Ada Colau alerta de una segunda oleada de desahucios en España

BARCELONA.- La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau ha alertado de que en los próximos meses se va a vivir en España una segunda oleada de desahucios debido a que muchas personas refinanciaron sus hipotecas al principio de la crisis para pagar una cuota menor --en la mayoría de casos, abonando sólo intereses--, y ahora terminan estas condiciones especiales.

   "Cada vez llegan más personas que han pagado alrededor de 100.000 euros --de hipoteca-- y ahora deben igual o más porque la cuota ha bajado durante unos años pero ha subido su deuda", ha afirmado este martes en declaraciones a los medios durante la presentación del informe 'Emergencia Habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos'.

   Colau ha sostenido que "lejos de resolverse la situación, cada vez se agrava más" y ha criticado que las medidas que está tomando el Gobierno son insuficientes y no están dando respuestas estructurales a la situación de emergencia habitacional y a la nueva burbuja inmobiliaria que se está produciendo, especialmente en el mercado del alquiler.

   En ese sentido, ha cargado contra el Gobierno central por incentivar la compra de viviendas de la Sareb a fondos buitre --"que como mucho van a ponerlas en alquiler a la espera de que recuperen su valor"-- y también contra el Ejecutivo catalán, que ha planteado la posibilidad de vender parte del parque público del Incasòl para cumplir con el objetivo de déficit de 2014.

   También ha recordado que el año pasado se tomaron medidas para liberalizar el mercado del alquiler, acelerando los tiempos que deben transcurrir entre un impago de la cuota y el desahucio del inquilino.

   "Ahora se ven menos desahucios porque son menos visibles, pero sólo el mes pasado paramos más de 50; lo que pasa es que tenemos más capacidad de negociación", ha explicado Colau.

   Ha destacado que aunque se están consiguiendo cada vez más daciones en pago, esto no siempre resuelve el problema, ya que estas personas muchas veces quedan excluidas del sistema de ayudas públicas al considerar que ya han conseguido unas condiciones favorables, cuando en realidad se trata de "desahucios encubiertos", según Colau.

   Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esgrimidos por la activista, desde que empezó la crisis ha habido casi medio millón de ejecuciones hipotecarias en España, de las cuales unas 93.000 se han producido en Cataluña.

   Según la muestra del informe de Emergencia Habitacional --elaborado por el Observatorio Desc (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y la PAH a partir de más de 11.000 encuestas electrónicas--, cada hogar afectado por la hipoteca está formado por una media de tres personas.

   El profesor de Derecho Consitucional de la Universitat de Barcelona (UB) y vicepresidente del Observatorio Desc, Gerardo Pisarello, ha cargado contra la reforma del código penal y contra la ley de seguridad ciudadana que quiere impulsar el Gobierno porque, además de vulnerar el derecho a manifestación, hará que personas afectadas por la hipoteca todavía aumenten más sus deudas para poder hacer frente a las nuevas sanciones que se derivarán, por ejemplo, de una acción para parar un desahucio.

El 50% de afectados por hipotecas en Barcelona y Madrid queda fuera de la dación

BARCELONA.- El 51,09% de los afectados por la hipoteca de Barcelona y el 48,5% de los de Madrid no pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado en 2012 por el Gobierno para promover la dación en pago, ya que sus hipotecas son superiores a 200.000 euros y, por tanto, quedan excluidos.

   Así se desprende del informe 'Emergencia Habitacional en el Estado Español' presentado este martes en rueda de prensa y elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio para el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) a partir de 11.561 encuestas electrónicas, de las cuales, un 20,7% a personas en proceso de ejecución hipotecaria y un 7,3% a desalojadas.

   Según el documento, el 17,3% de los encuestados del conjunto de España tiene una hipoteca inferior a 100.000 euros; un 45%, de entre 100.000 y 200.000 euros, y el 34,2% de más de 200.000 euros, lo que los excluiría del Código.

   Como ya apuntaba el informe preliminar presentado en julio, el 60,8% de los afectados tienen un porcentaje de su hipoteca sin pagar de entre el 80 y el 100%, y sólo un 21% ha amortizado más del 60%.

   Seis de cada diez familias desahuciadas o en proceso de ejecución tienen a dos o más menores a su cargo, y casi la mitad de los afectados a por lo menos una persona mayor.

   El colectivo soporta graves dificultades para acceder a necesidades básicas: la mayor problemática se concentra en el pago de ropa (70%) y suministros del hogar (65%), si bien más de la mitad tiene problemas para afrontar gastos escolares.

   Además, el 45% presenta "muchas o bastantes dificultades" para comprar los alimentos que precisan, y para cuatro de cada diez pagar la hipoteca les impedía acceder a alimentos adecuados, pagar los suministros del hogar y el vestido.

   Si se descompone la información en función de la localización por provincias, casi un 25% de las personas afectadas se concentra en la provincia de Barcelona, un 15% en Valencia y un 13% en Madrid.

   De hecho, Catalunya lidera el porcentaje de afectados por la hipoteca (30,3%), por delante de la Comunidad Valenciana (20,7%), la Comunidad de Madrid (12,9%) y Andalucía (9,27%), unos datos en consonancia con los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Según datos del CGPJ, desde 2008 se han iniciado más de 400.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, y durante este mismo período se han llevado a cabo un mínimo de 250.000 desalojos, muchos de ellos por la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler.

Descontento y decepción en el tercer aniversario de la revolución tunecina

TÚNEZ.- Túnez celebró este martes el tercer aniversario de la inmolación de un vendedor ambulante que desencadenó la oleada de protestas conocidas como 'Primavera árabe', pero ante la persistencia de las tensiones sociales y políticas, también será una jornada de manifestaciones.

En Sidi Buzid, la ciudad donde Mohamed Buazizi se inmoló el 17 de diciembre de 2010, harto de la pobreza y las actuaciones policiales, estaba convocada una manifestación para denunciar la marginación económica de esta región del centro-oeste del país.

Después de que muchas protestas degeneraran en violencia en los últimos años, el jefe del Estado, Moncef Marzuki; el primer ministro, Ali Larayedh; y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Mustapha Ben Jaafar, prefirieron no acudir a las ceremonias oficiales.

"Por cuestiones de seguridad, la inauguración (del festival) en presencia de los tres presidentes ha sido anulada", dijo Mohamed Jaleli, organizador de las celebraciones oficiales del Festival internacional de la revolución del 17 de diciembre.

Durante las ceremonias del año pasado, algunos asistentes lanzaron piedras a los dirigentes tunecinos.

Desde el inicio de la mañana de este martes, los manifestantes habían empezado a reunirse ante la sede del gobernador regional, donde se inmoló Buazizi, una acción que desencadenó una oleada de protestas que se saldaron con la caída del régimen de Zine El Abidine Ben Alí, el 14 de enero de 2011.

En los países de la región a los que se contagiaron estas movilizaciones, la pobreza sigue siendo el principal motivo de descontento. Túnez, además, es el país con la tasa más elevada de desempleo, que alcanza a un 24,4% de la población activa y a un 57,1% de los diplomados.

"Ninguno de los diferentes gobiernos de los últimos tres años ha conseguido mejorar las condiciones económicas de los hombres y mujeres" en el país, escribió con motivo del aniversario el diario La Presse.

En Túnez capital, tampoco había previstas grandes ceremonias, pero sí que se habían convocado manifestaciones a través de internet.

Entre ellas estaba la de Ansar Asharia, un movimiento yihadista prohibido al que se acusa de ataques contra las fuerzas tunecinas y del asesinato de dos opositores este año.

Los islamistas del partido Ennahda, que llegaron al poder tras las elecciones de octubre de 2011, son acusados a menudo de laxismo, o incluso de complicidad, con los grupos yihadistas.

El aniversario de la revuelta llega, además, en un contexto político complejo.

Tras dos meses de negociaciones y a pesar del rechazo de una parte de la oposición, el ministro de Industria, el independiente Mehdi Jomaa, fue designado el sábado como sucesor de Ali Larayedh como primer ministro.

Las negociaciones en las que se determinará el calendario de formación del futuro gobierno tunecino comenzarán el viernes, y no el miércoles, como se preveía inicialmente, anunció este martes el sindicato UGTT.

El sábado, el partido islamista Ennahda, sus aliados y parte de la oposición le encargaron formar un gobierno de personalidades independientes, con el objetivo de sacar al país de una profunda crisis política generada por el asesinato de un opositor en julio.

"Por petición de varios partidos políticos, ya que algunos están ocupados con reuniones de sus burós ejecutivos, la reunión del miércoles 18 de diciembre fue postergada al viernes 20 de diciembre a las diez de la mañana", indicó el sindicato, que apadrina las negociaciones.

Las negociaciones deben fijar el calendario de la entrada en funciones de Jomaa y de la dimisión del primer ministro actual, Ali Larayedh, miembro de Ennahda.

Túnez está privado de instituciones sólidas a falta de un consenso sobre la Constitución.

Pero a pesar de la crisis política, del auge de los grupos yihadistas y de los profundos problemas económicos y sociales, Túnez no se ha hundido en la violencia y la represión, como otros países de la 'Primavera árabe'.

"Túnez es actualmente la experiencia más avanzada de (la 'Primavera árabe'). Nada permite afirmar que se hunda realmente en la inestabilidad", consideró François Burgat, del Instituto de Investigación y de Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán.