar “bancos inviables” por un supuesto “efecto domino”, hay una estrategia del  Gobierno para poder seguir gastando en sus estructuras ineficientes y corruptas que solamente alimentan las injusticias sociales. La crisis actual fomenta la reducción de derechos y gastos sociales con el supuesto objetivo de un menor déficit, objetivo que la casta política incumple masivamente con su despilfarro. 

La pregunta es ¿por qué las pymes y los autónomos, que constituyen el 90% del tejido empresarial español, pueden quebrar, por miles o cientos de miles, porque se les niega un céntimo para financiar su actividad perfectamente rentable mientras se entregan ciegamente cientos de miles de millones a bancos y administraciones públicas para evitar su quiebra? ¿Por qué tenemos que aguantar que se corte en gasto social y se suban los impuestos a las familias y a la economía productiva hasta los niveles más altos de Europa por los errores obvios que ha cometido la banca?

La valoración de Oliver Wyman (OW) es un fraude
OW ha protagonizado la quinta reforma financiera “definitiva”, la tercera en lo que va de año. OW fue quien eligió a Anglo Irish Bank como el mejor banco del mundo; un año después había quebrado. OW y las auditorías colaboradoras son también los mismos que durante años firmarían “que su opinión reflejaba la imagen fiel de la realidad económica y financiera” de numerosas entidades que ahora están quebradas. ¿Qué credibilidad pueden tener? Obviamente, muy poquita. ¿Tienen responsabilidad por sus errores, mentiras conscientes y manipulaciones para satisfacer al cliente? Ninguna en absoluto.

Y, efectivamente, OW se ha ceñido estrictamente al guión, le ha dado al Gobierno lo que quería “para no generar alarma”. Pero el mercado no se lo ha creído, como no se lo ha creído ningún analista independiente de este país. El lunes BNP, Nomura, Mediobanca, etc, recomendaban infraponderar la banca española, el Royal Bank of Scotland afirmaba que las necesidades serán más del doble de las reconocidas por OW y, lo que es mucho más transcendente, la agencia Moody ́s también: “La cifra de OW es claramente insuficiente para mantener la estabilidad financiera y para recuperar la credibilidad en los mercados de deuda”.

Pero lo más grave en cuanto a la agencia es que amenaza con degradar el rating de España a bono basura en breve, lo que tendría repercusiones devastadoras sobre la deuda, que ya no podría ser aceptada como colateral, y sobre las empresas, que verían los mercados cerrados de nuevo. Y lo que es aún peor, Egan Jones, una agencia cuya credibilidad y fama están creciendo como la espuma, nada más conocerse el viernes las conclusiones de OW degradó a España hasta bono basura. Además su presidente, Sean Egan, en unas declaraciones a Bloomberg remachó el clavo al decir que el problema de la banca española “no tiene solución” y que la deuda soberana necesita una quita del 50%.

En el análisis de OW el escenario macro, absolutamente clave para la valoración, no se corresponde en absoluto con la realidad -según Citi la economía española caerá un 3,1% en 2013-; además, no existe correlación lógica entre los distintos escenarios y, de forma general, las manipulaciones puestas de manifiesto por la mayoría de analistas son innumerables. Recojo una del magistral análisis de Tyler Durden, de Zero Hedge, con el título de ‘Cómo ha manipulado OW el análisis del rescate de los bancos españoles’: “Si las necesidades son las que dice OW, ¿por qué los bancos españoles han necesitado recurrir hasta 412.000 millones de euros al BCE hasta agosto?”. La razón es clara, afirma Tyler: “Porque el sistema bancario español está condenado por la salida masiva e ilimitada de depósitos”.

Lo único seguro al cien por cien es que ello costará decenas de miles de millones a los contribuyentes y ni un solo euro llegará a las familias ni a la economía productiva. Muchas de ellas no solamente han perdido en los últimos meses su trabajo, también han perdido sus ahorros en Bankia, Novagalicia, CAM… miles de pensionistas han perdido su dinero en los preferentes, un producto que se les vendió como rentable y seguro.

Pero todo esto no acaba aquí: el ‘banco malo’ diseñado por el Gobierno es la peor versión del mismo; presionado por las órdenes de la oligarquía financiera comprará los activos tóxicos de los bancos a precios inflados -a precios de balance menos las amortizaciones, piden los bancos con absoluta desvergüenza- y, de este modo, el coste de la diferencia con el precio de mercado, que puede ser enorme, lo pagarán los ciudadanos. Aproximadamente, el ‘banco malo’ comprará suelo cuyo valor real es cero con un descuento del 80% y las viviendas, cuyo valor de mercado puede caer hasta un 65%, con un descuento del 35%. El resto, decenas de miles de millones, lo pondrán los españoles y sus hijos.

¿Dónde se encuentra el Estado que debe proteger los derechos de los consumidores a través de las leyes? ¿Dónde se encuentra el Estado que permite a OW y a todas las grandes auditoras avalar con su firma la veracidad de unos estudios financieros, por lo que cobran cantidades ingentes de dinero, que después se demuestran clamorosamente falsos? Parece que, hoy en día, el Estado está sobre todo representado por gobiernos que ya únicamente protegen los intereses de los bancos. En España, la interrelación entre las oligarquías política y financiera es sencillamente escandalosa.

Los bancos son los primeros responsables de la crisis que estamos viviendo en Europa. Lo que parece absurdo para la gran mayoría de la población española, y para muchos ciudadanos europeos, es que quienes sufren la crisis tengan que pagar la fiesta de otros. El ciudadano ha sido defraudado por los bancos. Pero hasta ahora ha habido pocas consecuencias legales para los que cometieron un delito de engaño consciente, como en el caso de las preferentes y la falsa estimación de riesgo. Nadie ha sido condenado por tan gigantescas estafas, nadie es responsable de nada.

La convivencia de las oligarquías política y financiera
Todo el gigantesco y corrupto tinglado político de España se mantiene solo  gracias a la ayuda a la banca. En 12 meses, los extranjeros han reducido en 100.000 millones su tenencia de deuda española, que es ya inferior a los 190.000 millones. ¿Por qué no se frena ese círculo vicioso? Muy simple: la casta política y, sobre todo, las comunidades autónomas necesitan a la banca, porque no se pueden financiar ya que tienen los mercados cerrados. Esta convivencia oligarquía política-oligarquía financiera llega a límites tan inauditos como colocar a los grandes banqueros por encima de la Ley, algo sin parangón en el mundo civilizado y que hace palmaria la carencia democrática que sufre España.

Ante tanto escándalo y tan poco Estado de derecho, no sorprende que la gente salga a la calle y proteste y grite y se organice para hacer frente a esta estafa organizada entre el sector financiero y el político, que solamente está autoalimentando estructuras corruptas y aboca a la clase media a ser cada vez más pobre, mientras los culpables de esa miseria siguen con sus Porsches, sus Mercedes y su piscina privada de lujo, muchas veces con indemnizaciones millonarias. El pasado martes 25, las protestas ante el Congreso marcaron el comienzo de lo que puede ser un otoño caliente, porque todas las medidas de ajuste van contra las familias, los parados, los jubilados, ninguna contra los inauditos privilegios de la casta política y sus dos millones de enchufados.

El dinero de Bruselas debería ir a los bolsillos correctos de la gente que se ha jugado su pensión en la caja de ahorro o banco de siempre, pero no a financiar una oligarquía política y financiera absolutamente corruptas. No se necesita un ‘banco malo’ más, pero sí se necesita dinero para financiar una buena formación profesional, para hacer crecer la industria y crear nuevas empresas. No huyen solamente las grandes fortunas de España ahora mismo, también grandes talentos. Si no empiezan a quebrar bancos, se va a quebrar la sociedad democrática.

*Stefanie Mueller es corresponsal en España de varios medios económicos alemanes y está doctorada en el papel de los bancos españoles en la crisis por la Universidad San Pablo CEU

*Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid

La Comisión Legal Sol del 15M interpone una denuncia ante el Ministerio del Interior por policías sin identificar

MADRID.- Algunos participantes de la Comisión Legal de Sol han interpuesto una denuncia contra el Ministerio del Interior por incumplimientos reiterados de la Instrucción 13/2007 y del Real Decreto de normas generales del Cuerpo Nacional de la Policía, que regulan la obligación por parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de ir debidamente identificados en todo momento.
 
Esta  iniciativa pretende recoger el malestar ciudadano reiterado ante las numerosas movilizaciones en las que los agentes policiales desplegados prescinden u ocultan el número de placa o se niegan a facilitarlo cuando es requerido. Debemos recordar que estas quejas han trascendido el ámbito de las propias movilizaciones y de ellas se han hecho eco los medios de comunicación masiva, forzando incluso declaraciones de la propia Delegación del Gobierno al respecto. En el mismo sentido, el malestar generado por el incumplimiento de  estas normas ha motivado también la apertura de una investigación por  parte de la Defensoría del Pueblo.
Después de documentar cerca de una veintena de movilizaciones ciudadanas en las que se produjeron intervenciones policiales sin que los agentes intervinientes portaran la acreditación reglamentaria (con y sin chaleco protector, en distintos contextos y de mano de distintos cuerpos policiales), esta denuncia pretende poner sobre la mesa que la vulneración de los artículos 18 y 19.2 del R.D. 1484/1987 y los artículos 1 y 2 de la Instrucción 13/2007 de Mº del Interior:
-es reiterada y continuada en el tiempo realizándose hasta el día de hoy
-muestra la arbitrariedad con la que determinados funcionarios actúan en el marco de sus funciones, incumpliendo la normativa
-y, lo que es más importante, limita en algunos casos la posibilidad de que hechos que son reprobables y punibles no puedan serlo, puesto que la imposibilidad de identificar a los funcionarios policiales supone el archivo en los juzgados, por “autor desconocido”, de las denuncias presentadas por lesiones, cuando estas se producen. pues la Brigada de Información, tampoco colabora con la Justicia, al respecto a pesar de disponer de una base de datos en la que sabe en todo momento, los funcionarios que han que han realizado todos los servicios en los que han intervenido, a través de su Fichero  JUE ( JEFATURA DE UNIDADES ESPECIALES)  Todo ello, además de desánimo y desconfianza de la ciudadanía hacia las fuerzas del orden, fomenta una sensación de impunidad que facilita en mayor medida las extralimitaciones en su actuación
En la medida en que dichas infracciones no han sido sancionadas, y que incluso se afirma tajante y públicamente que no existen, a pesar de que la Ley Orgánica  4/10 del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece en su Artículo 8, letra “k”, que estos hechos suponen la comisión de una falta grave, procedemos a interponer la correspondiente denuncia de parte, animando a la ciudadanía que haya presenciado o documentado situaciones similares a adherirse a la misma, en el pleno ejercicio de sus derechos y deberes constitucional y legalmente establecidos. De esta manera deberá el Ministro de Interior pronunciarse sobre estos hechos, asumiendo así una responsabilidad que nunca debió ignorar.
Entendemos que en un Estado democrático y de Derecho, los funcionarios deben estar especialmente vinculados por el ordenamiento jurídico cuya aplicación custodian. Instamos, por tanto, al Ministerio del Interior a restituir el sistema de garantías jurídicas y administrativas vulneradas y a hacer efectivo el cumplimiento del marco reglamentario que regula sus unidades policiales, especialmente en las situaciones en las que, por las circunstancias que fueren, puedan hacer uso de la fuerza contra la ciudadanía.
Por último, la Comisión Legal de Sol invita a la Delegación del Gobierno en Madrid, que tanto insiste estos días en el cumplimiento de la legalidad vigente, a que, desde el mismo sábado 12 de mayo, haga cumplir la propia reglamentación aplicable a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Confiamos en que los cerca de dos mil funcionarios policiales de las UIP que serán desplegados en el centro de la capital estén reglamentariamente identificados y cumplan con la efectiva salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente el derecho de reunión, manifestación y de participación política, incluidas las múltiples asambleas previstas en las plazas los próximos días.

Los sindicatos policiales replican a Cifuentes que el derecho de manifestación es ''sagrado''

MADRID.- Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han replicado a la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que "no es necesario" modular la ley que regula el derecho de manifestación al tiempo que le han recordado que se trata de un "derecho sagrado".

Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público". Ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada".
"No hay que modificar nada, lo que habría es que aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumpla con los requisitos no autorizarla", ha dicho en el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, para quien "no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental".
Se ha mostrado de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el "manifestódromo" y el "espejo nacional donde todo el mundo quiere manifestarse", pero insiste en que eso no es suficiente para pretender modificar la Ley de reunión y manifestación".
"No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático", ha enfatizado el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, quien ha cuestionado a Cifuentes preguntándose si pretende modular la ley sólo en Madrid, dejando el resto de ciudades con un espacio jurídico diferente.
Según ha dicho, esta "es una época de conflictividad donde una parte de la ciudadanía está en una situación complicada".
 "No se debe restringir ningún derecho y menos el de reunión y manifestación", ha concluido.

El fiscal general Torres-Dulce aboga por regular administrativamente el derecho de manifestación en España

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.

  Torres-Dulce ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".
   El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad expresión.
   Sin embargo, ha advertido de las "imposibles consecuencias" de utilizar del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.".
   Según ha recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión. "He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian", ha añadido.
   Es decir, a su juicio, el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". "El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad", ha añadido.
   Torres-Dulce ha puesto así de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y reuniones pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho". Ha utilizado una anécdota cinematográfica para ilustrar su idea de que el orden es demasiado, pero "no demasiado orden".
   Al ser preguntado sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que "si es necesario" habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. "Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad", ha añadido.
   En este contexto, ha dicho comprender que los ciudadanos de Madrid puedan verse afectados las continuas manifestaciones. Eso sí, ha indicado que "restringir excesivamente" complica la convivencia democrática.
   Respecto a la actuación policial en las marchas del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y que a veces trabaja en condiciones "difíciles", aunque ha recordado que los ciudadanos pueden denunciar cualquier exceso de los límites de la legalidad que se haya cometido ante los tribunales.
   En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado y, respecto a los participantes, ha afirmando que "no todo el mundo pudiera haber incurrido" en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.
   "Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado", ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.

Sin televisiones regionales España ahorraría 1.200 millones de euros

MADRID.- La supresión de las 17 Cámaras regionales y de las 13 televisiones autonómicas españolas supondría un ahorro superior a los 1.600 millones de euros anuales. --Los Parlamentos y las televisiones regionales cuestan 1.600 millones--, según 'La Gaceta'.

Esta cantidad se incrementaría en otros 100 millones si al hipotético recorte se uniese la supresión de órganos regionales duplicados, como las cámaras de cuentas, los consejos consultivos o los consejos económicos y sociales con los que cuentan la mayor parte de las Administraciones autonómicas.
La cifra de 1.700 millones es ligeramente inferior al presupuesto del Gobierno de Cantabria para 2012 y supone cerca de 500 millones más que lo que dedicará este año el Gobierno de La Rioja a gastos.
El mantenimiento de las 17 Cámaras autonómicas y de sus 1.218 diputados cuesta anualmente 383,8 millones, casi el triple del presupuesto que se destina al Congreso de los Diputados y al Senado.
Las principales partidas, más de un tercio, van a los sueldos de los legisladores y también a los funcionarios que trabajan en los hemiciclos. Así, la Cámara andaluza dispone de un presupuesto anual de 46,7 millones de euros, de los que cerca de 18 millones van a pagar nóminas.
La Cámara regional que mayor presupuesto ha recibido para este ejercicio es el Parlament catalán, que cuenta con 135 diputados, y que goza de un presupuesto superior a 59 millones de euros.
Los dos siguientes Parlamentos con mayor coste son el andaluz y, a mucha distancia, la Asamblea de Madrid, que cuenta con 129 escaños y unas partidas para su mantenimiento de 30 millones de euros. La Cámara madrileña, con tan sólo seis diputados menos que la de Barcelona, gasta la mitad.
Las televisiones autonómicas, abiertas ahora a un proceso de privatización, dispondrán de cerca de 1.200 millones de euros para este año.
La elevada cifra es, sin embargo, 400 millones inferior a la de 2011. En el ejercicio 2012, la mayoría de las Administraciones autonómicas han optado por recortes en sus televisiones de hasta un 20%.
La deuda de las televisiones regionales supera los 2.000 millones de euros, pese a que reciben subvenciones por 1.900 millones de euros al año.

¿A cuánto asciende la fortuna personal del Rey de España?

MADRID.- El diario The New York Times calcula que la fortuna de Don Juan Carlos se eleva a 2.300 millones de dólares, casi 1.800 millones de euros. En una amplia información publicada el pasado fin de semana, el periódico neoyorquino -que alude al "estilo de vida lujoso" y a la "fortuna opaca" del Rey- afirmaba que "sigue siendo un secreto cómo ha amasado su considerable riqueza personal". ¿Es desorbitada la cifra revelada por el prestigioso rotativo? Resulta muy difícil saberlo. Porque, a diferencia de ministros, altos cargos y diputados, el jefe del Estado no está obligado a revelar su patrimonio.

Asegura The New York Times que los bienes de Juan Carlos de Borbón a su llegada al trono, tras la muerte del general Francisco Franco, equivalían a "prácticamente nada". Desde entonces, el monarca "ha trabajado duro para generar su propia fortuna personal, más allá de los 8,3 millones de euros de presupuesto anual", en alusión a la asignación para la Casa del Rey consignada en los Presupuestos Generales del Estado, que en 2013 ascenderá a 7,93 millones, un 4% menos que este año.

Fuentes del diario neoyorquino han reconocido a El Confidencial que su cálculo del patrimonio del Rey se basa en "un promedio de cifras ya publicadas", no en una investigación propia. "El objetivo de la información era resaltar que, cuando el Rey aparece en listas de fortuna de los personajes más ricos, siempre alcanza una cifra muy por encima de lo que cabría suponer tomando en cuenta el presupuesto anual de la Casa Real", añaden las mismas fuentes.

Las únicas listas de fortuna en las que hasta la fecha ha aparecido Don Juan Carlos son las publicadas por la revista Eurobusiness, ya desaparecida, y el anuario Forbes. Ambas, curiosamente, coinciden prácticamente en la cifra aportada por The New York Times: casi 1.700 millones de euros. Con la salvedad de que la primera de esas publicaciones, propiedad del patrón de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone hasta su cierre en 2004, desglosaba en dos esa cantidad: 545 millones de euros de "fortuna personal" y otros 1.136 millones de "bienes familiares".

¿Cifras descabelladas?

La Casa del Rey siempre ha tachado esas cifras de descabelladas, pero se ha negado a desvelar la cuantía de la fortuna del monarca con el argumento de que su patrimonio personal es un asunto privado. En 2003, cuando Eurobusiness se refirió a las opacas cuentas de Don Juan Carlos, el Gobierno de José María Aznar, a través de su embajada en Londres, remitió una carta de protesta a la la revista en la que afirmaba que la mencionada cifra "sólo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad de Patrimonio Nacional son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto".

Esa argumentación, en el mejor de los casos, sólo podría ser aceptada parcialmente, ya que el inventario de los inmuebles gestionados por Patrimonio Nacional -el organismo que custodia los bienes de titularidad estatal cuyo uso está reservado al Rey y los demás miembros de la familia real- es vastísimo y de un valor incalculable. Esos bienes incluyen los palacios reales de Madrid, La Granja de San Ildefonso (Segovia), Riofrío, también en Segovia, y La Almudaina (Palma de Mallorca); los reales sitios de San Lorenzo de El Escorial, El Pardo y Aranjuez, todos en Madrid; los Reales Alcázares, en Sevilla, y una decena de monasterios, abadías, conventos, panteones y jardines.

La Casa del Rey hizo públicos a finales del pasado año, por primera vez en democracia, los sueldos de Don Juan Carlos (292.000 euros anuales) y del príncipe Felipe de Borbón (algo más de 146.000 euros). Pero ese inédito ejercicio de transparencia, a rebufo del desplome en la credibilidad de la institución monárquica por el caso Urdangarín y, más tarde, la cacería de elefantes en Botsuana, se ha quedado corto. El Confidencial preguntó ayer a un portavoz oficial de La Zarzuela si el monarca tiene intención de dar a conocer también los datos de su patrimonio y el de los demás miembros de la familia real, como hacen, por ejemplo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el del Congreso, Jesús Posada. El citado portavoz se comprometió a responder hoy a esa pregunta.

La herencia de Don Juan de Borbón

Diversas fuentes consultadas sostienen que el único patrimonio inmobiliario conocido del Rey es el que su padre, Don Juan de Borbón, legó al actual monarca y sus dos hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón. Esos bienes son un chalet en la lujosa urbanización madrileña Puerta de Hierro, bautizado como Villa Giralda, en recuerdo de la vivienda de Estoril donde los padres del monarca pasaron parte de su exilio, y posteriormente vendido por 2,7 millones de euros; un apartamento en esa misma localidad portuguesa y parte de un edificio de oficinas en la Gran Vía madrileña. A estas propiedades hay que sumar un chalet adosado en la urbanización La Pleta de Baqueira (Lleida), que le fue regalado por los propietarios de la estación de esquí.

Esas mismas fuentes aseguran que el Rey ha comprado en los últimos años varios inmuebles, en España y fuera de nuestro país, y valiosas obras de arte, además de haber invertido en bolsa importantes cantidades. Y añaden que tanto esas propiedades inmobiliarias como las cotizadas pinturas e inversiones financieras de Don Juan Carlos no figuran a su nombre. El Confidencial también ha preguntado a la Casa del Rey por el origen y naturaleza de esas supuestas adquisiciones e inversiones bursátiles.

El informe publicado por The New York Times cita a Herman Matthijs, un profesor de finanzas de la Universidad de Bruselas y especialista en el estudio de los presupuestos que los gobiernos de las monarquías parlamentarias europeas destinan al sostenimiento económico de sus casas reales. Tras recordar que Matthijs "ha buscado información, sin éxito, sobre la fortuna personal del Rey", el diario estadounidense entrecomilla una frase del profesor belga: "Supongo que al menos es millonario, pero la pregunta es: ¿Es billonario? ¿Cuál es su verdadera riqueza?". La respuesta sólo la tienen Don Juan Carlos y, tal vez, su círculo más íntimo.
 

Para jueces para la Democracia: "Cristina Cifuentes se sitúa fuera de la Constitución"

MADRID.- El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha respondido a la propuesta lanzada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Para Bosch, "la delegada se sitúa fuera de la Constitución". "Como ella misma debería saber, la única manera de recortar ese derecho es recortar la Constitución."

Según ha explicado a eldiario.es el portavoz de esta asociación de jueces, Cifuentes "pretende limitar la discrepancia". 
 "A la delegada le molestan las protestas ciudadanas", afirma Bosch. "El derecho a manifestación está muy vinculado a la libertad de expresión, que es fundamental en una democracia". Ante quienes comparan ese derecho con las urnas, el portavoz de Jueces para la Democracia argumenta que "hay que recordar que muchas de las medidas que provocan estas protestas no estaban en el programa electoral".
Para Bosch, Cristina Cifuentes "debería preocuparse más por evitar excesos policiales como los que hemos visto estos días, que esa sí es su labor", unas "actuaciones policiales desproporcionadas que han generado un problema mayor".
El portavoz de Jueces para la Democracia también ha criticado que la delegada "no haya sido aún capaz de dar una explicación sobre por qué los antidisturbios no iban debidamente identificados, como es su obligación".
 "Lo mínimo que se le puede pedir a una delegada del Gobierno es que haga cumplir la ley", dice Bosch.