CIUDAD REAL.- Hasta dos años de cárcel podría caer a una persona que acoja en su
casa y ayude a un inmigrante sin papeles, según el artículo 318 BIS del
anteproyecto de la reforma del código penal. No solo particulares y
familias podrán ser multados por una actitud solidaria, sino que el
proyecto de la reforma del código civil lo extiende a organizaciones e
instituciones que incluyan servicios de asistencia a este colectivo.
Esta noticia ha sido valorada con cautela por parte del
secretario general de Cáritas Ciudad Real, Jose María Espinar, pero con
«desacuerdo» porque según su punto de vista, «hay que equilibrar las
políticas, y poner a la persona en el centro de todas ellas, no a la
economía», explicó a Abc.
Espinar, que reconoce un trabajo intenso por parte de su
organización a inmigrantes, sobre todo en época de vendimia, subrayó que
«nosotros no pedimos papeles a un extranjero para poderles ayudar», y
aclaró que para ellos no son inmigrantes sin papeles, sino «personas, no
papeles».
El secretario general de Cáritas Ciudad Real comentó a
Abc que «habrá que esperar cómo explican esta medida», y a la espera de
un comunicado oficial por parte de la diócesis a nivel nacional, aseguró
que habría desacuerdo general si se trataba de no atender a las
personas, como en el caso de las medidas que podrían privatizar la
sanidad o la eliminación a ayudas a la cooperación.
El artículo 318 BIS de la propuesta de la reforma del código
penal también contempla multas para aquellas personas que ayuden a
extranjeros a permanecer en España con ánimo de lucro. Se refiere a
situaciones de alquiler de habitación o dispensen el menú de día si
conocen la situación de irregularidad.
Esta medida está generando controversia a nivel social; para
la que ya se ha creado una plataforma («Salvemos la Hospitalidad») exige
al Gobierno que retire este artículo.
Sin embargo no es la primera vez que desde el Gobierno se
plantea criminalizar la acogida o la hospitalidad con los inmigrantes
sin papeñes. En 2009 el PSOE intentó, en la reforma de la ley de
extranjería, sancionar con una falta administrativa con entre 501 a
10000 euros a quienes colaboraran en la permanencia irregular de los
inmigrantes en España.
