viernes, 22 de marzo de 2013

La Fiscalía halla cuatro vínculos entre Gürtel y la contabilidad oficial del PP

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado al menos cuatro vínculos entre el 'caso Gürtel' y la contabilidad oficial del Partido Popular (PP) remitida por el Tribunal de Cuentas que acreditarían que donaciones recibidas por esta formación política también pudieron ser recogidas en la contabilidad de la trama de corrupción investigada. 

   Así consta en un escrito remitido este viernes por el fiscal Antonio Romeral en el que defiende que el juez Pablo Ruz es el competente para investigar los 'papeles de Bárcenas' en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez, del que destaca los "palmarios errores" que ha cometidos para asumir esta investigación.
   La primera conexión que la Fiscalía destaca para avalar "la confluencia o incluso la identidad de hechos" entre el 'caso Gürtel' y la contabilidad del PP es un donativo de 26.835 euros fechado el 9 de enero de 2002 que esta parte relaciona con el reparto de  27.045,54 euros que "L.B.", siglas con las que Bárcenas es identificado en la causa, recibió de Enrique Carrasco, según una anotación del 8 de enero reflejada en la contabilidad de la red.  "La diferencia entre el dinero atribuido en el reparto y el anotado en la cuenta es de 210, 35 euros", señala Romeral.  
   El segundo vínculo consistiría en una entrega al PP de 12.000 euros fechada el 28 de febrero de 2002 que en la contabilidad de la red que fue incautada al contable de la red, José Luis Izquierdo, aparece como una entrega a "L.B.".
   La tercera conexión se refiere a una anotación en la cuenta de donativos del PP de 60.000 euros fechada el 18 de diciembre de 2002 que estaría relacionada con un documento de la misma fecha que acredita el reparto de un millón de euros en el que se atribuyen esta misma cantidad a "J.S.", indiciariamente identificado como Jesús Sepúlveda en el 'caso Gürtel'.
   El último nexo es una entrada en la contabilidad 'popular' de 60.000 euros del 13 de mayo de 2003 que, según la Fiscalía Anticorrupción, podría estar relacionada con un documento fechado dos días más tarde sobre el reparto de dinero en el que se atribuye una entrega de esta misma cantidad a "L.B.". Dos días más tarde, existe otra anotación en la cuenta de donativos de 60.101,21 euros "cuya correspondencia con el anterior documento ha de ser objeto de investigación y aclaración en lo posible".
   A partir de la documentación del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción concluye que "los papeles de Bárcenas no son más que la constatación parcial de una manifestación más de los hechos investigados en el caso Gürtel".  
   "Los elementos de conexión e incluso indiciariamente de identidad de hechos mostrados no son nada más que una  muestra, fruto de un somero análisis, en dos ejercicios, 2002 y 2003", señala Anticorrupción antes de manifestar la necesidad de contrastar la contabilidad oficial del PP facilitada con el Tribunal de Cuentas, los 'papeles de Bárcenas' y el 'caso Gürtel'.
   Tras destacar de nuevo la "necesidad" de que la investigación de la supuesta contabilidad B del PP recaiga en el juez Ruz, el Ministerio Público insiste en que la finalidad de la instrucción debe ser "determinar el destino final de los pagos realizados tanto por el entorno de Francisco Correa como de los procedentes indiciariamente de donantes del PP".
    En su escrito, Romeral también censura a Gómez Bermúdez porque sin tener la contestación de Ruz, sin dar audiencia al querellante y sin practicar audiencia alguna, procediera a requerir la inhibición del responsable del Juzgado Central de Instrucción nº 5.
   También le reprocha que "esta falta de datos no le impida censurar la decisión de Ruz de abrir una pieza separada", que llegó a tachar "nada menos", según la Fiscalía, de "contraria a la Constitución y a las leyes" y "causa general o investigación prospectiva sobre la presunta financiación ilegal del PP".
   "El Ministerio Fiscal ignora cuál es el fundamento de tan grave afirmación, no sólo porque la financiación ilegal no constituye delito, como resulta del Código Penal y recuerda el Tribunal Supremo, por lo que no es objeto de investigación en sí misma, sino y principalmente de ninguna de las resoluciones dictadas en la pieza separada se desprende semejante conclusión de pretender y haber acordado una investigación  general", señala.
   En este sentido, recalca que la querella presentada por Izquierda Unida (IU), que admitió a trámite Gómez Bermúdez, "da muestra de una aparante conexión entre los nuevos hechos conocidos" que se derivan de los 'papeles de Bárcenas' y los investigados en el 'caso Gürtel'.
   El juez Pablo Ruz asumió la investigación sobre los 'papeles de Bárcenas' el pasado 7 de marzo después de que la UDEF estableciera en un informe que existen al menos tres vínculos entre el 'caso Gürtel' y la supuesta contabilidad B del PP, dos de los cuales afectan al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo.
   Gómez Bermúdez, por su parte, admitió a trámite el 11 de marzo una querella de Izquierda Unida (IU) por estos mismos hechos y citó a declarar para Semana Santa a Bárcenas, Lapuerta y diez supuestos donantes del PP. El 14 de marzo suspendió esas diligencias y el 20 ordenó la citación del extesorero, suspendida por la Sala de lo Penal tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción.

El Gobierno español asume la "obligación" de defender a los hipotecados

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo está "al cabo de la calle" y "muy atento" a la evolución de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios y ha asumido que es su "obligación" el defender los intereses de los deudores hipotecarios frente a cláusulas abusivas.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha indicado en este sentido, que "tiene también que cumplir" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que insta a España a otorgar más protección a los hipotecados en estas circunstancias.
   Al respecto, tras recalcar que el Gobierno ha adoptado desde el Código de Buenas Prácticas de la banca medidas "cada vez más rigurosas" en defensa de los deudores hipotecarias con mayores necesidades, la vicepresidenta del Gobierno ha reconocido que ahora "toca introducir enmiendas importantes" en el proyecto de Ley contra los desahucios que se tramita en el Congreso de los Diputados.
   En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ya ha planteado que la limitación de los intereses de demora a tres veces el precio del dinero y a la necesidad de que se produzcan tres impagos para poder cancelar la hipoteca.
   Por otro lado, Sáenz de Santamaría ha valorado el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) conocido este viernes, que muestra que las ejecuciones hipotecarias iniciadas han crecido un 368,7% durante los cinco años de la crisis (2008-2012) al compararlas con las registradas en los cinco anteriores (2003-2007), de forma que se han multiplicado por más de cuatro y han registrado un aumento medio anual de un 73,7%.
   Además, los órganos judiciales registraron 70.257 solicitudes de lanzamiento en 2012, un 13,1% más que en 2011. De estos, terminaron con cumplimento positivo 46.408, un 13,9% más que en 2011.
   Sobre esta cuestión, ha vuelto a insistir en que el Gobierno está trabajando para tener "datos solventes y adecuados con los que afrontar la realidad de los desahucios".
  Con anterioridad, ya había alertado de que los datos de CGPJ incluyen de forma agregada todo tipo de inmuebles y no permiten discriminar, por empleo, entre el lanzamiento referido a una vivienda habitual o a un garaje.

Las ejecuciones hipotecarias se multiplican por más de cuatro en España

MADRID.- Las ejecuciones hipotecarias iniciadas por los órganos judiciales españoles han crecido un 368,7% durante los cinco años de la crisis (2008-2012) al compararlas con las registradas en los cinco anteriores (2003-2007), de forma que se han multiplicado por más de cuatro y han registrado un aumento medio anual de un 73,7%, según los datos del Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

    En concreto, para las ejecuciones resueltas el incremento fue del 199,5%, con media anual del 39,9%, mientras que para las que quedaron en trámite al final del periodo el incremento en los cinco años fue del 482,9%, un 96,6% anual.
    Sólo en 2012, los órganos judiciales españoles iniciaron 91.622 ejecuciones hipotecarias, un 17,7% más que en 2011. Según estos datos, el 20,3% de la ejecuciones hipotecarias se hizo en Cataluña, mientras que el 19,6% tuvo lugar en Andalucía, el 17,6% en la Comunidad Valenciana y el 10,1% en Madrid.
   El número de las ejecuciones hipotecarias que estaban en trámite en los juzgados españoles al final de 2012 fue de 198.116. De ellas, el 21% corresponden a Andalucía, a la que siguen Cataluña (20,7%), Comunidad Valenciana (15,9%) y Madrid (10,8%).
   Por su parte, el número de los lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos fue de 70.257 en 2012, un 13,1% más que en 2011. De estos, terminaron con cumplimento positivo 46.408, un 13,9% más que en 2011.
   Al analizar estos datos, el CGPJ recuerda que los lanzamientos pueden afectar a muy distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y que el que se soliciten a un servicio común no significa que este lo haya podido ejecutar. Asimismo, señala que no en todos los partidos judiciales hay ese tipo de servicios comunes, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no los valores absolutos reales.
   Por otro lado, de los datos del CGPJ se desprende también que el número de lanzamientos solicitados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción fue de 101.034.
   Por su parte, los procedimientos concursales presentados en los juzgados de lo mercantil de toda España a lo largo de 2012 ascendieron a 10.290, lo que supone un aumento del 28,2% en relación con los concursos presentados en 2011.
   Por comunidades autónomas, Cataluña acumuló el 20,8% de los concursos, seguida de la Comunidad Valenciana, que contabilizó el 14,7% de los procedimientos; la Comunidad de Madrid, con el 13,8%, y Andalucía, con el 13,4% del total.
   Al comparar los concursos presentados en los años 2003 a 2007 con los presentados en 2008 a 2012 para ver el efecto de la crisis, el CGPJ observa que el incremento del segundo quinquenio respecto al primero fue del 429,5%, lo que se traduce en incrementos medios anuales del 85,9%.
   Por otro lado, en 2012, se presentaron en los juzgados 700.208 procedimientos monitorios, con un incremento del 2,4% respecto a 2011 registrado, sobre todo, en el último semestre de 2012. Durante el primer semestre se mantuvo la continua disminución interanual.
   En la valoración global de la crisis, los monitorios ingresados han aumentado un 131,2% en el periodo 2008 a 2012 respecto al 2003 a 2007, lo implica incrementos medios anuales del 26,2%.
   En cuanto a los despidos, en 2012 se presentaron 147.404 demandas por despido en los juzgados de lo social, un 25,3% más que en 2011. De ellas el 17,3% se dieron en Cataluña, un 16,8% en Andalucía, el 16,3% en Madrid y el 11,5% en la Comunidad Valenciana. El incremento en el periodo 2008 a 2012 respecto al quinquenio anterior fue del 87,5%, siendo el medio anual del 17,5%.
   Además, en estos mismos juzgados se presentaron 146.647 reclamaciones de cantidad y, como ocurre desde 2009, representando una disminución respecto al año anterior, del 4,9%. El incremento en el periodo 2008 a 2012 respecto al quinquenio anterior fue del 48,3%, siendo el medio anual del 9,5%.

El Gobierno español aprueba más de 1.200 plazas de Empleo Público para 2013

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado para 2013, que incluirá en total 1.221 plazas sumando las de nuevo ingreso y las de promoción interna, aunque sin incluir las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya convocatoria se aprobará más adelante.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha precisado que este año se convocarán 422 plazas de nuevo ingreso para personal funcionario, estatutario y laboral, frente a las 133 del año pasado, y 449 plazas de promoción interna.
A ello hay que añadir las 300 plazas que se ofertarán en la Administración de Justicia (222 para las comunidades autónomas con funciones traspasadas y 78 para las que dependen todavía del Ministerio de Justicia) y otras 50 plazas para el acceso a la carrera judicial y fiscal.
La vicepresidenta ha explicado que la OEP para 2013 trata de conjugar dos elementos: una reducción "importante" del gasto público en personal y el refuerzo de aquellos cuerpos y funciones "clave" para el funcionamiento de la Administración General del Estado.
De esta forma, Sáenz de Santamaría ha señalado que la OEP de 2013 pone el acento en la lucha contra el fraude "en sus distintas vertientes" (fiscal, laboral, Seguridad Social, seguros, control de subvenciones públicas), así como en la representación de España en el exterior, tanto en el ámbito diplomático como en el comercial; personal investigador; supervisión e inspección de los mercados de valores, y personal de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) o cuerpos docentes no universitarios en el ámbito de Ley Orgánica de Educación, entre otros.
Las plazas del Subgrupo A1, que recoge la Oferta de Empleo Público son, entre otras, abogados del Estado; carrera diplomática; ingenieros aeronáuticos; inspectores de Hacienda del Estado; inspectores de Seguros del Estado; superior de interventores y auditores del Estado; distintos cuerpos de la Seguridad Social; técnicos comerciales y economistas del Estado; así como científicos titulares de los organismos públicos de investigación; el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Por lo que se refiere al Subgrupo A2, se convocan, igualmente, plazas en una serie de cuerpos como diplomados comerciales del Estado, gestión de la Administración General del Estado, gestión de sistemas e informática de la Administración General del Estado, subinspectores de Empleo y Seguridad Social, técnico de Auditoría y Contabilidad y técnico de Hacienda. Igualmente, se convocan en el cuerpo de maestros.
En cuanto a cuerpos del Subgrupo C1, se convoca la especialidad de agentes de la Hacienda Pública. Igualmente, se incluyen las plazas correspondientes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como organismo que vela por la supervisión e inspección de los mercados.
Además, se convoca, en turno independiente y exclusivamente para personas con discapacidad intelectual (lo que origina el reconocimiento de tal condición, la no discriminación en el acceso al empleo público y la compensación de las desventajas para este colectivo), el correspondiente cupo establecido por la ley del 2% para las personas con discapacidad intelectual.
Por último, en cuanto a las plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, la Oferta Pública de Empleo contiene las que corresponden a este ámbito y diferencia, de acuerdo con lo indicado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las que se autorizan para el ámbito del Ministerio de Justicia de las que corresponden a comunidades autónomas que han recibido traspaso de medios personales en esta materia, que en total suman 300. Corresponde a ingreso libre el 50% de las indicadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.