martes, 6 de marzo de 2012

El ex ministro Camacho dice que Interior y las Delegaciones de Gobierno son "responsables" de la respuesta policial

ALICANTE.- El exministro del Interior, Antonio Camacho, ha considerado, en relación con los incidentes ocurridos en Valencia el pasado mes de febrero por las protestas estudiantiles, que "quien gestiona y quien es responsable de este tipo de actos son los responsables del Ministerio del Interior y de las delegaciones de Gobierno" porque, según ha dicho, "la profesionalidad de Policía Nacional y Guardia Civil es indiscutible y saben hacer su trabajo cuando están adecuadamente dirigidos".

   Tras impartir una conferencia sobre el tratamiento jurídico penal del terrorismo en la Universidad de Alicante, Camacho ha respondido de este modo, preguntado por los medios de comunicación, sobre estas protestas surgidas entorno al IES Lluís Vives, de Valencia.
   "Si se están investigando, una vez se vean los resultados de la investigación sabremos dónde se encuentra el origen de esas imágenes que creo que hemos rechazado todos", ha apuntado.
   En su opinión, "es necesario una gestión adecuada por parte de los responsables del Ministerio del Interior en todos los ámbitos", ya que, según ha remarcado, "quien gestiona y quien es responsable de este tipo de actos son los responsables de Interior y de las delegaciones de Gobierno".  
  Según ha recordado, "el año pasado en las elecciones municipales se contabilizaron 13.000 manifestaciones, actos, concentraciones y a lo largo de esos meses sólo existió un incidente, una actuación que se está investigando de tres policías que presuntamente pudieron excederse".
   A su parecer, este dato "pone de manifiesto que Policía Nacional y Guardia Civil son competentes, son profundamente democráticos y saben gestionar la seguridad frente a situaciones, en ocasiones, extremadamente tensas y complicadas e hicieron un trabajo magnífico". Al respecto, ha añadido que no tiene "ninguna duda de que esos mismos agentes siguen haciendo su trabajo".
   En este sentido, ha reivindicado que la Policía y la Guardia Civil "saben hacer frente a esas situaciones desde los principios democráticos y además tienen un altísimo nivel para hacer frente a esas situaciones", por lo que se ha insistido en que "el problema no está en la Policía".

Vecinos de Murcia denuncian que las ayudas de la empresa de Aguas para las familias en dificultades son "un engaño"

MURCIA.- Vecinos de Murcia, acompañados por miembros de la Asamblea de La Paz, La Fama y Vistabella del 15-M, han denunciado que el fondo de 200.000 euros habilitado por Aguas de Murcia (Emuasa) para ayudar a pagar los recibos del agua a las miles de familias sin ingresos y más necesitadas por la crisis es un "engaño" y un instrumento "propagandístico" porque no han llegado a los afectados.

   Así lo han hecho saber los afectados Judith Rodríguez, Rafael Fernández, Alfonso Muñoz Cánovas y Rafael Fernández, quienes han acudido acompañados por un miembro del 15-M a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, para denunciar una situación que califican de "extrema" para miles de familias.
   Cabe recordar que las familias afectadas pusieron en conocimiento del movimiento 15-M, en mayo de 2011, que se encontraban en una situación de dificultad por no poder afrontar a los pagos y estar amenazados por Emuasa de un posible corte de agua. En aquel entonces, contabilizaron un total de 200 familias afectadas, aunque el número era "mucho mayor", según el 15-M.
   Los afectados protestaron entonces ante el Ayuntamiento de Murcia y, con la intermediación de la concejala de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, el consejo de administración de Emuasa aprobó la creación de un fondo social dotado con 200.000 euros al año para las familias más desprotegidas.
   Según lo aprobado, estas familias podrían beneficiarse en 2012 de una reducción de casi el cien por cien del importe del recibo del agua. Se calculaba que cerca de 1.000 familias se podrán acoger a este fondo.
   Sin embargo, meses más tarde han comprobado que esta ayuda sólo garantiza el pago de un recibo atrasado, correspondiente a dos meses de servicio. De hecho, lamentan que ni siquiera está claro que Emuasa vaya a pagar las ayudas, ya que ellos sólo se comprometen a tramitar las subvenciones, según Muñoz.
   Mientras, lamentan que los recursos económicos de los afectados transcurridos ese tiempo "siguen siendo los mismos, es decir, ninguno", por lo que se preguntan qué va a pasar en sucesivos recibos, según ha explicado Rodríguez en declaraciones a los medios de comunicación.
   Fernández añade que, en su caso concreto, la empresa tramitó la subvención para hacer frente a sus atrasos, pero le amenazaron con que le iban a quitar el contador del agua si volvía a atrasarse en el pago.
   Al parecer, la empresa emplaza a los afectados a acudir a sus oficinas a reclamar la ayuda cuando se acumulen varios recibos. Sin embargo, las familias se preguntan cómo pueden acumular más recibos, si al segundo abono sin pagar se les corta el agua.
   En ocasiones, la situación es tan extrema que aseguran que, si abonan los pagos, los afectados no pueden dar de comer a sus hijos, por lo que tienen que escoger entre una cosa u otra. Incluso, Muñoz amenaza con que si le cortan el agua irá a enchufar el agua, aunque lo lleven a la cárcel.
   Rodríguez ha explicado que hay familias "a las que les da vergüenza todo esto", pero ha reprochado que quien tiene que tener vergüenza es la Administración y Emuasa. "Nosotros no hacemos nada malo, y demasiado estamos pasando, porque estamos pasando muchas necesidades y fatigas, porque llegan cartas de embargo de la casa y recibos impagados".
   Los afectados, que dicen estar pasándolo muy mal, piden una respuesta "contundente y que sea cierta", al tiempo que preguntan "dónde está la ayuda y qué se va a hacer con ella". Por ejemplo, denuncian públicamente que cuando los afectados acuden a Emuasa, la empresa suministradora del servicio de agua les ayuda en una ocasión, pero les dice que no vuelvan más por sus oficinas".
   Rodríguez lamenta que las tarifas del agua "han subido, en vez de bajar, y suben también la comisión, que el año pasado eran 96 euros y ahora son 100,36 euros", algo que han calificado de "robo" con el agravante de que se hace a "personas que no tenemos recursos".
   "Tenemos las casas embargadas", añade Muñoz, quien dice que no se van a quedar el agua. En este sentido, proponen incluso a Emuasa que habiliten una fuente de agua potable colectiva de la que puedan beneficiarse todos los vecinos, pero que sean ellos los que se hagan cargo de su gestión.
   Los afectados, que incluso llegan a sospechar que Emuasa "quiere quedarse" con el fondo solidario, lamentan que la situación es crítica, porque se encuentran en paro y no encuentran trabajo, al tiempo que tienen que hacer frente al pago de todos los recibos, muchas veces con hijos a su cargo.

Exdirector de Cacsa defiende que no hubo concurso para el Valencia Summit ya que Nóos tenía la exclusividad

PALMA DE MALLORCA.- José Manuel Aguilar, quien fuese director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia entre 2003 y 2005, ha defendido ante el juez José Castro que no se realizó expediente administrativo para la organización del Valencia Summit debido a que el Instituto Nóos, entonces presidido por el Duque de Palma Iñaki Urdangarin, tenía la exclusividad sobre el proyecto, por lo que no se podía convocar un concurso público.

En su comparecencia como imputado ante el magistrado instructor del caso Palma Arena, Aguilar ha justificado de este modo el hecho de que no hubiera resolución alguna de inicio de expediente como tampoco una justificación del interés público de la contratación, una resolución de ajuste al precio del mercado, un pliego de cláusulas o un informe jurídico que avalase la modalidad del contrato.
El exresponsable de Cacsa, cuya deposición ha estado precedida de la del consultor Miguel Zorío en el marco de las mismas pesquisas, se ha desvinculado de las decisiones en torno al precio de la contratación, como la concesión a Nóos de un canon de un millón de euros, al aseverar que de este asunto se encargó la asesoría jurídica de la empresa dependiente de la Generalitat Valenciana.
Asimismo, Aguilar ha asegurado que fue después de firmar el convenio con Nóos y Valencia Convention Bureau cuando supo que Urdangarin estaba detrás del Instituto. Las pesquisas apuntan a que el Instituto organizó el primer congreso Valencia Summit en 2004 con un presupuesto total, incluido el canon de 1.044.000 euros, de 1.351.638 euros; en la segunda edición, el presupuesto final se elevó a 1.791.477 euros, mientras que el último, en 2006, se redujo hasta los 1.472.483 euros.
Dentro de las partidas de los presupuestos, en decoración floral se consignaron 11.600 euros (2004), 3.585 euros (2005) y 4.640 euros(2006) para un total 19.825 euros en flores para las tres ediciones. Además, la partida de decoración tiene un presupuesto de 3.500 euros (2004), 5.929 euros (2005) y 9.429 euros (2006) lo que suma 18.858 euros.
Las cumbres Valencia Summit destinaron partidas más abultadas para viajes con los que traer a los ponentes y participantes en las conferencias. En la primera edición, el presupuesto fue de 51.000 euros, en la segunda de 120.000 euros y en la última de 197.200 euros. En total, el gasto en billetes de tren y avión fue de 368.200 euros.
En estos gastos están incluidos los viajes tanto del Duque de Palma como de Diego Torres, también imputado, y gran parte de los trabajadores del Instituto Nóos que debían estar presentes durante la celebración de los congresos en Valencia.
En la partida de alojamiento, los gastos totales de las tres ediciones se elevan a 189.685 euros, con números similares durante los tres años: 64.682 euros en 2004, 60.000 euros en 2005 y 65.003 euros en 2006. El presupuesto de las tres ediciones para catering, de un evento de tres días de duración, ascendieron a 141.288 euros. El primer año el gasto fue de 28.588, el segundo fue de 48.500, mientras que el último fue de 64.200 euros.

España suspende las actividades de su Embajada en Damasco

MADRID.-   España ha suspendido las actividades de su Embajada en Damasco "como muestra de repulsa a las salvajes matanzas" perpetradas por el régimen de Bashar el Assad, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.

   Dos de los funcionarios de la Embajada se incorporarán a la delegación que la UE tiene en Damasco para "dar protección a los españoles que allí queden", seguir "en contacto con la sociedad civil, especialmente con la oposición" y proporcionar información sobre la evolución de los acontecimientos, ha precisado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado.
   La decisión española no es técnicamente un cierre de la legación pues, tal y como ha explicado el ministro, el "personal local seguirá atendiendo las actividades normales de la Embajada".
   España se une así a la decisión adoptada la semana pasada por Reino Unido y Francia, a los que se ha sumado Alemania, mientras que Italia "está pensando hacer exactamente lo mismo", en palabras del ministro.
   Tal y como había anunciado esta mañana en los Desayunos Informativos de Europa Press, García-Margallo ha esperado para anunciar su decisión a la reunión que iban a mantener embajadores de los Veintisiete en Bruselas para hablar de Siria y en la que España iba a prestar especial atención a la postura que defendieran los países más grandes de la UE.
   España aún cuenta con margen diplomático para seguir aumentando su presión sobre Siria. Todavía no ha decidido expulsar al embajador sirio en Madrid, si bien esta medida plantea un problema porque Damasco respondería automáticamente con la expulsión de nuestros diplomáticos españoles en Siria.

Una veintena de detenidos en el centro de Moscú durante una nueva concentración

MOSCÚ.- La Policía ha detenido a una veintena de personas en el centro de Moscú para evitar una concentración contra el Gobierno ruso que no había sido autorizada, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

   Según la nota, recogida por la agencia de noticias RIA Novosti, "un grupo de ciudadanos planeaba organizar una provocación en el centro de la capital", después de que se hubiese convocado un nuevo acto antigubernamental a través de las redes sociales.
   Las autoridades entendieron que la concentración era "un intento de perjudicar la ley en orden" en torno a la plaza Pushkinskaya, por lo que las fuerzas de seguridad actuaron para dispersar a decenas de personas. "Unas 20 fueron trasladadas a comisarías de Policía", ha explicado el Ministerio.
   Estas nuevas detenciones amplían los arrestos que ya se produjeron el lunes, en el marco de una serie de manifestaciones convocadas principalmente en Moscú y en San Petersburgo por las supuestas irregularidades registradas en las elecciones presidenciales. Sólo en Moscú, las fuerzas de seguridad arrestaron a 250 personas.

El ministro español de Interior aboga por compatibilizar el derecho de manifestación con la actuación policial en el marco de la ley

MADRID.- El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este martes que las protestas en la calle se van a abordar "como las hemos enfocado siempre", haciendo "compatible el ejercicio del derecho de manifestación que tienen los ciudadanos con la actuación de la policía, para que ese derecho se ejerza en el marco de la ley".

   Así lo ha explicado Fernández Díaz tras ser cuestionado por los periodistas durante su visita a la Comisaría Provincial de Málaga, donde ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jorge Fernández Mollar.
   En este sentido, ha explicado que existe "un derecho fundamental reconocido en la Constitución que es el de manifestación, hay una ley orgánica que regula el ejercicio de ese derecho, y hay numerosísima jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional, en cuanto a cómo hacer compatible el efectivo ejercicio de ese derecho con la actuación de la policía, para que se ejerza en el marco de la ley y respetando los derechos de los ciudadanos".
   "Así ha sido desde el primer día y así vamos a seguir actuando, no ha habido ninguna variación", ha apostillado, por último, el responsable del Ministerio del Interior.
 
Dará explicaciones
 
  El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, explicará el próximo 15 de marzo ante la comisión del ramo del Congreso la actuación de la Policía durante las manifestaciones de estudiantes que tuvieron lugar en Valencia hace dos semanas a raíz de las protestas iniciadas por los alumnos del Instituto Lluis Vives contra los recortes en Educación, según han informado fuentes parlamentarias.    Tras los incidentes con los agentes policiales, PSOE IU y ERC reclamaron la comparecencia en el Congreso del titular de Interior, quien también anunció su intención de acudir a la Cámara para dar cumplida cuenta de la actuación policial.
   Finalmente, según ha acordado este martes la Mesa y los portavoces de la Comisión de Interior del Congreso, la comparecencia de Fernández Díaz se sustanciará el próximo jueves, 15 de marzo, por la tarde.
   Precisamente, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se ha referido en rueda de prensa a la reunión que Fernández Díaz y la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría han mantenido con delegados del Gobierno de toda España para darles instrucciones sobre cómo actuar ante futuras movilizaciones por los recortes.
   Alonso ha recordado que la coordinación de los delegados del Gobierno es competencia de la vicepresidenta que no ha hecho otra cosa que "cumplir con su obligación". También ha garantizado que la intención del Ejecutivo se "garantizar la seguridad" de todos los ciudadanos, con independencia de que ejerzan o no el derecho de manifestación.
   Asimismo, ha recalcado que en algunas manifestaciones se han infiltrado personas que nada tenían que ver con la convocatoria con el único objetivo de provocar incidentes violentos. "Esto puede seguir ocurriendo y hay que actuar con diligencia", ha asegurado.

El administrador de Lobby Comunicación atribuye a Urdangarin y a Torres igual "capacidad de decisión"

PALMA DE MALLORCA.- Miguel Zorio, administrador de Lobby Comunicación, empresa que trabajó con el Instituto Nóos de cara al Valencia Summit y los Juegos Europeos, ha atribuido al Duque de Palma Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres "la misma capacidad de decisión" al frente del Instituto Nóos, aseverando que su relación con el mismo siempre fue a través de ambos.

   El consultor valenciano, cuya empresa facturó de 2005 a 2009 una media de 120.000 euros anuales a Nóos por sus servicios de comunicación y realizó encargos por un total de 320.000, ha prestado declaración como imputado ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, y en ella ha negado haber realizado facturas falsas a petición de Urdangarin y Torres, al ser preguntado por la relación de facturas por valor de 70.000 euros emitidas contra su empresa por Torres Tejeiro Consultores.
   A su salida de los Juzgados, acompañado por su letrado Pablo Delgado, Zorio ha manifestado a los medios de comunicación que en su declaración ha estado "tranquilo" como "no puede ser de otra forma en alguien que dice la verdad", y respecto a las facturas investigadas ha apuntado que tenían "un servicio real detrás" por parte de su sociedad. "He venido a defender mi trabajo y el de mi empresa", ha espetado.
   En concreto, el encausado ha sido interpelado en torno a unas anotaciones manuscritas en las que se refleja que Torres Tejeiro facturó contra Lobby por importe de 210.000 y 208.595 euros, lo que ha admitido el empresario si bien, ratificando la declaración que prestó en dependencias de la Policía Nacional, ha puntualizado que no se cruzaron facturas falsas a fin de obtener beneficios fiscales.
   De hecho, sobre la segunda factura ha señalado que corresponde a los Juegos Europeos por llevar el gabinete de comunicación y la oficina del proyecto en Valencia, una función por la que el consultor, a pesar de que el evento nunca se llevó a cabo, cobró los 208.595 euros en 2006, otros 250.000 en 2007 y unos 80.000 en 2008. Mientras tanto, abonó 80.000 euros a Nóos por la primera fase del proyecto, que consistía en analizar la viabilidad del mismo.
   El encausado ha ratificado que los Juegos finalmente no se celebraron debido a las discrepancias entre el Instituto Nóos y la Generalitat Valenciana -cuyo expresidente Francisco Camps decidió que Nóos liderase el proyecto-, puesto que la empresa entonces presidida por Urdangarin no creía necesario justificar el destino del dinero obtenido de la Administración pública, mientras que los servicios jurídicos de ésta entendían que sí. El Instituto Nóos acabó percibiendo por el convenio un total de 382.203 euros procedentes de los fondos de la Generalitat.
   Por otro lado, respecto al Valencia Summit Zorio ha manifestado que Torres le comentó que le hacía falta un gabinete de comunicación para el evento, donde conoció a Urdangarin. Su gabinete llegó a un acuerdo con Nóos por el que en 2005 facturó unos 12.000 euros y en 2006 otros 6.000.
   Finalmente, recordado cómo cuando Urdangarin y Torres rompieron la relación que mantenían, el Duque de Palma le llamó para decírselo y comentarle que había analizado las cuentas de Nóos, tras lo cual percibió que Torres "le estaba robando".
   Tras Zorio, ha comenzado a ser interrogado el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), José Manuel Aguilar, también en calidad de imputado.

La falta de dinero público ahoga los servicios sociales en España

MADRID.- Los servicios sociales ven cada vez más amenazada su cobertura por cierres y recortes de personal en medio de graves problemas de liquidez de las administraciones públicas españolas, pese a una demanda creciente reflejada en abarrotados comedores sociales y cada vez más gente sin hogar en un país con más de cinco millones de desempleados.

"Esta dinámica (de más pobreza y menos cobertura social) venía dándose desde tiempo atrás. Lo que hace la crisis es acelerar esas dinámicas", dijo Carlos Alberto Castillo Mendoza, director de la sección de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.
La financiación de estos servicios - que atienden desde enfermos mentales y drogodependientes hasta mujeres maltratadas - dependen en gran parte, cuando no únicamente, de subvenciones de endeudadas comunidades autónomas (CCAA) y ayuntamientos, que restringen al máximo su gasto para cumplir los objetivos de déficit y atender a un elevado volumen de crédito pendiente de pago.
Con un 21,8 por ciento de la población española por debajo del umbral de la pobreza, según datos oficiales, y la tasa de desempleo más alta de la zona euro, el sector de atención social cobra una especial importancia y amenaza con reducirse drásticamente por falta de pago, cuando no por recortes.
El comedor social Ave María, uno de los que distribuyen gratuitamente alimentos en Madrid, se ve cada mañana desbordado por una pequeña multitud que no para de crecer. Financiado por caridad y gestionado por la Iglesia católica, el centro es una de las escasas excepciones que escapan a la "quiebra".
"Ahora hay mucha gente 'normal' que se ha quedado en el paro y tiene que venir, les cuesta por vergüenza (...) En el momento en que el paro aumenta, con el tiempo la gente se queda sin subsidio, y cuando se acaban los recursos, hay que recurrir a los servicios sociales", explica Paulino Alonso, coordinador del comedor.
La red contra la pobreza EAPN España - que engloba a decenas de organizaciones sociales, desde Cruz Roja a Cáritas - cifra en 450 millones de euros la deuda pendiente de cobro de los organismos públicos.
"Se están produciendo retrasos de pago en centros de atención de personas, y éstos, que en algunas casos son muy prolongados, están afectando a su probabilidad de supervivencia. Hay algunos que están cerrando o a punto de cerrar, que no pueden continuar sin fondos", dijo Carlos Susias, director general de EAPN España.
Las comunidades autónomas y ayuntamientos, que tienen transferidas las competencias que afectan al ámbito social - educación y sanidad, en gran parte - tienen un déficit pendiente de 167.852 millones de euros, de los cuales 135.151 millones corresponden a las autonomías, según datos del Banco de España del tercer trimestre de 2011.
Las limitaciones de financiación y la crisis del crédito ha llevado a muchos proveedores de servicios públicos a echar el cierre. Como botón de muestra, las grandes empresas cotizadas de servicios acumulan deudas multimillonarias con las administraciones. En los servicios de mantenimiento, basuras y jardines, ACS, FCC y Ferrovial acumulan deudas vencidas pendientes de pago por 5.000 millones de euros de los ayuntamientos, mientras que el sector farmacéutico amenaza con abandonar proyectos en el país y llama a una urgente solución a la deuda de 6.300 millones de euros por suministros de fármacos no pagados.
Para ilustrar la dimensión del problema y pese al afán reformista y ahorrador del nuevo Gobierno, el Ejecutivo se ha visto obligado a facilitar créditos por hasta 35.000 millones de euros para que los proveedores puedan cobrar y no retroalimenten la larga cola del paro.
Pero la situación, lejos de resolverse, amenaza con agravarse habida cuenta de que las comunidades autónomas van a hacer el mayor esfuerzo presupuestario, con recortes previstos para este año de 15.000 millones de euros que ya han provocado quejas de diversos presidentes regionales.
Tras desafiar a Bruselas elevando al 5,8 por ciento del PIB el déficit previsto en 2012 desde el 4,4 por ciento inicialmente comprometido cargando gran parte del peso en las regiones, el Gobierno central se enfrenta al riesgo de "plantes" similares.
Con los bancos prácticamente cerrados al crédito y sin aceptar como garantía las deudas pendientes con la administración, en Castilla-La Mancha, las enfermeras de una residencia de discapacitados psíquicos en Puertollano, Ciudad Real, acumulan cuatro meses sin cobrar.
"Nuestras enfermeras hacen un trabajo excelente. Todos los residentes tienen discapacidad, lo que quiere decir que necesitan cuidados las 24 horas de la cuna a la tumba, pero nuestros cuidadores no pueden continuar con su propia vida si no les pagamos", explica Mercedes García, directora del centro operado por la Fundación Fuente Agria.
Pablo Ortiz, de 37 años, trabajaba en un centro cofinanciado por la misma comunidad - con una deuda sobre su PIB de más del 18 por ciento - y el ayuntamiento de Numancia de la Sagra, un pueblo toledano de 11.000 habitantes donde atendía a familias con dificultades.
"El 29 de diciembre nos llama el alcalde (a dos de tres empleados) y nos dice que no nos renueva (...) el motivo oficial es que no hay dinero", explica.
En la Comunidad de Madrid, el presupuesto del organismo que canaliza la atención y prevención de drogodependencias, la Agencia Antidroga, ha reducido casi 20 por ciento su presupuesto en los últimos dos años.
A finales de febrero, cerró un centro de atención integral a drogodependientes en Madrid y 11 de los 18 pisos que alojaban a grupos de drogodependientes han echado el cierre.
Desde la Comunidad, la más saneada de entre las regiones españolas, argumentan que los recortes - que llevarán al paro a más de 200 personas - buscan optimizar recursos con criterios clínicos.
"Estamos tratando de adaptar la red a este tipo de paciente", dijo Almudena Pérez, la gerente del organismo madrileño para la drogodependencia, argumentando que en los últimos años ha cambiado el perfil del drogodependiente, actualmente un hombre de 30 a 50 años, soltero, con trabajo y nivel de educación secundaria y con un consumo más asociado a la cocaína que a la heroína.
La funcionaria se defendió de las acusaciones de dejar en la calle a decenas de afectados asegurando que en este mes de marzo sacarán a concurso nuevos pisos.
"Al reducir los centros y los pisos, desgraciadamente mucha gente no va a tener la calidad de servicio que he tenido yo. Estos recursos son necesarios y funcionan. Sé que esto es esencial y necesario", explica un "rehabilitado" Luis Palacios.
Palacios, de 36 años, dilapidó una fortuna amasada como constructor en cocaína y actualmente es uno de los promotores de las protestas en contra del cierre del centro madrileño de Batán, que busca sin éxito formas alternativas de financiación.
Tras cuatro años consecutivos de crisis y con la economía aproximándose a la segunda recesión en dos años, los nuevos parados hace tiempo que han dejado de ser novedad en los comedores y albergues sociales.
Con 13.701 personas sin techo según datos del INE para 2010, los trabajadores de lo social tratan de evitar la máxima situación de exclusión.
"Ya hay señales que nos están avisando de que tenemos que tomar algún tipo de medida tanto en la red de atención primaria como nosotros para evitar que personas que están en situación de precariedad entren en exclusión", dijo Darío Pérez, jefe del departamento del SAMUR Social de Madrid, que se ocupa en gran parte de la atención a personas sin hogar.
En 2010, cuando el paro ya afectaba de lleno a las economías familiares, aumentó en un millón el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión en España, un 58 por ciento de las personas que pasaron a esa situación en toda la UE, según datos de Eurostat.
"(El estudio) evidencia que las medidas que se están poniendo en marcha para combatir la pobreza y la exclusión social en España no están siendo efectivas", dijo la red EAPN en una nota reciente.
"Creo que es una falacia, una utopía, que los políticos prometan que hay que cortar, pero no en educación, ni en sanidad, ni en pensiones, porque cuando el 80 por ciento de tus gastos están allí, es imposible", se queja Francesc Pujol, economista de la Universidad de Navarra.
Cataluña ya inauguró una nueva era de austeridad con medidas que afectaron a servicios públicos básicos como la sanidad, al instaurar el pago de un euro por cada receta médica del servicio público de salud.
Otro termómetro de la crisis es el crecimiento de los tratamientos contra la ansiedad y las enfermedades depresivas, a los que podrían sumarse un crecimiento de adicciones y otros hábitos dañinos que habitualmente no dan la cara a corto plazo.
"La gente puede empezar a beber mucho ahora que no tiene trabajo y no tiene paro, pero no llegará a ser un alcohólico y un problema social hasta dentro de cinco años, y si tiene hijos, sus hijos no lo serán hasta dentro de 20", dijo el sociólogo Jacobo Ferrer.

El CNI investigó a una amiga rusa de Urdangarín

MADRID.- La revista española Interviu ha destapado la relación de amistad de Iñaki Urdangarín con una joven rusa implicada en una posible trama de espionaje.
La revista cuenta en su último número cómo el CNI investigó y vigiló durante bastante tiempo a una muchacha que se había acercado a Urdangarín y que despertó la sospecha sobre la posibilidad de que podría tratarse de una espía de la antigua KGB.
Al parecer, la seguridad de la Casa Real se extrañó de que una chica de 1,90 de estatura, joven, morena, caucásica, guapa, pudiente, con un español cultivado y con las medidas perfectas para trabajar como modelo (así era descrita) mantuviera un trato frecuente con el marido de la Infanta Cristina. Las alertas se dispararon al no conocerse el origen de esta extraña amistad.
No obstante, según cuenta Interviu, las investigaciones terminaron por desmentir que fuera realmente una espía, confirmando de esta manera que se trataba de una amiga de verdad, aunque la relación entre ambos se perdió meses después de que los duques de Palma abandonaran España y se instalaran en Washington.
La psicosis tiene, no obstante, una razón de peso: los rusos ya lo habían hecho antes, y es que, hace cuatro años,  una agente de este país fue descubierta tras intentar arrimarse a otro miembro de la Casa Real, aunque no se sabe quién, en plena ofensiva de Lukoil para tomar el control de Repsol. En 2008 acertaron; esta vez no, aunque queda la incógnita de saber qué pasó realmente entre Urdangarín y la joven rusa.

Liberan a todos los opositores detenidos en las protestas de Moscú

MOSCÚ.- La policía de Moscú liberó hoy a todos los opositores detenidos este lunes en dos protestas para denunciar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del domingo ganadas por el primer ministro, Vladímir Putin.

"Tras rellenar las denuncias por comisión de faltas administrativas todos los detenidos han sido puesto en libertad", informó a la agencia Interfax un portavoz de la policía de la capital rusa.
Las autoridades de Moscú detuvieron anoche "a 250 personas, entre ellas (los opositores) Iliá Yashin, Serguíe Udaltsov y Alexéi Navalni" por participación en actos públicos no autorizados y desobediencia a las fuerzas del orden", explicó el funcionario.
Más de un centenar fueron detenidos en la plaza Lubianka, famosa por acoger la sede central del Servicio Federal de Seguridad (antiguo KGB), cuando se acercaban a la Comisión Electoral Central (CEC).
Los efectivos antidisturbios comenzaron las detenciones de los radicales, liderados por el creador del proscrito Partido Nacional-Bolchevique, Eduard Limónov, cuando los activistas opositores intentaron romper el cordón policial en torno a la CEC.
Más tarde, más de cien opositores fueron detenidos en la plaza Púshkinskaya, también en el centro de Moscú, donde minutos antes había concluido una multitudinaria manifestación para denunciar "las numerosas falsificaciones" detectadas durante la votación.
Al término de la protesta autorizada, decenas de opositores liderados por Udaltsov se apiñaron en torno a una fuente de la plaza con intención de empezar una protesta indefinida para exigir la repetición de comicios parlamentarios y presidenciales.
Agentes de las fuerzas especiales de la policía los rodearon y les exigieron que abandonaran la plaza, pero una hora más tarde y ante la negativa de los manifestantes empezaron las detenciones.
"Fuerzas de la policía de Moscú reaccionaron de forma efectiva, de acuerdo a sus competencias reguladas por la ley, y tomaron las medidas oportunas para evitar el desarrollo negativo de la situación", señalaron las autoridades.
En San Petersburgo, la policía detuvo anoche a 300 personas, según reconocieron al filo de la madrugada las autoridades de la segunda ciudad de Rusia.

Un coche blindado del rey Juan Carlos sale a subasta por 25.000 euros

BILBAO.- Uno de los primeros coches blindados que tuvo el rey Juan Carlos, un Mercedes 450 de color azul, saldrá a subasta el próximo día 22 en Bilbao por un precio inicial de 25.000 euros, ha explicado hoy el subastador, Álvaro Jubera.

Se trata de un Mercedes 450 Sel, de ocho cilindros, 6.900 centímetros cúbicos de motor, 210 caballos de potencia y cinco metros de largo.
Según Jubera, es el primer coche blindado que tuvo el monarca y actualmente es propiedad de un coleccionista particular, que lo compró a la Casa Real cuando esta vendió en los años ochenta varios de los vehículos usados por la familia real.
Matriculado el 1 de enero de 1978, el coche pesa 2.230 kilos, con suspensión hidráulica para poder resistir este peso.
Tiene el techo solar encima de los asientos de atrás, para que los reyes pudieran levantarse y saludar, y el salpicadero de madera, pero el interior es más bien austero, con asientos de tela.

Advierten que la conflictividad laboral puede afectar a la imagen de España

MADRID.- El vicepresidente ejecutivo de la Asociación para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, advirtió este martes que la conflictividad laboral que vive actualmente España puede afectar a la imagen turística del país y por ello puso como ejemplo la situación actual de Grecia, que sufre un descenso de las visitas de alemanes por ese motivo.

Durante la presentación del 'Barómetro de rentabilidad y empleo de los 105 principales destinos turísticos españoles', Zoreda explicó que las huelgas y manifestaciones callejeras con conatos de violencia, sumadas a las huelgas en las compañías aéreas, "no favorece al país ni a los intereses generales de España, que tiene de dar sensación de rigor, seriedad y de mejora de las cuentas públicas".
En este contexto rechazó la posible convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos en fechas cercanas a Semana Santa y apeló a que se agoten las vías de dialogo.
En la misma línea, criticó la convocatoria de 24 días de huelga por parte de los pilotos de Iberia, que calificó como "una actuación irracional por parte de un colectivo de privilegiados sin ningún fundamento".
Zoreda, que abogó por una nueva ley de huelga que evite actuaciones como la de los pilotos, considera que estos profesionales "están poniendo en jaque no solo al sector turístico, sino también a toda la sociedad española".
En su opinión, los pilotos "mantienen un sistema de chantaje permanente que no es tolerable", sobre todo porque afecta al sector turístico "que es un de los pocos que puede brindar una pequeña alegría a la economía nacional".
De cara a Semana Santa, Zoreda explicó que las huelgas de Iberia no favorecen a destinos cuyo turismo depende principalmente del avión como es el caso de Canarias o Baleares.
"Ademas las nuevas estimaciones del Gobierno en lo que se refiere al consumo interno y las previsiones macroeconómicas no son tampoco noticias alentadoras en clave de consumo turístico", lamentó Zoreda quien confió en que los españoles "se aprieten el cinturón" y continúen viajando.

Jesús Posada no es partidario de cambiar el sistema de dietas de los diputados españoles

MADRID.- El presidente del Congreso, el 'popular' Jesús Posada, ha asegurado este martes que no es partidario, "en principio", de cambiar el sistema de las dietas de alojamiento del que disfrutan los diputados electos fuera de Madrid, pero, eso sí, ha querido dejar claro que estudiará la propuesta que en este sentido tiene intención de presentar Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

   Posada ha respondido así a los periodistas al ser preguntado sobre la pretensión del partido de Rosa Díez de registrar una proposición de ley para reformar el Reglamento de la Cámara Baja, donde la formación magenta pretende incluir que los diputados que tengan su residencia en Madrid dejen de cobrar una dieta de alojamiento en la capital simplemente porque se presentaron por otra provincia.
   El portavoz adjunto de la formación magenta, Carlos Martínez Gorriarán, adelantó este lunes que UPyD está estudiando la posibilidad de presentar próximamente su iniciativa  después de que su diputado por Valencia, Toni Cantó, con casa en la capital, decidiera renunciar al inicio de la legislatura a la ayuda y destinar ese dinero a una ONG.
   Posada ha señalado que inicialmente no es partidario de modificar el actual sistema de dietas de alojamiento que, a su juicio, ha funcionado "muy bien", y ha recordado a renglón seguido que sus señorías llevan ya "varios años" con el sueldo congelado y disminuido, una decisión que adoptó su antecesor, José Bono, a tenor de la complicada coyuntura económica que atravesaba y atraviesa el país.
   "Me parece que la situación ahora no necesita cambios", ha apuntado en este sentido el presidente del Congreso, antes de concluir mostrando su respeto con todas las propuestas que presentan los grupos parlamentarios y de optar por esperar a que UPyD registre oficialmente su iniciativa para estudiarla "con detenimiento" y hablar.

Rosa Díez reclama que no se amplíe el objetivo de déficit de las CCAA porque la situación es "insostenible" en España

MADRID.- La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso español, Rosa Díez, ha pedido este martes al Gobierno de Mariano Rajoy que no permita que las Comunidades Autónomas puedan incrementar su objetivo de déficit ya que la situación es "insostenible". 

   Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno pueda abrir la mano  en cuanto al objetivo del déficit a algunas CCAA, Díez ha indicado que "no se puede" porque "la disciplina económica es más que la disciplina presupuestaria".
   "En España se ha aplicado demasiado la presupuestaria y no los criterios de rigor a la hora de hacer política y de tener una definición económica y política de lo que cada cual debe hacer", ha afirmado en una entrevista a ABC Punto Radio.
   En este sentido, ha asegurado que no se puede permitir que se amplíe el objetivo de déficit de las autonomías "no por capricho" sino porque se ha llegado a una "situación insostenible". 
"Porque nuestro modelo territorial es un modelo fallido", ha explicado.
   Dicho esto, la líder de UPyD ha apostado por un sistema políticos federal cooperativo similar al que se desarrolla en Alemania. "Hemos de caminar hacia la refundación del Estado, con valor de revisarlo con absoluta tranquilidad", ha manifestado.

Interior no ve casual la foto de las protestas de Barcelona en el "NY Times"

GRANADA.- El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, señala que la fotografía aparecida el pasado viernes en la portada del 'New York Times' sobre los incidentes violentos registrados en Barcelona durante una manifestación contra los recortes educativos no ayuda a generar el "clima" y la "imagen" de una España capaz de atraer inversores para superar la crisis, y ha considerado que la instantánea "no fue publicada por casualidad". "En este mundo globalizado, la competencia también es global", ha indicado. 

   En declaraciones a los periodistas en Granada, se ha sumado a la petición de "mesura y prudencia" que hizo hace unos días el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante las protestas estudiantiles en Valencia, y ha recordado que los actuales "son tiempos de austeridad y sacrificio", defendiendo la necesidad de "reformas estructurales".
   En ese sentido, ha pedido que se respete la ley a la hora de ejercer un "derecho fundamental" como es el de manifestarse. Las "reclamaciones de una sociedad plural y democrática" son legítimas, en su opinión, pero, según ha considerado, "se han de hacer en paz y con prudencia", porque, en caso contrario, "no es que se viole la ley, es que se perjudica gravísimamente la imagen de España y eso se traduce después en más paro y en dificultades para la reactivación económica".

España puede cerrar la Embajada en Damasco "hoy mismo"

MADRID/OTTAWA.- España puede cerrar "hoy mismo" su Embajada en Damasco, aunque mantendría diplomáticos en la delegación de la Unión Europea en ese país para poder recabar información sobre el terreno y prestar atención a los españoles que viven allí, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.

   El ministro ha indicado que la decisión final está a la espera de la reunión que celebran hoy sobre Siria los embajadores de los Veintisiete ante el Comité de Política y Seguridad de la UE (COPS), pero ha dejado claro que nuestro país se inclina por cerrar la legación hoy mismo.
   España prestará especial atención en esa reunión, que comenzará a partir de las 15 horas en Bruselas, a lo que hagan los países más grandes de la UE. Reino Unido y Francia ya decidieron cerrar sus embajadas en Damasco la semana pasada, por lo que será "fundamental" para nuestro país la opinión que expresen Alemania e Italia en la reunión del COPS.
   La semana pasada los ministros europeos de Exteriores ya estudiaron el cierre de las Embajadas, si bien la mayoría se inclinaba por mantenerlas abiertas.
   García-Margallo ha explicado que el Gobierno se inclina por cerrar la Embajada española para escenificar su protesta a la represión del régimen sobre la población civil, pero ha aclarado que "dejaría dos o tres diplomáticos" españoles en la delegación de la UE en Damasco.
   De esta forma, España sacaría una "tarjeta amarilla" lanzando el "mensaje político" de que es "inadmisible" la prolongación de las "brutalidades y matanzas" perpetradas por el régimen de Bashar el Assad al tiempo que mantendría destacados en Siria a funcionarios propios para "controlar la situación de los españoles en la zona" y "mantener los contactos con la Oposición".
   España llamó a consultas a su embajador en Damasco, Julio Albi, el pasado 7 de febrero y desde entonces permanecen al frente de la legación dos diplomáticos, el encargado de la segunda jefatura, Jorge Lucas, y el responsable de asuntos consulares, José María Davó, a quienes acompañan varios agregados de Interior y consejeros económicos.
   En Siria quedan alrededor de 480 compatriotas de los 800 censados en el registro consular. En su mayoría se trata de ciudadanos hispanosirios, fruto de matrimonios mixtos.
   La presencia de los diplomáticos en Siria ha permitido en alguna ocasión interceder en favor de algún ciudadano español detenido en las protestas u obtener información sobre el paradero de compatriotas arrestados.
   Preguntado por qué la comunidad internacional no interviene en Siria para parar las matanzas de El Assad como hizo en Libia con Gadafi, García-Margallo ha puesto el ejemplo de la guerra de Irak en 2004.
   Ha recordado cómo cuando una coalición de países, apoyada por España, decide intervenir en Irak "para acabar con el régimen de Sadam Hussein", se dice a estos países que se trata de una intervención "intolerable" que viola todas las normas del derecho internacional ya que se hizo sin el paraguas de Naciones Unidas.
   En Siria, ha recordado, ha sido imposible sacar adelante una resolución del Consejo de Seguridad por el veto de Rusia y China. Por tanto, si la comunidad internacional decidiría intervenir en Siria se produciría la misma situación que con Irak.
 "Y nos llamaron de todo menos bonitos por apoyar a Estados Unidos en aquel tema", ha explicado.
   García-Margallo ha señalado que no quiere "ni pensar" en las consecuencias "incalculables" que podría tener un ataque de Israel sobre Irán.
   Ha recordado que la UE sigue apostando por la vía de aumentar las sanciones a Teherán para intentar forzarle a volver a las negociaciones sobre los fines de su programa nuclear por los temores a que Irán esté buscando dotarse con el arma atómica.
   Así las cosas, el ministro ha defendido "seguir trabajando" en la comunidad internacional y ha aclarado que en este tema España va a trabajar "con la UE y en estrecha colaboración con la Liga Arabe y Estados Unidos", sin llevar a cabo "decisiones unilaterales" ni "ocurrencias sueltas".
   Sobre las recientes elecciones legislativas en Irán, se ha limitado a señalar que la victoria de los seguidores del líder supremo, Alí Jamenei, supone "más de lo mismo" y que el problema sigue siendo cómo maneje Irán su programa nuclear.

Canadá cierra su Embajada

  Canadá ha cerrado su Embajada en Damasco debido a la violencia generada en Siria por los enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno de Bashar al Assad, según ha anunciado el ministro de Exteriores del país norteamericano, John Baird.
   El ministro canadiense también ha anunciado la imposición de la sexta ronda de sanciones contra Siria, prohibiendo cualquier transacción con el Banco Central y con siete miembros del Gobierno, así como la provisión o adquisición de servicios financieros u otros relacionados a sirios o a quienes actúen en nombre de Siria.
   "La horrible violencia continuada perpetrada por el régimen de Al Assad sobre el pueblo de Siria nos obliga a endurecer una vez más el cerco sobre sus responsables (...) Nuestro mensaje sigue siendo claro: Al Assad debe marcharse", ha dicho Baird en un comunicado.
   No obstante, en una entrevista concedida a la cadena CBC, ha descartado la participación de Canadá en una operación militar en Siria, tal y como ha solicitado el senador estadounidense John McCain, quien considera que serviría para proteger a la población civil.
   Baird ha explicado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha autorizado una operación militar en Siria, como hizo con Libia. "Que actuáramos militarmente en Libia, no significa que debamos enviar a las fuerzas canadienses a todos los países que tengan problemas", ha argumentado.
   Además, ha destacado otras diferencias entre ambos casos. "La geografía, los sistemas de defensa aérea, al población, mucho más grande y dispersa, y los vecinos, no olvidemos que hay elementos en Irán y Líbano que han apoyado al régimen. Tampoco hay embargo de armas, así que muchos han enviado armas al régimen", ha apuntado.
   Desde que estallaron las protestas contra el Gobierno de Al Assad, hace un año, el Ministerio de Exteriores de Canadá ha emitido mensualmente alertas a sus nacionales para que abandonen el país árabe. El pasado invierno, Ottawa facilitó vuelos para evacuar a sus nacionales de Egipto y Libia.

Gabriela Bravo (CGPJ): "Estar sometido a un proceso penal" es "un estigma"

MADRID.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha reconocido este martes, al ser preguntada por la decisión del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, de desestimar la petición del sindicato Manos Limpias de imputar a la Infanta Cristina en relación a las presuntas irregularidades del Instituto Nóos, al considerar que de otra forma se podría "estigmatizar gratuitamente a una persona", que "estar sometido a un procedimiento penal en cierta forma es un estigma".

   "A ningún ciudadano le gusta encontrarse en una causa penal. Sobre todo la justicia penal asusta a la ciudadanía cuando piensa que te pueden poner una pena", ha explicado en una entrevista en la Cope, en la que ha mostrado "todo el respeto" por "las razones que haya encontrado el instructor" para decidir no imputar a la Infanta Cristina.
   En este sentido, ha manifestado que siempre hay que "confiar en los jueces" y se ha mostrado convencida de que el magistrado que en este momento lleva el caso "conoce mejor que nadie, mejor que los medios y que los ciudadanos, el asunto" para haber tomado esa decisión.
   "En este caso, como en cualquier otro, tenemos que dejar trabajar al juez que desde el rigor y la reflexión irá allanando el camino para la clarificación de los hechos", ha señalado. "Las razones que haya encontrado el instructor en este caso para decidir no a mi me merecen todo el respeto", ha apostillado.

Margallo sobre el Rey de España: "Nos está sacando las castañas del fuego en algunos países"

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha elogiado la figura del Rey como uno de los mejores embajadores de la marca España y ha afirmado que Don Juan Carlos nos está sacando "las castañas del fuego" en determinados países, si bien ha apelado a la "discreción" para no precisar de qué países se trata.

   "Si no fuese por la figura del Rey estaríamos en estos momentos en dificultades en determinados países de los que no quiero acordarme, como en el Quijote, en que también el Rey nos está sacando las castañas del fuego", ha declarado García-Margallo, que ha recordado que si no fuera por Don Juan Carlos no se habría firmado el convenio para la construcción del AVE entre Meca-Medina por valor de 6.000 millones.
   Aparte del Rey, García-Margallo ha destacado el papel que juegan tanto las Fuerzas Armadas, porque "no sólo contribuyen a mantener la paz, sino que hacen una labor humanitaria", como el servicio exterior. A su entender. "todo eso al servicio de una idea común es un auténtico Ejército de formación".
   El ministro ha explicado que la marca España va a ser "algo concreto" porque habrá un "panel de indicadores" para ver "dónde se hace bien y donde se hace mal". Según ha añadido, las 47 embajadas que tiene España con agregado comercial y los 54 consulados sin oficina comercial se incorporarán, a través de las nuevas tecnologías, a la labor de desarrollo de la marca España.
   El titular de Exteriores ha confirmado que se nombrará un Alto Comisionado de la marca España pero no ha querido desvelar su nombre ni su perfil. Eso sí, ha descartado que ese cargo vaya a ser ocupado por el expresidente Felipe González.
   En este sentido, ha señalado que González es "un activo" de España y un "patriota", que tiene "sentido de Estado". Por lo tanto, ha insistido el Gobierno del Partido Popular "contará mucho con él".
   García-Margallo, que ha apostado por una "diplomacia integral", ha subrayado que política exterior es "todo lo que defiende los intereses de España fuera". 
"Para ser alguien en política exterior tenemos que hablar como una gran nación, actuar como una gran nación y ser una gran nación", ha aseverado.

Putin reconoce que hubo "violaciones" en las presidenciales

MOSCÚ.- El primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha reconocido este martes que hubo irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que se impuso con más del 63 por ciento de los votos, y ha reclamado que sean investigadas.

   "Por supuesto, hubo violaciones", ha señalado Putin, según recoge la agencia RIA Novosti. "Tenemos que identificar todas ellas, eliminarlas y aclarar todo para todo el mundo", ha defendido el primer ministro, que volverá al Kremlin para un tercer mandato tras los dos ejercidos entre 2000 y 2008.
   Ya ayer, Putin había prometido a sus rivales en las presidenciales que dará órdenes a la Comisión Electoral Central para que se investiguen las supuestas irregularidades que se habrían producido durante la jornada electoral.
   "Todavía no he hablado con (el presidente de la Comisión Electoral Vladimir) Churov" pero "seguramente tendré una conversación con él y le pediré que analice exhaustivamente todas las posibles violaciones de las que habéis hablado", señaló Putin.
   El primer ministro se reunió con el líder del Partido Liberal Demócrata, Vladimir Jirinovski, el multimillonario y candidato independiente Mijail Projorov y el candidato socialdemócrata, Sergei Mironov.
   El único que no quiso asistir al encuentro con el primer ministro fue el candidato comunista, Guennadi Ziuganov. Éste había señalado el domingo que su partido no reconocería los resultados de los comicios, en los que fue el segundo más votado, con el 17,19 por ciento.

La Fiscalía abre diligencias por la actuación policial en la protesta estudiantil de Valencia

VALENCIA.- La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal ante las denuncias interpuestas por Cercle Obert y EUPV respecto de las actuaciones policiales durante las protestas estudiantiles ocurridas el pasado mes de febrero en la ciudad, según ha informado el ministerio público en una nota de prensa.

   Según la Fiscalía, ante la existencia de actuaciones "en uno o varios juzgados de instrucción" de Valencia en relación con estos hechos, se ha procedido a remitir lo actuado al juzgado competente.
   La detención el pasado 15 de febrero de un menor de edad, alumno del IES Lluís Vives de Valencia, durante una protesta no comunicada contra los recortes en educación y los retrasos del Consell en el pago de los gastos de funcionamiento de los centros, inició diez días de manifestaciones y un debate a través de internet y las redes sociales, bajo la etiqueta #primaveravalenciana.
   En las protestas de los días sucesivos se registraron varios enfrentamientos entre Policía y manifestantes, que se saldaron con más de 40 detenidos, en libertad con cargos por desorden y resistencia a la autoridad. Cercle Obert y EUPV pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
   En el caso de la formación política, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Menores donde pedía el inicio de diligencias para esclarecer si hubo delito de lesiones o de detención ilegal. Según el escrito presentado ante este órgano, en las protestas estudiantiles hubo una "desproporcionada actuación policial" a pesar de que "las movilizaciones fueron en todo caso pacíficas".
   EUPV consideraba que estos hechos podían ser constitutivos de delitos de lesiones y detención ilegal "que, por si solos, deberían ser perseguidos de oficio por el Ministerio Fiscal pero, además, al ser muchos de los perjudicados menores de edad, el Ministerio Fiscal tiene el mandato para ejercer las acciones judiciales pertinentes en su defensa".
   Algunos de los afectados anunciaron en su momento que llegarían a los tribunales y padres de varios alunos detenidos y heridos anunciaron igualmente que valoraban presentar una demanda conjunta. El Sindicato de Estudiantes también aseguró que habían puesto el caso en sus servicios jurídicos.