Ya es oficial: la economía española ha sido intervenida bajo la tutela
de la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Y aunque los eufemismos
terminológicos de un gobierno falaz intenten suavizar la imagen, las 32
condiciones del memorándum aceptado por el Gobierno a cambio del rescate
financiero no dejan lugar a duda. Era necesario. Buena parte del
sistema financiero está quebrado o en peligro, exceptuando por ahora
Caixa Bank, Santander y BBVA. Incluso en estos hay activos inmobiliarios
hoy fuera de mercado. Es necesario un "banco malo", una entidad gestora
de activos devaluados que sólo pueden reflotarse a largo plazo. Entidad
financiada con fondos externos para no agravar la situación de los
bancos o del FROB cuyos recursos son insuficientes para enfrentarse a la
insolvencia potencial del sistema.
Como todo esto lleva tiempo (ni
siquiera existe aún el MEDE , futuro gestor de los fondos europeos de
estabilización) y la situación es insostenible, se inyectarán 30.000
millones de inmediato en el sistema bancario para evitar el colapso de
las cajas nacionalizadas y el pánico que podría cundir cuando la gente
sepa que el Fondo de Garantías de Depósitos apenas cuenta ya con
recursos para cubrir los depósitos en caso de quiebra generalizada. A
cambio de este rescate, Europa impone una política macroeconómica y
presupuestaria de extrema austeridad. Y retira el control del Banco de
España al Gobierno, con lo que nuestro banco central se convierte en el
gestor de la supervisión europea de nuestro sistema financiero.
Esa es
la consecuencia de la gestión irresponsable y prepotente de Fernández
Ordóñez, que ninguneó en su momento las airadas objeciones de los
competentes inspectores del Banco de España. Si se imputa a Rato, con
razón, con mucha más razón debería imputarse a quien le permitió a él y a
otros muchos prácticas presuntamente fraudulentas que eran comentadas
entre expertos europeos y negadas tozudamente por el exgobernador y
sus jefes (¿recuerda la proclama de Zapatero en Nueva York
vanagloriándose de que los bancos españoles estaban entre los más
solventes del mundo?)
Mentiras, incompetencia, arrogancia y, a
veces, estafa han caracterizado una gestión privada y una supervisión
pública que han llevado a la bancarrota. Nada de crisis estructural del
capitalismo (que también la hay, pero por otras vías), sino falta de
transparencia en el sistema financiero y déficit democrático en la
política. Por eso no es necesariamente negativa la intervención. Parecen
más fiables los interventores que los intervenidos desde el punto de
vista profesional y de responsabilidad. El problema de una intervención
externa en términos tecnocráticos es que ni conoce ni le interesa la
realidad del país, desequilibra el Estado autonómico y desestabiliza la
sociedad. Por eso la crisis no se contiene, al contrario, ahora empieza
en serio.
¿Por qué los mercados siguen incrementando la prima de
riesgo y el interés de la deuda pública situándolos a niveles
insostenibles ¿Por qué la Bolsa sigue cayendo? ¿Por qué el euro se
devalúa frente al dólar a pesar de la debilidad de la economía
estadounidense?
Porque los inversores saben que sin crecimiento
no se podrá pagar la deuda pública y privada española o italiana o de
tantos otros países y que, por tanto, en algún momento habrá que aceptar
una quita masiva de la deuda en la que bancos y gobiernos se
destrozarán para saber quién paga. Y como el gasto público es lo único
que puede reactivar a corto plazo la economía, dando tiempo a los
factores creadores de futuro (emprendiduría , innovación y exportación)
para inducir la salida de la crisis, por ahora la contracción de la
demanda en la eurozona reduce drásticamente el negocio, desvía la
inversión hacia otras latitudes y hace dudar de la recuperación
económica.
El escepticismo de los mercados refleja la
desconfianza con respecto a las instituciones políticas, europeas y
nacionales, carentes de una estrategia común, opacas entre ellas y
alejadas de sus ciudadanos. Estamos en un mundo en que nadie confía en
nadie, ni los bancos entre ellos, ni las empresas en los gobiernos, ni
los gobiernos entre ellos, y mucho menos los ciudadanos en sus
representantes y los clientes en sus bancos. Se ha destruido la
confianza, que es la base de un mercado dinámico y de una democracia
estable. Es el sálvese quien pueda. Y por eso cuando se piden
sacrificios suena a manipulación cínica.
¿Cómo viven los políticos y
cómo viven los financieros en este momento mientras se piden sacrificios
al pueblo? ¿En función de que se acepta el sacrificio, sobre todo
cuando cualquier propuesta alternativa se acalla con rodillo
parlamentario y cualquier protesta de disuelve a porrazos?
La
inestabilidad institucional, social y política en la que desemboca
necesariamente la intervención económica sin correctivos sociales no
permite pensar en una estrategia de largo plazo para reconstruir la
economía sobre bases socialmente sostenibles. La supervivencia día a día
se va agotando mientras las familias se comen sus ahorros, los bancos
retienen sus créditos y los políticos, casi todos compinchados, se
apropian un poder que se suponía delegado y cierran puertas a la
ciudadanía.
Aún hay algo más. Hay indicios de una gigantesca
especulación de enormes masas de capital apostando contra el euro y
preparándose a comprar a precio de saldo empresas, bienes raíces,
instituciones financieras y hasta países enteros aprovechando la
devaluación masiva que supondría la desintegración del euro. Resistir a
esta megaespeculación global sí es una razón concreta para defender el
euro; no los cuentos de terror para hacer tragar a la gente la
destrucción de servicios esenciales en su vida.
Esa resistencia pasa por
un saneamiento integral del sistema financiero, incluyendo
nacionalizaciones, liquidaciones y sanciones a los responsables. Y por
una relegitimación del sistema político porque al Gobierno actual se le
votó con un programa totalmente distinto. O sea nuevas elecciones. Si no
se abren compuertas a la sociedad en una política renovada, hay riesgo
de que la crisis financiera se convierta en crisis social de amenazantes
perfiles.
(*) Catedrático de Sociología en España y Estados Unidos